Las continuamente mencionadas “reformas estructurales” no constituyen un bloque homogéneo de medidas sino un conjunto de políticas micro y macro que tienen por objeto dotar a la economía de mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios de contexto y para alcanzar un mayor nivel de eficiencia.
El diseño de estas medidas es fundamental para que se logre su objetivo: por un lado, tales medidas deben ser coherentes con el objetivo que persiguen y, por otro, deben proveer los incentivos suficientes a los agentes a los que van destinadas para que éstos se comporten conforme a los resultados deseados .
Si las medidas están mal diseñadas o los destinatarios no responden a las mismas, las reformas no tendrán efecto y, por tanto, será equivalente a no adoptarlas.
Un ejemplo en el que se incumplen ambas premisas es el diseño de la libre elección de suministrador de gas y electricidad en España. Con la introducción de la libre elección de suministrador energético se pretendía reducir los márgenes de comercialización, promover la innovación tarifaria y trasladar la consumidor señales de los cambios en el precio de la energía. Tres años después de la puesta en marcha del proceso son muy pocos los consumidores que han cambiado de suministrador. Es más, el 85% de los consumidores de electricidad y el 40% de los de gas siguen sujetos a tarifas reguladas ¿Por qué no ha despegado la libertad de elección de suministrador de energía en España?
La liberalización la comercialización de gas y electricidad implica que la compañía que hasta entonces nos traía la red a nuestros hogares (el llamado distribuidor) ya no tiene por qué ser la misma que la que nos suministra el gas o la electricidad (el comercializador). Los consumidores, que permanecían anteriormente cautivos con el propietario de la red, pueden ahora elegir la compañía que les suministre la energía.
Si uno observa otros sectores que han pasado por procesos similares, como el de las telecomunicaciones, uno esperaría que, como consecuencia de la posibilidad de elegir, se multiplicasen las ofertas comerciales, apareciesen distintos planes tarifarios adaptados a los distintos perfiles de consumo tales como tarifas planas o tarifas distintas según la hora de consumo o que los consumidores pudieran elegir entre prepago y postpago. Así, por ejemplo, en Tejas y Pensilvania los consumidores pueden comprar tarjetas prepago para controlar su consumo o para suministrar electricidad a inmuebles de alquiler. En el Reino Unido, varias cadenas de supermercados como Sainsbury’s o Marks & Spencer venden electricidad a sus clientes bajo sus propias marcas.
En varios países, entre ellos España, existen ambiciosos planes de instalación de contadores inteligentes. Éstos permitirían conocer el precio de la energía en tiempo real y, por tanto, programar el consumo de forma que se pudiera poner la lavadora o el lavavajillas o programar la calefacción en las horas más baratas. Los contadores inteligentes son una realidad en Italia, en partes de Australia y en los países nórdicos aunque su utilización para ofrecer tarifas horarias diferenciadas es limitada. En países como Bélgica o Alemania los consumidores más concienciados pueden optar por un suministrador que garantice el origen renovable de su electricidad.
Sin embargo, lo que observamos en España es que las compañías presentes en el mercado son las de siempre, la diferenciación tarifaria es escasa, la innovación limitada y los consumidores tienden a quedarse con su operador histórico. ¿A qué se debe ésta apatía del mercado?
Además de la inercia de los consumidores a permanecer con el operador tradicional, propia de todo proceso de apertura a la competencia, existen otros factores que interfieren en el proceso de libre elección de proveedor. En primer lugar, el coste de la energía supone menos de la mitad de la factura eléctrica y de gas. El resto son costes regulados o impuestos y recargos por lo que los beneficios de la libre elección en términos de precio es limitada. Es decir, el consumidor podría no tener incentivos a incurrir en los costes de cambiar de suministrador ya que los beneficios serían poco apreciables. En segundo lugar, la existencia de una tarifa de ultimo recurso que cubre a un alto porcentaje de consumidores no ofrece incentivos a los suministradores a ofrecer planes tarifarios alternativos. Esta tarifa regulada limita los beneficios en términos de precios que podría obtener el consumidor al cambiar de suministrador. Es decir, el sistema está mal diseñado.
La tarifa regulada se determina por un mecanismo mediante el cual un ente compra la energía en el mercado mayorista por medio de un procedimiento de subasta en representación del conjunto de los consumidores acogidos a esta tarifa. Es una tarifa determinada por mecanismos de mercado y que traslada al consumidor los beneficios de la competencia.
El consumidor puede optar entre acogerse a la tarifa regulada o acudir al mercado en busca de un suministrador de energía a un precio libre. Sin embargo, el hecho de que haya una tarifa regulada competitiva desincentiva a los comercializadores a ofrecer tarifas innovadoras y a los consumidores a buscar proveedores alternativos. La coexistencia de una tarifa regulada y de la libertad de elección es, por tanto, superflua.
El regulador debería elegir: o una tarifa regulada o una libertad total de elección (en ambos casos es posible la existencia de una tarifa social). Los sistemas híbridos están llenos de contradicciones y no logran los objetivos de la política energética: racionalizar el consumo, ajustar los precios a los costes y, en definitiva, beneficiar al consumidor con mejores precios y mayor posibilidad de elección.
La iniciativa reciente de la Comisión Nacional de la Energía de ofrecer un comparador de tarifas en su página web sería un paso en la dirección correcta si hubiera en realidad distintas tarifas para elegir. Dado que la diferenciación es escasa, la iniciativa es baldía.
Por tanto, el regulador ha hecho más trabajo del necesario, los suministradores no compiten por los consumidores y el consumidor se queda dónde estaba. Reformas sí, pero efectivas.
Hay 12 comentarios
Y no contemplas la otra posibilidad de un mercado en oligopolio donde a todos les interese mantener su estatus, sólo lo planteas desde el lado de empeorar la tarifa de último recurso, es decir presionar al ciudadano a salir al mercado libre. Y yo pienso que el problema es que las compañías "han pactado" precios... o mercados, como otras sabemos que han hecho en ocasiones... compañías de combustibles (otro oligopolio)
Saludos...
También ocurre que la electricidad es la misma quienquiera que la sirva así que, salvo que las diferencias de precios sean brutales, la mayor parte de los consumidores no pierden mucho el tiempo —al menos no muy a menudo— comparando unas tarifas que son tan complicadas que hay que saber latín para descifrarlas. Los consumidores de electricidad somos gente (razonablemente) mayor, con ingresos y muy ocupada; nada que ver con los adolescentes que van justitos de presupuesto y que se pueden pasar el día estudiando tarifas de móvil.
¿Oligopolío? ... ¿podrías decirme "Conejo Blanco" en qué se basa esa afirmación? ¿Podías detallar como calculas el índice de Herfindahl para sostener esa afirmación?
En principio me resulta sorprendente. Existen, al menos, en España 5 empresas de tamaño significativo que pueden proveer electricidad (y gas) en todo el territorio (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon-España e Hidrocantábrico) y existen, en el mercado de empresas al menos, otros operadores independientes bastante activos.
Este nivel de competencia es inferior en las empresas de telefonía móvil (por citar un ejemplo) en el cual la competencia sí se muestra substancialmente más vigorosa.
Sin duda la fortísima señal de precio (tan fortísima como ineficaz en tanto que intervenida) que supone la existencia de una tarifa regulada es una de las causas detrás de la falta de competencia en el sector. Ningún operador razonable se separaría mucho de una señal de precio tan clara.
En cualquier caso, si tuvieras razón, no veo como la permanencia de la tarifa regulada puede ayudar a limitar el oligopolio (y sí veo razones para justo lo contrario al restar incentivo a la competencia). En esa curiosa capacidad para "desrazonar" que parece ir unida al sector de la energía, resulta que como el problema (según tú) es el oligopolio actual, la solución es desincentivar la competencia con una tarifa regulada: genial!
Aparte de las que citan los autores, otra de las razones por las que el cambio de compañía es limitado en estos sectores es lo poco que pesan en el desglose de costes de los hogares (curioso dado el muchísimo "ruido" político que generan sus tarifas). Si mis probabilidades son ahorrar el 10% del 3% de mi base de costes (o sea, el 0,3% de mis costes totales) es más que probable que no me meta en ese jardín. Como los datos son mejor que la opiniones (sobretodo que las infundadas) cito mi caso en el que la factura eléctrica supone el 2% de mis gastos totales.
La pregunta sería más ¿por qué semejante insignificancia genera tanto ruido social? (y no, por ejemplo, el muy superior gasto en telefonía móvil)
En mi pueblo, al sur de Alicante existe desde siempre (que yo recuerde) una cooperativa eléctrica (benéfica) que suministra y vende electricidad a los vecinos. Hasta donde yo se, todos los clientes son socios de la cooperativa lo que permite una sustancial rebaja de precios respecto a otras compañías. Parte de los beneficios que se obtienen se reinvierten en beneficio del pueblo (tanatorio, asilos, etc), con lo que todos acaban contentos. No acabo de entender por qué un modelo que viene funcionando desde hace 40 años no ha sido replicado en ningún sitio, aunque sea a pequeñas escalas (barrios o pueblos). ¿Tan complicado es?
Hace unos 15 días me he traslado desde la provincia de Madrid instalado a una pequeña localidad de la provincia de Palencia, en los alrededores disponemos de preciosos y erguidos molinos de viento “eléctricos” o de energía heólica, varios campos solares, pero no he conseguido que al contratar la luz en mi domicilio una mejora de precios, sin embargo observo con cierto estupor como cada día se instalan más y más molinos por los alrededores, desconozco si la población donde he decidido residir, se beneficía de algo de estos artilugios, yo, como cualquier ciudadano tenemos que pagar la energía eléctrica con aquellas tarifas que nos imponen, decidimos la tarifa “última…. “ pero la luz sigue y sigue subiendo, ¿hasta cuando podremos beneficiarnos los usuarios de tan desmesurada aplicación de precios?
La energía se ha convertido en un producto sui géneris. Muy especial. En el colmo de la irracionalidad económica penalizamos nuestro propio mercado interior mientras toleramos la incentivación de los flujos lejanos de mercancías.
Esto es un excelente ejemplo del tipo de prioridades que manejan algunos gobernantes.
Cuando compras termias o kilowatios en realidad estás comprando otras cosas y la menos importante es, precisamente, la que crees comprar.
Más de la mitad de la factura, bastante más, son costes fiscales, subvenciones, arrebatos recaudatorios (25% de subida desde Marzo habiendo bajado el coste de materia prima) y externalidades múltiples derivadas de la politica energética del estado que es un constructo ideologizado que desafía la ley de la gravedad e inhibe iniciativas como la descrita por DMC en el post anterior.
Los consumidores lo sabemos y por lo tanto boicoteamos resignados cualquier simulacro con el que pretendan que tomemos por mercado lo que no pasa de ser el fruto de una mente extraña que busca el control absoluto por encima de todo y en segundo lugar explicarnos a cada uno de nosotros en qué consiste nuestro bien común.
Los consumidores desde la impotencia venimos a decir: "¿Esto quieren?" "Pues si esto quieren vamos a esperar a que todo se les hunda".
Es decir, justo lo que sucede.
Que la señora Beato, que tan de primera mano conoce las interioridades de este y otros mercados, nos haga esa pregunta es enternecedor pero muy ilustrativo de por dónde nos vienen los problemas y cómo se pueden solucionar.
Saludos
cuidado con lo que hacemos: cuando se liberalizó el precio de las gasolinas, los precios se fueron por encima de lo que decía la fórmula que se usaba hasta entonces
si esa es la liberalización que se me ofrece, prefiero quedarme regulado (o con una liberalización como la actual, en la que me llaman teleoperadores para pedirme que me cambie pero ninguno me ofrece un ahorro de más de un par de euros al año)
Efectivamente, uno de los motivos para no cambiar de suministrador son los escasos beneficios potenciales de cambiar de operador. La energía supone un pequeño porcentaje de nuestra factura. Dicha cuestión debería tenerse en cuenta al diseñar cualquier esquema: ¿vale la pena poner en marcha un cambio regulatorio al que no van a responder sus destinatarios?
Cada esquema tiene sus ventajas e inconvenientes pero lo que no tiene sentido poner en marcha ambos esquemas de forma simultánea.
Los pactos de precios están prohibidos y dificultar la estabilidad de posibles acuerdos podría ser uno de tantos criterios para diseñar cualquier mercado nuevo. En este caso, parece ser que el propio "diseñador" duda de la efectividad del diseño (El Gobierno pide a la CNE que investigue las subastas eléctricas http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/pide/CNE/investigue/subastas/electricas/elpepueco/20111001elpepieco_10/Tes). Los acuerdos de precios han sido sancionados en numerosos sectores (geles de baño, vitaminas, leche, ascensores....). En este caso, no hay evidencia de que uno de los dos diseños podría favorecer más la colusión que el otro.
Y sí, desgraciadamente, el precio de la energía sigue subiendo pero no sólo en España. No trasladar al consumidor dichas subidas (o trasladarlas al consumidor futuro) no es sostenible. La referencia no es qué pasaba antes de introducir competencia (ya que los precios de las materias primas eran más baratos) sino qué pasaría si no se hubiera introducido competencia.
Y por cierto, ¡excelente iniciativa el S3F! ¡Enhorabuena!
Samuel
Cuando un mercado esta reguladao la tarifa, al menos en teoría, es igual al coste medio mas un margen. Cuando el mercado se liberaliza, el precio de equilibrio es el coste marginal. Si los costes marginales son crecientes, el coste marginal es mayor que el medio y por tanto el precio regulado es menor que el precio de mercado. La racionalidad del mercado se basa en suponer que los costes se irán reduciendo a medio y largo plazo y que la entrada de nuevas empresas llevara el precio al coste medio mínimo.
Desde la entrada en vigor de la TUR (1 de julio de 2009), lo precios de las subastas CESUR han estado sistemáticamente por encima del precio spot (en promedio más de 6 €/MWh). Los autores argumentan que el hecho que haya una tarifa regulada competitiva desincentiva a los comercializadores a ofrecer tarifas innovadoras, ¿qué margen creen los autores del post que es necesario para incentivar la comercialización en España?
Anónimo,
El hecho de que no haya tarifas alternativas implica que el margen no es suficiente. Son las empresas las que saben si les sale rentable o no competir con la tarifa de último recurso y la evidencia dice que, en la actualidad, no tienen suficientes incentivos.
De todas formas, nuestro mensaje es que no tiene sentido poner en marcha dos esquemas que "compitan" el uno con el otro y se entorpezcan mútuamente. Habría que analizar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y adoptar el más beneficioso para el bienestar social.
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