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La reforma laboral de 2012: (I) La recausalización parcial del despido

La reforma laboral que acabamos de conocer, que no de digerir, contiene cambios potencialmente importantes en el funcionamiento del mercado de trabajo español. Como ya hay una primera evaluación de Luis, especialmente sobre negociación colectiva, voy a empezar por la contratación y el despido. Probablemente haya una caída sustancial del coste del despido, un efecto ambiguo sobre el paro y un aumento de los flujos laborales, al dejarse inalterados los contratos temporales.

La lógica. En este aspecto no es una reforma tímida. Consta de varios elementos: (a) Facilita el despido por causas económicas, con indemnización de 20 días de salario por año de antigüedad, al definir la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas de la empresa como aquella que se produce durante al menos tres trimestres consecutivos. (b) Rebaja la indemnización por despido improcedente en los contratos indefinidos a 33 días, en vez de 45, con un máximo de 2 años de salario en vez de 3.5. (c) Suprime el despido "exprés" de 2002, es decir, alegar un motivo disciplinario y evitar ir a juicio reconociendo después la improcedencia y pagando la indemnización correspondiente. Y (d) Suprime la autorización administrativa en los despidos colectivos.

Son cambios razonables y coherentes con el despido causal. El despido económico estaba totalmente bloqueado (8% de las extinciones de contratos en 2010) por los juzgados de lo social (1%). Los 45 días eran claramente excesivos en una perspectiva internacional. El despido exprés (30%) tenía sentido económico pero era un despropósito jurídico. Y la autorización administrativa era totalmente atípica en la Unión Europea y una forma artificial de elevar el coste de despidos de naturaleza económica hasta el nivel de los improcedentes, por lo que también había limitado los ERE (4%). Todo ello abocaba hacia una temporalidad desenfrenada, la gran vía de despido (56%). Desgraciadamente esto último se mantiene en gran medida, pues la recausalización es parcial, no afectando al crucial aspecto del empleo temporal.

Los riesgos. Hay posibles efectos inesperados de la recausalización del despido de indefinidos. En un trabajo sobre la reforma de 2010 (dirigido a juristas) cuestionaba que la empresa deba estar en una situación negativa para despedir: un trabajador puede no ser rentable pese a que la empresa lo sea (en palabras de un jurista, es la crisis del contrato frente a la crisis de la empresa).

Más concretamente. Si las ventas caen en, digamos, mil euros. ¿Aplicará el  juez mecánicamente el criterio o se planteará si basta para despedir? Creo que lo segundo. Otro ejemplo: supongo que las ventas serán en términos nominales (los jueces no saben qué es un deflactor). Pero si caen los precios, las ventas pueden caer aunque la producción (y los beneficios) estén subiendo. ¿Evaluará un juez si se justifica el despido? Creo que considerará que su deber es evaluar si hay necesidad de reducir la plantilla o no, aunque hayan caído las ventas. Es decir, litigiosidad: sentencias discrepantes en primera instancia, recursos, recursos ante los tribunales superiores de justicia autonómicos y, en algún caso, ante el Supremo para unificar doctrina... podrían ser 9 años (ver este ejemplo, 4ª 3).

Si esto pasase, subirían los recursos, para ganar los 33 días del improcedente en vez de los 20. El decreto-ley reduce el incentivo, al suprimir los salarios de tramitación (los que van del despido a la sentencia), pero la diferencia de 13 días subsiste. Al final, nuevo aumento de la incertidumbre (enemiga de la contratación) y elevación del coste: el empresario podría acabar teniendo que ofrecer en la conciliación previa al juicio una cifra entre 20 y 33 días para evitar el recurso, lo que el trabajador debería aceptar (salvo que espere poder ganar la nulidad del despido por violación de derechos fundamentales, lo que es muy difícil).

Los juzgados de lo social necesitarán también más medios económicos, pues habrá más recursos sobre ERE al desaparecer la autorización administrativa. El decreto agiliza el procedimiento, pero antes los ERE los veían los juzgados de lo contencioso-administrativo y ahora los de lo social, que están ya sobrecargados. ¿Habrá dinero para evitar retrasos?

Efectos a medio plazo. La literatura empírica no ha encontrado un efecto causal claro de los costes de despido sobre la tasa de paro media. Estos costes hacen a los empresarios reacios a contratar, pensando en el coste de despedir si la situación empeora. Pero también despiden menos, porque es más caro. El efecto neto es un empleo más estable: crece menos en las expansiones y se reduce menos en las recesiones.

Este simple razonamiento ya aparecía en un artículo de Nickell de 1978. En las simulaciones de un artículo mío con Bertola, el efecto neto es positivo y pequeño. Pero hay que considerar el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo (cuánto están dispuestas a trabajar las personas a cada nivel de salario y cómo es la negociación salarial). Ljungqvist demostró en un artículo (en equilibrio general con búsqueda y emparejamiento) que el efecto de los costes de despido sobre el empleo y el paro depende de cómo se modelicen la tecnología, las perturbaciones económicas y la negociación salarial. Por tanto, el resultado final es una cuestión empírica.

Los innumerables estudios empíricos sobre este tema indican que la respuesta es… depende (ver este artículo de Nickell y Layard, este de la OCDE o este de Heckman y Pagés-Serra). Algunos trabajos encuentran efectos positivos, otros negativos y otros nada. Los costes de despido sí favorecen a unos trabajadores frente a otros: perjudican a los jóvenes y las mujeres (ver el artículo de la OCDE).

Su efecto principal es, sin embargo, reducir los flujos de empleo: se destruyen menos empleos y se crean menos empleos (ver este trabajo de Haltiwanger, Scarpetta y Schweiger). Por ello, menos trabajadores van de las empresas menos productivas a las más productivas (entre otros efectos), contribuyendo a un menor nivel y un menor crecimiento de la productividad (ver este trabajo de Petrin y Sivadasan, y este trabajo de Bassanini, Nunziata  y Venn, respectivamente).

Pensando aún en el medio plazo, la principal ventaja de un menor coste de despido para un trabajador parado es que encontrará otro empleo más rápidamente que antes, pues el empresario será menos reacio a contratar, lo que tiende a reducir la duración del paro.

En suma, a medio plazo la reducción del costes de despido tendrá un efecto de signo ambiguo sobre el paro, elevará el empleo de las mujeres y los jóvenes, elevará los flujos de destrucción y creación de empleo, reducirá el paro de larga duración y fomentará un aumento de la productividad, algo imperioso en este momento. (Nota: el aumento de los flujos se vería compensado por una reducción de estos si cayera sustancialmente la tasa de temporalidad, pero esto parece improbable, ver más abajo.)

(Dejo para más adelante el difícil asunto de las interacciones entre diversas partes de la reforma. Por ejemplo, entre la pérdida de poder de negociación relativo de los trabajadores por el menor coste de despido y los cambios en la flexibilidad interna.)

El mundo es distinto con dualidad. En mi trabajo con Cahuc, Dolado y Le Barbanchon hallamos que si la brecha de costes de despido entre indefinidos y temporales es alta, un aumento del coste de despido eleva el paro (reduce la contratación de indefinidos y las conversiones de temporales a indefinidos). En este contexto, la reducción del coste de despido de los indefinidos debida a la reforma debería reducir el paro.

Sin embargo, la brecha entre 9 días (subió en 1 día el 1/1/2012) y 20/33 días sigue siendo grande, por lo que aunque creo que caerá la tasa de temporalidad media (no la de los próximos años, que seguramente subirá, sino la media en recesión y expansión), no lo hará significativamente, y por tanto tampoco será grande la reducción de la tasa de paro. Además, nuestro trabajo muestra que el efecto más fuerte sobre el paro se logra limitando las posibilidades de contratar temporalmente (como hacen en Francia), que es lo que no se ha hecho aquí. Junto con la abundante evidencia sobre los efectos negativos de la temporalidad –en especial sobre los jóvenes–, esta idea apoya la propuesta del contrato único. No se trata solo de reducir los costes de despido, sino de reequilibrar la protección suprimiendo a la vez la temporalidad. Este es el principal fallo de la reforma. Es muy deprimente que nuestros gobernantes, pese a decir lo contrario (incluso en la exposición de motivos del decreto-ley), nunca hagan nada para acabar de verdad con la temporalidad. En este caso, las recomendaciones de la OCDE, el FMI y la UE caen en saco roto. La intersección de intereses del oligopolio empresarial-sindical ha triunfado de nuevo.

Hay una excepción en cuanto al tamaño de la brecha. Las empresas de menos de 25 trabajadores reciben del FOGASA 8 días de la indemnización. Es decir, que en su caso, salvo por el posible recurso judicial, la brecha de costes de despido entre indefinidos y temporales es minúscula (1 día ahora y subirá hasta 4 en 2015). La disparatada idea de que el FOGASA financie despidos, del anterior gobierno, solo ha sido limitada ahora al excluir los despidos improcedentes. (*)

Efectos a corto plazo. En la actual coyuntura (con gran incertidumbre, escaso crédito a las empresas y perspectivas de decrecimiento), la reducción de los costes de despido traerá más despidos, con consecuencias sociales negativas, y ahora mismo es pobre consuelo pensar que en la próxima expansión el empleo indefinido crecerá más que sin ella. Una reforma como esta debería haberse hecho en la expansión (en concreto, en 1997, como señala acertadamente EEE), pero ya sabemos que las reformas estructurales se hacen cuando son políticamente viables (y, por tanto, en una perspectiva de medio plazo son bienvenidas aunque sean inoportunas).

Se ha de poner en marcha pronto una parte del plan de choque que pedía Luis hace tiempo en este blog, que –además de deseable per se– podría aumentar algo la aceptación social de esta reforma: una vigorosa política de defensa de la competencia para reducir los precios en los mercados menos competitivos (aquí volvemos a chocar con los grupos de interés). Como escribía hace poco Juan Santaló, "las acciones procompetitivas de las instituciones promueven la productividad, la innovación y por ello el crecimiento económico. ¡Lo necesitamos!".

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(*) Texto añadido el 15/2/2012.