En la entrada anterior vimos cómo una parte sustancial de la tasa de paro española puede atribuirse a las instituciones laborales. En esta segunda entrega veremos por qué esto no es incompatible con grandes diferencias de tasas de paro entre comunidades autonómas (CCAA), sino todo lo contrario.
Hay grandes diferencias de tasas de paro entre CCAA. Actualmente la diferencia entre la máxima (Andalucía, 31%) y la mínima (Navarra, 11.7%) es de casi 20 puntos y figura entre las mayores de la OCDE (gráfico 2.2 de este informe). Podríamos pensar que haya habido distintas evoluciones económicas (por cambios exógenos de la oferta o la demanda), pero eso no nos lleva muy lejos, pues las tasas de paro por CCAA están bastante correlacionadas. (Por ejemplo, la media de las 17 correlaciones de cada comunidad con la media nacional en 2005:1-2011:3 es 0.98; las más bajas fueron Asturias, 0.93, y País Vasco, 0.94.) Las diferencias de tasas de paro son muy persistentes.
Afirmar que esta disparidad descarta la importancia de las instituciones laborales implica, para empezar, ignorar que algunas instituciones laborales no son iguales en todas las CCAA. En concreto, las políticas activas de empleo (ayuda a los parados para encontrar trabajo) las gestionan los gobiernos autonómicos. Y estas interaccionan, por ejemplo, con los costes de despido, porque distintos gobiernos autonómicos han aplicado distintos subsidios a la contratación permanente. Pero por aquí tampoco vamos lejos, pues no tenemos evidencia rigurosa de que las políticas activas sean efectivas en ninguna comunidad y sí de que los citados subsidios han sido inútiles (ver este artículo de J. Ignacio García-Pérez y Yolanda Rebollo).
Mucho más importante es que descartar las instituciones implica ignorar que un mismo tratamiento tiene efectos dispares sobre distintos pacientes. Por ejemplo, el salario mínimo tiende a reducir el empleo de los trabajadores menos cualificados cuya productividad sea cercana a ese salario (aunque hay debate al respecto, tras un artículo de David Card y Alan Krueger). Su subida reduce más el empleo en los sectores cuya tecnología haga óptimo tener una mayor proporción de trabajadores poco cualificados. Igualmente, los costes de despido tienen un impacto mayor sobre aquellos sectores que, por tener una demanda menos predecible, necesitan realizar variaciones de plantilla más a menudo. (Esta idea, original de Raghuram Rajan y Luigi Zingales, se explota para esas dos instituciones en un artículo reciente de Andrea Bassanini y otro artículo de John Haltiwanger, Stefano Scarpetta y Helena Schweiger.)
Por la misma razón, una institución laboral nacional afecta a distintas CCAA de forma diferente. Veamos un ejemplo. En España, los convenios colectivos fijan salarios mínimos para cada sector en todo el país. Hay alguna variación por CCAA, menor, en respuesta a la situación económica del sector en cada región, en particular a la productividad del trabajo en él, como se muestra en este artículo de Juan F. Jimeno y mío. La excesiva uniformidad de los salarios por ocupación y sector entre CCAA contribuye a destruir empleo en las CCAA con sectores y/o trabajadores con productividades bajas y a crearlo en las de productividades altas. Los salarios también responden poco a la situación económica de cada comunidad, en particular a su tasa de paro, lo que refuerza la persistencia de las diferencias de tasas de paro entre CCAA. En el trabajo recién citado se usan datos hasta 1994, pero un artículo de Roberto Bande, Melchor Fernández y Víctor Montuenga obtiene resultados muy parecidos para un periodo más reciente.
Además, como mostró un artículo de Juanjo Dolado, Juan F. Jimeno y Florentino Felgueroso, los salarios fijados en los convenios colectivos son más vinculantes cuanto menor sea la cualificación del trabajador y cuanto menor sea el tamaño de la empresa (a mayor cualificación y tamaño más probable es cobrar por encima del convenio). Esto implica que, dada su gran uniformidad por ocupación y sector entre CCAA, los salarios mínimos de convenio son más vinculantes en las CCAA con mayores proporciones de trabajadores poco cualificados y empresas pequeñas.
Estos efectos funcionan en buena medida a través de la estructura productiva sectorial por CCAA. Esta tiene mucha inercia, pero no está dada, dependiendo de varios factores y, en particular, también de las instituciones laborales. Por ejemplo, mientras que en 1995 el peso del empleo en la construcción era muy similar en Andalucía y en Navarra (alrededor del 10% en ambas), el boom inversor desatado a partir de entonces amplió la diferencia a más de 3 puntos en 2007. ¿Por qué? Pues, además de otros factores, posiblemente porque la proporción de jóvenes que abandonaba la ESO en Andalucía en 1995 era del 42%, frente al 19% en Navarra, y porque la tasa de temporalidad andaluza superaba en casi 20 puntos a la navarra. Una gran dotación de trabajo no cualificado y el acceso a la temporalidad facilitaron una especialización productiva diferente entre ambas CCAA.
Por último, una condición necesaria para que persistan grandes diferencias de paro entre CCAA es que los flujos migratorios entre ellas sean bajos, pues de otro modo las diferencias tenderían a reducirse mucho: los parados emigrarían de las CCAA con tasas de paro altas a aquellas con tasas bajas. No se igualarían del todo, porque hay otros aspectos relevantes (salarios, precios de la vivienda, servicios públicos, clima, etc.). Pues bien, en España las migraciones brutas interregionales (medidas) han crecido bastante en la última década, gracias al aumento de la población extranjera, que es más móvil que la autóctona, pero su tasa es aún inferior a la de la mayoría de países de la OCDE (gráfico 2.8 de este informe).
La baja migración tiene muchas causas. Seguramente es importante el mal funcionamiento del mercado de alquileres (ver la propuesta sobre vivienda de Fedea). También afectan las instituciones laborales. Por una parte, la uniformidad salarial reduce los incentivos para emigrar (no se espera ganar mucho más por hacerlo). Por otra parte, el empleo temporal desincentiva la migración –ver este artículo de Pablo Antolín y Olympia Bover–, probablemente porque emigrar para conseguir un empleo temporal en otra comunidad no proporciona casi ninguna estabilidad, mientras que a la vez se renuncia, en buena medida, al apoyo de las redes familiares, que son un mecanismo muy importante de seguro en España, dadas las limitaciones del Estado del Bienestar.
En suma, no es que las grandes diferencias de tasas de paro por comunidades sean incompatibles con un efecto importante de las instituciones laborales, es que estas contribuyen directamente a generar esas diferencias. En una entrada de la semana próxima, Florentino Felgueroso mostrará evidencia adicional sobre estos mecanismos en nuestro país.