La canciller Merkel y el presidente Sarkozy propusieron el pasado 4 de febrero un plan de competitividad para la Unión Europea (UE), que incluye suprimir los sistemas de indiciación salarial con la inflación. La propuesta desató el avispero nacional, con posturas a favor y en contra. ¿Es bueno para la evolución macroeconómica de un país que los salarios estén indiciados con la inflación? Lamentablemente no.
La indiciación salarial se generalizó en Europa tras los aumentos de la inflación debidos a las altísimas alzas del precio del petróleo (1973 y 1979). En respuesta se incluyeron en los convenios colectivos cláusulas “de salvaguarda” que, ante aumentos inesperados de la inflación, fijaban una subida automática de los salarios igual a la diferencia entre la inflación observada y la prevista. Se pretendía evitar que cayera el poder de compra de los salarios, es decir, un crecimiento negativo de los salarios “reales” –que es igual al crecimiento de los salarios (“nominales”) menos el crecimiento de los precios–. (Nota: La curiosa expresión “crecimiento negativo” se debe a que los economistas usamos crecimiento como sinónimo de variación, que puede ser positiva o negativa.)
Después, en muchos países, se dieron cuenta de que la indiciación no era buena desde un punto de vista macroeconómico y fueron recortándola. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores de Francia prohíbe la indiciación si se vincula el crecimiento salarial al Índice de Precios al Consumo (IPC) o a otros índices generales, aunque permite que se vincule a precios de los productos de una empresa. En España, con una inflación superior al 40% a mediados de 1977, los Pactos de la Moncloa fijaron aumentos salariales en función de la inflación prevista en vez de la pasada, lo que se mantuvo durante bastantes años. Luego, tras una sucesión de años con tasas de inflación superiores a las previstas, se recuperó la indiciación.
La situación española es excepcional en Europa. Por ejemplo, una encuesta del Banco Central Europeo muestra que en nuestro país el porcentaje de empresas que aplican mecanismos de actualización automática de los salarios con la inflación es del 55%, frente al 21% en la zona del euro y del 9% en el resto de la UE (Babecký et al., 2009).
En principio parece buena idea asegurar de forma automática que los salarios mantengan su poder adquisitivo. ¿Por qué no lo es, desde un punto de vista macroeconómico? Mario Izquierdo y Juan F. Jimeno lo explican en un artículo del Boletín Económico del Banco de España, centrándose en los determinantes del crecimiento de los precios y de los salarios (o, en general, de los costes laborales):
(1) Los precios suben cuando suben los salarios, cuando cae la productividad (producción por empleado) o cuando sube el margen que los empresarios cargan sobre los costes al fijar sus precios.
(2) Los salarios suben cuando suben los precios previstos o pasados –aquí aparece la indiciación–, cuando crece la productividad o cuando cambia lo que los autores llaman la “presión salarial”, que representa a factores como el paro (con un efecto negativo), el crecimiento económico (positivo), la variación de la población activa (negativo), etc.
Así, dado que la inflación actual depende del crecimiento de los salarios y que éste depende a su vez de la inflación pasada, entonces la inflación actual pasa a depender de la inflación pasada. Por tanto, cuanto más responda el crecimiento salarial a la inflación pasada, mayor será la persistencia (inercia) de la inflación. De hecho, si el crecimiento salarial no dependiera en absoluto de la inflación pasada, la inflación actual tampoco lo haría. (Aquí se ignora que la inflación tiene un componente inercial propio, debido a que hay empresas que –por miopía o porque haya costes de variar los precios– revisan sus precios en función de la inflación pasada, como destacan los modelos neokeynesianos, véase este libro de Jordi Galí.)
Izquierdo y Jimeno también muestran que, considerando conjuntamente las dos relaciones entre precios y salarios, (1) y (2), se encuentra que la tasa de inflación media de la economía a largo plazo es más alta cuanto mayor sea el grado de indiciación salarial.
Pues bien, resulta que la tasa de inflación en España es muy persistente y superior a la media de la zona del euro, en concreto 1.7 puntos porcentuales cada año entre 2000 y 2007. La diferencia de inflación contribuye directamente a la pérdida de competitividad que viene experimentando la economía española desde la creación del euro. Los autores calculan que durante ese periodo, la indiciación es responsable de medio punto de los 3.2 puntos en que aumentaron los costes laborales en España (es decir, un 15%).
Estos autores también calculan que el margen de beneficios empresariales sobre los costes laborales aumentó un 9% entre 2000 y 2007. Esto nos recuerda un importante y olvidado campo de la política económica: España podría reducir su tasa de inflación (durante una temporada) si su política de defensa de la competencia atajara en serio la colusión entre empresas (protegiendo a los consumidores).
¿Consigue la indiciación al menos mantener el poder adquisitivo de los salarios? Ni siquiera: entre 2000 y 2007, un periodo de fuerte expansión, los salarios reales cayeron un 5%. ¿Cómo consiguen evitar esto otros países? Con aumentos de la productividad, que es nuestra tarea a medio plazo (difícil y lenta). Y fijando los crecimientos salariales no solo en función de la inflación sino también del crecimiento de la productividad y de la tasa de paro, lo que en España no sucede (ver esta entrada); que es nuestra tarea a corto plazo. En 1992-93 devaluamos la moneda, ahora no se puede.
La inercia salarial en España, derivada de convenios plurianuales y cláusulas de salvaguarda, ayuda a entender porqué los salarios reales se aceleraron al inicio de la crisis (lo deseable habría sido lo contrario). Aunque después los salarios reales se han moderado, en enero de 2011 el aumento salarial pactado volvió a saltar al 3%, lo que no se debe a los convenios de nueva firma (con aumentos del 0.5%) sino a revisiones de convenios plurianuales.
Para salir de esta crisis la economía española necesita elevar su competitividad. Para ello, la inflación tiene que ser menor que en los demás países y los salarios reales tienen que caer (por duro que resulte), al menos hasta que se alcance una tasa de paro más razonable. A su vez, esto requiere un sistema de negociación colectiva con menor inercia salarial y que responda a los objetivos nacionales de competitividad. Esto es algo que deberían tener presente el Gobierno y los agentes sociales cuando negocien la reforma de la negociación colectiva.