Las vacunas contra la COVID-19. Nacionalismo, bien público global y cooperación con extraños

Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel
Vicente Ortun Rubio

Imagen de Jeyaratnam Caniceus en Pixabay

La luz ya llega del fondo del túnel. Procede de las vacunas, que permitirán volver a la libertad de movimientos y a la actividad económica y social deseada.

Nunca se había conseguido un avance tan rápido en biomedicina, las vacunas de RNA mensajero representan avances disruptivos con aplicaciones importantes en otras áreas médicas, mientras que las tradicionales vacunas de virus atenuado están entre las menos prometedoras de esta carrera, en la que el ganador no lo toma todo pero gana una enorme ventaja. The Economist informa que a 6 de enero de 2021 hay 3 vacunas ya aprobadas por los reguladores “exigentes” (las de Pfizer, Moderna y Oxford-Astrazeneca), otras cuatro aprobadas en otros países y tres más en fase muy avanzada de ensayo clínico. Entre todas acumulan el compromiso de proveer 12,490 millones de dosis, que darían para inmunizar antes de final de 2021 al 80.8% de la humanidad, en el escenario más optimista (en el que se aprueban las de CureVac, Novavax y Johnson&Johnson).

A 13 de enero de 2021 ya se han vacunado (al menos la primera dosis) casi 30 millones de personas en el mundo, con gran variabilidad en sus tasas por población.

En seguridad del paciente es bien conocido el modelo del “queso suizo” (vale cualquier queso con agujeros). Para que se produzca un evento adverso grave han de fallar múltiples defensas, han de darse varios fallos humanos y organizativos. Ese modelo se ha aplicado a la defensa frente a la COVID-19 (aqui hay una interesante versión de Ian Mackay), también en la figura. Unas barreras a la COVID-19 dependen de la responsabilidad individual, otras son de responsabilidad compartida. Entre estas últimas están las vacunas.

Las vacunas COVID-19 plantean retos de gran interés para la economía: sobre los esquemas óptimos de financiación; sobre la priorización de grupos poblacionales; sobre logística; sobre incentivos a la población para que se vacune, con la externalidad en beneficios que implica; y sobre los incentivos a la industria para acelerar su desarrollo.

A pesar del alto valor social de la vacunación contra enfermedades infecciosas, los niveles óptimos de I+D, producción y distribución de vacunas no se alcanzarían sin intervención pública. Bloom señala que la COVID-19 está poniendo en evidencia la fragilidad de los sistemas actuales para el desarrollo, producción y distribución de las vacunas. En un paper reciente, aun en revisión, Vu y colaboradores analizan el rendimiento económico de una cartera de activos compuesta por vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes. Bajo supuestos realistas de financiación, los retornos esperados son negativos. Por tanto, el sector privado nunca entraría en estas inversiones sin intervención pública. Proponen soluciones alternativas, incluyendo modelos de suscripción (las personas pagarían cuotas anuales para asegurarse una vacuna si apareciera una epidemia) y la colaborción público-privada. Esta es la solución práctica a la que se ha llegado con la COVID-19.

La solidaridad interesa a los países ricos

En los últimos meses se han difundido estimaciones del valor social global de las vacunas. Así, la OMS publicaba resultados de un estudio encargado por la Fundación Gates según el cual si los países pobres tuvieran acceso equitativo a la vacuna, los 10 países ricos incluídos en el análisis tendrían unos beneficios de más de 153, 000 millones de $ en 2020-21, alcanzando los 466, 000 millones en 2025. Hay que leer esas estimaciones en contexto: la OMS lanzaba al mismo tiempo un llamamiento para completar la financiación necesaria para el Access to COVID-19 Tools(ACT) Accelerator, un proyecto de colaboración global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a tests, tratamientos y vacunas COVD-19. Por su parte, RAND Europa publicaba su estudio macroeconómico del coste para 30 países ricos a través del efecto sobre cinco sectores de actividad intensivos en contactos humanos (hostelería, ocio, comercio, transporte y sanidad y sector sociosanitario) de la falta de inmunización a la población de los países de renta baja y media. Según las estimaciones de RAND, el coste total acumulado sería 82,000 millones de $ en 2020-21 y subiría anualmente hasta alcanzar 258,000 millones $ en 2023-24. Los países ricos más damnificados por la falta de equidad vacunal hacia los pobres serían Estados Unidos y Alemania. Si leemos entre líneas, están pidiendo a esos grandes damnificados mas financiación para el ACT Accelerator.

Esto nos lleva a la solidaridad interesada y a su conexión con el nacionalismo vacunal. La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que Europa hará todo lo que esté en su mano para asegurar que todas las personas del mundo tengan acceso a la vacuna independientemente de donde vivan. ¿Solidaridad altruista o interesada? En cualquier caso, conviene no olvidar que los ricos de los países pobres se vacunarán aunque no formen parte de la población de mayor riesgo, y que la precariedad socioeconómica es un factor de riesgo COVID, además de la edad o la comorbilidad. Conviene, pues, mantener aquella visión de la vacunación como la loncha adicional de un Emmental, agujereado, que precisa de las otras lonchas que forman parte de la actuación global contra la covid-19.

La estrategia de vacunas de la Comisión Europea, EEUU, Reino Unido y otros países ricos se basa en firmar acuerdos de riesgo compartido con varias compañías que tienen ensayos clínicos en desarrollo. Si finalmente no se llegaran a autorizar y comercializar, serían costes hundidos, pero si salen al mercado, Europa tendrá acceso a un número preestablecido en contrato de (millones de ) dosis a un precio “razonable”. Esta estrategia evita la fragmentación de compradores en un mercado salvaje, compitiendo por comprar un producto ofrecido en régimen de monopolio u oligopolio, con los sobreprecios consiguientes. Moderna, una de las empresas desarrolladoras de la vacuna de RNA mensajero, mantiene que el “valor” de una vacuna de eficacia del 60% para un ciudadano de EEUU sería 300$ (ver aquí). Aunque los acuerdos de precios con la Comisión Europea son confidenciales, la prensa ha filtrado información al respecto según la cual los precios acordados son una pequeña fracción de esa cifra.

En sanidad hay antecedentes de acuerdos para la provisión de bienes que el mercado no garantiza por si mismo, al ser insuficiente el incentivo ligado a la exclusividad de las patentes. Hasta ahora, esos Advanced Market Commitments (AMC) se habían establecido entre financiadores creíbles (organismos internacionales como la OMS, pero sobre todo, donantes globales como la Fundación Gates) y compañías farmaceuticas. Básicamente, consistían en el compromiso de compra de un número predeterminado de dosis a un precio superior al de mercado, que garantizara ingresos suficientes para la compañía y un retorno de la inversión aceptable. Hasta ahora, los AMC se habían firmado para afrontar el problema de la baja disposición a pagar en los países de renta baja, que terminaba convirtiendo a determinadas enfermedades allí prevalentes (malaria, tuberculosis, dengue) en enfermedades olvidadas o huérfanas (neglected diseases) y dejaban sin cobertura vacunal a los niños.

Por primera vez, y este es el gran cambio de la era COVID, los acuerdos son con países y bloques de países ricos, para estimular la investigación exprés y compartir el riesgo de proyectos fallidos.

La estrategia europea es (al menos aparentemente) solidaria, ya que reconoce que sólo cuando el planeta entero esté libre de SARS-COV-2, Europa lo estará (Greer, 2020). Europa forma parte de acuerdos globales de acceso a las vacunas, liderados por la OMS. Estos acuerdos globales de abastecimiento de vacunas para 170 países se plasman en el “COVAX” (Global Vaccine Allocation Plan), y han sido firmados por 78 países de renta alta, incluyendo la UE, Japón y Noruega.

Pero no todo es solidaridad. En total, los países ricos, que representan el 13% de la población mundial, han comprado para sí mismos mas de la mitad de las dosis de las vacunas prometedoras, según informa Oxfam. De ahí que la OMS esté clamando contra el “nacionalismo vacunal”, con el argumento de que prolongará la epidemia en vez de acortarla.

La provisión de bienes públicos refuerza la identificación nacional. Cuando se trata de bienes públicos globales, y de males públicos como el calentamiento global, se precisa de la acción colectiva pues sus beneficios no conocen fronteras ni generaciones. Como se argumentaba en el post de Llavador y Ortun, disminuir el riesgo de futuras pandemias requiere actuar sobre el calentamiento global, la amenaza más importante en el mundo, ya que no existirá bienestar humano en un planeta enfermo.

La necesidad de una gobernabilidad internacional choca con el dilema Westfaliano de la soberanía nacional que arrastramos desde 1648. La competencia fiscal entre países dificulta tanto la introducción de una mayor progresividad como la creación de un registro global en el cual conste la propiedad de los activos financieros, un antídoto del lavado de capitales y la evasión fiscal. Tal vez, ante unos Estados enfrentados a la necesaria cooperación con extraños, puedan formarse coaliciones amplias de cooperadores que castigan a los que no contribuyan a la lucha contra los males públicos globales.

De vuelta al queso suizo

El ratón de la incertidumbre sobre la eficacia y seguridad de las vacunas se combate con recogida y análisis de datos y no es reservorio de patógenos. Nos debe preocupar más el ratón de la desinformación, esa desinformación para la cual existen abundantes proveedores en el mercado. Hay además otra pandemia, la desconfianza en la ciencia que exhiben algunos grupos de antivacunas sistémicos que difunden noticias falsas. Y las redes sociales potencian su impacto, como analiza Antonio Cabrales: hay menos nodos antivacunas, pero son más centrales en redes. Además, su contenido es más diverso y entretenido (ofrecen consejos de salud y bienestar, medicina alternativa y teorías de la conspiración) mientras que los pro-vacunas son más monotemáticos. El aislamiento de los que están a favor de la vacunación les puede hacer pensar que sus ideas están más aceptadas de lo que lo están en realidad…

Hay 5 comentarios
  • Las tesis globalizadoras chocan frontalmente con la Ley de Ashby. Esta es una cuestión que la economía política debiera abordar de frente del mismo modo que el capítulo 2 de “The constitution of Liberty” de Hayek.
    De momento ya estamos en un mundo donde en Occidente nadie piensa que mañana vaya a ser mejor que ayer.

    Lo que más me ha sorprendido es que los Reguladores Sanitarios USA y de la UE hayan aceptado distribuir estas vacunas antes de tiempo y eximiendo a las Compañías de Responsabilidades económicas y penales.

  • Gracias por las referencias a Ashby y Hayek que sin duda merecen ser consideradas lo que desaconseja comentarlas a bote pronto sin preparación suficiente.
    El regulador sanitario de la UE, la EME, aprobó condicionalmente las vacunas de Pfizer y Moderna. Una aprobación condicional de comercialización obliga a las empresas productoras a proporcionar resultados del ensayo principal, en curso durante dos años. Este ensayo y estudios adicionales proporcionará información sobre cuánto tiempo dura la protección, qué tal la vacuna previene los casos graves o protege a las personas inmunodeprimidas, si previene los casos asintomáticos, si ‘esteriliza’ (anticuerpos en mucosas que implican que el vacunado no contagia)…
    El regulador sanitaria de EE.UU., la FDA, creó un programa ha creado un programa de emergencia especial para posibles terapias contra el coronavirus, el Programa de Aceleración del Tratamiento del Coronavirus. El programa utiliza todos los métodos disponibles para trasladar nuevos tratamientos a los pacientes lo más rápido posible y, al mismo tiempo ir reduciendo las incertidumbres existentes.
    Encontraremos voces que sin duda consideren imprudente esa forma de actuar por parte de EME y FDA, pero también opiniones favorables incluso desde plataformas sólidamente críticas como la de NoGracias (nada sospechosa de ser lobby industrial) y cuya lectura recomendamos:
    http://www.nogracias.org/2021/01/05/comentario-editorial-nogracias-ante-las-vacunas-contra-la-infeccion-por-sar

  • En una situación excepcional, es normal la colaboración publico-privada, incluso en situaciones menos excepcionales seria deseable la aplicación de modelos de 4 y 5 hélices. En todo caso no estoy convencido con los argumentos, entiendo que fabricar unas vacunas en solo un año es un hito, fruto de investigaciones de hace muchos años, caso ARmensajero, que ya financiaron las farmaceuticas, ….No se cuantos de los 84.180 trabajos de investigación del covid son financiados por publico o privado. El número de firmantes (autores únicos) de los artículos sobre la covid-19 asciende a 322 279, son 162 las candidatas a vacunas(de las que 52 se encuentran en ensayos clínicos). Mi pregunta es: aceptariamos q las farmaceuticas cobrasen mucho por las vacunas, para ser empresas rentables ? creo que no, por esto en temas de salud, esta muy bien como lo estan haciendo estados y empresas privadas

  • Apreciado RamonM,
    Gracias por plantear temas interesantes y aportar datos pertinentes. Solía discutirse si la industria farmacéutica ocupaba la primera, segunda o tercera posición entre sectores en los rankings de Fortune –en cuanto a rentabilidad sobre recursos propios- según se capitalizaran o no los gastos de publicidad e I+D o se valoraran los costes del capital. Hay muchísimo escrito desde Arrow sobre la compatibilización entre pérdida de eficiencia estática con las patentes y eficiencia dinámica (incentivos a la innovación) así como abundantes son las propuestas, y algunas las experiencias, de políticas de regulación alternativas a las actuales, como los compromisos anticipados de compra citados en la entrada. Prolifera igualmente la literatura sobre la importancia relativa de la financiación pública y privada de la I+D.
    Centrándonos, no obstante, en su pregunta creemos que las sociedades mayormente NO aceptarían que las farmacéuticas cobrasen ‘mucho’ por las vacunas … (sigue).

  • Centrándonos, no obstante, en su pregunta creemos que las sociedades mayormente NO aceptarían que las farmacéuticas cobrasen ‘mucho’ por las vacunas. De hecho, con frecuencia existen restricciones ‘estratégicas’ a la maximización de beneficios cuando se establecen precios que no pueden discriminar según elasticidad de la demanda: desde disuadir a un entrante potencial a preservar la reputación, importante este último aspecto en una industria que no puede ser vista como la Big Tobacco y cuya imagen ya sufrió con los antiretrovirales para el VIH, pese a ganar los juicios, y con otros episodios recientes de abuso del poder de monopolio que otorgan las patentes.
    Como encuentran Vu y colaboradores, citados en la entrada, el rendimiento económico de una cartera de activos compuesta por vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes sería negativo. No ha sido un mercado atractivo. La intervención pública parece, en general, imprescindible para afrontar esta emergencia y las que vendrán. Reiteramos lo escrito: A pesar del alto valor social de la vacunación contra enfermedades infecciosas, los niveles óptimos de I+D, producción y distribución de vacunas no se alcanzarían sin intervención pública.

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