Externalidades e internalidades de los ciudadanos y los políticos. Pongamos que hablo de Madrid

Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel
Ricard Meneu

El consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid declaraba, airado, hace unos días que aislar Madrid "no protege a Madrid sino al resto de España". Estaba expresando desnuda y claramente el problema de las externalidades interregionales en gobiernos descentralizados (Ellingsen, 1998). Mientras que una jurisdicción integrada resuelve el problema de la externalidad, hace surgir otros. Por eso, Ellingsen escribe: "Si queremos que las instituciones políticas maximicen el bienestar social, el beneficio social de eliminar las externalidades debe compensar el coste social de las internalidades", que imponen a las minorías las preferencias de la mayoría.

Desde la mera perspectiva económica de la propia Comunidad, aislar Madrid tiene más costes que beneficios porque se restringe la libertad de movimientos desde y hacia la Comunidad. Se pierden ingresos por turismo. Desde la reapertura de la “nueva normalidad” en junio, ha habido 1.1 millones de pernoctaciones en Madrid, con clara tendencia hacia la recuperación paulatina tras el cierre de tres meses en primavera. En agosto ya se alcanzó el 21% de las pernoctaciones del mismo mes de 2019. Madrid puede (sobre)actuar racionalmente cuando se niega a perimetrar y cerrar, pero desde la perspectiva social y del conjunto del estado es una medida eficaz para prevenir que se dispare la incidencia agregada.

El aislamiento perimetral de nueve municipios madrileños afecta a 4.6 millones de habitantes, el 69% de la Comunidad, protegiendo al 31% restante, pero sobre todo protegiendo a los residentes en otras regiones. Porque a diferencia de Madrid, los aislamientos perimetrales de algunos municipios o localidades de otras CCAA, ordenados por los respectivos gobiernos regionales, protegen fundamentalmente a la población de la región. Por su parte, las restricciones dentro de Madrid son hoy por hoy más débiles que en otras CCAA de menor riesgo pandémico.

¿Qué haremos con Madrid? Preguntaba esta semana Andreu Mas Collell, repasando algunos de los hitos de centralidad. España es un país con una enorme centralidad en torno a Madrid. Para el puente del Pilar, entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, el aeropuerto de Barajas tenía programados 1310 vuelos, el 15.4% del total del país. La movilidad desde Madrid, sobre todo de estudiantes que regresaron a sus domicilios habituales, ha sido considerada responsable de una gran difusión de la COVID-19 hacia otras provincias durante la primera oleada en marzo, como ha puesto de manifiesto un estudio basado en datos de movilidad.

Según el informe del ministerio de sanidad de 12 de octubre, Madrid tiene una Incidencia Acumulada en 14 días (IA14) de 502 por 100.000 habitantes, prácticamente duplica la tasa española, quintuplicando (x5) las de Canarias o la Comunidad Valenciana. Además encuentra un 18% de PCR positivos, lo que apunta que no se hace un seguimiento suficiente de los casos y contactos (un 10% en el conjunto de España). Más del 1% de los madrileños podrían ser contagiosos, y todavía mayor porcentaje entre los que saldrían fuera de Madrid de puente, pues buena parte de los mayores y vulnerables están en arresto domiciliario voluntario. Así como la ley de Graham establece que los gases se difunden en el espacio, si lo hay, los madrileños infecciosos que salen de puente diseminarían el virus, y los visitantes de fuera que se contagien en los locales de Madrid llevarán consigo el virus de vuelta a sus poblaciones de origen. Aislar perimetralmente Madrid evita externalidades en contagios, y en definitiva en costes, hacia otras zonas del país. Pero desde la lógica interna del gobernante que pesca en el caladero de votos de la Comunidad, el gobierno de Madrid en esta ocasión actúa racionalmente negándose a perimetrar y cerrar, ya que no carga con los costes de los daños que su conducta infrinje en el resto de España. Racionalidad reforzada por un reduccionismo insolidario previamente explicitado: “Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos"

Por tanto, a nivel agregado, el problema es de incentivos para internalizar las externalidades, abstrayendo cualquier consideración sobre conceptos más debatibles como responsabilidad, solidaridad o patriotismo. El Buen Gobierno de la sanidad debería garantizar que las medidas de salud pública se tomaran con perspectiva social del conjunto del país, pero el Consejo Interterritorial del SNS no cumple esa función. Mientras tanto, los gobiernos recomiendan a sus ciudadanos, según su ubicación, no salir de Madrid o no visitar Madrid. Esos mensajes de los políticos apelan al altruismo de los ciudadanos para que se comporten según el interés público y se retiren voluntariamente de la circulación. También las externalidades, y el altruismo o egoismo, es decir, su internalización, juegan un papel esencial en el comportamiento de las personas y en los modelos microeconómicos.

Hay tres armas clínicas contra la COVID-19: tratamientos, test y vacunas. Mientras se van ensayando las vacunas, los test contribuyen a prevenir el contagio a terceros, por tanto tienen un notable beneficio externo si se utilizan para aislar a los positivos. Los médicos consideran los test como una herramienta clínica que incrementa la precisión y eficacia discriminatoria. Para algunos economistas, como Hellmann y Thiele (2020), tienen valor económico incluso aunque su sensibilidad y especificidad no sean muy altas. A la espera de la vacuna, su solución de la pandemia se basaría en test autoadministrados de bajo precio, que los ciudadanos se harían regularmente para decidir entre aislarse en casa o salir. En su modelo, suponen que las preferencias son algo altruistas y por tanto se sufre una des utilidad si se contagia a otros, internalizando así parte de la externalidad del contagio. Las personas se enfrentan diariamente a la decisión de salir (con utilidad heterogénea individualmente, y riesgo de contagio dependiente de la incidencia en la zona) o auto aislarse para no contagiarse ni contagiar. Los test diagnósticos tienen claramente valor económico, no solo clínico, incluso siendo imperfectos. A partir de su modelo estilizado concluyen que la existencia de test baratos y accesibles (autoadministrados en casa) mejoraría el bienestar social, la suma de utilidades de toda la población, mas cuanto más precisos sean, y reduciría la probabilidad de contagios en equilibrio de estado estable.

Desde la perspectiva social, la prevención mediante tests y trazabilidad de los casos es altamente coste efectiva. Cutler y Summers estiman para EEUU que por cada $ que se invierte en ellos, se recuperan $30.

Otros modelos asumen que los individuos son no cooperativos y no internalizan las externalidades de contagiar a terceros. En ese caso, las personas más vulnerables mantendrán mayor distancia social o reclusión domiciliaria voluntaria, como decisión racional (Toxvaerd, 2020), pues los individuos buscan el trade-off entre los beneficios de las interacciones sociales y el riesgo de contagiarse, de forma que las decisiones de distancia social se determinan endógenamente para protegerse de la infección. En este modelo no hay altruismo, solo racionalidad, pero incluso si los individuos son egoístas y el comportamiento óptimo de aislamiento depende únicamente de la probabilidad (y coste) del contagio propio, y no de los efectos beneficiosos sobre otros, poblaciones compuestas por individuos egoístas conseguirán una ralentización y aplanamiento de de la curva epidémica (ver por ejemplo el modelo de Rachel). Sin embargo, el equilibrio no será socialmente óptimo, la distancia social será menor que la que maximiza el bienestar social y harán falta medidas coercitivas, que han de ser mantenidas en el tiempo y no demasiado restrictivas (Farboodi, Jarosch y Shimer, 2020).

Desde la edad media, las medidas cautelares sobre la circulación de personas y mercancías se imponían a los provenientes de fuera del territorio en riesgo en forma de cuarentenas y lazaretos. También desde la edad media, los privilegiados escapaban de las ciudades en riesgo, por ejemplo, a mansiones en el campo, donde transcurre el Decamerón de Boccaccio. Bien cumplida ya nuestra modernidad, el penoso espectáculo actual de una política distraída de la salud y el bienestar de sus conciudadanos debería ser un acicate para rediseñar una arquitectura institucional, al menos, del SNS que evite algunas de las externalidades negativas interregionales menos tolerables.

Hay 4 comentarios
  • Muy bien, pero cada cual tiene su concepto de altruismo, incluidos los que confían en la "herd inmunity". Echo de menos una mención de la distribución de derechos de propiedad. Las rentas de capitalidad derivadas de ser un punto de encuentro obligado - un derecho de propiedad - se han convertido en costes de capitalidad, cuando ser un centro de elevada interacción social se convierte en un riesgo. El cierre perimetral redistribuye los derechos de propiedad - sobre lo que es o no apropiado hacer- e internaliza reglamentariamente los costes externos de contagio. La vacunación es un ejemplo clásico de economía externa positiva, cuya internalización, partiendo de la base de que el individuo tiene derecho a no vacunarse, exige un incentivo. El confinamiento tendría una lógica similar, que obligaría a compensar al confinado. A no ser que el poder soberano cambie la distribución de los derechos de propiedad, en cuyo caso se plantea un problema de equidad. La apelación al altruismo supone definir un tipo de altruismo determinado: en principio puede ser tan altruista el que quiere salvar a los viejos, cómo el que no quiere poner en riesgo el futuro económico de los jóvenes. El estado tiene su función social de preferencias, pero los individuos tienen también no sólo su función individual de preferencias sino la idea de lo que debería ser la función de preferencias de su Estado, por ejemplo dando prioridad a la supervivencia de los mayores o al bienestar de la mayoría de la población.

    • Gracias Vicenç por los comentarios. Especialmente al apuntar que "la apelación al altruismo supone definir un tipo de altruismo determinado: en principio puede ser tan altruista el que quiere salvar a los viejos, cómo el que no quiere poner en riesgo el futuro económico de los jóvenes”. Si se pertenece al grupo de riesgo (el 17.5% de la población de Madrid es mayor de 65 años), la estrategia de autoaislamiento no sería altruismo, y si uno tiene 20 años, saltarse el confinamiento para salir de copas podría deberse más bien a las preferencias por salir que al altruismo hacia los jóvenes y su futuro económico o hacia los empresarios de copas, para que no se arruinen. Hay un debate intenso sobre el grado de intervención (restricciones) adecuado, la declaración del Great Barrington aboga por el laissez faire anticonfinamiento, enarbolando un relato sesgado de la experiencia sueca (https://theconversation.com/conviene-hacerse-el-sueco-con-el-coronavirus-147587).

      Pero hay una gran incertidumbre acerca de las consecuencias sobre la salud, y más todavía sobre sobre cómo la crisis COVID afectará a la economía presente y futura de distintos grupos poblacionales (de los jóvenes en particular), sobre todo porque el resultado de las estrategias de apertura versus restricción depende del comportamiento de esos individuos: "Epidemiological theories are backward-looking: people ́s past choices determine how many cases of infection there are today. By contrast, economic theories are forward-looking: people ́s choices today – including the decision to engage or not in risky behavior that could result in infection— depend crucially on what they expect the future will bring” (Chang, Roberto, and Andrés Velasco. 2020. Así que no es solo cuestión de preferencias altruistas o egoístas, también de aversión al riesgo. Dejara su aire al virus unas cuantas semanas en Madrid colapsará las UCIs con altísima probabilidad. Las predicciones económicas tienen mayor incertidumbre.

  • Gracias por el artículo.

    Me ha alegrado el día leer en el artículo que el profesor Mas-Collell sigue preocupado con Madrid.

    Espero que un día le dé por analizar las razones por las cuales tenemos 17 tarjetas sanitarias y todas diferentes --por fuera y por dentro-- que luego se procesan por software y equipos también diferentes al igual que sucede con los miles de procesos administrativos propios de un estado fragmentado.

    ¿Cuál es el coste de no poder acceder a economías de escala en los procesos administrativos en España?

    Todo esto en un momento histórico penoso en el cual ya es evidente la impagable disfuncionalidad de nuestra estructura territorial.

    Como contribuyente estoy agobiado por las externalidades de esta estructura. Todas ellas nos caen encima sin un solo beneficio tangible.

    PS: Cuestión semántica: Nuestra clase política (¿otra externalidad?) usa "Estado Descentralizado" erróneamente. Debería decir la verdad: "Estado Fragmentado",
    IBM está Descentralizado. Nosotros estamos Fragmentados.

    • Gracias por el comentario, aunque tu alegría no proceda de él sino de pensar que a un economista deje de preocuparle tamaña externalidad.

      En cuanto al caso que apuntas, en otras ocasiones hemos señalado la variabilidad de sistemas de información e identificación poblacional entre servicios de salud como el más insensato despilfarro acometido por el SNS. Achacarlo solo a la estructura territorial puede resultar simplista, si se considera que en los más de treinta años que median entre 1978 y 2002 la sanidad de hasta 10 CCAA era gestionada directamente por el gobierno de ese “Estado Fragmentado”, sin que sus esfuerzos en esa cuestión sirvieran no ya para incentivar a las CCAA transferidas a convergir hacia ellos, sino meramente para evitar los avances divergentes en los territorios finalmente transferidos en cuanto fueron responsables de gestionar esa espina dorsal del dispositivo asistencial.

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