Como se ha repetido en numerosas ocasiones, España necesita un nuevo modelo productivo basado en la innovación y en la mejora de la productividad. Para poder llevar a cabo esta transformación es vital conseguir atraer y retener en nuestro país a los trabajadores cualificados, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, como muestra un reciente estudio de Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato y Paula Stephan, la presencia de científicos extranjeros en nuestro país es muy escasa. Mientras que en países como Suiza, Canadá, Australia o Estados Unidos cerca de la mitad de los científicos en activo son extranjeros, en España la cifra asciende a un modesto 7%. La situación es algo mejor a nivel de doctorado: el número de doctorandos extranjeros en España ha pasado del 6% en 1995 al 23% en el 2010, de los que cerca del 80% son extracomunitarios.
Según los resultados de la encuesta que Franzoni y coautores realizaron a unos 17,000 científicos, los principales factores que afectan a la movilidad geográfica serían, por este orden, (i) las posibilidades de desarrollar una carrera profesional, (ii) la calidad científica del equipo de destino, (iii) el prestigio de la institución, (iv) el equipamiento y los fondos de investigación, (v) la calidad de vida, (vi) el salario, y (vii) los motivos familiares. Es poco probable que en España las condiciones laborales de los científicos vayan a mejorar en el corto plazo. Los salarios son relativamente bajos para los estándares internacionales, los fondos de investigación se han reducido drásticamente, hay pocos centros de investigación de élite y las decisiones de contratación y promoción no siempre son meritocráticas. Pero un aspecto que afecta sensiblemente a la calidad de vida de los investigadores extranjeros y que es claramente susceptible de mejora es el marco legal y, sobre todo, los trámites burocráticos.
En general, la legislación relacionada con la movilidad de los científicos ha mejorado en los últimos años (ver más detalles en la guía para investigadores extranjeros editada por el FECYT, la guía para investigadores extranjeros en la Comunidad de Madrid o la web del ministerio). Por ejemplo, se ha facilitado la reagrupación familiar. También ha mejorado la convalidación de los títulos académicos. En el pasado se producían situaciones surrealistas, como la de un conocido economista, doctor por el MIT, a quien el ministerio denegó la convalidación de su título de doctor porque no había realizado la licenciatura en una universidad homologada. Para solucionar la falta de un título homologable, dicho profesor tuvo que matricularse de todos los cursos de licenciatura en la universidad en la que trabajaba, incluyendo los cursos que él mismo impartía y, tras finalizar en menos de un año la que ha sido probablemente la licenciatura más rápida de la historia, el ministerio decidió finalmente reconocer su doctorado por el MIT.
Pero aún siguen existiendo importantes barreras legales. Los investigadores y profesores extracomunitarios por ley no pueden acceder a puestos de Profesor Titular o Catedrático de Universidad, por su carácter de funcionario. Una situación similar se produce en el CSIC donde, además, al no existir contratos laborales adecuados, no es posible la contratación permanente de extracomunitarios. Esperemos que la anunciada reforma de las universidades haga posible el acceso de los investigadores extranjeros a este tipo de puestos.
Otra de las barreras a las que se enfrentan los investigadores foráneos, especialmente los extracomunitarios, es la ineficiencia y la lentitud de la burocracia encargada de implementar la política migratoria. Una de las situaciones más problemáticas es la renovación de los permisos de residencia. El permiso de residencia debe ser renovado periódicamente, en el caso de los estudiantes de doctorado cada año, y en el caso de los doctores al año, a los tres años y a los cinco años. Cada una de estas renovaciones conlleva diversas visitas a la delegación de extranjería correspondiente, donde el investigador y su familia tienen que esperar a la intemperie durante largas horas en condiciones a menudo humillantes (ver por ejemplo este video grabado en el centro de Aluche). Tras completar los trámites correspondientes, la renovación puede tardar en completarse muchos meses, en ocasiones cerca de un año. Durante este período, el investigador se encontrará en un limbo legal, con un permiso de residencia que no es válido y todos los problemas que esto conlleva para poder viajar, tener acceso al sistema de salud o simplemente para poder contratar una línea telefónica. Por ejemplo, para viajar al extranjero es necesario obtener en la delegación de extranjería la llamada “autorización de regreso”. Incluso con este documento, la ausencia de un permiso de residencia en vigor puede impedir viajar países que exigen visado o realizar viajes entre terceros países. Estos problemas pueden ser letales para muchos investigadores, especialmente para aquellos jóvenes doctores que pretendan acudir al mercado de trabajo académico.
Otro problema habitual es la falta de información. Los investigadores extranjeros que se trasladan a nuestro país suplen a menudo la falta de apoyo institucional gracias a la generosa ayuda de sus colegas. En el futuro, si queremos competir en el mercado global de la ciencia, es necesario que dotemos a nuestro sistema científico de instrumentos institucionales adecuados. En este sentido, una iniciativa interesante es el proyecto France Contact, que ofrece servicios gratuitos y personalizados a todos los científicos extranjeros que residen en Francia o están a punto de trasladarse a ese país.
El actual deterioro de las condiciones de trabajo en el ámbito científico en España está generando un éxodo de investigadores, tanto nacionales como extranjeros. Estos últimos son especialmente móviles, por lo que es fundamental realizar lo antes posible las reformas necesarias para hacer de España un lugar atractivo para los inmigrantes cualificados.