Al mismo tiempo que el producto interior bruto sigue adelgazando, los españoles no dejamos de engordar. Según la Encuesta Nacional de Salud, más de la mitad de los españoles, incluyendo a un servidor, tiene un índice de masa corporal superior a 25kg/m2, el límite a partir del cual se considera que existe sobrepeso. Una sexta parte de la población supera el llamado umbral de la obesidad, más de 30 kg/m2, una cifra que se ha doblado en los últimos 25 años.
La epidemia de obesidad está afectando a la población española de manera muy desigual. La tasa de obesidad es tres veces más alta entre los inviduos que no poseen el graduado escolar que entre los que tienen estudios universitarios (30.2% vs. 8.5%). En términos geográficos, la distribución de la obesidad es muy similar a la del desempleo. En regiones del norte como Cantabria y Navarra el desempleo está en torno al 18% y la tasa de obesidad afecta al 11% de la población. Sin embargo, en regiones como Andalucía y Extremadura tanto la tasa de desempleo como la de obesidad se doblan, alcanzando al 35% y al 21% de la población respectivamente.
Los individuos obesos pueden sufrir problemas de tipo médico, laboral e, incluso, sentimental. Los estudios epidemiológicos muestran que la esperanza de vida es entre 8 y 10 años menor cuando el índice de masa corporal supera los 40 kg/m2, aunque un ligero sobrepeso podría no ser del todo malo. Además, la obesidad reduce las posibilidades de encontrar trabajo. Por ejemplo, un estudio realizado en Suecia con currículum falsos muestra que los candidatos cuya foto había sido distorsionada para que pareciera que habían ganado unos kilos tienen significativamente menos posibilidades de ser convocados a una entrevista de trabajo. Los michelines tampoco ayudan en lo que los economistas denominan el “mercado matrimonial”. El análisis realizado por Pierre-André Chiappori, Sonia Oreffice y Climent Quintana Domeque muestra que un varón de altura media que engorde unos cuatro kilos (1,3 kg/m2), debería conseguir un aumento salarial de un 1% si quiere mantener su atractivo intacto.
¿Debería el Estado intervenir para reducir la obesidad? La intervención pública podría explicarse en base a las potenciales externalidades negativas sobre el gasto sanitario, estimadas en EE.UU. en torno a los $40,000 por cada individuo obeso. Estas externalidades justificarían la introducción de un impuesto pigouviano a los productos con elevado contenido en grasas saturadas. Esta idea podría resultar tentadora para gobiernos con abultados déficit públicos, aunque quizás la reciente experiencia fallida de Dinamarca pueda haber enfriado el entusiasmo por este tipo de políticas.
La intervención del estado también podría estar relacionada con la posible existencia de límites en la racionalidad de los individuos, especialmente asociados a la falta de autocontrol. Algunos países han intentado `orientar’ a sus ciudadanos hacia hábitos más saludables. Un divertido ejemplo son las escaleras musicales instaladas en una estación de metro sueca. También ha tenido éxito la normativa que obliga a los productores a proporcionar información acerca del contenido calórico de sus productos. Tal y como nos explicaba Jesús Fernández-Villaverde, en los Starbucks de Nueva York esta medida redujo el consumo de calorías en cerca de un 6%. Menor fortuna ha tenido el intento del álcalde Bloomberg de limitar el tamaño de los refrescos gaseosos, un proceso que ha sido por el momento paralizado por decisión judicial.
También en el sector privado existe la percepción de que la obesidad podría reducir la productividad de los trabajadores y algunas empresas están explorando posibles formas para combatirla. La compañía de automóviles Chrysler trabaja con el economista John List en un programa de incentivos monetarios para que sus empleados pierdan peso. Chrysler ha asignado a sus empleados a distintos grupos de tratamiento en los que varía tanto la cuantía como la forma del incentivo, que puede depender del número de kilos que pierda el empleado o del número de kilos que pierda su equipo. Aunque los resultados de esta intervención no han sido aún publicados, algunos estudios similares realizados en el pasado sugieren que este tipo de intervenciones podría ser efectiva en el corto plazo, pero su efecto en el medio y largo plazo es más dudoso. Una medida que ha tenido más éxito son los subsidios al uso del gimnasio. Los experimentos realizados por Royer et al. (2011) y Charness y Gneezy (2011) muestran que este tipo de subvenciones aumenta la asistencia al gimnasio por parte de los empleados y, además, este efecto persiste una vez que desaparece el incentivo.
La obesidad supone un problema económico y de salud pública de primer orden que exige una intervención decidida por parte de la sociedad, el Estado y las empresas. Los experimentos realizados en los últimos años han contribuido a mejorar nuestra compresión del problema, ayudándonos a entender cómo los individuos toman decisiones acerca de su salud y qué políticas pueden ser más efectivas. La evidencia empírica sugiere que no existe una única solución mágica que pueda resolver un problema tan complejo, pero una combinación de medidas que aumenten los incentivos y faciliten el acceso a la información podría servir para aliviar el problema.
Fe de errores (26 de abril de 2013): Para evitar posibles confusiones, la leyenda del mapa “Índice de masa corporal” ha sido sustituida por “Tasa de obesidad”. También se ha añadido una nota indicando la definición de “Tasa de obesidad”.