Con la aprobación en 2007 de la Ley de Igualdad España se convirtió en uno de los países pioneros en la implantación de políticas de género. Transcurridos varios años, quizás sea un buen momento para echar la vista atrás y evaluar cuál ha sido su efecto.
Hace dos meses se celebró en el Institut d’Anàlisi Econòmica de Barcelona el cuarto workshop sobre economía de género organizado conjuntamente por el Comité sobre la Situación de la Mujer en la Economía (COSME), FEDEA e INSIDE. Uno de los temas que recibió más atención fue la introducción en España en 2007 de cuotas de género en las listas electorales.
Existen varios posibles argumentos en favor (y en contra) de estas cuotas, tanto en términos de equidad como en términos de eficiencia. Por ejemplo, dado que en muchos casos las mujeres y los hombres parecen tener diferentes preferencias en relación a qué políticas deberían implementarse (tal y como documentan Patricia Funk y Christina Gathmann con datos de referéndum suizos), cabe la posibilidad de que una mayor presencia de mujeres entre los policy-makers genere políticas más próximas a las preferencias de la población. Así, en la India se observa que los ayuntamientos que están gobernados por mujeres (debido a una política que impuso concejalas en algunos municipios de manera aleatoria) invierten más en aquellas partidas que benefician más a las mujeres del municipio (Raghabendra Chattopadhyay y Esther Duflo). También se observa que una mayor representación política femenina puede mejorar la educación y la sanidad pública (Irma Clots-Figueras (1) y (2)). Sin embargo, no está claro que estos resultados se puedan extrapolar a España u a otros países desarrollados. De hecho, Fernando Ferreira y Joseph Gyourko analizan datos de EE.UU. y no encuentran efectos significativos del género en las políticas municipales, ni a corto ni a largo plazo.
Dos de los artículos presentados en el workshop, el primero realizado por Pablo Casas-Arce y Albert Saiz y el segundo por Pamela Campa, analizan los efectos que han tenido estas cuotas en las elecciones locales en España. Las cuotas exigían un mínimo de un 40% de candidatos de cada sexo en todos en los municipios de más de 5.000 habitantes. Ambos trabajos se realizaron de manera independiente y utilizan la misma estrategia empírica. Como la ley afectaba únicamente a aquellos municipios con una población superior a 5.000 habitantes, comparan la evolución de los municipios que superan ligeramente los 5.000 habitantes con la de los municipios que tienen poco menos de 5.000 habitantes. Es decir, la idea de esta estrategia empírica, conocida como “regresión de discontinuidad”, es aprovechar el hecho de que ambos grupos son básicamente iguales, excepto por el hecho de que a unos en el año 2007 se les aplicó la cuota, y a los otros no. (Nota técnica: Una estrategia empírica alternativa habría sido comparar directamente la situación antes y después de las cuotas, pero entonces se corre el riesgo de confundir el efecto de la cuota con el efecto de otras políticas, el ciclo económico o una simple tendencia temporal. Esta es la metodología que en general aplican las instituciones públicas en la mayoría de sus evaluaciones, ver por ejemplo esta y esta).
Tanto Casas-Arce y Saiz como Campa observan que, como cabía esperar, la introducción de la cuota aumenta el número de candidatas. La magnitud del efecto es de entre 7 y 10 puntos. Sin embargo, el número de concejalas se incrementó únicamente en unos cinco puntos, y no se observa ningún efecto significativo en el número de alcadesas. La explicación para esta aparente paradoja es sencilla: aunque aumentó el número de candidatas, en general estas iban en peores lugares de las listas. Como explicábamos en otra entrada en este blog, algo similar ocurrió en las elecciones legislativas de 2008. El artículo de Pamela Campa también investiga el efecto de las cuotas sobre la distribución del gasto público municipal sin hallar ningún impacto.
Otro argumento en favor de las cuotas se basa en la posible existencia de prejuicios sexistas, prejuicios que las cuotas supuestamente ayudarían a mitigar. Por ejemplo, en el caso de la India que comentábamos anteriormente, un estudio de Lori Beaman, Raghabendra Chattopadhyay, Esther Duflo, Rohini Pande y Petia Topalova nos muestra que las cuotas han mejorado la percepción que tienen los votantes de las mujeres políticas aunque, sin embargo, su evidencia también indica que los votantes varones las acogen de manera negativa. Este artículo también sugiere que quizás no sea necesario que las cuotas sean permanentes. Observan que, después de diez años de cuotas, es más probable que las mujeres se presenten a elecciones (y que las ganen) una vez que han desaparecido las cuotas. Algo parecido ocurre en Italia, donde la presencia de mujeres en la política es hoy en día mayor en aquellos municipios que, por razones esencialmente casuales, tuvieron cuotas en los años 90 (Maria De Paola, Vincenzo Scoppa y Rosetta Lombardo).
Naturalmente, también es importante recordar los potenciales inconvenientes de las cuotas. Restringir la composición de las listas de candidatos podría tener efectos negativos sobre la calidad de los políticos, de manera similar a lo ocurrido en los consejos de administración de las empresas noruegas. Ahern y Dittmar muestran que, a raíz de la introducción de las cuotas de género, la experiencia media de los consejeros disminuyó, afectando negativamente a la valoración de las empresas.
En cualquier caso, el aparente escaso efecto de las cuotas en España parece consistente con la tesis de Guillaume Frechette, Francois Maniquet y Massimo Morelli. Según estos autores, las cuotas de género tienden a ser aprobadas cuando los partidos perciben que no les van a afectar. Quizás esto explique por qué en España ningún partido votó en contra de la aprobación de la Ley de Igualdad.