Estimado lector, yo le entiendo. Soy un pesado. Que si la investigación para arriba, que si la investigación para abajo, que si es muy importante... Y aprovechando la buena fe de los editores de NeG, cada dos por tres doy la brasa con eso. Que sepa que le entiendo y que simpatizo con usted. Pero mire, es que la cosa está llegando a un nivel que ni Berlanga/Azcona imaginaron en sus más locos sueños. Le cuento: los directores y gerentes de institutos del organismo de investigación más importante en España, el CSIC, están recibiendo un correo electrónico en el cual se les dice que la resolución por la que se les concedieron proyectos de investigación en 2008, 2009 y 2010 se modifica. Y dirá usted, "¿y qué?" Pues es que esos proyectos están terminados o casi, y se cambian las condiciones de justificación de los gastos ejecutados con esos proyectos. Fíjese, estamos hablando de proyectos alguno de los cuales terminó en 2011, ¡y ahora se cambia la resolución de concesión! Esto, para entendernos, es como si a usted le dan una hipoteca, acuerda las condiciones con el banco, y una vez pagada la hipoteca le dicen que ha de cumplir una serie de condiciones adicionales. Lo mismito. De hecho, no puedo resistirme a resaltar dos frases de la carta a la que me refiero:
- "Próximamente la Secretaría de Estado de Investigacion, Desarrollo e Innovación nos hará llegar la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS POR LAS QUE SE CONCEDEN AYUDAS..." Impresionante. Era una resolución definitiva... pero poco, por lo que se ve. En todo caso, da igual. Te concedo una ayuda para un proyecto, tú lo haces (bien o mal, porque eso nadie lo evalúa) y una vez terminado, te cambio las condiciones en las que te lo concedí hace años. ¿A que mola?
- "No se debe considerar que los requisitos de publicidad sean imposibles de cumplir por el hecho de no haberlos cumplido antes de la finalización de los mismos." No tengo palabras. Esto habla por sí solo.
De verdad, amigo lector, muchos investigadores investigamos porque nos gusta. Es verdad. Ganamos lo que ganamos, que en España no es para echar cohetes, pero como nuestra sufrida vicepresidente Sáenz de Santamaría no nos quejamos del sueldo. Incluso, aunque nuestro amado editor Antonio Cabrales y yo nos quejemos de las justificaciones de los gastos, ya estoy dispuesto a no quejarme. Pero que me digan que me conceden un proyecto en una convocatoria, me den el dinero, me lo gaste para hacer el proyecto, y una vez terminado me digan que me cambian las condiciones en las que me lo concedieron y que he de hacer no sé qué papeles so pena de tener que devolver el dinero, es superior a mis fuerzas, y a las de los investigadores del CSIC. Claro, luego es una leyenda urbana, pero cada vez se van más. ¿Cómo no se van a ir? ¿Cómo no se van a ir a un sitio donde, cuando menos, haya seguridad jurídica? Pues así estamos, amigo lector, así estamos. Aquí le dejo con mi depresión por los investigadores del CSIC, y por la carta, donde queda claro que o los que gestionan la investigación son unos ineptos y no saben qué requisitos les pide Europa para usar su dinero, o no lo son y tienen la poca vergüenza de intentar encajárselo al personal del CSIC. Señor, señor, cuando nos llevarás...
Hay 23 comentarios
Completamente entendible su preocupación. Si el organismo que fija los requisitos los modifica sobre la marcha está dando una señal de que algo falla en la ciencia española y, en general, no son los científicos, sino el marco en el que se desenvuelve la investigación española. Creo que la investigación es suficientemente estratégica como para hacer un esfuerzo de generar un pacto de estabilidad en la ciencia. Puede haber un margen de discrecionalidad en algunos matices que considere oportunos el gobierno de turno, pero sería bueno establecer un núcleo de la regulación estable y que sólo se pudiese revisar pasado un tiempo lo suficientemente largo como para valorar las posibles mejoras o, si se diesen circunstancias sobrevenidas que aconsejen el cambio, con el voto favorable de un comité científico nombrado entre profesionales de reconocido prestigio por una mayoría parlamentaria reforzada (por ejemplo 3/5).
Mucho ánimo y un cordial saludo.
Una puntualización. Se te ha olvidado aclarar que la justificación de esos proyectos, ya terminados, tuvieron en primer lugar el visto bueno de la administración el año que se realizó el gasto y luego cuando se terminó el proyecto. Justificados dos veces . Y al cabo de los años te cambian las reglas del juego.
Soy investigador del CSIC. Anxo, convéncete. Los políticos siempre ha pensado que la investigación era necesaria, bien vista, pero que, llegado el momento, era un gasto suntuario y por lo tanto prescindible. Pero ahora la situacion ha cambiado, ahora lo que piensan es que por fin van a meterle mano a un de hatajo de vividores y despilfarradores del dinero público. Que siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana pero que eso ahora se acabó. Se acabó la fiesta. Que ya está bien de vivir del cuento.
Tras muchos años dedicados al control de gestión en empresas privadas, llevo bastante rato alucinando con esta innovadora manera de controlar los gastos. Ojalá fuese una película de Berlanga. Amí me recuerda más bien a Charlie Rivel...
No obstante, antes de que todos nuestros investigadores acaben yéndose podrían ponerse de acuerdo para hacer una última investigación.
Se trataría de averiguar cuántos recursos está empleando la Administración en estas tareas "investigadoras". Compararlo con el dinero ahorrado y así averiguar la rentabilidad del empeño. A ver si es mayor que cero.
Dicho esto, tengo una duda. ¿qué pasa con el dinero que no se haya podido justificar? Se supone que la Administración lo recuperaría o dejaría de darlo. Pero en ese caso, ¿quién lo pone? Porque el gasto ya se habrá pagado.
Gracias LuisXXI. Pues si hay que devolver el dinero lo pone o bien el investigador de algún otro proyecto de otra institución en el que pueda justificar el usarlo para esto, o su institución, de sus fondos. Pero ojo, hay que devolver el dinero que el MINECO considera mal justificado, más el porcentaje de ese dinero que dio a la institución (los llamados "costes indirectos", que típicamente son el 20%) más intereses de demora del 6% desde el día en que se concedió el proyecto.
Muchas gracias. En estos debates siempre se tiende a justificar estas actuaciones porque está bien visto "controlar". Lejos de mí argumentar que no se deba hacerlo. Lo que me rebela es que se haga ex-post...más de 4 años después de iniciado el proyecto. Si lo comparamos con el tratamiento de lo "prescrito" en otros ámbitos es para seguir alucinando.
Entiendo por otros posts y por lo poco que voy viendo del ámbito de la investigación en España, que ya hay un control científico y de viabilidad antes de seleccionar un proyecto. Que después hay diversos controles -primero para gastar, y luego para justificar lo que se está gastando- a lo largo del mismo, para acabar con las justificaciones finales. Seguir dando vueltas al tema sólo puede deberse a que: antes la Administración no ha cumplido bien su misión -lo que daría para bastantes posts- o ahora sólo se trata de retorcer las cosas a ver si sacan algunas migajas por la vía de que "lo considero mal justificado".
Pero la pregunta que yo hacía, además de ver si se consigue un retorno positivo de estas actuaciones, era para aclararme un tema de funcionamiento público. Si el dinero que consiga la Administración por esta vía lo pone una institución en muchas ocasiones pública, a efectos globales de déficit público la cosa no cambia, ¿no?. Y repito, que nadie considere que abogo por no controlar. Lo que digo es que hay que hacerlo bien, preventivamente, rápidamente y para gastos y cuestiones relevantes.
Gracias de nuevo. Sí, efectivamente, al final es el estado moviendo dinero de una caja a otra. La política consiste entonces en decidir en qué caja se pone el dinero y si hay que quitarlo de una para ponerlo en otra. Esta manera de actuar, ex post, es claramente política...
Otra cosa es que yo creo que sí sobran controles. Los controles tienen que ser a posteriori. Me explico: yo hago una propuesta de investigación, es seleccionada en una convocatoria competitiva, y cuando se aprueba lo que se está haciendo es básicamente esto: el ministerio de turno dice "yo te doy tanto dinero y tú tienes que hacer esto que has dicho aquí que ibas a hacer". El control no debe ser entonces sobre el gasto sino sobre si he hecho lo que dije que iba a hacer. Es como cualquier otro trabajo. Tú haces una reforma en casa, te dan un presupuesto, y no vas preguntándole al contratista en qué ha gastado el dinero: controlas que te hagan bien la obra. Pues esto debería ser igual. Pero precisamente ese control, de si he hecho lo que dije que iba a hacer, es prácticamente inexistente: se mira en qué me gasto el dinero pero no si hago lo que prometí. Exactamente al revés de lo que debería ser y de lo que es en países, digamos, normales.
Hay que decir que esto no solo afecta al CSIC, las universidades llevan un par de años haciendo frente a reclamaciones y revisiones de proyectos nacionales antiguos, que en su día fueron cerrados y auditados. De repente, a los investigadores se les está reclamando dinero por las excusas mas pintorescas. Algunas universidades están cubriendo los gastos, por no dejar a su personal a los caballos. Por encima de todo hay una inseguridad jurídica terrible.
Mi mundo es ajeno a este de la investigación y tampoco sé mucho del tema, pero pregunto : ¿Es legal?. ¿No sería denunciable ante los Juzgados (ya sea por la vía civil, administrativa o la que sea, que tampoco sé cual sería)?. ¿Cómo se va a legislar algo con efectos retroactivos cuando a lo que se refiere ya está caduco, se ha ejecutado - y pagado, supongo-?. No vendría mal algo más de aclaración. ¿Piden más información de los proyectos, a través de papeleos y trámites burocráticos, o han cambiado también la financiación?. Y repito, ¿es todo ello legal?. En fin, si así fuera, lamento un país tan tercermundista, o gobernantes tan cavernícolas. Un saludo.
¿Legal? Todo lo que se publica en el BOE y todas las acciones de las Administraciones, por definición, de entrada son legales. Y continuan siéndolo hasta que son derogadas, substituidas o paralizadas por un juez.
Lo que debemos preguntarnos es si son justas, adecuadas, pertinentes, si benefician al conjunto de la sociedad... Y en el caso que nos ocupa, la respuesta es claramente NO.
Gracias Jos. Yo llevo años insistiendo a mi institución que no pase por estas cosas, que lleve todo a los tribunales, pero no se hace. Desde luego, desde las tasas de Gallardón entiendo un poco más por qué no se hace, aparte de razones tipo falta de personal para hacerlo, etc. Pero creo que si todos los OPI (Organismos Públicos de Investigación) y Universidades se plantaran, algo se conseguiría.
La clave probablemente esté en el "que he de hacer no sé qué papeles". Aunque en el artículo no se dice qué requisitos adicionales se exigirán ahora, y quizás hubiera sido bueno señalarlos expresamente, se deduce por el contexto y por otros comentarios anteriores a éste, que lo que se pretende hacer es medir la correcta inversión de los fondos públicos puestos a disposición de los investigadores. Si es así, no se puede decir que la administración esté haciendo nada ilegal, como algunos sugieren. Más bien, intenta corregir, tarde y mal, la malversación cometida por otros por falta de control. Cualquiera que conozca la universidad española sabe perfectamente de qué estamos hablando. Ya era hora.
Gracias J. Posiblemente lo que hace la administración no sea ilegal. Pero lo que sí que crea es una inseguridad jurídica tremenda. No se puede conceder unos proyectos en unas condiciones y cambiar esas condiciones a posteriori (no digamos ya como ahora cuatro años después de haberse acabado). Hacienda no pretende controlar que nos estemos gastando bien el dinero. Lo que pretende es quitarnos todo el que pueda de la manera que pueda. En cuanto a la "malversación cometida por otros por falta de control", yo creo que conozco un poco la Universidad, y en las que yo conozco y he estado y desde luego en los proyectos que yo he tenido, de malversación, nada de nada. De hecho, hemos hecho encaje de bolillos y estirado el dinero para cubrir todas las actividades del proyecto hasta límites impensables!
No estoy de acuerdo. Si ha habido malversación hay medidas legales para corregirlo. No hace falta inventarse nada nuevo. Es como si este año se cambia el modo de hacer la Declaración de la Renta y piden facturas con un campo, por ejemplo la hora, que antes no aparecía y de paso, multan a los que no cumplieron con ese requisito el año pasado. Pueden argumentar que es para combatir el fraude, pero para eso ya hay otras leyes. Está claro que es para hacer caja. Sólo que en el ejemplo que he puesto todo el mundo pondría el grito en el cielo y aquí, como es investigación, no pasa ni pasará nada. Además pueden presumir de haber subido el gasto en I+D sin gastar más.
Es más, incluso en el caso de la amnistía fiscal, donde hay claramente malversación, si al Gobierno se le ocurre desdecirse y, de modo retroactivo, multar o hacer públicos los defraudadores se montaría un escándalo. Pero a los investigadores en sus yates, leña.
Una pregunta rápida: ¿No es eso totalmente ilegal? ¿No se tumbaría ante cualquier tribunal? ¿No es prevaricar tomar una decisión injusta? Por tener claro si la administración SABE DONDE SE METE haciendo esas barbaridades.
Nada, nada. Lo que pasa es que Guindos se ha soltado la coleta, digo la melena, y está empezando ya la "auditoría de la deuda pública" que prometen los de Podemos, sólo que lo ha comenzado por la inversión en proyectos de investigación, que ya se sabe que es uno de los principales focos de corrupción de nuestro país. ¡Abajo la casta científica!
😉
Y, hablando de control, está claro que los investigadores somos i. ladrones o ii. menores de edad. Véase si no la declaración del ex-portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, al respecto de los viajes de sus señorías: "Con el argumento de que 'esto no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad', el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, rechazó ayer la posibilidad de controlar los viajes de los diputados y los senadores pagados con dinero público." Eso sí, esa gente sabe gastar nuestro dinero y no hay que controlarlos o, como mucho, controlarlos sólo un poquito. A los investigadores, conocida banda de maleantes y crápulas, hay que ponerles un funcionario en la chepa a cada uno.
En mi Universidad, si contratas el hotel mediante agencia de viajes hay que llevar un justificante de que has dormido allí (con la correspondiente cara de alucine del recepcionista). Es absurdo. Como si un jeta que amañase con un conocido en una agencia de viajes un pufo va a tener reparos en falsificar una firma en un papel incomprobable de medio mundo a distancia. Eso sí, al que cumple, problemas.
Lo del CSIC lo tiene nombre.
En el Calar Alto usaron un presupuesto para despedir (con denominaciones varias) a más del 30% del personal alegando razones económicas. Luego externalizaron esos servicios adjudicándoselas a empresas "amigas" pero económicamente no mucho más baratas, y tras la limpieza, llegaron a un acuerdo económico con los sindicatos, que aunque no se ha publicado, haciendo una simple operación matemática, se ve claramente que el presupuesto usado para justificar los despidos no es el que manejan. Ha habido una ampliación encubierta y cerca de 15 personas hoy en día se encuentran en paro por motivos económicos (que en su día eran verdad), pero que se ha demostrado que realmente no lo eran. Con el presupuesto que esgrimían, sin ampliación, el observatorio no habría llegado a Agosto. Y el que quiera datos se los doy.
El control del dinero público es importante. Si se detectan irregularidades en proyectos ya controlados y aprobados hace años deberían pedirse responsabilidades... a quienes los auditaron.
Me parece que no lo ha entendido bien, los gastos eran correctos conforme a las normas vigentes en aquel momento, y quienes controlaron el gasto hicieron bien su trabajo; nada se les debe recriminar al respecto. Es a posteriori (cuatro o cinco años despues de que se haya cerrado y comprobado todo), cuando el ministerio ha decidido cambiar las reglas y decir que algunas de las reglas que se aplicaban en el pasado ya no son de su gusto, y por tanto reclama que le devuelvan ese dinero (que en su dia se usó correctamente). O bien se te descuenta del sueldo, o la universidad se hacer cargo (reduciendo sus ya limitadas arcas). El problema es: si me dan ahora fondos para investigar hoy, y si cumplo las normas a rejatabla, ¿me lo reclamarán y descontarán del sueldo dentro de 5 años cuando llegue un nuevo ministro sin dos dedos de frente? Ese es el problema al que nos enfrentamos. Eso es la inseguridad jurídica.
Pero ¿no habría que ir directamente al juez con esto?
Si... pero claro, la universidad tampoco quiere morder la mano que le da de comer (aunque dicha mano le de estacazos a mansalva). Hay muchas otras partidas que te pueden recortar por díscolo. Por otro lado, incluso si lo recure, tal y como funciona nuestro sistema judiciarl, una resolución final puede llevar una década. Consecuencia, cada vez es mas dificil investigar, y cada vez mas gente hace las maletas para irse. Unos por despidos, otros por falta de promoción, otros por falta de fondos,...
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