Antonia Díaz (@AntoniaDiazRod)
El pasado 22 de octubre asistí a un debate sobre próximas las elecciones de EE.UU. El encuentro estaba organizado por el think tank “Análisis Relevante”, afín al Partido Demócrata, y contó con la participación de Leopoldo Martínez (@lecumberry) quien nos describió la evolución del voto por Estados, de Miguel Sebástián, Daniel Lacalle, Vanessa Vallejo, y una servidora. Moderaba el encuentro José Luis Rodríguez Zapatero. En ese debate reflexionamos sobre la política del gobierno de Trump, sobre el impacto que pudiera tener que Biden gane las elecciones y, cómo no, fiscalidad. En este post quiero repasar algunos de los argumentos que allí fueron expuestos.
A nadie se le escapa que las elecciones de 2020 son trascendentales. Su resultado va a tener un impacto duradero en nuestras vidas. Quien ostente la presidencia de Estados Unidos durante los próximos cuatro años va a marcar profundamente la agenda política en tres asuntos cruciales: la COVID-19, la revolución tecnológica, y el cambio climático. El cuarto asunto crucial permea el resto y es la calidad de nuestros sistemas democráticos y su derivada: la gobernanza global.
Desde mi punto de vista, algunos sectores del espectro político y/o mediático están muy confundidos sobre la política económica de Trump y pretenden ver en su gobierno un adalid del liberalismo económico (en su significado europeo). En realidad, se trata de lo contrario. Trump es el representante de las elites extractivas de Estados Unidos, en el sentido del término descrito por Acemoglu y Robinson. Su política ha consistido en defender los intereses de esas élites dándole la espalda a los múltiples problemas que azotan su país. Miguel Sebastián hizo una descripción muy certera de lo que llama “los negacionismos de Trump” y que aparece resumida en este artículo.
Señalar exactamente quiénes componen esas élites extractivas no es fácil porque los sectores económicos no son homogéneos. Aun así, la revolución tecnológica que vivimos es tan enorme que no andamos desencaminados cuando pensamos que en esas élites se encuentran, grosso modo, los representantes de aquellos sectores que más pierden; por ejemplo, el sector energético de origen fósil, el automóvil tradicional.
Las élites extractivas, como nos explican Acemoglu y Robinson, desprecian las instituciones que componen el Estado de Derecho –cuyo objetivo siempre es la defensa del débil contra el poderoso, o de la minoría contra la mayoría. Por eso, esas élites pervierten, o intentan destruir, las instituciones democráticas en cuanto acceden a ellas. Desprecian, también, cualquier intento de construir una gobernanza global que facilite algo cercano a un “level play field”. Por eso, también, estas elecciones son tan importantes. Pero no quiero escribir un post de Teoría de Política Económica, sino dar algunos ejemplos que mencioné en aquel debate donde, a mi juicio, se demuestra que la captura del Estado por las élites extractivas lleva a la pérdida general.
Quiero lanzar una advertencia: creo que discernir en qué grado la política actual responde a maquiavelismo y cuánto a estupidez es una tarea dificilísima. Algunos de estos ejemplos son, también, una lección práctica sobre las Leyes Fundamentales de la estupidez humana, que tan bien describiera el historiador Carlo M. Cipolla en su delicioso libro “Allegro ma non troppo”.
Guerra comercial con China
Según el Peterson Institute for International Economics (PIIE), de enero de 2018 a enero de 2020, los aranceles promedio de EE.UU. sobre las exportaciones chinas aumentaron del 3,1% al 19,3%, a lo que China respondió aumentando los aranceles sobre las exportaciones estadounidenses desde el 8,0% al 20,3%. Hasta ahora, la guerra comercial ha afectado $550 mil millones en productos chinos y $185 mil millones en productos estadounidenses. La administración Trump ha justificado estas políticas apelando a necesidades de seguridad nacional o al deseo de proteger los trabajos de los sectores manufactureros (el caso del sector automovilístico es paradigmático). No creo que tenga que explicar a ningún lector de este blog que las barreras al comercio internacional acarrean costes en aquellos países que las imponen, pero es interesante ver quién pierde en cada caso.
Según un estudio reciente (su job market paper, en realidad) de Y. Zhou, estudiante de doctorado de la Universidad de Minnesota, el aumento de aranceles de EE.UU. afecta a las cadenas de valor internacionales; en particular, grava los bienes intermedios importados de China que las grandes empresas exportadoras de EE.UU. usan. Es decir, debilita la competitividad de las empresas estadounidenses por partida doble. Una consecuencia, espero que indeseada, de la guerra comercial con China, es que ha puesto en peligro el abastecimiento de productos médicos utilizados para tratar la COVID-19. Las compras estadounidenses de productos médicos a China sujetas a aranceles del 25 por ciento disminuyeron un 16% entre 2017 y 2019 (véase este post in Voxeu).
La política de control de exportaciones (en aras de la seguridad nacional) ha sido especialmente perjudicial para la industria de semiconductores, con alto contenido tecnológico. La trifulca entre Estados Unidos y China tiene que ver con la posición dominante de Huawei en la tecnología 5G, con que no haya ninguna empresa de EE.UU. de peso en esa carrera tecnológica, y con que China no es un socio comercial fiable. La administración Trump ha establecido controles a las exportaciones de semiconductores o cualquier software o tecnología que, directamente o a través de países terceros, pueda acabar en China. Esta ha sido una manera muy efectiva de animar a los clientes de las empresas de EE.UU. a que busquen otros proveedores. La consecuencia, solo en mayo de 2020, ha sido una pérdida de mercados, fuera de China, valorada en $17 millones. No creo que haga falta demostrar que esta política pone en peligro miles de trabajo con alto contenido tecnológico.
Otra subida arancelaria ha afectado a la industria del acero con el objetivo de proteger los trabajos del sector. Pues bien, un estudio del PIIE estima que los aranceles al acero de Trump han elevado el precio de los productos de acero en casi un 9%, creando 8.700 puestos de trabajo en la industria estadounidense. Sin embargo, los usuarios de acero pagan $650.000 adicionales por cada trabajo creado. Esto es una pérdida de competitividad de libro.
Esta es una política equivocada, además, porque el responsable principal de la desaparición de esos trabajos manufactureros es, fundamentalmente, la robotización. Tim Kehoe, Kim Ruhl y Joseph Steinberg publicaron en el Journal of Political Economy un trabajo muy interesante al respecto. En ese artículo analizan cuál de las dos posibles causas de la desaparición de los trabajos de manufacturas es la importante en Estados Unidos. Y lo hacen como lo hacemos los macroeconomistas: escriben un modelo de economía abierta, una versión muy sofisticada del modelo de Heckscher-Olin con cambio sectorial debido a que hay más progreso tecnológico en la producción de bienes que en la producción de servicios. Lo calibran con cuidado y hacen los ejercicios contrafactuales pertinentes. Por ejemplo ¿qué habría pasado de no tener enfrente a un exportador inmenso como China? Pues casi lo mismo: Estados Unidos, siendo como es una economía con gran peso internacional, se comporta, a grandes rasgos, como una economía cerrada. Lo importante es el proceso de robotización que sustituye trabajo por maquinas (para quien quiera hacer el paralelismo le recuerdo que España es una pequeña economía abierta).
Pero aceptar esa respuesta, la robotización, obliga a pensar en política educativa, reciclaje de trabajadores, acceso a becas para asistir a la universidad, en vez de enemigos exteriores. A pesar de que el gobierno de Trump ha empeorado la situación, el problema viene de antes. Como Lawrence Katz recuerda en esta entrevista, el número de graduados universitarios, en proporción, ha caído desde los años 80. La razón es el aumento del precio relativo de la enseñanza universitaria. Su consecuencia más palmaria es el aumento desbocado en la prima a la educación superior y el aumento consiguiente en la desigualdad. Y es que la cuestión es simple: si la prima a la educación aumenta es porque la demanda de graduados universitarios está aumentando más rápidamente que la oferta.
Gobernanza global y tasa digital
El desdén de Trump respecto a las relaciones y cooperación internacional es malo para la gobernanza mundial. Pensemos en la financiación del Fondo de Recuperación “Next Generation” del que hablé en otro post. Este Fondo, cuyo volumen ronda el 70% del presupuesto anual de la UE, va a ser financiado con deuda emitida por la Comisión Europea. La cuestión es como vamos a pagarlo. Uno de los candidatos más obvios es la tasa digital. La propia Comisión estima que un impuesto del 3% sobre los servicios digitales generaría 5 mil millones de €. Para poner esta cantidad en perspectiva, debemos tener en cuenta que si emitimos deuda por valor de 750 mil millones de euros con un coste real anual del 1%, se debe pagar anualmente 7,5 mil millones de €. Es decir, la tasa digital financiaría dos tercios del servicio de la deuda.
La pregunta que me han hecho en varios foros es ¿qué ocurre si Trump comienza una guerra comercial con la UE por la tasa digital?, ¿podemos enfrentarnos a Estados Unidos? Yo no soy estratega política pero lo que sí que sé es que, poniendo trabas a que la UE grave adecuadamente a las grandes empresas tecnológicas, el gobierno estadounidense hace un flaco servicio a su país.
Según un estudio de Guvenen et al., los beneficios que las grandes multinacionales sacan fuera de Estados Unidos suman alrededor del 2.5% del Valor Añadido de la economía privada de EE.UU., anualmente. Hay muchísima renta de sociedades que no paga impuestos en EE.UU. Esto es una grave distorsión a la competencia. El tamaño de las grandes tecnológicas es tal que impide la competencia: básicamente compran a cualquier pequeño competidor que tenga una innovación que pueda amenazar su negocio. Esto es particularmente grave cuando pensamos que buena parte de ese negocio se basa en la explotación de muchísimas innovaciones tecnológicas creadas por el sector público, como es el caso del GPS o Internet, como cuenta M. Mazzucato en su libro “The Entreprenurial State”.
La única forma de atacar el problema que las GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) supone para el funcionamiento de la economía global sería romper su negocio en varias partes y colaborar con la Unión Europea para gravar adecuadamente sus ingresos. El gobierno de EE.UU. comete una estupidez (en el sentido de Cipolla) al defender a las GAFA como si se tratara de campeones nacionales. La vieja política industrial es tremendamente dañina en este caso.
Proteccionismo contra el medio ambiente
Estados Unidos es responsable entre el 15-20% de las emisiones de CO2 globales. Ya sabemos qué piensa Trump sobre el cambio climático. Con su política proteccionista se arriesga a que EE.UU. pierda el liderazgo ecológico frente a la UE. Hasta los republicanos piden un carbon tax-dividend (y en este post Luis Puch y yo explicamos las virtudes de esta propuesta). Véase el manifiesto de un puñado de economistas (muchos de ellos republicanos confesos) publicado en el Climate Council: “The Conservative case for Carbon Dividends” defiende un impuesto a las emisiones en origen y la devolución de esos ingresos impositivos diciendo “una nueva estrategia climática puede fortalecer nuestra economía, reducir la regulación, ayudar a los estadounidenses de clase trabajadora, reducir el gobierno y promover la seguridad nacional” (sic).
Pero, además, esta política proteccionista ha tenido un coste inmediato en empleo. Hace poco salió en prensa el caso de General Motors en Ohio, donde Trump prometió que impulsaría el empleo. Simultáneamente Trump rebajó los estándares de eficiencia energética, cosa que aprovechó General Motors para parar la producción de coches eficientes y trasladar la planta a México. Los coches menos eficientes no necesitan de tanto contenido tecnológico y su rentabilidad depende más de recortar costes salariales.
Política migratoria
Y qué decir de la política migratoria. La política de Trump, además de ser repugnante y de avivar el racismo y la xenofobia es negativa para la economía. Un estudio reciente de profesores de U de Oregón y U de Múnich estima que un inmigrante poco cualificado en los EE.UU. agrega entre $700 y $2.100 a las finanzas públicas cada año a través de efectos fiscales vía salarios y el aumento de la fuerza laboral. Sí, un inmigrante sin papeles, al consumir, paga impuestos. También merece que se mencione que durante este año EE.UU. ha rechazado el 30% de visados H1, solicitados, por ejemplo, por los profesores contratados por las universidades americanas, líderes mundiales en investigación básica, precisamente, porque son capaces de atraer a muchos científicos cuyo (elevado) coste de formación hasta el nivel de posgrado han financiado otros países (tan torpes como para dejarles marchar por desdén o inoperancia). Políticas estúpidas (las de Trump, respecto a las barreras atracción del talento; las de los países que desprecian su sistema de ciencia y universidades) que dañan la economía de forma directa, y de forma indirecta destrozando la convivencia y la cohesión social, aunque algunos sectores puedan ganar en el corto plazo.
Para acabar…
solo quiero añadir una frase. No he dicho nada sobre la gestión desastrosa de la pandemia, que creo que será lo que va a hacer que Trump pierda las elecciones. La COVID-19 ha puesto de relieve la fragilidad de las redes asistenciales en Estados Unidos. En otro post desarrollaré una idea fundamental: para que no haya fallos de mercado (o estos no sean socialmente costosos) necesitamos instituciones públicas que puedan gestionar y coordinar con eficacia y rapidez. Pero eso hay que pagarlo. Con impuestos.