Detroit, otrora la ciudad más rica del mundo, ahora en horas un poco más bajas, se plantea introducir un impuesto sobre el valor del suelo como pieza central de su estrategia de remontada. La reforma consistiría en desvincular los impuestos a la propiedad inmobiliaria de las estructuras construidas, gravando solamente el valor del terreno (y gravándolo más). Su objetivo es revitalizar la ciudad, estimular la reforma de edificios y reducir los terrenos vacíos. Con motivo de esta iniciativa, el Clark Center de la Universidad de Chicago preguntó recientemente a su panel de expertos si estaban de acuerdo con la siguiente afirmación:
"Desplazar la carga de impuestos municipales hacia el suelo y alejarla de las mejoras como edificaciones, según lo propuesto en el plan de impuesto sobre el valor del suelo en Detroit, aumentará los incentivos para que los propietarios desarrollen sus terrenos y, de esta manera, brindará un impulso sustancial al crecimiento económico local en un horizonte de diez años."
Y el resultado fue muy poco ambiguo: el 83% de las respuestas fueron afirmativas, y solo un 2% discrepantes. Por otra parte, el gobierno de Gales también ha manifestado en las últimas semanas su voluntad de introducir un impuesto de las mismas características. ¿Cuáles son los motivos detrás de este entusiasmo?
Una preocupación central cuando pensamos en impuestos es la cantidad de intercambios económicos (producción, trabajo, consumo) que dejarán de tener lugar por su encarecimiento. Sin embargo, en este caso, se trata de un impuesto sobre el suelo, cuya oferta es fija, inelástica, el impuesto no la reduce. Pero además, no solo no reduce la oferta, sino que cuanto más se aprovecha el suelo (por ejemplo, cuantas más viviendas se construyan en ese suelo), más liviana se vuelve la carga impositiva en términos relativos. Esto es un incentivo importante para que la oferta privada de vivienda aumente y contribuya a reducir los precios, y para estimular la actividad económica en general.
¿Cuál sería la magnitud de estos efectos? Un estudio reciente sugiere que un aumento de 5 puntos porcentuales o más en la tasa impositiva sobre el valor del suelo en Estados Unidos, compensado con disminuciones en los impuestos sobre el trabajo y el capital (factores con bases imponibles más elásticas y móviles) aumentaría el PIB entre un 15% y un 25%.
Un elemento clave del impuesto es que no grava los incrementos de valor que resultan de mejoras o inversión por parte del propietario, solo su valor potencial, independiente de lo que finalmente se desarrolle en ese suelo. La hipótesis es que ese valor se debe a circunstancias ajenas a la propiedad, habitualmente a la inversión pública. Por ejemplo, la renovación o peatonalización de una calle, una estación de metro, o un CAP cercano. Es, por tanto, un impuesto que redistribuye las externalidades positivas resultado de mejoras de infraestructuras y servicios públicos, y que aumentan el valor del suelo.
Pero no solo se trata de un impuesto eficiente, sino que también es generalmente progresivo, porque los propietarios suelen tener mayor capacidad económica. Los datos muestran que en las últimas décadas, el valor de la riqueza inmobiliaria en Occidente respecto a la renta o producción económica se ha disparado, y gran parte de ese incremento se debe a la revalorización del suelo. Un impuesto sobre el suelo redistribuiría parte importante de esa revalorización. También es un impuesto prácticamente imposible de evadir, por la imposibilidad evidente de mover un terreno a cualquier otra jurisdicción con menos carga fiscal. Además, la intuición moral detrás del impuesto, la idea que el suelo o la tierra es de todos y que sus frutos deben repercutir en toda la sociedad, puede facilitar su viabilidad política.
Hasta aquí, todo bien, pero entonces, ¿cuáles son sus mayores inconvenientes? Esta propuesta fue popularizada en 1859 por Henry George y ha sido apoyada por economistas de tendencias ideológicas muy variopintas a lo largo de su historia. ¿Por qué no ha cuajado hasta el momento? Una cuestión clave es que debe estimarse el valor potencial del suelo (la base imponible). Los impuestos sobre la renta o el consumo se materializan en el momento de la transacción, y gravan un porcentaje de su valor de mercado. En el caso del suelo, igual que con los impuestos a la riqueza, gravamos un valor sin que necesariamente tenga lugar transacción alguna, por lo que debemos decidir cuál es su valor a partir de otros criterios. La tecnología, la inteligencia artificial y la econometría pueden ayudarnos a disponer de valoraciones cada vez más fiables en tiempo real y a bajo coste, pero si hay cantidades importantes en juego (más que en el IBI), los detalles de la valoración son muy importantes. Un método que permita distinguir el valor del suelo debido a la inversión privada del que proviene de la intervención pública y que a la vez sea transparente es un reto importante para la viabilidad política del impuesto.
También igualmente que los impuestos sobre la riqueza, un inconveniente es que los contribuyentes pueden encontrarse sin líquido y verse forzados a descapitalizarse para pagar el impuesto. Sin embargo, pueden imaginarse soluciones a este problema, por ejemplo diferir el pago hasta su venta.
Por otra parte, la introducción del impuesto genera perdedores claros, puesto que reduce inmediatamente el valor de las propiedades, perjudicando especialmente a quienes las adquirieron recientemente. Esto puede dificultar el proceso político, como en el caso de Uber y las licencias del taxi. La reducción del valor de mercado del suelo a raíz del impuesto, sin embargo, puede resultar en una mejora de acceso a la vivienda. Igualmente, el impuesto probablemente redistribuye hacia la juventud atracada, lo cual es positivo pero políticamente poco atractivo.
En resumen, las ventajas parecen suficientes como para tomarnos más en serio la posibilidad que este impuesto asuma un papel importante en la política económica, fiscal, y de vivienda. Los desarrollos tecnológicos y econométricos de los últimos años parecen crear buenas condiciones para desarrollar, de forma experimental, nuevos sistemas de valoración del suelo y evaluar su fiabilidad, clave para la viabilidad del impuesto.