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Reacciones a la propuesta de un impuesto turístico contra la masificación

El verano terminó y, a no ser que usted se haya recluido en una isla desierta aislada del entorno mediático, habrá oído hablar del ‘éxito’ turístico español y sus consecuencias en términos de masificación y sus costes en muchos destinos (véase por ejemplo aquí). Para combatir esta realidad, mi propuesta ha sido y es apostar por un impuesto turístico de envergadura. Aunque ni debe ser la única medida de política pública en tal sentido, ni será efectiva en todos los contextos, sí debe formar parte de la caja de herramientas para corregir el problema.

La propuesta no es nada original, más bien lo contrario. Es la típica que proponen los economistas ante una situación de congestión para que los agentes económicos internalicen las externalidades que generan. Es por ello por lo que clama al cielo su ausencia en el debate y la conversación pública sobre la masificación: en la mayor parte de los reportajes sobre la saturación turística, las tasas están o bien ausentes, o se las cita indicando su inefectividad.

Ante este panorama, decidí llevar a cabo una campaña “evangelizadora” al respecto, campaña que ha incluido, entre otras cosas, escribir en este mismo blog (aquí y aquí), en el Diario de Mallorca (aquí y aquí) y en El País. ¿Qué reacciones y opiniones ha suscitado la propuesta? Como era de esperar, mis colegas economistas académicos la comparten, obviamente con matices y sugerencias que dejo para otra ocasión.

¿Y el público más amplio? Para un economista eminentemente teórico como yo, los 70 comentarios a mi artículo en El País es casi ‘big data’ que me permite percibir cómo se recibe esta propuesta fuera del ámbito académico. Sí, por supuesto, se trata de una muestra limitada y sesgada, pero creo que aun así es de interés. Más allá de que algunos comentarios se muestren de acuerdo, las reacciones críticas y en contra de la propuesta se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes, que he ordenado de menor a mayor interés según mi criterio:

  1. El dinero recaudado se malgastará por las administraciones públicas
  2. En lugar de fijar un impuesto turístico contra la masificación, lo que hay que hacer es restringir y controlar la oferta (hotelera, de pisos turísticos, etc.).
  3. No funciona contra la masificación
  4. Perjudica al turista pobre mientras que el acomodado podrá seguir viajando sin problema

Respecto a (1), es indiscutible la importancia de una gestión eficiente del dinero público, un aspecto que no se aborda lo suficiente en el debate actual. En cuanto a (2), no estoy del todo en desacuerdo: el impuesto turístico debe aplicarse junto con otras medidas para combatir la saturación, destacando la restricción de la oferta. Aunque estas políticas pueden parecer sustitutivas, también pueden complementarse. Un impuesto turístico adecuado, por ejemplo, podría facilitar políticamente la imposición de restricciones a la oferta al reducir su rentabilidad.

Sobre (3): Se ha extendido el mantra de que los impuestos turísticos no funcionan contra la masificación. Pero esta aseveración es el resultado de, o bien una cierta pereza mental, o simplemente del lobbying ejercido por la industria. Exceltur, la alianza de grandes empresas turísticas, lanzó este verano el manifiesto ‘Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo’. En él, entre las poquísimas referencias a las tasas turísticas, se indican “los mínimos efectos disuasorios para reducir afluencia, que pueden realmente esperarse de ellas”, sin aportar ningún argumento al respecto.

Implícitamente, este argumento de inefectividad se sostiene sobre la idea de que las tasas turísticas no han evitado la masificación en los destinos que las han adoptado. Ergo, las tasas turísticas no funcionan. Esto, sin embargo, obvia la magnitud de estos impuestos, que en general es de una cuantía muy menor. En las Islas Baleares, por ejemplo, la tasa promedio debe de ser de unos 3€ (con un máximo de 4€ para los alojamientos de más estrellas), mientras que el precio promedio del alojamiento el pasado mes de julio fue de 184€. El efecto sobre la demanda es seguramente insignificante en la actualidad, pero no tendría por qué serlo con cuantías mayores.

Finalmente, el argumento (4): Implementar impuestos turísticos de envergadura es visto de forma negativa por su efecto distributivo ya que tendrían una incidencia mayor sobre los ciudadanos de rentas bajas y medias. No voy a repetir aquí lo que ya escribí específicamente al respecto en este mismo blog (véase la sección ‘¿Elitismo del impuesto turístico?’). En cualquier caso, hay que admitir que la resistencia social a aumentar los precios a través de impuestos para corregir la congestión y otras externalidades, incluidas las medioambientales, es mayor de lo que los economistas académicos anticipamos o nos gustaría, tal vez con buenas razones - por ejemplo, porque el aumento de precios no suele ir acompañado de la necesaria redistribución de renta.

Ante ello, la profesora Mar Reguant ha señalado que, para combatir el cambio climático, se inclina cada vez más por la implementación de restricciones cuantitativas en lugar del clásico impuesto 'pigouviano', dado que las primeras suelen gozar de mayor aceptación social al percibirse como más justas en términos distributivos. Evidentemente, la aceptación social es una restricción en el diseño de las políticas públicas, incluso cuando, como en el caso en el que nos encontramos, la restricción de la oferta de plazas turísticas para hacer frente a la saturación conllevaría un incremento de los precios que repercutiría únicamente en las empresas, a diferencia de lo que ocurriría con un impuesto, cuya recaudación iría directamente a las arcas públicas. Sin embargo, a la vez, esta observación es también un acicate para seguir insistiendo en explicar las virtudes del impuesto turístico para combatir la masificación.