Aparecen de forma repetida en prensa estudios que estiman el impacto económico de algún evento o sector, a menudo con resultados que suelen ser espectaculares, algo que, dicho de paso, ya debería hacernos sospechar. Estos estudios, sin embargo, casi siempre están financiados por alguna parte interesada y, cuando se examinan con cierto rigor, se hace evidente que su calidad deja mucho que desear. En los últimos meses, por ejemplo, me he encontrado con noticias como las siguientes:
- ‘Pedro Sánchez reivindica la rentabilidad económica de la cultura: “Por cada euro invertido se genera 1,75″’ La cifra proviene de un informe presentado por el Gobierno español (ver aquí).
- “España, de moda entre alumnos internacionales: “La relación calidad-precio de los estudios es de las mejores del mundo”” Según un informe de Spain Education Programas para ICEX y EduEspaña, en el curso 2022-2023 se matricularon más de 600.000 estudiantes extranjeros, generando un impacto económico de más de 6.345 millones de euros (ver aquí)
- “El informe de la UB avala el retorno económico de la Copa América pese a no cumplir expectativas”. El informe, elaborado por profesores de la Universitat de Barcelona (UB), concluye que la Copa América generó un retorno económico positivo, a partir de una inversión pública de 97 millones de euros, con una aportación de más de 1.000 millones de euros al PIB y una recuperación fiscal de 3,3 euros por cada euro público invertido (ver aquí)
En estos informes, y en muchos otros, se utiliza la metodología input-output para la estimación del impacto económico. Sobre este enfoque ya escribí hace un par de años en este mismo blog a propósito del turismo de cruceros en Palma. En esencia, esta metodología estima cuánto valor añadido bruto genera un incremento del gasto, por ejemplo, el de los turistas que asisten a la Copa América. Para ello, se descompone el impacto económico en tres niveles: directo (el gasto inicial en hoteles, restaurantes, etc.), indirecto (el efecto sobre los proveedores de esos servicios) e inducido (el consumo generado por los salarios resultantes).
Aunque ampliamente utilizada, la metodología input-output presenta importantes limitaciones. En particular, tiende a sobrestimar los efectos positivos porque ignora los costes de oportunidad del gasto. Parte de un supuesto poco realista: que los recursos movilizados por el nuevo gasto - en taxis o las plazas hoteleras utilizadas por los visitantes - estaban previamente ociosos y no sustituyen otras actividades ya existentes. Es decir, asume que esos taxis no se habrían utilizado de no ser por el evento, atribuyendo todo su rendimiento como un impacto neto. Sin embargo, en la práctica, muchos de esos recursos ya estaban en uso o habrían sido utilizados en otros servicios, por lo que el impacto neto real es mucho más limitado.
El impacto solo sería netamente positivo si los recursos empleados en el evento (trabajo, capital, espacio urbano, etc.) procedieran de sectores menos productivos o estuvieran infrautilizados, tal y como puede ocurrir en situaciones de fuerte recesión o desempleo, tal como ha señalado Miquel Puig. Aunque conceptualmente inadecuada en la mayoría de los contextos, la metodología input-output resulta especialmente útil cuando lo que se busca es generar cifras elevadas de impacto económico: justo lo que interesa a quienes financian estos estudios.
Cabe añadir que, dejando por un momento de lado su metodología, la calidad de estos informes es muy desigual. Algunos son especialmente deficientes. El informe sobre el impacto de los estudiantes internacionales, por ejemplo, se limita a sumar el gasto total realizado por estos, sin intentar siquiera estimar su contribución real al valor añadido bruto, lo cual implicaría descontar los costes de producción de los servicios consumidos, muchos de ellos financiados con recursos públicos. En otros casos, como el estudio de la Copa América, sí se realiza un intento más riguroso de estimar dicha contribución, aunque persiste el problema metodológico ya señalado.
El papel de la prensa y las universidades
Seamos claros. La responsabilidad directa de la deficiente calidad de muchos de estos estudios es de sus autores. A cambio de una compensación económica, renuncian a su responsabilidad académica y abusan de la reputación de su universidad poniéndola al servicio de intereses particulares, usando además un cuestionable rigor científico. Pero también la prensa falla. En su reciente libro May Contain Lies, reseñado en este mismo blog, Alex Edmans plantea una recomendación básica que los medios de comunicación deberían seguir: no informar sobre estudios que no sean públicamente accesibles y, en caso de hacerlo, incluir siempre un enlace directo al documento en cuestión.
En los tres casos que he mencionado más arriba, aunque los artículos periodísticos no incluían un enlace al informe, sí proporcionaban su título, lo que permitía localizarlo sin excesivas dificultades. Sin embargo, esto no siempre es así. Por ejemplo, en la noticia titulada “Los cruceros critican que Barcelona les imponga la tasa más alta de la UE”, se hace referencia a un informe elaborado por profesores de la Universitat de Barcelona que no está enlazado, ni siquiera se menciona su título y, tras una búsqueda razonable, no he conseguido encontrarlo en internet.
Otro error frecuente en el tratamiento mediático de estos estudios es la atribución inadecuada de la autoría. Titulares como “El informe de la Universitat de Barcelona avala el retorno económico de la Copa América pese a no cumplir expectativas” inducen a pensar que se trata de un informe institucional de la universidad, cuando en realidad ha sido elaborado por un grupo concreto de profesores. Pero es precisamente el halo y la reputación de la universidad lo que buscan los que financian estos informes. Un titular más informativo y honesto sería: “El informe financiado por los promotores de la Copa América avala su retorno económico pese a no cumplir expectativas”.
No es un matiz menor. Esta confusión entre autoría académica e institucionalidad se traslada fácilmente al debate público: el responsable de CLIA, la asociación de empresas de cruceros, ha declarado recientemente en relación a otra cuestión que “el alcalde [de Palma] no ha aportado datos que de alguna manera confirmen lo que está diciendo, si no resulta que estaría mal lo que dicen las universidades […]. Creo que está mal informado”. Así, se invoca la supuesta autoridad de “las universidades" como argumento de legitimación, aunque en realidad se trate de informes concretos encargados y financiados con intereses particulares.
Estas prácticas, tanto de los académicos como de la prensa, no son nimiedades. Basta recordar el intenso debate generado tras la crisis financiera de 2008. En el documental Inside Job (2010) se denunció a destacados economistas académicos por haber elaborado informes que favorecían la desregulación financiera mientras recibían pagos de entidades del sector, sin hacer pública esa relación. El documental denunció cómo estos académicos, con gran influencia sobre las políticas públicas, sin transparencia ni rendición de cuentas, legitimaron reformas para un sistema financiero que acabaría por colapsar,
Aunque los informes citados en este texto sí explicitan quién los financia, ello no elimina su carácter problemático. Como señalan desde el Stigler Center de la Universidad de Chicago, muchos estudios promovidos por grupos de interés no tienen como finalidad informar con rigor, sino generar confusión y sembrar dudas sistemáticas. Su propósito no es tanto esclarecer, sino influir, aunque sea desinformando, con tal de frenar o impulsar determinadas regulaciones, justificar inversiones públicas discutibles o legitimar políticas ya existentes.
