Por Carmen Villa
Las bandas criminales son responsables de una cantidad significativa de delitos en diferentes países del mundo. Por lo general, estos delitos se deben a disputas por el control de mercados de drogas y afectan especialmente a población joven y a grupos en situación de exclusión social. En este blog hemos abordado este tema en el contexto de Chile y Colombia. En España, como en muchos países, los crímenes de bandas han aumentado en los últimos años y tienden a concentrarse en barrios con mayores proporciones de población de bajos ingresos, y a menudo más población inmigrante en situación ilegal.
En una reciente investigación junto a mis coautores Richard Disney, Tom Kirchmaier y Stephen Machin, investigamos qué factores pueden explicar la creación y establecimiento de estas bandas en determinadas zonas geográficas analizando el caso de Londres, donde los crímenes violentos con arma blanca han sido un gran foco de preocupación en los últimos años. Dichos crímenes afectan desproporcionalmente a menores de 25 años de etnia negra, y suelen estar relacionados con la protección de mercados territoriales de drogas. Además, se concentran en la capital británica, que triplica el resto del país en las tasas de crímenes con cuchillos por habitante.
Las bandas que estudiamos son grupos locales autodenominados "gangs" en inglés, identificables por símbolos específicos o zonas concretas, involucrados en actividades ilícitas tales como la distribución de drogas. Utilizamos una nueva base de datos que cubre la presencia geográfica de 440 bandas entre 1995 y 2015 y datos detallados de las características socioeconómicas, urbanas, y crimen local. Estas gangs se forman en zonas con mayor proporción de residentes de minorías étnicas, más familias monoparentales, menor proporción de residentes con cualificación universitaria, y mayores niveles de desempleo. En cuanto a las características urbanas, y como muestra el mapa de la Figura 1, estos grupos criminales tienden a surgir en zonas con edificios de vivienda pública de gran altura (más de 12 metros o 4 plantas) construidas durante los años de posguerra. En zonas con vivienda pública de baja altura o vivienda mixta (donde conviven residentes de vivienda pública con residentes de alquiler privado o dueños) no hay una correlación tan marcada.
Figura 1: Distribución de la vivienda pública de gran altura (high-rise council housing) y las bandas (gangs) en el Este de Londres
¿Por qué encontramos bandas en este tipo de edificios? La respuesta tiene que ver con la concentración de población de bajos ingresos en determinadas zonas. La vivienda pública de gran altura, por lo general construída entre 1945 y 1980 se presentaba como una prometedora solución a la crisis de hogares que afrentaba el país entonces. Sin embargo, la necesidad de construir muchas viviendas en poco tiempo a menudo significó que se sacrificara en calidad. Este tipo de edificios suele tener características menos deseables, y altos costes de mantenimiento. Un ejemplo es la Grenfell Tower, escenario de un trágico incendio en 2017. Con el paso del tiempo los procesos de gentrificación no tuvieron lugar en la misma medida en este tipo de edificios con relación a otros tipos de vivienda pública.
A partir de 1980, la ley de Derecho de Compra introducida por el gobierno de Margaret Thatcher permitió a los residentes de viviendas públicas adquirir sus hogares con importantes descuentos sobre el precio de mercado, pero los edificios altos fueron adquiridos en menor medida ya que, como hemos dicho, eran por lo general menos atractivos. Por lo general en estos edificios menos residentes decidieron comprar su hogar, y aquéllos que lo hicieron solo pudieron revender a precios más bajos, que por lo tanto atrajeron a personas con menores ingresos.
En el artículo intentamos comprender si, como pudiera parecer, las características de estos edificios causan la concentración de pobreza en determinadas zonas, y con ello el surgimiento de gangs, o si esta correlación se debe a una perpetuación de desigualdades geográficas anteriores a la construcción de viviendas públicas. Por ejemplo, la correlación se podría deber a que este tipo de edificios se construyeran estratégicamente en zonas más pobres. Para distinguir entre estas dos posibles explicaciones, utilizamos los bombardeos durante el Blitz de la Segunda Guerra Mundial en Londres como un casi-experimento que produjo diferencias en el desarrollo urbano de la ciudad. El caso del Blitz ha sido ya utilizado en otros artículos (por ejemplo este o este otro) para estudiar economías de aglomeración y efectos de vecindario en entornos urbanos
Las regulaciones urbanísticas en la capital británica siempre fueron muy estrictas con respecto a la construcción de edificios altos. Sin embargo, la normativa se flexibilizó en las zonas más gravemente afectadas por el Blitz, permitiendo así la construcción en altura. La deficiente precisión de las bombas, limitada tecnológicamente en esa época, hizo que su impacto en edificios fuera aleatorio, especialmente dentro de barrios pequeños.
En nuestro estudio mostramos que, por cada bomba caída durante el Blitz, la probabilidad de que se construyeran viviendas públicas de gran altura en la zona de impacto aumentó un 8%. Esta relación es significativa aún controlando por niveles adquisitivos antes de la guerra (Figura 2). Las bombas, por tanto, predicen la presencia de edificios de más altura, y con ello, la presencia de bandas criminales, la densidad de ataques con arma blanca, así como otros tipos de crimen asociados con las gangs (como crímenes de drogas o que involucran a menores de edad).
Figura 2: Correlación entre la densidad de bombas y la proporción de viviendas públicas
En resumen, la concentración de población con bajos ingresos propicia dinámicas sociales negativas, como el surgimiento de bandas criminales. Romper este tipo de ciclos con iniciativas como la vivienda mixta tiene efectos beneficiosos sobre sus residentes y ayudan a la creación de actividad económica en los barrios (como apuntan este estudio y esta entrada en el blog). Estas políticas favorecen la inclusión social, promueven la diversidad económica, y propician el empleo y la educación de jóvenes en zonas más desfavorecidas, ayudando así a combatir la criminalidad en largo plazo.