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Una nueva Ley de Universidades perpetúa errores con la investigación

por Alonso Rodríguez Navarro*

El pasado 31 de agosto el Gobierno ha dado paso al borrador de una nueva Ley de Universidades (LOSU) en la que la investigación sigue sufriendo el mismo tratamiento inadecuado que ha caracterizado a todas las leyes para las universidades desde la LRU (Ley de Reforma Universitaria) en 1983.

Desgraciadamente, este gobierno, y los anteriores, nunca han conocido el nivel de la investigación en España. Realmente, políticos y ciudadanos no tienen fácil acceso a ese conocimiento por la complejidad de los indicadores, que el gobierno elabora mal. Un sistema de investigación se juzga calculando la probabilidad de que haga aportaciones importantes al avance del conocimiento. Esto es complejo y una forma más sencilla de juzgarlo es contar el número de investigadores sólidamente acreditados (en los países muy avanzados se hace con los premios Nobel). Todo el mundo entiende que las mejores universidades en investigación tienen más investigadores importantes que las peores.

Se ha publicado una lista mundial de 159.684 investigadores sólidamente acreditados y si contamos los que hay en cada universidad española y comparamos con los que hay en las universidades extranjeras, comprobaremos que una universidad española de tipo medio-alto tiene aproximadamente diez veces menos investigadores sólidamente acreditados que las universidades de tipo medio-alto en Europa. En el conjunto de las universidades españolas, su número está bastante por debajo de lo que correspondería por nuestro PIB y renta per cápita, los dos grandes factores que condicionan en el éxito investigador de los países.

El problema viene de antiguo. En 1983, la LRU reformó radicalmente el gobierno de las universidades, pero dejó la reforma de la actividad investigadora a un proceso endógeno que nunca funcionó. Desde tiempos que solo los más viejos recuerdan, la docencia en las universidades era, cuando menos, razonable: los médicos españoles eran apreciados en los mejores hospitales británicos y los ingenieros construían ferrocarriles, edificios, puentes y carreteras que cumplían bien su función, y hay muchos más ejemplos. En contraste con esto, la investigación era irrelevante frente a las universidades británicas, suizas, alemanas y muchas otras.

La presión exógena para impulsar la investigación se instauró seis años después de promulgarse la LRU. En 1989, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) empezó a asignar un complemento de productividad a los profesores que superaban esta evaluación. La CNEAI fue rechazada encendidamente por universidades y sindicatos, pero ahora sabemos que gracias a la CNEAI y también a otros cambios, la investigación en España en aquellos años creció espectacularmente, especialmente en las universidades.

Pero para conseguir una universidad investigadora había que modificar la LRU. En 1994 eso no tenía apoyo político y como solución transitoria se redactó una modesta “actualización” de la LRU que incorporaba las evaluaciones de la CNEAI como requisito para acceder y progresar en la carrera académica. De nuevo, esa modificación tuvo el rechazo de universidades y sindicatos. A pesar de ello, el borrador llegó al Parlamento y pudo haberse aprobado, pero el gobierno cedió, cesó al Secretario de Estado que defendía la modificación y congeló el borrador en el Parlamento.

Para poner esta modificación en un contexto temporal y librarlo de las críticas a la CNEAI que haré más adelante hay que explicar que cuando se crea la CNEAI los profesores de universidad se dividían en tres grupos: los que tenían reconocimiento internacional y publicaban en revistas rigurosas, los que investigaban pero solo publicaban en revisas locales de rigor desconocido o ausente y los que no investigaban. La CNEAI lo único que hacía era distinguir entre estos tres grupos y eso se podía hacer sin leer los trabajos publicados, porque lo único que se perseguía era que los investigadores publicaran en revistas con estricto control del rigor científico de los manuscritos. Como prueba de que solo era eso, en las áreas en las que las publicaciones internacionales eran la norma, p.e. bioquímica, el éxito en los sexenios era casi total.

En los años 90, muchos investigadores del grupo segundo y algunos del tercero se incorporaron al grupo primero. Ufana de este éxito, a principio de los 2000, la CNEAI empezó a distinguir entre los “mejores” y los “peores” del grupo primero, rechazando a los peores; pero sin introducir métodos nuevos, considerando solo los títulos de las revistas. Así, la distinción entre “mejores” y “peores” es técnicamente imposible y sin apoyo en las normas de la CNEAI, como sentenció el Tribunal Supremo.

Para distinguir los trabajos científicos, desde principios de los 2000, la CNEAI de mira la posición de la revista que lo publica en unos listados diseñados para bibliotecarios. Como dogma, todos los trabajos en una revista en posición superior son mejores que todos los trabajos en una revista en posición inferior. Y el orden de las revistas se establece por la media de citas de los trabajos que publican las revistas: el factor de impacto. Este procedimiento ya se ha criticado aquí, por lo menos dos veces, y solo pondré un símil para que a nadie le queden dudas de que es inaceptable. Imaginemos que el Ministerio de Hacienda, para no leer las declaraciones de la renta, propone una ley en la que el impuesto de todos, ricos y pobres, es igual al que corresponde a la renta media del municipio en el que se vive: el factor de renta. Así de fácil, pero dudo que alguien pueda considerar que el método es aceptable.

La LRU se deroga en 2001 por la LOU (Ley Orgánica de Universidades), que crea la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) para, entre otras misiones, habilitar en el acceso y progreso en la carrera académica. En 2007 se modifica la LOU, pero se mantiene la ANECA, que en la evaluación de la investigación copia y endurece los criterios de la CNEAI hasta límites que causan sonrojo. Porque la ANECA no asigna un modesto complemento de productividad, como la CNEAI; lo que hace es decidir si alguien puede entrar o progresar en la carrera académica. Nada menos que eso.

Además de injustas, las evaluaciones ANECA confunden a los investigadores. Investigar en la frontera del conocimiento es arriesgado porque a veces no se tiene éxito. Por ello, para cumplir con la ANECA lo mejor es investigar en algo de bajo riesgo: lo más alejado posible de la frontera del conocimiento de los temas candentes. Y si se hace rigurosamente, como lo saben hacer los investigadores con experiencia, se puede publicar en revistas con alto factor de impacto. Así, una buena parte de la investigación española se genera desde la aversión al riesgo, que es una mala base para hacer descubrimientos. Algo que los políticos aún no han entendido.

La LOSU mantiene la ANECA y las habilitaciones basadas en juzgar publicaciones sin, presumiblemente, leerlas. Reino Unido evalúa a sus universidades (ahora Research Excellence Framework: REF) leyendo las publicaciones y la última evaluación, en 2014, tuvo unos costes directos de casi 250 millones de libras, pero el montante total podrían ser 1.000 millones de libras. ¿Va a invertir la ANECA algo parecido a lo que cuesta la REF? Y la REF no es perfecta.

Solo las universidades conocen el profesorado que necesitan y a los mejores expertos para seleccionarlo. Las tutelas por la ANECA o por la mayoría de miembros externos, “elegidos por sorteo”, en las comisiones de selección de profesorado son solo fruto de desconfiar pensando que las universidades van a juzgar más por amiguismo que por capacidad. Quizás la desconfianza esté justificada, pero no se puede resolver un problema creando otro mayor.

¿Por qué no se ha evaluado nunca la producción científica de las universidades y se han hecho listas públicas? Las instituciones, pero no las personas, se pueden evaluar bibliométricamente con un coste bajo. Y si esas evaluaciones contaran para el sueldo del profesorado y de todos aquellos que participan en el gobierno de las universidades, el amiguismo les bajaría el sueldo y el amiguismo desaparecería.

La CNEAI desde 2000 o 2005 y la ANECA han sido serios obstáculos para la consolidación de la investigación española. La LOSU mantiene una ANECA evaluadora de investigadores con criterios contrarios a lo que establece la investigación académica. Y sorprende que una ley de universidades desconozca o rechace aquello que tendría que proteger.


*Alonso Rodríguez Navarro es profesor emérito en la Universidad Politécnica de Madrid; fue Coordinador general y responsable del funcionamiento de la CNEAI de 1993 a 1997 y miembro-coordinador de la Comisión que estudió la modificación de la LRU en 1994