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Un País Posible: Mejorar la educación evitando la confrontación

Por Lucas Gortazar

Traigo por aquí uno de los capítulos de Un País Posible, el libro que he coordinado junto a Toni Roldán, Jorge Galindo y Teresa Raigada, y que Antonio Cabrales, que además de ser “my partner in crime”, reseñó hace unas semanas con la exquisita generosidad que le caracteriza. Cuando nos pusimos a pensar en el libro, discutimos mucho sobre el concepto de reformas pequeñas, del diagnóstico de los problemas de la economía y las políticas públicas. Nuestro mensaje a los autores era que lo importante era tratar de mirar a las reformas recientes, entender bien lo que los actores sociales y políticos pensaban sobre cada una de esas reformas y plantear algo apoyado por la evidencia y la investigación que estos pudieran comprar con cierta capacidad de impacto.

Eso es lo que tratamos de modestamente hacer Antonio y yo en el capítulo de educación no universitaria. Sobre educación universitaria, hay dos excelentes capítulos, el primero sobre cómo mejorar el acceso y la movilidad social en la educación superior con un foco especial en las becas universitarias (de Pepe Montalbán y Rosa Sanchís), y otro sobre cómo mejorar la atracción de talento investigador con programas que funcionan (de Andreu Más-Colell y Milagros Candela). En el ámbito de la educación no universitaria, tratamos de entender qué ha pasado a nivel político en la educación en los últimos años, repasamos los cambios de los principales indicadores educativos y planteamos algunas propuestas de cambios incrementales compartidos por un amplio espectro de actores para los próximos años.

Donde estamos en la política de la educación

La discusión política que obstaculiza las reformas educativas en España se ha intensificado debido al shock que ha supuesto la pandemia, y también por los cambios en marcha a nivel demográfico. Aunque no disponemos de evidencia rigurosa de lo anterior, un seguimiento del debate público y mediático desde 2019 permite entender que estamos ante un sector más polarizado y con menos capacidad de alcanzar acuerdos con capacidad de durar en el tiempo.

Además de los partidos políticas, los principales actores no políticos del sector educativo en España – los sindicatos docentes y las patronales de escuela concertada – se encuentran en posturas menos conciliadoras que las que ocupaban hace unos años. Los primeros están marcados por una mayor desafección del profesorado, explicada por el empeoramiento de las condiciones laborales, la burocratización de la profesión y la pandemia; esto podría estar explicando un aumento del corporativismo docente tanto por el aumento de la jornada escolar matinal, un modelo que perjudica a los alumnos y las familias, así como por los resultados de las últimas elecciones sindicales en las CCAA, donde los sindicatos típicamente corporativos han aumentado su representación. En cuanto a la escuela concertada, es llamativa su beligerancia con la nueva ley de educación (LOMLOE) cuando sí apoyó la ley que más se le parece, la LOE de 2006: esto podría tener que ver con la ansiedad de un sector acostumbrado a crecer ante la llegada del invierno demográfico a la escuela, que vendrá asociada a una pérdida de alumnos, puestos de trabajo y escuelas. Al invierno demográfico, algo que, por cierto, afectará de sobremanera a la educación pública, se le sumará el creciente aumento del gasto en pensiones y sanidad, lo que sugiere la necesidad de una gasto en educación mucho más quirúrgico y eficiente dado el escrutinio al que será sometido.

Donde estamos en el progreso educativo

En cuanto a los indicadores principales de la educación se han producido importantes mejoras en algunos de ellos, pero hay signos de preocupación inquietantes. Por un lado, el último lustro muestra una caída clara del abandono escolar temprano, del 17,3% en 2017 al 13,9% en 2022 debido fundamentalmente a la expansión de la FP, aunque habrá que ver, con la EPA de finales de este mes, en qué queda el dato de 2023. También es positiva la reducción de la tasa de repetición, aunque esta se explica en parte por las medidas excepcionales durante la pandemia. Finalmente, sabemos que la pandemia ha golpeado a los alumnos españoles en menor medida que en otros países, algo que junto con Andreu Arenas pudimos ver con datos del País Vasco y que contamos en este blog aquí.

Sin embargo, y esto no lo contamos en el capítulo porque los datos son recientes, tanto los resultados de las evaluaciones de PIRLS 2021 para 4º de Primaria en lectura como sobre todo los más recientes de PISA 2022 para los alumnos de 15 años muestran un empeoramiento de los resultados de aprendizaje en matemáticas y lectura, especialmente en algunas CCAA como Cataluña. Aun siendo una caída algo menor que la del resto de países de la UE, podría estar mostrando señales de agotamiento del sistema educativo ante un alumnado cada vez más diverso (por ejemplo, la mayor proporción de alumnado de origen inmigrante) y ante retos estructurales a los que se enfrentan los sistemas educativos en los últimos años (como por ejemplo, la creciente exposición a pantallas y redes sociales de los jóvenes).

Cinco propuestas para salir de la confrontación y mejorar la educación

Aunque en los últimos años se han tomado algunas buenas decisiones en materia educativa, como por ejemplo la ampliación de las becas y ayudas del Ministerio de Educación o las medidas contra la repetición de curso, no se han producido cambios estructurales en el último lustro en las cuestiones centrales del sistema escolar, como son las políticas de recursos humanos (políticas del profesorado), organización escolar (funcionamiento de las escuelas y equipos directivos) e inversiones (una vez se acaban los fondos Next Gen de la UE, volvemos a una senda de inversión que nunca superará el 4,5% del PIB). Tampoco ha habido cambios sustanciales en la evaluación educativa y el uso de datos, algo que podría aportar un cambio importante en la gobernanza del sistema.

Es especialmente llamativo la inacción en la cuestión de los profesores. En España hemos pasado por alto la importancia de las políticas del profesorado durante las últimas cuatro décadas. Es posible que la falta de ambición y, probablemente, la complejidad a nivel político asociada a este tipo de reformas, hayan impedido que avancemos en esta cuestión. Pero mientras seguimos en esta parálisis reformista, los retos asociados a la profesión son cada vez mayores. La gran oportunidad de transformar la educación en el largo plazo pasa por la transformación de la profesión docente.

Presentamos aquí las 5 propuestas más relevantes:

Un plan de refuerzo escolar ambicioso a escala nacional que genere conocimiento puntero. Para ello, se destinaría una inversión de 1.500 millones de euros al año por parte del Ministerio de Educación mediante un Programa de Cooperación Territorial para financiar refuerzo escolar en todas sus modalidades: desdobles, más tiempo en la escuela, sesiones de refuerzo por las tardes, tutorías en pequeños grupos (en modalidad online y presencial) o programas de refuerzo en verano. Cada Comunidad Autónoma formalizaría una propuesta con un plan detallado de las actividades a desarrollar y una propuesta de diseño de evaluación causal para todos los programas (esto es, experimental o pseudo-experimental).

Reformar el acceso a la profesión docente. En primer lugar, es necesario el número de plazas del Grado de Magisterio para Primaria y los Master de Formación del Profesorado en Secundaria. A la vez, nos parece una buena idea introducir una prueba selectiva basada en conocimientos y competencias para ambos itinerarios (Primaria y Secundaria), tal y como han hecho los gobiernos autonómicos de Cataluña e Islas Baleares para Primaria con cierto éxito.

Poner en marcha un proceso de iniciación a la docencia (conocido como MIR docente). Aunque el Ministerio lo mencionaba en la propuesda de 2022 como una de sus prioridades, lo hacía con poca concreción y ambición. Es imperativo retomar esta propuesta para hacer más atractiva la profesión y más eficiente la llegada de los docentes al aula. De acuerdo con las estimaciones realizadas, financiarla podría suponer entre 500 y 700 millones al año.

Poner en funcionamiento un portal de datos educativos, con una base de datos de alumnos y centros, ya sea desde el ámbito nacional o autonómico, al servicio de las escuelas, las familias y los investigadores, al estilo del INVALSI de Italia, y aprendiendo de las mejores prácticas autonómicas que ya se realizan en el Asturias, Baleares, País Vasco, Cataluña o Canarias.

Poner en marcha el Número Identificativo de Alumno mandatado por la LOMLOE. Este identificador, de acuerdo con la ley, debería “facilitar el intercambio de la información relevante, el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas, incluyendo las medidas educativas que en su caso se hubieran podido aplicar”.