José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz)
Esto días se está hablando mucho sobre la introducción de un Ingreso Mínimo Vital de carácter temporal. En este post voy a tratar de argumentar porque creo que, en estos momentos, sería una buena idea.
En primer lugar, según diversos organismos internacionales (ver figura 1), España tiene un importante problema de personas en riesgo de pobreza, y lo que es más preocupante, si cabe, tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de los países industrializados. Y, por lo tanto, es acertada la necesidad de la lucha contra la pobreza, principalmente infantil, ayudando a las personas con graves problemas para encontrar trabajo (incluidos parados de larga duración).
Figura 1. Porcentaje de personas en Riesgo de Pobreza o Exclusión Social
El debate no es nuevo en España, donde a finales de 2017 se presentó en el Parlamento una iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos de la Seguridad Social. La iniciativa legislativa popular o también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia semi-directa. Se trata de la posibilidad amparada en la Constitución, de que las personas puedan presentar iniciativas de ley. Eso si, dichas iniciativas de ley, deberían estar avaladas por una cantidad de firmas, que en el caso de España son 500 mil, para que se puedan tomar en cuenta en la cámara legislativa. El montante de la nueva prestación que se propuso era el 80% del IPREM. La ley también contemplaba un complemento adicional por cada uno de los menores u otros familiares a cargo. Los requisitos para los beneficiarios son los siguientes: i) ser mayor de 18 y menor de 65 años; ii) residir legalmente en territorio español en los seis meses anteriores; y iii)) no reunir requisitos para percibir otro tipo de prestación, 4) encontrarse inscrito como demandante de empleo (durante al menos 12 meses) y 5) carecer de “recursos económicos”. Este último requisito implica que la renta per cápita del hogar debe ser inferior al 75% del SMI. No soy jurista y desconozco que ha pasado con esa iniciativa, pero en aquel momento tuve que comparecer en la Comisión del Empleo y Seguridad Social para valorar dicha iniciativa. Aquí expliqué los problemas de diseño que encontraba. Básicamente eran problemas de incentivos para aceptar empleos y problemas de incentivos con las CCAA que son las que tienen las competencias en asistencia social. Y posteriormente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluó la propuesta original y propuso un nuevo diseño (ver aquí).
Creo que ahora es el momento de implementar con urgencia un programa de ingresos mínimos de carácter temporal, que pueda servir como laboratorio para diseñar lo que sería un programa de ingreso mínimo permanente necesario para complementar nuestro Estado del Bienestar con un pilar para apoyar la las familias (y sus hijos) en riesgo de pobreza. Hay evidencias claras de la relación entre pobreza infantil y fracaso escolar, por lo tanto, un programa bien diseñado de esta naturaleza no solo es justo, sino que también permitirá ganancias en eficiencia al conseguir reducir el fracaso escolar de muchos niños que formarán parte de la fuerza laboral de nuestro país en unas décadas.
Las medida laborales y sociales de España a los colectivos más vulnerables por la crisis del COVID-19 se está centrando excesivamente en hacer una evaluación ex ante de los potenciales beneficiarios. Para los trabajadores temporales un subsidio de desempleo excepcional (80% del IPREM). Para las empleadas del hogar otro subsidio extraordinario para (70% de la base reguladora). Para los autónomos una nueva prestación por cese de actividad (70% de la base mínima de cotización). Para las familias vulnerables innumerables medidas que van desde el aseguramiento de los suministros básicos (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones), un bono social, moratoria pago de las cuotas de hipotecas, apoyo a inquilinos vulnerables, etc.
Un diseño de medidas que requiere una evaluación ex ante exhaustiva tiene la virtud de que permite que los recursos lleguen únicamente a quien los necesita. Pero tiene dos problemas que pueden resultar claves en esta situación generada por el COVID-19. Por un lado, requiere mucha burocracia, y papeleo con la consiguiente congestión, que hace que se retrase que la ayuda llegue a los beneficiarios. Por otro lado, es mas fácil dejarte fuera a colectivos vulnerables con características que no se ajusten a los requisitos pensados inicialmente en los distintos programas. Aquí podemos encontrarnos, desde trabajadores de la economía sumergida que están fuera del radar, a parados de larga duración cuya probabilidad de que encuentren un empleo es ahora más baja que nunca o a trabajadores que iban a ser contratados para la campaña turística veraniega y que ya no lo van a ser. Para estos últimos su vulnerabilidad no es que se les haya despedido o no se les ha renovado su contrato por culpa del COVID-19, sino que ya este año probablemente no se les va contratar.
En mi opinión, dada la urgente necesidad que requiere la situación actual, para que las ayudas lleguen a los mas vulnerables cuanto antes y para no dejar a nadie atrás creo que es necesario implementar un programa urgente de rentas mínimas de carácter temporal con dos requisitos. Por un lado, tiene que ser un programa muy laxo en la concesión de las ayudas, pero con un estricto control o evaluación ex post, en el sentido de que aquellos que perciban la prestación sin tener derecho a ella (aprovechado el poco control ex ante), tengan la obligación de devolverlo íntegramente (para esto la Agencia Tributaria es imbatible). Por otro lado, debe ser tener los incentivos al empleo, en el sentido de que si una persona, estando recibiendo la nueva prestación, recibe una oferta de empleo no pierda la prestación, sino que pueda percibir al menos porcentaje de la misma a la vez que el nuevo salario. Es cierto, que en esta situación por desgracia habrá pocas personas, pero alguno habrá y lo que es más importante esta experiencia nos servirá para el mejor diseño de una prestación de ingreso mínimo de carácter permanente que necesitamos para completar nuestro Estado del Bienestar con un programa de lucha contra la pobreza.