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Sin Estación de Llegada

por Gerard Padró i Miquel

A continuación reproducimos un articulo que fue publicado en el diario Expansión el día 10 de septiembre y explica muy bien la estrategia fiscal del gobierno, si es que tiene alguna...

La reciente reducción en la prima de riesgo y la subida de valores en bolsa, junto con la relajación inevitable que conlleva el calor estival y el período de descanso de aquellos que, con suerte, tienen trabajo del que descansar, produce en algunos un espejismo que dibuja una economía española que va, finalmente, por buen camino. La testaruda realidad sugiere, sin embargo, que la situación de la economía continúa siendo poco envidiable, dejando muy poco margen a la alegría para los presupuestos del año entrante.

2012 se cerró con más de un 7% de déficit cuando el objetivo (múltiples veces revisado) era del 6.3%. Por lo que hemos visto hasta el momento parece que 2013 no cerrará mucho mejor. Puesto que el objetivo para finales de 2014 es del 5.8% nos toca afrontar otro presupuesto con recortes muy importantes. Para completar este paisaje un tanto desolador hay que añadir el inevitable incremento en la partida de intereses de deuda y otro difícil de evitar en el capítulo de pensiones. Como las inversiones públicas han sido las mayores víctimas de los recortes previos no hay margen por este lado. El gasto corriente parece pues destinado a sufrir nuevas reducciones.

Esta necesidad de consolidación fiscal lleva años cargando las doloridas espaldas de los ciudadanos españoles. Como economista, podría ahora empezar con una larga lista de las reformas de gasto y de ingresos que creo necesarias. Pero otros expertos más conocedores de la materia llevan tiempo clamando (ver aquí o aquí), aparentemente en el desierto, por cambios específicos cuya recomendación comparto completamente. Por ejemplo, tenemos un sistema impositivo demencial, donde a pesar de sufrir las distorsiones generadas por elevadísimos tipos marginales recaudamos exiguamente por culpa de generosas dádivas en forma de subsidios y deducciones.

En vez de repetir estas recomendaciones prefiero incidir en el proceso que nuestra sociedad usa para tomar decisiones de este calado. Es importante ser consciente de la magnitud de lo que estamos viviendo. Afrontamos un largo período con pocas perspectivas de crecimiento económico, con ineludibles cambios desfavorables en nuestra estructura demográfica y con la necesidad de devolver la gigantesca deuda que estamos acumulando. Esto significa que inevitablemente tendremos que adaptarnos a vivir con un estado más pequeño que podrá sufragar un nivel de servicios y pagos bastante menor de lo que creíamos garantizado hace sólo un lustro.

Este cambio fundamental en la relación y en las expectativas del ciudadano para con el estado está ocurriendo progresivamente, día a día. Y está ocurriendo sin que nadie parezca tener claro cuál es el nuevo diseño al que nos acercamos. Al contrario, hasta ahora cada uno de los gobiernos (y esto incluye Comunidades Autónomas e incluso ayuntamientos) se encuentra cada año con un objetivo de déficit. Partiendo de los presupuestos anteriores, este gobierno recorta un poquito en las partidas que conllevan alto coste político y un mucho en todas las otras con la esperanza de que la suma de retales y un poco de masaje contable de fin de año terminen arrojando un balance aceptable a la policía financiera de turno (la Unión Europea en el caso del Gobierno Central, y el Gobierno Central en el caso de las CCAA).

Dada la liturgia del proceso no es extraño que hagamos sistemáticamente el ridículo cada año fracasando en nuestro objetivo de reducción de déficit. Pero mucho más preocupante que el sonrojo estacional es la falta de control: no parece que haya estación de llegada para este tren, y si la hay, no ha sido consultada a nadie y por lo tanto no genera el más mínimo consenso social.

Dada nuestra democracia representativa, uno puede argumentar que para esto están los políticos, a quienes delegamos el poder de decidir. Es cierto que el actual gobierno tiene una gran legitimidad procesal dados los resultados de las últimas elecciones, culminados en una mayoría absoluta que permite salir del paso en cada encrucijada política. Pero también es cierto que las promesas que forjaron esta mayoría no se han cumplido, a causa posiblemente de una situación económica e institucional que ha resultado mucho peor de lo esperado. La crisis de legitimidad sufrida por nuestras instituciones sugiere que una revisión del papel del estado soportada solamente por el precario funcionamiento de las mismas no tendrá capacidad alguna de generar consenso.

El consenso social, si es posible, requiere transparencia y debate. Es necesario que la reinvención del estado se haga con puertas abiertas, explicando a la ciudadanía claramente cuáles son las restricciones y los exiguos márgenes de maniobra que tenemos. El debate público requiere disciplina contable: todo el mundo quiere más hospitales, más pensiones y menos impuestos. Pero así no se marcan prioridades políticas. El objetivo del proceso es descubrir qué tipo de estado, dadas las restricciones financieras, quiere la sociedad española. El último euro, ¿debe ir a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, a mejorar la calidad de nuestras escuelas, o a terminar la extensión del AVE? ¿En qué servicios en concreto estamos dispuestos a sufrir una reducción en prestaciones?

Si los partidos políticos quieren mantener su relevancia, deben mostrar su razón de ser en este debate público. Los ciudadanos deben exigir de cada partido, esté en el gobierno o en la oposición, exactamente qué tipo de estado sería su punto de llegada. Para evitar propuestas vacuas, la exigencia debe ser específica: un presupuesto de base cero. Esto es, sin partir de presupuestos pasados, justificando y priorizando cada partida. Este presupuesto debería además ser formulado con cero déficit estructural.
Obviamente, el punto de partida de este debate deben ser números claros y creíbles. Es desde este punto de vista que la creación de un Consejo Fiscal independiente política y financieramente es absolutamente vital. En España existe el capital humano suficiente para que funcione perfectamente, pero falta interés político vista la última propuesta cómicamente inadecuada del Gobierno, entregada además a regañadientes. Sólo un Consejo Fiscal independiente puede examinar las propuestas presupuestarias de los distintos partidos y de la sociedad civil y refrendar que no sean otra colección de promesas insostenibles.

La contracción del estado no puede ser el resultado de una sarta de decisiones inconexas tomadas año a año bajo presiones inmediatas. La sociedad española debe decidir a dónde va con pleno conocimiento. Sólo así el proceso tendrá aceptación social. E igual de paso puede devolver algo de legitimidad a nuestras maltrechas instituciones políticas.