¿Se puede limitar el uso partidista del dinero público?

De Marta Curto-Grau

A muchos nos preocupa que nuestros impuestos se usen de forma indebida para financiar corruptelas, aeropuertos vacíos u otras inversiones de dudosa utilidad social. En teoría, los gobiernos deberían distribuir los recursos públicos siguiendo criterios de eficiencia y equidad. Pero, no nos engañemos, los políticos buscan mantenerse en el poder y a menudo los cálculos electorales también juegan un papel clave en el reparto de fondos públicos. Eso sí, para que la inversión pública tenga los efectos deseados el día de las elecciones, los votantes tienen que poder identificar claramente quién es el responsable del gasto. Esto se complica cuando hay varios niveles de gobierno involucrados y las atribuciones de competencias no están claras. Por ello, el gobierno que financia la inversión coloca grandes vallas y carteles para publicitarlo.

Una partida de los presupuestos públicos que los gobiernos pueden gestionar con cierta libertad y, por lo tanto, es susceptible de ser usada con fines partidistas, son las transferencias entre gobiernos. Siguiendo la lógica que comentaba al empezar, para captar votos, al gobierno que transfiere el dinero le es más rentable enviar fondos a un municipio con un alcalde de su mismo partido. Así se asegura de que el mérito se atribuya a un único partido y no se beneficie a la oposición. Existe abundante evidencia sobre esta práctica en muchas partes del mundo (Estados Unidos, Brasil, India, Portugal, México, España, etc.). Es un tema recurrente en los estudios de economía política, pero, sorprendentemente, sabemos muy poco sobre qué limita el favoritismo (sea partidista o de otro tipo).

Una forma relativamente simple de atar las manos a los políticos para que no puedan gastar a su discreción consiste en utilizar fórmulas objetivas para el reparto de fondos. Pero existen otros factores que pueden ayudar a limitar la arbitrariedad. En un estudio de varios países, Roland Hodler y Paul Raschky muestran cómo la tendencia de los líderes políticos a favorecer a sus regiones de nacimiento es menor en países con instituciones fuertes y altos niveles de educación. Otro elemento relevante a tener en cuenta es la competencia electoral. En Estados Unidos, Jessica Trounstine encuentra que cuando las coaliciones electorales se establecen en el poder y se convierten en dominantes, es decir, cuando hay poca competencia electoral, los ayuntamientos distribuyen más dinero hacia sus votantes fieles e invierten menos en gasto público para una mayoría. Siguiendo esta línea de investigación, en un estudio reciente con Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro exploramos la posibilidad de que la competencia electoral pueda reducir el favoritismo en la distribución de transferencias. En particular, analizamos las transferencias que los gobiernos de las comunidades autónomas (CCAA) reparten en España entre sus municipios. Utilizamos datos de transferencias de capital entre 1995 y 2007.

Alguien debe de estar preguntándose por qué debería importar la competencia electoral. La razón que argumentamos en nuestro estudio es que a los gobiernos de las CCAA les interesa, por una parte, ganar sus propias elecciones (regionales) y, por otra, maximizar el número de alcaldes de su partido los cuales son un buen activo para movilizar al electorado. Para ganar las elecciones regionales, los votos no tienen que estar concentrados en unos municipios, sino que tienen que venir de toda la región. Cuando hay mucha competencia en las elecciones regionales, el partido ganador se siente poco seguro de cara a una futura reelección y, por lo tanto, cuando tenga que repartir recursos entre municipios durante la legislatura será poco relevante si el alcalde es del mismo partido. En resumen, esperamos que el grado de favoritismo político sea menor cuanto mayor es la competencia electoral.

Nuestra hipótesis no es fácil de demostrar empíricamente porque, para empezar, los ayuntamientos alineados y no alineados con el gobierno regional pueden ser muy diferentes entre ellos en muchos aspectos. Esto dificulta atribuir a la alineación las diferencias en transferencias que reciben los dos tipos de municipios. Para abordar este punto utilizamos municipios con elecciones locales muy competidas donde el hecho de que el alcalde sea del mismo partido que el presidente de la comunidad autónoma es prácticamente por azar (por muy pocos votos). Esto elimina, o reduce en gran medida, las posibles diferencias entre municipios alineados y no alineados. El análisis centrado en elecciones muy reñidas se denomina técnicamente diseño de regresión discontinua (RDD, regression discontinuity design). En una entrada de este blog Andreu Arenas y Manuel Bagues explicaban sus ventajas y limitaciones.

Los resultados de nuestra investigación revelan un elevado grado de favoritismo: los municipios cuyos alcaldes son del mismo partido que el presidente regional reciben el doble de transferencias de capital per cápita que municipios similares no alineados. Con este dinero los municipios podrían aumentar sus inversiones en un 21%. Pero lo que es más relevante y novedoso de nuestro estudio es que este efecto se ve influido por el nivel de competencia en las elecciones regionales. En CCAA con poca competencia, es decir, con márgenes de victoria por encima de la media, los municipios alineados reciben un 140% más de transferencias mientras que en CCAA con mucha competencia (márgenes por debajo de la media) este efecto es del 70%. En comunidades donde la competencia electoral regional es extrema, el favoritismo puede incluso desaparecer.

Quería acabar con una breve reflexión sobre el favoritismo político. Al igual que la corrupción, el favoritismo es un lastre para el crecimiento y desarrollo económico de un país porque se malbaratan recursos públicos que podrían ofrecer una mayor rentabilidad (véase el ejemplo de la inversión en carreteras durante la Restauración española). Por este motivo es importante que encontremos formas de limitar la arbitrariedad en el gasto público. Deberíamos establecer un sistema de controles que impida el despilfarro de dinero público, pero que permita al mismo tiempo que los políticos se esfuercen en conseguir una mejor financiación para sus regiones o municipios. De este modo podrán demostrar su competencia y rendir cuentas ante sus electores.