Algo huele a podrido en el mundo de las publicaciones académicas. Los investigadores ponen casi todo el trabajo: escriben los artículos, los evalúan y realizan la tarea editorial, todo esto de manera prácticamente gratuita. Sin embargo, las universidades deben pagar cuantiosas subscripciones para que sus investigadores puedan leer estos artículos. Los márgenes de las empresas editoriales que publican estas revistas sugieren que los precios que cobran son muy superiores a sus costes. Por ejemplo, Elsevier, una de las líderes del sector, tuvo en 2018 un margen operativo del 37%.
A raíz de este problema, en los últimos años ha cobrado fuerza el movimiento a favor del acceso abierto (open access). La idea es sencilla (ver la discusión de Armstrong 2015). Obliguemos a las editoriales a que pongan libremente a disposición de los lectores todos sus artículos y, si quieren cobrar a alguien, que cobren a los autores. Las bibliotecas universitarias se ahorrarían las cuantiosas subscripciones y todos los lectores tendrían acceso a los artículos de investigación. Esta idea ha sido acogida con entusiasmo por muchas instituciones públicas, incluyendo el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y ha dado lugar al llamado plan S. Según esta iniciativa, a partir del 1 de Enero de 2020, todos los científicos e investigadores cuya investigación ha sido financiada por el ERC deberán publicar su trabajo únicamente en revistas de acceso abierto o en repositorios abiertos.
La implementación del plan S plantea una serie de interrogantes. La primera duda es si realmente las universidades se ahorrarán dinero. Las subscripciones son caras porque las editoriales tienen poder de monopolio sobre cada artículo que publican y existe una elevada demanda para poder leer estos artículos. Pero no es obvio que la disponibilidad a pagar de los autores (y por tanto el precio que las editoriales podrán cobrarles) vaya a ser menor. Si las revistas realizasen únicamente una tarea de diseminación del conocimiento, a los autores les sería indiferente publicar en una revista u otra, y su disposición a pagar por publicar sería limitada. El problema es que las revistas realizan también una importante labor de certificación de la calidad. Un artículo publicado en una revista de prestigio ha sido evaluado por editores y evaluadores expertos y, por tanto, es más valorado por parte de la comunidad científica. La disponibilidad de los investigadores a pagar por publicar en estas revistas es probablemente muy elevada. Tampoco está claro cómo afectará el plan S a las instituciones más modestas. Sus miembros podrán leer gratis las publicaciones, pero podrían tener dificultades para poder pagar las tasas de publicación en las revistas de mayor prestigio. El plan S plantea la introducción de límites a los precios, pero su implementación a nivel global no es trivial.
Pero el principal defecto del plan S es que no aborda la causa última del elevado coste de las publicaciones académicas. El principal problema no es quien paga, el lector o el autor, sino que instituciones con ánimo de lucro puedan aprovechar su poder de mercado para extraer rentas. Los precios de las subscripciones de las revistas de Economía son reveladores. La inmensa mayoría de las revistas de prestigio, incluyendo las top 5, pertenecen a instituciones sin ánimo de lucro y tienen precios relativamente asequibles. Por ejemplo, una subscripción institucional a la versión impresa y online del Review of Economic Studies cuesta unos €692. Los precios del Quarterly Journal of Economics, Econometrica, American Economic Review y el Journal of Political Economy oscilan entre los €500 y los €1000, en función del tamaño de la institución. Sin embargo, la suscripción al Journal of Economic Theory y el Journal of Public Economics, ambas propiedad de Elsevier, cuesta nada más y nada menos que €6,000 y €5,000 anuales respectivamente. Un análisis sistemático realizado por Bergstrom y Bergstrom (2004) muestra que esto no ocurre solamente en Economía, en todas las disciplinas el precio de las revistas es substancialmente mayor cuando son propiedad de una editorial con ánimo de lucro.
Algunas asociaciones académicas, como la Asociación Española de Economía y la Econometric Society, han ensayado una tercera vía, la creación de revistas como el Journal of the Spanish Economic Association (SERIEs) que no cobran ni a los lectores ni a los autores, sino que son sufragadas por la propia asociación. En este caso, la financiación proviene de los socios, cuya motivación para pagar suele estar ligada a la asistencia a la conferencia anual de la asociación. ¿Es esta la solución definitiva? Como miembro de la Asociación Española de Economía y co-editor de su revista me gustaría poder decir rotundamente que sí, pero me temo que la respuesta depende de la “elasticidad” de los asistentes a la conferencia de la asociación, el Simposio de Análisis Económico. Si el mayor precio de la conferencia necesario para pagar la revista está disuadiendo a algunos de los potenciales asistentes, cabe el riesgo de que hayamos desnudado a un santo para vestir a otro.
En cualquier caso, en lugar de obligar a los investigadores a que publiquen en revistas de acceso abierto, quizás harían mejor las instituciones públicas en exigir que publiquemos en revistas sin ánimo de lucro, independientemente de que estas cubran sus gastos cobrando a los lectores, a los autores, o a los miembros de la asociación.