A raíz de la fugaz legalización de un sindicato de trabajadoras del sexo, durante las últimas semanas se ha reabierto el debate sobre la regulación de la prostitución. En España la prostitución persiste en una situación de gris alegalidad, la venta de servicios sexuales no está explícitamente permitida pero tampoco está prohibida. Algunas voces del gobierno se han manifestado a favor de su prohibición, criminalizando tanto a las prostitutas que ofrezcan sus servicios como a los clientes, siguiendo el llamado modelo sueco. La discusión pública de esta propuesta se ha desarrollado sobre todo en clave ideológica, en parte por la ausencia histórica de estudios empíricos fiables. La prostitución es un fenómeno difícil de observar y tampoco es fácil encontrar un buen contrafactual que proporcione información sobre que ocurriría si cambia la regulación. Sin embargo, se han publicado recientemente dos excelentes estudios, uno con datos de Estados Unidos y el otro con datos de Holanda, que proporcionan información muy valiosa sobre esta cuestión.
El estudio americano explota la inesperada despenalización de la prostitución en Rhode Island (Cunningham y Shah, Review of Economic Studies, 2018). Un juez se se percató en 2003 de que, al modificarse en 1980 una ley estatal que regulaba la prostitución callejera, los legisladores omitieron por error incluir la prohibición de la prostitución “no callejera” o “interior". Ante este insólito error legislativo, el juez interpretó que, de facto, se había despenalizado la prostitución, siempre y cuando no se produjera en las calles. Esta situación se mantuvo durante los siguiente seis años hasta que en 2009 se penalizaron de nuevo todas las modalidades de prostitución.
Los autores observan que, como cabía esperar, la despenalización contribuyó a que aumentase el número de servicios de prostitución ofertados online y a que disminuyesen los precios. Pero además, observan una dramática disminución de los delitos sexuales. De unas 40 violaciones por cada 100,000 habitantes se paso a menos de 27. Como se muestra en el panel B de la siguiente gráfica, se trata de la mayor caída durante ese período de los 50 estados miembros de los Estados Unidos.
La hipótesis preferida de los autores es que esta disminución se debe a un efecto sustitución: los potenciales criminales se convierten en clientes de prostitución (ver también Ciacci & Sviatschi 2016). La hipótesis alternativa, que la despenalización de la prostitución de alguna manera induce a las prostitutas a no reportar los crímenes sexuales parece menos plausible.
Además de reducirse el número de violaciones, también disminuyó la transmisión de las enfermedades venéreas. Los casos de gonorrea bajaron en Rhode Island en torno a un 40% lo que supone, de nuevo, la mayor caída de todo el país (ver panel C de la gráfica 1). En este caso, la despenalización de la prostitución en locales habría permitido un mejor control de la salud de las prostitutas respecto a la situación en la que se encontraban cuando la práctica era ilegal.
El estudio holandés obtiene resultados muy similares (Bisshop et. al.,American Economic Journal: Policy, 2017). En este caso analiza la apertura de las llamadas tippelzones en diversas ciudades holandesas. Las tippelzones son calles en las que se permite la oferta y la demanda de servicios sexuales durante un horario determinado. La primera tippelzone se abrió en La Haya en 1983 y, durante las siguientes tres décadas, otras ocho ciudades holandesas abrieron zonas similares. Las tippelzones incluyen areas de servicio donde es posible lavarse, conseguir jeringuillas limpias, y tener acceso a asistencia médica.
Los autores analizan la evolución de las ciudades con tippelzone antes y después de su apertura (o clausura), utilizando como grupo de control otras ciudades similares. De forma similar a lo observado en Rhode Island, la apertura de estas zonas de libre prostitución conllevó un aumento del número de prostitutas y clientes, pero una disminución de entre el 30 y 40% de los casos de abusos sexuales y de las violaciones en la zona. También se observa una disminución en el número de crímenes relacionados con el tráfico de drogas.
A pesar de estar en un limbo legal, la industria del sexo parece gozar de buena salud en España. El 25% de los varones confiesa haber pagado por servicios sexuales (CIS 2008) y, entre los jóvenes de 25 a 34 años, la cifra está en torno al 23%. (En la misma encuesta, los varones aseguran haber tenido, de media, unas 11 parejas sexuales a lo largo de su vida, comparado con solamente 3 por parte de las mujeres, lo que nos recuerda la limitada fiabilidad de este tipo de encuestas.) Por otro lado, la tasa de denuncias por violación y violencia sexual es relativamente baja en España en comparación con otros países de nuestro entorno, aunque probablemente esto se deba en gran parte a la falta de denuncias. ¿Qué consequencias tendría criminalizar la prostitución en España? Siempre hay que ser prudentes extrapolando los resultados de los estudios académicos. La dinámica editorial tiende a favorecer la publicación de los estudios con resultados significativos. Además, el contexto español podría diferir en muchos aspectos relevantes de la situación en Rhode Island y en Holanda. Sin embargo, con todas estas cautelas, la evidencia empírica que proporcionan estos dos excelentes estudios indica que, si se prohibiese la prostitución en España, su práctica disminuiría, pero también es probable que aumentasen los crímenes sexuales y la transmisión de enfermedades venéreas.