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¿Qué es lo que quieren los Políticos de los Investigadores?

evidence based change
Probablemente esta no es la opinión de un político. (La foto proviene del blog osfamblogs.org de Duncan Green)

por Mónica Martínez-Bravo (@monicambravo)

Uno de los principales objetivos de la ciencia económica es hacer recomendaciones de políticas públicas. La idea es que tras un estudio detallado del contexto económico y de los incentivos de los agentes, tendremos una capacidad mayor para predecir los efectos de un cambio de políticas públicas y esta información será de gran utilidad para aquellos que tienen que decidir sobre las mismas.

Sin embargo, la realidad parece defraudar día a día a este objetivo último de la ciencia económica: la inmensa mayoría de decisiones de políticas públicas se toman sin consultar a los académicos más reconocidos del correspondiente campo. Incluso en los casos en los que un gobierno forma un comité de expertos, las decisiones finales pueden discrepar de las recomendaciones de dicho comité (e incluso tomarse antes de saber las conclusiones del comité de expertos).

Los académicos nos solemos tomar esta realidad con cierta desazón. Esta situación nos parece claramente ineficiente puesto que las universidades están llenas de personas de gran talento que dedican un gran número de horas al estudio de ciertos factores, cuyo conocimiento podría ser increíblemente útil para el diseño de políticas más efectivas. Es fácil atribuir esta situación, o bien a la falta de conocimiento de los políticos, o bien a sus intereses particulares que les llevan a implementar políticas que beneficien a ciertos grupos y no al interés general. Pero, ¿son los políticos los únicos responsables de esta situación?

 Hace unos días Nicholas Kristof, activista político y columnista del New York Times, encendió las redes sociales con este artículo titulado “Profesores, ¡Os Necesitamos!”. En este artículo, Kristof reclamaba a los académicos que saliésemos de nuestros conventos de clausura académicos (traducción literal) y transformásemos nuestros escritos técnicos y especializados en contribuciones útiles para los debates de políticas públicas.

¿En qué quedamos? ¿Son los políticos los que no valoran la opinión de los académicos o somos los académicos los que nos auto-marginamos de los debates?

Un reciente estudio de Avey y Desch (2014) proporciona información que nos ayuda a responder a esta pregunta. Los autores realizaron una encuesta a 234 políticos estadounidenses con el objetivo de averiguar ¿qué es lo que quieren los políticos de los investigadores? Aunque el estudio es principalmente descriptivo y la muestra es un conjunto particular de los políticos (altos cargos de agencias responsables de la seguridad nacional en las administraciones de George W. Bush y Barack Obama), los resultados no dejan de ser interesantes. Según los autores, esta es la primera encuesta de este tipo realizada a políticos para averiguar su percepción de la utilidad de la investigación académica.

Lo primero que se observa en este estudio, es que los políticos valoran positivamente el papel de los académicos en el proceso de decisión sobre políticas públicas: sólo el 5% de los encuestados opinaron que los académicos no debían jugar ningún papel en estos procesos. El resto opinaron que sus principales papeles debía ser: consejeros informales 87%, creadores de nuevo conocimiento 72%, formadores de nuevos políticos 54%. Por lo tanto, en general, los políticos consideran que los académicos deben contribuir a las decisiones de políticas públicas, pero no necesariamente de manera directa: sólo el 37% de los políticos consideran que los académicos debían tener un papel de asesores formales en las decisiones de políticas públicas.

A los políticos también se les pregunta acerca de su percepción sobre la utilidad de diferentes ciencias sociales para las decisiones de políticas públicas. Como puede verse en la Figura 1, la ciencia económica es de las más valoradas: el 65% de los políticos opinan que la economía es muy útil. Otras disciplinas que destacan en valoración son historia y “Area Studies” (análisis multidisciplinar de cada región del mundo). Por otro lado, la ciencia política sale bastante mal parada con sólo un 35% de los políticos encuestados opinaron que es muy útil.

Avey y Desch FIG1
Fuente: Avey y Desch (2014).

 

Los autores también examinan, en la Tabla 3, como la percepción de la utilidad de cada disciplina depende de las características del político. Así puede observarse que no todos son buenas noticias para la ciencia económica: el hecho de haber estudiado economía no parece afectar a la percepción de cuan útil es la ciencia económica para las decisiones políticas. Pero todavía llama más la atención el hecho de que cuanto mayor es el nivel educativo del político, menor es su percepción de cuan útil es la ciencia económica.

Avey y Desch table 3
Fuente: Avey y Desch (2014).

A estos políticos se les pregunta también con qué frecuencia los resultados de la investigación en ciencias sociales les resultan útiles en su trabajo. Un 7% de ellos dice que nunca y un 30% contesta que alguna vez al año. Quizás más informativas son sus respuestas sobre en qué les son útiles estos resultados de la investigación: el 70% de los encuestados responde que les resultan de utilidad en la medida en la que les proporcionan un contexto general para tomar sus decisiones, pero rara vez (sólo en el 10% de los casos) las decisiones de políticas públicas son tomadas en base a resultados específicos de una investigación.

 Finalmente, resultan sorprendentes las fuentes de información que los políticos emplean para su toma de decisiones: los artículos de prensa son tan importantes como los documentos internos del gobierno americano (un 65% de los encuestados opina que estas dos fuentes son muy importantes). Sin embargo, sólo el 18% argumenta que los libros académicos son muy importantes, y sólo el 25% dice que las revistas académicas son muy importantes.

 En conclusión, aunque los políticos valoran la investigación académica, no parece que decisiones específicas de políticas públicas estén informadas por resultados de investigación concretos. Mucha más investigación sería necesaria para averiguar si esto se debe a una falta de demanda de asesoramiento por parte de los políticos, o a una falta de oferta por parte del mundo académico. Pero tampoco podemos descartar que la ausencia de un “mercado” de asesoramiento se deba a un problema tecnológico: el tipo de asesoramiento que un político podría necesitar dista mucho del que un artículo académico le pueda proporcionar.

 Dos aspectos claves parecen ser la brevedad y el lenguaje. Uno de los políticos encuestados argumenta que “cualquier artículo académico que exceda las 10-15 páginas no será útil para los políticos”. A menudo los políticos deben tomar decisiones rápidamente y los artículos académicos extensos, que utilizan un lenguaje y una metodología muy técnica, no van a poder ser procesados por aquellos que tomen decisiones políticas. El hecho de que los artículos de opinión en prensa escrita sean tan influyentes en las decisiones de políticas públicas puede ser debido a su brevedad y al estar escritos en un lenguaje accesible. Por supuesto, esto no quiere decir que los académicos tengamos que renunciar a una metodología rigurosa, sino que deben existir varios registros y debemos ser conscientes de que sólo un registro breve y accesible puede calar en las decisiones de políticas públicas. Podría parecer que una posible solución a este problema “tecnológico” son blogs como el de Nada Es Gratis. Sin duda, estos blogs parecen un paso en la buena dirección. Sin embargo, en el caso de EEUU no parece que los blogs y las páginas webs sean muy influyentes, de momento: sólo el 20% de los políticos encuestados las utiliza para sus decisiones de políticas públicas. Esto pone de manifiesto que todavía nos falta mucho por aprender sobre las razones últimas de la ausencia de un mercado de asesoramiento para el diseño de las políticas públicas.