Por Almudena Sevilla (LSE) e Ismael Sanz Labrador (Universidad Rey Juan Carlos y LSE)
Introducción
En el actual contexto de aprobación de leyes de autodeterminación de género, las instituciones públicas han empezado también a sustituir preguntas de sexo por preguntas de identificación de género en las bases de datos. Esta tendencia ha generado preocupación en la comunidad científica por las consecuencias potencialmente negativas que pueda tener para el diseño eficiente de políticas al poner en peligro la continuidad de estudios en economía de la población (Bhalotra et al., 2020), en economía de la salud (Libertad González et al., 2021), en economía de educación (Almudena Sevilla, 2020), y en economía laboral (Bertrand, 2018) por dar algunos ejemplos. En algunos países la comunidad científica se ha movilizado para resistir esta tendencia (Sullivan 2021). Por ejemplo, en RU la presión por parte de la comunidad científica llevó a un veredicto de Revisión Judicial por el que la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) se vio obligada a definir la pregunta en términos de sexo legal en lugar de identidad de género en el Censo de Inglaterra y Gales de 2021 (ver la Carta de ochenta científicos sociales cuantitativos expresando preocupaciones a la ONS y otras autoridades censales del Reino Unido, diciembre de 2019). En este post proponemos que la recopilación de datos por sexo es fundamental para comprender las causas y consecuencias de las diferencias económicas por sexo biológico, así como para el diseño y promoción de políticas para cerrar las brechas económicas entre hombres y mujeres.
Una razón que se suele argumentar a favor de la recogida de datos de identidad de género en lugar del sexo es que la proporción de la población que no se identifica con su sexo biológico es relativamente pequeña, por lo que el impacto en la calidad de la información debería ser insignificante. Sin embargo, hay varios argumentos que muestran que esta tesis no es sostenible:
En primer lugar, las estadísticas sobre la parte de la población que no se identifica con su sexo biológico varía substancialmente dependiendo de la fuente, del nivel geográfico, y del marco temporal analizado (Murray et al. 2020). Por su parte, un estudio sueco a gran escala de 2018, basado en una muestra representativa de la población de 50.157 residentes en Estocolmo, reveló que el 2,0% de los hombres y el 3,5% de las mujeres querían vivir o ser tratados como alguien del sexo opuesto. Esta proporción aumentó al 6,3% entre el grupo de edad de 22 a 29 años para ambos sexos (Åhs et al., 2018). Esta gran variación dificulta en gran medida las predicciones de futuro sobre el tamaño de esta población en los distintos países y su evolución a lo largo del tiempo, comprometiendo el estudio de tendencias históricas y geográficas que los economistas han documentado. Estas comparativas se dificultan aún más cuando la parte de la población que no se identifica con su sexo biológico depende precisamente de esta característica o una característica de interés como el nivel socio-economico. Por ejemplo, cada vez más niñas que niños se identifican como no binarias. Un estudio a gran escala de adolescentes en China, basado en datos recopilados en 18 centros educativos de secundaria, mostró que de las 5.590 estudiantes encuestadas, alrededor de una cuarta parte no se identificaba con su sexo de nacimiento: el 15,4% se identificaba como niños, el 2,0% como no binarios y el 8,5% estaba cuestiónenselo. En contraste, entre los 6.518 encuestados masculinos, solo el 3,2% se identificó como niñas, el 2,1% como no binarios y el 4,9% estaba cuestionándoselo (Wang et al., 2020). Igualmente, los individuos que manifiestan identidades de género diferentes a su sexo biológico son más prevalentes entre jóvenes con educación superior y relativamente acomodados (Whyte et al., 2018). Esto podría llevar a importantes sesgos en el estudio de las causas y consecuencias de las brechas de sexo a las que aludíamos anteriormente.
En segundo lugar, incluso asumiendo que la parte de la población que no se identifica con su sexo biológico sea (y se mantenga) pequeña no es suficiente para garantizar estimaciones no sesgadas en el análisis económico si la categoría de referencia es también pequeña. Un ejemplo de errores sustanciales debido a pequeños niveles de clasificación errónea se encuentra en el campo económico que estudia la violencia doméstica y el acoso sexual donde existe una baja proporción de mujeres que cometen delitos violentos y sexuales. Arenas-Arroyo et al. (2020) encuentran que durante el confinamiento del COVID-19, la violencia de pareja en España aumentó en un 23%. El artículo concluye que el incremento de la violencia doméstica es mayor cuando empeora la posición relativa del hombre, especialmente en contextos donde esa posición ya estaba siendo amenazada. Libertad González y Rodriguez-Planas (2020) muestran que una de cada cinco mujeres en Europa señalan haber sido víctimas de violencia física y/o sexual en algún momento de sus vidas, y en tres cuartas partes de los casos la violencia fue perpetrada por su pareja o ex pareja. Comprender mejor los factores relacionados con la violencia domestica es un primer paso para diseñar políticas destinadas a reducirla. La clasificación errónea de un pequeño número de hombres como mujeres puede tener un impacto significativo en las cifras de delitos sexuales atribuidos a mujeres, y la falta de datos precisos sobre la prevalencia de los hombres que se identifican como mujeres es un problema importante en la recopilación y análisis de datos de delitos sexuales que dificulta el diseño de políticas eficientes.
Sin datos precisos sobre el sexo, no podemos monitorear adecuadamente las experiencias diferentes de hombres y mujeres, o de las personas que se identifican como "de género diverso", comprometiendo el análisis de la economía aplicada y dificultando el diseño eficaz de políticas económicas. En este blog post abogamos por seguir las recomendaciones en la literatura y que ya siguen algunas instituciones públicas, que sugieren la recogida de datos anonimizados tanto sobre el sexo del individuo, como de la identidad de género auto-definida (Reisner et al., 2014; Mays et al., 2018; Wylie et al., 2016). Algunas comunidades en España han seguido este modelo. La Ley 8/2017 de la Comunitat Valenciana reconoce en su artículo el derecho de autodeterminación de género y exige a los poderes públicos el respecto y la adopción de las medidas pertinentes para su garantía y tutela (Marzal Raga, 2021) pero, importantemente, sin perjuicio de que en las bases de datos de la administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales (que en España recogen la información del sexo biológico). La recogida de datos por origen étnico en Francia se prohibió en 1978, bajo la ley de información y libertad. Del mismo modo que la no recogida de datos de etnia no ha eliminado el desigualdades socio-económicas de determinados grupos étnicos casi medio siglo después, la no recogida de datos por sexo no garantiza que se eliminen las diferencias socio-económicas entre hombres y mujeres.