De James Simpson y Juan Carmona
Los conflictos rurales en las regiones de latifundios y jornaleros sin tierra del Sur de España se ha considerado a menudo un factor clave para explicar el levantamiento militar y la Guerra Civil en 1936. Para Paul Preston, el conflicto agrario, "que había sido endémico durante siglos" fue el más importante de los "enfrentamientos de diferentes componentes", mientras que el trabajo clásico de Edward Malefakis, escrito durante la guerra de Vietnam, llevaba el sugerente título de Reforma Agraria y Revolución Campesina en España. Sin embargo, los latifundios solo aportaban poco más del 3 por ciento del PIB español en 1930 y, por dramática que fuera su situación, los trabajadores sin tierra representaban apenas alrededor del 5 por ciento de la población activa del país. A primera vista, no resulta por tanto evidente cómo un problema regional de esta escala pudo haber tenido consecuencias políticas tan devastadoras.
Nuestro nuevo libro, titulado Why democracy failed: The agrarian origins of the Spanish Civil War, sostiene que los gobiernos tuvieron que resolver no uno, sino más bien varios problemas agrarios, a menudo contradictorios entre sí. Gran parte de España en la década de 1930 era un país de pequeños agricultores familiares, y sería la respuesta política de este grupo heterogéneo lo que decidiría el destino de la República. Incluso en el Sur, los agricultores familiares superaban en número a los trabajadores sin tierra. Como la agricultura era, con mucho, el sector económico más grande, y empleaba a la mitad de la población activa, nos ofrece un microcosmos útil para comprender el rápido paso de la euforia por la llegada de la nueva República en 1931 a un país amargamente dividido en 1936.
Todos los gobiernos de la Segunda República se enfrentaron a inmensos problemas, no solo porque muchos contemporáneos exigían una ruptura política definitiva con el pasado, sino también porque era necesario encontrar respuestas a las grandes dificultades causadas por la depresión económica. Sin embargo, a todos estos gobiernos les resultó difícil implementar reformas porque la capacidad estatal que heredó la República era, con la posible excepción de Portugal, significativamente más débil que en cualquier otro lugar de Europa occidental. Fue el fracaso del estado en administrar las reformas de manera eficiente y justa lo que condujo rápidamente a la desilusión generalizada con la nueva república.
¿Por qué la capacidad del estado era tan débil? Una razón fundamental fue la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial. La guerra requería que todos los países desarrollaran las capacidades necesarias para administrar la producción de armamentos y alimentos para sus enormes ejércitos que se encontraban, a menudo, a cientos de kilómetros de distancia en suelo extranjero. La experiencia de la hambruna experimentada en las ciudades alemanas muestra que, incluso en los países más preparados, les resultó muy difícil desarrollar estas capacidades. Sin embargo, todos los países emergieron de la Guerra con un estado más grande y más eficiente, especialmente en el área de la recopilación estadística y su interpretación. Otro problema para los gobiernos republicanos fue la persistencia de la figura del cacique en los pueblos, y su excesiva influencia en la implementación de políticas gubernamentales, no solo en el sur, sino en gran parte del país.
La Ley de Reforma Agraria de 1932 ilustra bien hasta dónde podían llegar las consecuencias de esta débil capacidad estatal. Muchos republicanos vieron la reforma agraria como una solución tanto al desempleo estructural causado por la concentración de tierras, como un medio para resolver la importante pobreza rural causada por la depresión económica. Sin embargo, fue solo después de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria que se hizo evidente que el estado carecía de información, incluso básica, sobre cómo se cultivaban los latifundios en aquel momento. Además, nadie sabía, ni siquiera aproximadamente, cuánta tierra había disponible para asentar las familias campesinas, o cuál era el número de familias realmente necesitadas. De hecho, se descubrió, no solo que los latifundios estaban razonablemente bien cultivados, sino que había muy pocas nuevas tierras susceptibles de ponerse en cultivo. Del mismo modo, la necesidad generalizada del uso de técnicas de cultivo de secano no permitía un cultivo más intenso sin el uso del regadío. Por lo tanto, no solo muchos propietarios se sintieron amenazados por la reforma agraria, sino que los propios trabajadores sin tierra se desilusionaron con mucha rapidez. El resultado fue que una proporción significativa de estos dos grupos influyentes empezó rápidamente a retirar su apoyo a la República.
Los agricultores familiares de la mayor parte de los países europeos del período de entreguerras no se alinearon siempre políticamente con los propietarios de tierras y, a priori, no parece haber una razón por la que sí deberían haberlo hecho así en España. Sus dificultades económicas eran mucho menos visibles que las de los jornaleros sin tierra, pero muchos de ellos también sufrieron dificultades considerables para alimentar a sus familias debido a los bajos precios de sus productos. Políticamente estaban mal organizados y, aunque representaban alrededor de un tercio del electorado, sus intereses quedaron sin representación en el gobierno de 1931 y en la nueva Constitución. Al igual que con la capacidad del estado, la explicación a su fracaso para organizarse y crear grupos de presión efectivos también se encuentra en los años anteriores a la República. Las élites tradicionales (los terratenientes y la Iglesia) en España, y a diferencia de las del norte de Europa, fueron capaces de mantener su control político sobre el ejecutivo y manipular las elecciones parlamentarias hasta 1931. En consecuencia, no contaban con los incentivos para forjar partidos políticos de masas competitivos, o ayudar de forma activa a los pequeños agricultores para organizarse en cooperativas de crédito y de producción eficaces, o constituir grupos de presión.
Esto cambió repentinamente con la Segunda República, y tras las elecciones de noviembre de 1933, el nuevo gobierno de centroderecha llegó al poder gracias al apoyo de muchos agricultores familiares. Sin embargo, este gobierno tuvo tan poco éxito a la hora de ayudar a sus electores como los anteriores en ayudar a los trabajadores sin tierra. En especial, el esfuerzo por hacer cumplir los precios mínimos del trigo resultó ser un enorme fracaso. Los agricultores buscaron reducir los costos de producción contratando solo a los trabajadores que realmente necesitaban y pagando salarios más bajos. Además, tras las huelgas generalizadas de jornaleros durante las cosechas y las invasiones de tierras, tampoco resulta sorprendente que muchos agricultores decidieran no contratar ni arrendar tierras a aquellos involucrados en actividades sindicales.
El problema subyacente era que no había suficiente tierra, ni trabajo, para la creciente población agrícola de España. Los pueblos se dividieron entre aquellos grupos de arrendatarios y trabajadores sin tierra que permanecieron fieles a los sistemas paternalistas tradicionales de ayuda, y aquellos que prefirieron unirse a organizaciones socialistas o anarquistas, que asignaban estos escasos recursos entre sus propios miembros. Por tanto, las invasiones de tierras que se extendieron en el oeste de España en marzo de 1936 no pueden explicarse solamente como un simple conflicto de clases entre latifundistas y trabajadores hambrientos, sino más bien entre dos grupos políticos, cada vez mejor organizados, que intentaban proteger a sus clientes. Los conflictos también se hicieron cada vez más comunes en áreas de pequeñas explotaciones agrarias como, por ejemplo, las 30 huelgas organizadas solo en la provincia de Valladolid por el sindicato agrario socialista FNTT durante la cosecha de 1933. Los resultados electorales de febrero de 1936 muestran así cuán divididos se habían vuelto los municipios rurales y el país.