de Ció Patxot, Meritxell Solé y Guadalupe Souto
Escuchar los debates entre los candidatos a las elecciones genera sentimientos encontrados. Hay candidatos para todos los gustos (o disgustos), con un mayor o menor nivel de sensatez. Pero todos se apuntan con más o menos contundencia a “blindar” las pensiones sin atreverse a mencionar la cada vez más urgente necesidad de reformar el sistema. Ya lo comentaron aquí Samuel, Juan Francisco y Pedro unos días de las elecciones generales. Nos queda la opción de darles el beneficio de la duda; quizá, simplemente, no entienden lo que ocurre.
Es cierto que el papel del sistema de pensiones es complejo y su impacto sobre la redistribución de la renta a lo largo del ciclo vital, entre generaciones o dentro de una misma generación, no es en absoluto obvio. Sin embargo, nuestra experiencia divulgando el problema de la sostenibilidad del sistema de reparto nos dice que es algo muy sencillo de explicar y comprender. Si bien el lado de los ingresos es incierto, el gasto en pensiones es una de las magnitudes más fácil de predecir. A continuación, revisamos esta cuestión y aportamos un par de cifras interesantes de cara a la reflexión.
El sistema de reparto financia las pensiones actuales con cotizaciones actuales. Para poder pagar pensiones, necesitamos en primer lugar un nivel suficientemente alto de cotizantes (en relación a los perceptores de pensión). Ello depende, por una parte, de un factor meramente demográfico, como es la relación entre población en edad de trabajar y en edad de jubilarse, y, por otra parte, de la tasa de empleo. En segundo lugar, la posibilidad de pagar pensiones suficientes viene determinada por factores institucionales (de diseño del sistema). A mayor cobertura (mayor proporción de personas mayores con derecho a pensión), mayor cantidad de pensionistas y mayor necesidad de repartir. El otro factor institucional es la generosidad del sistema, es decir, el cociente entre la pensión media y el salario medio.
A estas alturas de la transición demográfica es conocido que la relación demográfica entre potenciales jubilados y potenciales cotizantes lleva años empeorando progresivamente, y que lo hará de forma más drástica durante la jubilación de los baby boomers (que se inicia en 2022 y durará más de 20 años). En cuanto al mercado de trabajo, es de esperar que la situación mejore con la salida de los baby boomers del mercado laboral, sobre todo teniendo en cuenta las malas cifras actuales. Pero ni siquiera una evolución muy optimista del desempleo será suficiente para resolver la situación. La voluntad política, al menos en periodo electoral, es mantener los factores institucionales, pero nadie explica cómo lo hará.
Una ojeada a la evolución histórica de la generosidad del sistema de pensiones en España (Figura 1.a) muestra que ésta no ha dejado de crecer más allá del proceso lógico de maduración (se puso en marcha en 1967). El aumento de las pensiones por encima de los salarios, prácticamente ininterrumpido en los últimos 30 años es, a todas luces, insostenible a largo plazo. La proyección de esta misma ratio al futuro (Figura 1.b) indica que, a legislación constante (escenario base), este proceso se interrumpiría después de la crisis, una vez recuperado el crecimiento normal de los salarios. La introducción en 2013 del factor de sostenibilidad (FS) y sobre todo del índice de revalorización de las pensiones (IRP), ajustaba la actualización anual de las pensiones en función de los desequilibrios del sistema, reduciendo el valor real de las pensiones y, por tanto, su generosidad (escenario reforma 2013). No obstante, esa reforma de 2013 establecía un límite mínimo al IRP (del 0,25% anual). Como muestra el último escenario de la Figura 1.b (IRP sin límite), el efecto del IRP sobre la generosidad de las pensiones sería considerable en el caso de eliminar su límite inferior para hacer el sistema totalmente sostenible. No obstante, la aplicación del IRP ha sido eliminada en 2018 a raíz de las crecientes protestas sociales. La buena noticia es que quizá ahora es posible diseñar una reforma que afronte mejor la compleja cuestión de la redistribución. La mala es que ninguno de los candidatos parece ser consciente de la magnitud de la tarea a que se enfrenta para afrontar este reto social que ya ha pasado de ser un problema a largo plazo a un problema inminente.
Como decíamos, queda el beneficio de la duda. Pensar que nuestros políticos son capaces de razonar en términos de demografía electoral elemental mientras tratan de contentar a la creciente población votante jubilada o en edades próximas a la jubilación. Una perspectiva bastante miope, por otra parte, ya que los ciudadanos seguramente ven un poco más allá; saben que es necesario proteger no sólo a los pensionistas, sino a los trabajadores (cotizantes actuales) y los niños (cotizantes futuros) e invertir seriamente en educación, que es además un factor importante en la sostenibilidad futura de las pensiones. Como indica la Figura 2, la crisis ha puesto de manifiesto la potencia protectora del sistema de pensiones (caída de la pobreza de los mayores), junto con una debilidad de políticas similares durante la primera parte del ciclo vital (aumento de la pobreza infantil y de sus padres, los trabajadores). Estos datos amplían el marco en que debería moverse el debate de las pensiones para que incluya el conjunto de las transferencias recibidas a lo largo de todo el ciclo vital.
Figura 1. Evolución de la generosidad del sistema (ratio pensión media salario medio)
a) Evolución pasada b) Proyección
Fuente: a) Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social i OCDE: b) Patxot, Solé y Souto (2019), Hacienda Pública Española 228 (1/2019).
Figura 2. Porcentaje de población en riesgo de pobreza en España por grupos de edad (antes y después de la crisis) 
Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat, EU-SILC