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Medidas laborales frente a la pandemia: protegiendo a los trabajadores

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), Jorge Galindo (@JorgeGalindo) y Carlos Victoria (@CVLanzon)

La crisis del COVID-19 está paralizando la producción en muchos sectores de actividad a nivel global. Si bien esta es una crisis de origen sanitario, que no tiene nada que ver con la situación económica de las empresas, va a suponer una paralización temporal de la actividad económica. Por desgracia, no hay respuestas fáciles, pues hay mucha incertidumbre sobre la dinámica, y por lo tanto la duración, que seguirá esta crisis sanitaria.

Las medidas de aislamiento social, que son esenciales para combatir la epidemia, están reduciendo de forma directa la demanda en sectores como la hostelería, la restauración, el transporte o la industria del turismo y el entrenamiento, entre otros. Al mismo tiempo, otros sectores están teniendo dificultades para producir debido a las interrupciones de la oferta (trabajadores que no pueden ir a trabajar o cierre de empresas por no poder asegurar la seguridad de sus trabajadores). Es decir, de una forma o de otra, gran parte de la producción del país se va a ver afectada.

Aunque se prevé que estos daños a la economía serán temporales, el reto es conseguir que no tengan un carácter duradero. Sin embargo, sin apoyo gubernamental, muchas empresas no podrán hacer frente a sus obligaciones y se verán obligadas a despedir a sus trabajadores e incluso a cerrar indefinidamente, pese a que la gran mayoría de ellas, en ausencia de la caída de la demanda por el virus, serían perfectamente solventes. Por lo tanto, el objetivo es mantenerlas operativas, aunque sea de forma latente, hasta que la economía recupere la normalidad.

Es evidente que una respuesta internacional coordinando con importantes medidas fiscales expansivas y con la una política monetaria del BCE que evite las tensiones en los mercados de deuda, es una condición necesaria para poder conseguir el músculo financiero suficiente para hacer frente al inmenso reto que tenemos por delante. De esto han hablado muy bien distintos colaboradores como Luis y Antonia, Marcel, Jose Luis o Juanfran (y seguro que me dejo alguno porque esto no para). Pero dentro del paquete de medidas, cada país tiene sus propias particularidades o especificidades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñarlo. En el caso español, factores como la demografía, la estructura sectorial o la estructura del mercado laboral, hacen que la exposición a la pandemia sea particularmente complicada en términos económicos para muchos trabajadores. Las medidas anunciadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 8/2020, mediante el cual se pretenden movilizar 200.000 millones de euros para evitar que la crisis sanitaria se traslade a la economía real, van en la dirección adecuada.

Pero, esta es una crisis en constante y rápida evolución. Por ello, tratando de anticiparnos a riesgos futuros, en un EsadeEcPol Insight nos hemos centrado en uno de los principales focos de peligro para España: la exposición a shocks externos de los segmentos más débiles del mercado laboral. España tiene una altísima tasa de temporalidad, como bien saben los lectores de este blog gracias a Floren y a Sam, que como sabemos afecta más a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes y a los trabajadores poco cualificados. Además, muchos de estos trabajadores temporales tienen contratos de menos de 6 meses. La combinación de empleo temporal y de empleo a tiempo parcial hace que solo el 55% de los trabajadores (unos 11 millones de los casi 20 millones de ocupados) sean asalariados con un contrato indefinido y trabajen a jornada completa. Para rematar, tenemos un número creciente de trabajadores autónomos: casi el 16 % de todos los ocupados.

Para ello, proponemos tres medidas excepcionales de protección de ingresos, todas ellas complementarias potencialmente a las acciones ya determinadas por el Gobierno, que nos parecen muy positivas. Hemos pensado las medidas de la forma más simple posible. Esto nos ha venido bien para poder evaluarlas, lo que creemos que, en la situación en la que estamos, también es una virtud, ya que si se aplican medidas complejas o con muchos requisitos para que un trabajador pueda recibirlas se corre el peligro que lleve tiempo el poder llevarlas a la práctica. En nuestro caso, estas medidas pueden parecer poco generosas para algunos, pero tienen la ventaja de que podrían ser implementadas de un día para otro. Y, dada la naturaleza de la crisis, debemos priorizar que los recursos lleguen a los trabajadores con problemas lo antes posible.

Trabajadores Autónomos.

• Posponer el pago de la cuota a todos los autónomos durante el periodo de excepcionalidad. En España, hay un total de 3.269.672 trabajadores autónomos, cuya cuota mensual media son 346,32 euros. El coste financiero del aplazamiento del pago de cuotas ascendería a 1.132 millones de euros al mes.

• Exoneración del pago de la cuota mínima (286,14 euros/mes) para los autónomos que vean reducidos sus ingresos por debajo de una cuota mínima. Entre 327 mil y 654 mil autónomos, según el escenario se podrían beneficiar, con un coste estimado entre 94 y 187 millones al mes.

Trabajadores Temporales.

• Cuando no se renueve el contrato temporal (o se les despida), proponemos que reciban una prestación por desempleo asistencial (430,27 euros mensuales), tanto si se han acumulado derechos suficientes para percibirla como si no. Hay 2,44 millones con contrato temporal inferior a 6 meses. Suponemos escenarios con una destrucción (o no renovación) entre el 10% (240 mil trabajadores) y el 40% (cerca de 1 millón de trabajadores) y el coste mensual estará en una horquilla entre 105 millones y 420 millones de euros al mes.

• Cuando el trabajador temporal no es despedido pero la empresa tiene caídas en la demanda. Consideramos escenarios donde el Estado se puede hacer cargo de hasta un 75% del salario y donde se pueden ver afectados entre un 10% (200 mil trabajadores) y un 20% (400 mil trabajadores) de todos los contratos con una duración superior a 6 meses.

Trabajadores con contrato indefinido en empresas con caídas en la actividad. Se propone la cobertura por parte del Estado de un porcentaje del salario durante el ERTE en aquellos sectores especialmente vulnerables. Identificamos los sectores según el riesgo en cuanto a su actividad (el sector de la hostelería sería el ejemplo de sector de riesgo alto y varios sectores como el manufacturero, la construcción o el comercio se consideran sectores de riesgo moderado) y, por lo tanto, en cuanto al porcentaje de trabajadores que potencialmente se pueden tener que acoger a un ERTE. Según nuestros escenarios, los trabajadores afectados por los ERTEs irían entre 1,37 y 1,9 millones. Suponemos también varios escenarios en cuanto al porcentaje de salario que seria sufragado por el Estado. Y el coste mensual de esta medida estaría en una horquilla que va entre 734 millones y 3.061 millones de euros cada mes.

En resumen, el coste de implementar las medidas oscilaría entre 800 millones de euros al mes en el escenario más optimista, con los menores niveles de cobertura, hasta los 3.500 millones de euros mensuales en el escenario más pesimista y con los mayores niveles de cobertura.

Por otra parte, el número de trabajadores afectados oscilaría entre los 1,7 millones en el escenario optimista hasta los casi 3,6 millones en un escenario pesimista.

Por supuesto, estas medidas seguramente deberán ser complementadas por otras si la situación económica se agrava. En concreto, creemos fundamental dar todo el apoyo posible a los trabajadores (ya sean trabajadores despedidos o autónomos que han visto frenada su actividad) que no tengan otra fuente de ingresos o tengan personas a su cargo.

Finalmente, en el documento también hablamos de otras medidas de urgencia que se debería implementar para facilitar la reasignación de la mano de obra de manera flexible de las actividades donde la demanda se ha visto más afectada (hostelería, restauración, turismo, transporte, automoción, ocio, centros comerciales…) hacia otras donde la demanda ha aumentado o puede hacerlo potencialmente (distribución, suministro, servicios on-line como educación o comercio electrónico, alimentación y bebidas, salud, medios de comunicación…). Estas medidas también supondrán un gran alivio para los trabajadores mas afectados, como los trabajadores temporales y autónomos, que podrán tener mas opciones de encontrar un nuevo empleo o nuevos nichos de actividad.

1. Se deben establecer protocolos de seguridad para todos los empleados que van a estar trabajando en estos sectores durante esta situación excepcional. En particular, es urgente hacer compatible un suministro domiciliario de alimentos, medicinas y otros bienes y servicios a la población con la contención en propagación del virus. Un protocolo de esta naturaleza no solo dotará de seguridad a los trabajadores en estas actividades, sirviendo de marco a los protocolos que, de manera particular, han comenzado a establecer ciertas empresas, sino también a los consumidores, que perderán el miedo al suministro en su domicilio, aumentando así la demanda en estas actividades. Tenemos que evitar que la falta de un protocolo como este sea la causa de que algunas empresas habituadas a la entrega a domicilio hayan cancelado su actividad.

2. Será necesario facilitar que aquellos trabajadores de empresas que han visto caer la demanda con la crisis puedan ser cedidos a otras empresas cuya demanda esté aumentando. En la actualidad, solo se permite la cesión de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal y la movilidad de trabajadores dentro del mismo grupo empresarial.

3. Las empresas tienen que poder reorientar los canales de venta. Así, dentro de las medidas organizativas en esta dirección, se podrán utilizar los procedimientos legales de movilidad funcional, geográfica y de modificación sustancial laboral.

4. Es imprescindible un plan de incentivo fiscal para que las empresas puedan potenciar el teletrabajo, que complemente a las medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes que ya ha aprobado el Gobierno.