Por Jacint Enrich, Ruoyi Li, Alejandro Mizrahi, y Mar Reguant
En los últimos meses nos hemos acostumbrado a escuchar que el precio de la electricidad está alcanzando máximos históricos. Y, aun así, creemos que no se enfatiza suficientemente el impacto que tendrán estas subidas para las familias y empresas españolas. Durante 2021, algunos episodios ya pusieron de manifiesto los problemas de un mal diseño del mercado eléctrico, todos ellos acompañados por un acertado análisis en este blog. Empezando por la borrasca Filomena en enero, que se tradujo en una subida del recibo de la luz de un 20%, y pasando por la reforma tarifaria de junio, no fue hasta septiembre que la escasez de gas en los mercados internacionales provocó fuertes subidas en su cotización (ayudados por un incremento del precio de los derechos de emisión de CO2). Y después vino la guerra.
La Figura 1 ilustra cómo los precios históricos durante la mayor parte de 2021 se quedan cortos en comparación con los incrementos del precio de la energía en los últimos meses. El MWh de gas es un 618% más caro si lo comparamos con marzo del año pasado. Como sabrán la mayoría de lectores, dado que toda la electricidad se paga al precio de la tecnología más cara, el encarecimiento del gas se ha trasladado completamente al precio de la electricidad, con un aumento de más de un 500% anual y acomodado alrededor de los 200€/MWh desde diciembre. En paralelo, el precio de la gasolina lleva meses subiendo, presionando al Gobierno a implementar una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que probablemente no será eficaz, además de ser regresivo y un claro retroceso a la descarbonización de la economía.
El objetivo de esta entrada es simular cómo este encarecimiento de la energía afectará la factura de las familias españolas, poniendo especial énfasis en aquellos hogares con menor renta. Queda fuera del alcance un análisis sobre las causas de cómo se ha llegado a la situación actual (la lista de factores es larga y muchos ya han sido expuestos en este blog, por ejemplo, aquí y aquí). También queda fuera del alcance del artículo posibles escenarios políticos que requieran acciones para reducir la dependencia del gas ruso, aunque éstas sean necesarias y cada día más probables dentro de la Unión Europea.
Para este análisis usamos la Encuesta de presupuestos familiares elaborada por el INE. Esta encuesta permite conocer el gasto anual de los hogares españoles en cada uno de los componentes del consumo energético, incluyendo la electricidad, el gas natural y la gasolina. Hemos utilizado la encuesta de 2019, que abarca aproximadamente 24.000 hogares. Para trasladar estos resultados al día de hoy, aplicamos la variación mensual del precio de la electricidad, del gas natural y de la gasolina a su correspondiente partida del gasto energético. Para el gas y la gasolina, consideramos que el consumo se mantiene constante, de manera que toda la variación proviene del aumento de precios. No obstante, para la electricidad no solo aplicamos el incremento de precios, sino que también ajustamos el consumo eléctrico de cada hogar según variaciones horarias, estacionarias y de nivel de renta.
Las Figuras 2A y 2B muestran que los impactos son dramáticos para los deciles con menor renta. De media, solamente el presupuesto energético llegaría al 35% de la renta total disponible de los hogares más pobres (y esto sin tener en cuenta los efectos inflacionarios de un aumento del precio de la energía sobre los precios de los otros bienes). Peor aún, este efecto medio esconde situaciones que serán insostenibles, y es que cerca de un 20% de los hogares del primer decil verán como más de la mitad de sus ingresos irán destinados a pagar la factura energética.
Tanto el gobierno como los mismos ciudadanos han tomado medidas para tratar de amortiguar el golpe. Ya en junio de 2021 el ejecutivo aprobó una reducción del IVA al 10%, además de la rebaja del Impuesto sobre la Electricidad al 0,5% en septiembre, medidas que se han mantenido hasta hoy [véase nota 1]. Estas rebajas fiscales han tenido un impacto en todos los consumidores, reduciendo la proporción de la renta destinada al gasto energético unos 2,6 puntos porcentuales para las rentas más bajas y 0,5 p.p. para las más altas, en promedio. Asimismo, en noviembre se amplió el descuento para los consumidores acogidos al bono social, lo cual benefició especialmente al primer y segundo decil de renta. Por otra parte, en septiembre se limitó el incremento de precios en la tarifa regulada del gas natural (Tarifa de Último Recurso o TUR). Esta contención de precios tuvo un impacto marginal en la factura energética del conjunto de la población, ya que solo el 20% de los hogares españoles que tienen contrato de gas pertenecen a la TUR.
Desde el punto de vista individual, los consumidores también pueden ajustar su consumo, ya sea para reducir directamente la factura que les llegará a fin de mes o para que, entre todos, desplacemos la curva de demanda agregada, lo que supondría una reducción del precio de equilibrio que afectaría no solo a nuestras unidades consumidas, sino a las totales del país. Aunque especulativo, en un primer análisis de predicción usando modelos de Machine Learning, concluimos que la respuesta conjunta de familias y empresas desde que empezó el año ha significado una reducción del consumo eléctrico alrededor del 5%.
Las razones pueden ser muy diversas, desde empresas que cierran temporalmente porque no pueden soportar un encarecimiento tan significativo del precio de sus inputs, a familias que deciden bajar 1ºC la calefacción de su hogar. Y precisamente dentro de los hogares, las posibilidades de actuación dependen crucialmente del nivel de ingresos del hogar. Por ejemplo, Natalia Fabra, Mar Reguant y coautores encuentran que son los hogares con menor renta los que relativamente pagan una mayor proporción de sus ingresos en energía durante el invierno, entre otros factores porqué es más probable que usen calefacción eléctrica. Esto hace que el incremento de precios no solo aumente en mayor proporción el gasto energético para los hogares más pobres mecánicamente, sino que su capacidad de reacción también es menor.
Y, mientras que a largo plazo la solución está clara (sustituir definitivamente los combustibles fósiles por energías renovables), a corto plazo se pueden modificar características del mercado eléctrico con el objetivo de “establecer mejor la relación entre los precios que pagan los consumidores y los costes medios de la producción eléctrica”, como llevan meses demandando algunos países de la Unión Europea.
El problema es el siguiente: el sistema marginalista no funciona cuando las energías con menores costes variables (básicamente las centrales hidroeléctricas y nucleares) no se pueden expandir ya sea por un motivo geográfico o político. En ese caso, se puede “sacar del sistema de casación estas tecnologías”, como apuntaba José Luis Ferreira, o “llevar a cabo una auditoría que revele cuáles son sus costes variables, y qué parte de sus costes fijos no han sido todavía recuperados a través de los diversos pagos regulados y beneficios de mercado que han recibido durante décadas para así establecer un precio para la generación nuclear e hidroeléctrica que les aporte una rentabilidad razonable”, como proponía recientemente Natalia Fabra.
Aunque queda por determinar cuál debe ser esa rentabilidad, utilizamos aquí el precio de referencia de 67/MWh establecido por el RDL 6/2022 [véase nota 2]. Pues bien, la Figura anterior compara los ya conocidos beneficios caídos del cielo del conjunto de centrales hidroeléctricas y nucleares (donde cero equivale a un precio de 67 €/MWh), con unas posibles transferencias directas a los hogares destinadas a limitar la proporción de ingresos dedicados a la energía. Los resultados no dejan lugar a dudas (ni desde un punto de vista de la eficiencia ni de la igualdad): solo con los beneficios adicionales obtenidos por la producción nuclear se podría limitar la factura de todas las familias españolas a un 20% de sus ingresos, ceteris paribus.
Todas las políticas pueden ayudar a paliar los efectos de una subida de precios, pero, sin reformas estructurales, pocas de ellas podrán evitar que pasemos de una crisis energética a una crisis social.
[1] El 24 de junio de 2021 el ejecutivo aprobó en el RDL 12/2021 una reducción del IVA del 21% al 10% para la factura de la luz. Dados los altos precios en el mercado mayorista, esta medida se ha prolongado hasta la actualidad. Asimismo, el RDL 17/2021 del 14 de septiembre redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5.1% al 0.5% y también limitó el precio del gas en la Tarifa de Último Recurso (TUR). En noviembre, el RDL 23/2021 amplió el descuento para los consumidores acogidos al bono social: para los consumidores vulnerables pasó del 25% al 60% y, para los vulnerables severos, del 40% al 70%.
[2] El pasado 29 de marzo, el RDL 6/2022 introdujo un amplio conjunto de medidas para paliar “las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. Entre ellas, además de incorporar una subvención de 20 céntimos a la gasolina, añade una minoración de la retribución de las instalaciones eléctricas de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero que afecta a los contratos a plazo a precio fijo con precio de cobertura superior a 67 €/MWh.