Lamentablemente nos ha tocado vivir una coyuntura donde la adecuada provisión de servicios públicos, servicios sociales y ayudas a los más desfavorecidos, de nuevo, protagonizan el debate público. El llamado sistema del bienestar y su cobertura depende, en gran medida, de nuestra predisposición a financiar este tipo de gastos, en su mayor medida redistributivos. Para ello necesitamos que una mayoría de votantes (que necesariamente comprenderá a individuos de rentas medias y altas) voten por subidas de impuestos ¿Están de acuerdo los más pudientes (y no tan pudientes) en financiar este tipo de medidas que incrementan el gasto? ¿Podemos hacer algo para incrementar esta disposición a pagar impuestos? En esta entrada intentaremos responder a estas preguntas.
La teoría tradicional basada en preferencias puramente egoístas sobre redistribución de la renta nos dice que las preferencias por impuestos decrecen con el nivel de renta (Romer (1975), Roberts (1977) y Meltzer and Richards (1981)). Esto es, individuos más pobres prefirieran tasas impositivas sobre la renta más altas ya que permiten una mayor redistribución de las rentas altas a las bajas. Empíricamente esta relación entre preferencias por redistribución y renta no se ha podido confirmar (Roemer, 1998). Existen varias teorías que intentan explicar esta contradicción. Por un lado, la más directa es la teoría basada en el supuesto de que los individuos no son puramente egoístas y presentan un cierto grado de altruismo y/o un disgusto por la desigualdad de la renta (Bolton and Ockenfels, 2000 y Fehr and Schmidt, 1999). Otras en cambio están basadas en la creencia de mejora de las rentas futuras (Bebabou and Ok, 2001) o bien en el riesgo de perder las ganancias obtenidas (Cusack, Iversen, & Rehm, 2006; Iversen & Soskice, 2001). Normalmente, un impuesto tiene una duración prolongada de una legislatura por lo que los individuos pobres (ricos) que creen que su renta mejorará (empeorara) podrían preferir impuestos bajos (altos) que se aplicarían a sus rentas futuras (hace un tiempo también se escribió un post aquí sobre este tema). Por otro lado, están las creencias sobre los principales determinantes de la riqueza individual. En un trabajo magistral del experto en la materia y tristemente reciente fallecido Alberto Alesina se demuestra que sociedades donde se cree que la suerte es un factor más importante frente al talento como generador de riqueza individual existe una mayor predisposición hacia la redistribución de la renta que en sociedades donde el talento se cree más determinante. Por último, el efecto de factores externos como la xenofobia o el racismo también pueden reducir las preferencias por los impuestos entre los más pobres frente a los más ricos (Lee and Roemer, 2006).
Todas estas teorías obvian la efectividad y adecuación del gasto. Como Antonio Cabrales muestra en un post anterior la predisposición individual hacia los impuestos y hacia la redistribución de la renta depende, entre otras cosas, del buen uso que se haga de lo recaudado. En este sentido nuestro trabajo Does the perception of benefit fraud shape tax attitudes in Europe? Junto a Ana I. Moro-Egido analiza el efecto de la visión general sobre el fraude en la obtención de beneficios públicos y transferencias sociales sobre las preferencias por los impuestos. Utilizando la encuesta European Social Survey entre otras bases de datos obtenemos que, en general, una peor percepción sobre fraude en el gasto social aminora la predisposición a pagar impuestos. Además dicho efecto viene dado principalmente por el 20% de los individuos con mayor renta. En particular obtenemos, contrariamente a la teoría tradicional, que los ricos pueden preferir más impuestos que la clase media cuando la percepción sobre el fraude en el disfrute de estos beneficios públicos es baja.
La buena noticia es que podemos conseguir que haya una mayor implicación de las rentas altas a financiar mejoras del sistema del bienestar. Para ello necesitamos que se crean que los receptores netos de este incremento de transferencias son honestos. Aquí debemos pararnos a diferenciar creencia de realidad. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Trades Union Congress (TUC) en 2012, mostró que, en promedio, el público británico cree que el 27% del presupuesto de asistencia social británico se reclama de manera fraudulenta, mientras que la propia cifra del gobierno es del 0,7%. Sospecho que este fenómeno se puede extrapolar a muchos países. El uso interesado de las redes sociales para inflar este tipo de creencias sobre el fraude de los programas de ayuda puede según nuestro estudio hacer tambalear el estado del bienestar. Por ello sería conveniente, como tantas veces se ha reivindicado aquí, un programa de evaluación asociado a cada política que implique un gasto público. Idealmente, la transparencia y el rigor en el uso de los datos pueden confrontar las calumnias que se publican a diario en las redes sociales y en la propaganda política y que hacen un flaco favor a la defensa del estado del bienestar.