La promesa de Ozempic va más allá del peso corporal

Por Tanya Surovtseva

Ser diagnosticado de diabetes conlleva una penalización sustancial en el mercado laboral: interrumpe trayectorias laborales y reduce el potencial de ingresos, especialmente entre personas mayores o con menor nivel educativo. La evidencia de Dinamarca ilustra la magnitud de este impacto: entre el trimestre anterior al diagnóstico y el inmediatamente posterior, el empleo cae tres puntos porcentuales, y los ingresos laborales incondicionales disminuyen alrededor de un 30%, debido en gran parte a que muchos trabajadores dejan de percibir ingresos (véase la figura 1). Estas pérdidas son iniciales, pero persisten en el tiempo.

El auge de los semaglutides y la complejidad de la política frente a la obesidad

En este contexto ha surgido una nueva clase de tratamiento con un potencial transformador: los semaglutides. Ozempic, un agonista del receptor GLP-1, fue aprobado en la UE el 8 de febrero de 2018 para el tratamiento de la diabetes tipo 2, tras haber recibido la aprobación en Estados Unidos en diciembre de 2017. Su adopción fue rápida: en el tercer trimestre de 2018, los médicos daneses emitieron aproximadamente 1.500 recetas de semaglutida, cifra que se acercaba a las 420.000 en el mismo trimestre de 2023. Ese mismo año, el gasto del gobierno danés en estos medicamentos superó los 200 millones de dólares, alrededor del 8 % del gasto farmacéutico total. Aunque Dinamarca cuenta con datos excepcionales y un contexto político bien documentado, se observan tendencias similares en otros países de altos ingresos.

Originalmente indicado para la diabetes, el efecto adelgazante de los semaglutidos ha impulsado su uso creciente en el tratamiento de la obesidad, una evolución que plantea desafíos complejos para las políticas públicas. La obesidad es un factor de riesgo importante para numerosas comorbilidades, pero también tiene una dimensión conductual, social y contextual relevante. Como resultado, las preguntas sobre quién debe pagar, en qué condiciones y para quién se han vuelto cada vez más controvertidas.

Además, el uso de semaglutides tiene implicaciones que van más allá de la salud. Como muestra la evidencia emergente de Dinamarca, el acceso a semaglutides también puede tener efectos positivos significativos en el mercado laboral, ofreciendo una posible justificación económica para la intervención pública que complemente los argumentos médicos.

Evidencia desde Dinamarca: efectos de los semaglutides en el mercado laboral

Los economistas Alemán, Groes, Narasimhan, Santaeulàlia-Llopis y Surovtseva, en el proyecto “The Ozempic Economy: Sugar Addiction, Labor Market and Optimal Subsidies”, analizan precisamente si los semaglutides pueden ayudar a mitigar las penalizaciones laborales asociadas con la diabetes y la obesidad. Utilizando datos administrativos daneses entre 2014 y 2024, siguen a una cohorte de personas de entre 23 y 65 años de edad que fueron diagnosticadas recientemente de diabetes entre 2016 y 2022, observando trimestre a trimestre sus ingresos, empleo y salud. Cerca de un tercio de este grupo inicia tratamiento con semaglutides durante el periodo de observación, lo que permite estimar el impacto causal del fármaco mediante un diseño de diferencias en diferencias con análisis de eventos.

Dada la complejidad política en torno a los copagos y la focalización en los grupos vulnerables, los resultados reducidos sirven como base empírica para un modelo estructural que simula los efectos fiscales y conductuales a largo plazo bajo distintos esquemas de subsidios. Este modelo aborda una cuestión central: ¿quién debe asumir el coste de los tratamientos con semaglutida —el gobierno, los empleadores o los pacientes— y en qué condiciones estos subsidios son fiscalmente sostenibles y socialmente justificables?

El modelo incorpora dinámicas de salud, trayectorias de ingresos y decisiones conductuales a lo largo del ciclo de vida, permitiendo que el estado de salud y el acceso a semaglutides influyan en las decisiones laborales. Además, permite captar la heterogeneidad en la adopción del medicamento, la adherencia al tratamiento y los efectos sobre la productividad a lo largo de la distribución de ingresos. Para orientar el diseño de políticas reales, los autores simulan alternativas como esquemas de reembolso universal, copagos proporcionales a los ingresos y diseños híbridos que incluyen impuestos al azúcar. Las simulaciones muestran cómo cada esquema se desempeña en términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad fiscal.

Las simulaciones del modelo ofrecen dos conclusiones clave: un aumento de la oferta laboral y una sustitución conductual que reduce la actividad física. Como se muestra en la figura 2, las personas con acceso a Ozempic trabajan más horas que aquellas sin acceso, y los aumentos en la oferta laboral son consistentes entre distintos niveles educativos. Al mismo tiempo, el modelo revela una contrapartida: subsidios más generosos conllevan una mayor dependencia del fármaco y una reducción en el ejercicio físico. Esto subraya la necesidad de un diseño de políticas coordinado, donde los subsidios a medicamentos se complementen con intervenciones que fomenten cambios de estilo de vida sostenibles.

Para estimar los efectos causales de los semaglutides sobre el empleo y los ingresos, se implementan dos estrategias de identificación complementarias usando un diseño de diferencias en diferencias con análisis de eventos. La primera compara nuevos usuarios de semaglutides con un grupo de control formado por diabéticos recién diagnosticados que comienzan tratamiento con insulina, capturando así cómo se comporta el nuevo tratamiento en relación con el estándar vigente. La segunda compara a personas que continúan con semaglutides durante al menos tres trimestres consecutivos tras la primera receta con aquellas que interrumpen antes. Dado que los efectos secundarios y la tolerancia varían entre individuos, esta estrategia aprovecha la variación cuasi-aleatoria en la adherencia condicional al inicio.

Ambas estrategias controlan por efectos fijos de calendario y características individuales, y se implementan en un panel equilibrado estructurado en torno al inicio del tratamiento. Los resultados se miden trimestralmente, con especial atención a los efectos en el margen extensivo, ya que gran parte del impacto observado en ingresos se debe a las transiciones hacia dentro y fuera del empleo.

La figura 3 muestra el impacto estimado del uso de semaglutides sobre el ingreso laboral incondicional (sin condicionar en el empleo), una métrica clave. No obstante, el análisis incluye otras dimensiones del mercado laboral: empleo, horas trabajadas e ingresos totales. Estas estimaciones reducidas sustentan el modelo estructural que se utiliza para evaluar las consecuencias fiscales a largo plazo, las respuestas conductuales (como la reducción en actividad física) y el diseño óptimo de subsidios, incluyendo precios diferenciados por nivel de ingresos y posibles complementariedades con impuestos al azúcar.

Repensar los subsidios públicos: de la salud al beneficio económico

Cuando comparamos a nuevos usuarios de semaglutides con diabéticos que inician tratamiento con insulina, surgen diferencias claras. Los ingresos laborales incondicionales caen en el grupo con insulina tras iniciar el tratamiento, mientras que aumentan de forma sostenida entre quienes comienzan con semaglutides. Esta divergencia, reflejada en el aumento diferencial de ingresos que se muestra en el panel A de la figura 3, sugiere que los semaglutides no son solo una forma más costosa de obtener alivio metabólico, sino que generan beneficios económicos específicos. Después de seis trimestres en tratamiento, los ingresos de los usuarios de semaglutides son cerca de un 30 % más altos que los del grupo con insulina.

Una segunda perspectiva afina aún más el análisis. Entre los usuarios de semaglutides, aquellos que siguen el tratamiento durante al menos tres trimestres consecutivos presentan un aumento de entre el 10 % y el 20 % en los ingresos incondicionales en dos años, en comparación con quienes lo interrumpen antes. Estas ganancias provienen principalmente del reingreso al empleo más que del aumento salarial, lo que resalta el papel de la adherencia terapéutica en la recuperación de la capacidad laboral. Los efectos no son homogéneos: las mayores mejoras se observan entre personas mayores y con menor nivel educativo.

El coste público medio por cada usuario adherente es de unos 2.000 dólares al año. Con los tipos impositivos daneses, el aumento medio de ingresos observado genera cerca de 1.850 dólares en ingresos fiscales adicionales anuales, por lo que el balance fiscal se acerca al punto de equilibrio al cabo de doce meses. Dado que los efectos sobre ingresos se concentran en los primeros trimestres y que la mayoría de los pacientes se acerca a la edad de jubilación, el subsidio se amortiza bien antes del retiro. A esto se suman las ganancias intangibles en salud, lo que refuerza aún más el argumento a favor de los subsidios.

Pero la heterogeneidad importa. Un reembolso universal transfiere fondos públicos a personas con altos ingresos que probablemente hubieran comprado el fármaco de todos modos, mientras que los mayores beneficios laborales se concentran en la parte baja de la distribución de ingresos. Un copago progresivo —gratis o barato para diabéticos de bajos ingresos, precio completo para no diabéticos acomodados— podría resolver la disyuntiva entre equidad y eficiencia.

Una agenda más amplia

Una advertencia: la evidencia clínica sugiere que, entre los pacientes con pérdida rápida de peso, puede producirse una pérdida de masa muscular magra, algo que los datos de ingresos no captan directamente. Si este efecto resulta ser significativo, podrían ser necesarias políticas complementarias, como fisioterapia financiada o mejoras ergonómicas en el trabajo, para consolidar las ganancias en productividad. También estamos ampliando el análisis a la población no diabética, ahora elegible para Wegovy, donde el cálculo fiscal puede diferir.

Aun así, la lección principal es clara: los semaglutides no son solo una intervención de salud, sino un programa de política laboral cuyos retornos compiten con muchas estrategias activas de empleo. Ignorar esta dimensión es dejar dinero y vidas laborales sobre la mesa.