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La calidad institucional es un factor decisivo

Culminamos (de momento) nuestra serie de entradas sobre los galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024 con la aportación de dos de los académicos que más han contribuido al debate sobre las deficiencias en calidad institucional en España, los profesores A. Novales y C. Sebastián. 

Por Alfonso Novales (Universidad Complutense y Real Academia de Ciencias Morales y Políticas) y Carlos Sebastián (Universidad Complutense)

Los receptores del premio Nobel en economía de 2024, D. Acemoglu, S. Johnson y J. Robinson, han proporcionado una interpretación de las diferencias que se observan en el grado de progreso económico entre distintas regiones y países, así como de su persistencia en el tiempo, apelando a la calidad de su estructura institucional como un factor determinante. A su juicio, otros factores que se han aducido como explicativos del distinto grado de desarrollo, como la localización geográfica, o los avances culturales, están relacionados con la estructura institucional de los países, pero no pueden explicar las diferencias observadas en el progreso de los países sobre periodos dilatados de tiempo.

Su investigación sobre este tema, realizada lo largo de décadas, se basó inicialmente en el examen de las experiencias de colonización de amplias regiones del mundo por parte de países europeos. Observaron que, en regiones altamente pobladas, en las cuales la resistencia a la colonización podía ser mas fuerte, el propósito de los colonizadores fue explotar la fuerza de trabajo aportada por la población indígena y extraer sus recursos naturales. La elevada densidad poblacional también favorecía la expansión de enfermedades, generando una mortalidad elevada. No pudiendo consolidar su permanencia masiva debido a la alta mortalidad, los colonizadores se asociaron con una élite local para llevar a cabo su experiencia colonizadora, basada en instituciones extractivas, y generando un beneficio para los países colonizadores durante un período relativamente corto.

En otras zonas, generalmente menos densamente pobladas, hubo menor mortalidad y mayor número de colonizadores, quienes pudieron construir sistemas económicos y políticos inclusivos, en beneficio de la población local. En estos casos, los países colonizadores obtuvieron un beneficio más duradero.

La diferencia de estructura institucional tuvo un efecto trascendental a largo plazo: las regiones más pobladas, inicialmente más ricas, prosperaron poco y son hoy regiones menos ricas; cuentan actualmente con instituciones económicas y políticas de menor calidad, y mayores niveles de corrupción. Por el contrario, las que estaban inicialmente poco pobladas y contaban con pocos recursos, son hoy algunas de las áreas más prósperas, y cuentan generalmente con instituciones económicas y políticas de mayor calidad, y menores niveles de corrupción política y legal.

Acemoglu, Johnson y Robinson también mostraron la importancia de preservar la calidad institucional, pues cuando las instituciones se deterioran, la tendencia es difícil de romper. Explicaron cómo en sociedades desiguales, algunos grupos pueden apropiarse del poder político informal (o de facto), promoviendo instituciones económicas favorables a sus intereses, en el intento de que los mecanismos de distribución perpetúen la disparidad inicial de renta y, con ello, puedan mantener su influencia sobre el poder político [Acemoglu et al. (2005)]. Es una visión de la organización social que contempla una jerarquía natural, en la que las instituciones políticas influyen sobre la naturaleza de las instituciones económicas, cuestión de la mayor trascendencia, puesto que éstas últimas determinan los resultados económicos y su distribución en la sociedad. Los grupos próximos al poder tratarán también de impedir cambios en las instituciones políticas formales (de iure), para mantener su posición de privilegio. Por tanto, en estas sociedades, las instituciones políticas serán duraderas y también lo serán las características de las instituciones económicas.

De este modo, la endogeneidad de las instituciones económicas confiere a la calidad institucional una fuerte inercia que es difícil de truncar. Los ciudadanos perciben que la estructura institucional garantiza a quienes están en el poder su continuidad en el mismo, por lo que las promesas de reformas que puedan hacer no serán del todo creíbles, y no afectarán al comportamiento de los ciudadanos, ni al modo en que toman sus decisiones, generándose una brecha creciente entre clases sociales.

En tal contexto de deficiente calidad institucional, el deterioro social puede llegar a producir un conflicto político que altere la relación de fuerzas entre los distintos grupos que configuran la sociedad; alternativamente, en algunos países el cambio se ha producido mediante un proceso de reforma aperturista por parte de la clase dirigente. También puede producirse una mejoría democrática si el mecanismo distributivo de la renta es mínimamente equitativo, permitiendo el acceso de nuevos ciudadanos a las clases dirigentes. Sus valores pueden pasar entonces a jugar un papel relevante en la evolución a través del tiempo de las instituciones políticas formales e informales, es decir, en la evolución de las normas y leyes promulgadas y en su grado de cumplimiento.

En buena parte como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por los tres profesores galardonados con el Nobel, la calidad institucional es aceptada actualmente como una de las causas que explica las diferentes características que adopta el desarrollo en distintos países. [Aquí, aquí y aquí se analizan algunas deficiencias en calidad institucional que pueden estar lastrando la eficiencia de la economía española]. También pusieron en lugar prominente en su análisis la calidad de las reglas y prácticas que regulan las decisiones de los agentes (las instituciones económicas de carácter informal). En particular, sabemos que el crecimiento económico puede reducir la desigualdad cuando unas adecuadas instituciones económicas redistribuyen convenientemente la riqueza generada por el mayor crecimiento. También sabemos que puede suceder que un sistema redistributivo de baja calidad provoque que el crecimiento económico beneficie a los más favorecidos, acentuando las desigualdades.

Por otra parte, aunque las estrategias de reducción de la pobreza continúan basándose, justificadamente, en impulsar el crecimiento económico, Bourgignon (2003) mostró que éste explica únicamente una cuarta parte de la reducción de la pobreza. En efecto, algunos países experimentan episodios de fuerte crecimiento sin apenas reducción de la pobreza, mientras que otros países alivian la pobreza sin disfrutar de un crecimiento económico potente. Fosu (2017) mostró que otros factores relevantes para explicar los descensos en el nivel de pobreza cuando una economía crece son el nivel de desigualdad, y la calidad institucional. [Aquí y aquí se analizan en detalle las relaciones entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza]. Suele decirse que la reducción de la desigualdad ofrece un doble dividendo en la lucha contra la pobreza, porque una menor desigualdad favorece el crecimiento económico, y también hace que el crecimiento tenga un mayor efecto reductor de la pobreza. Exactamente lo mismo puede decirse de la mayor calidad institucional, por idénticas razones.

La investigación de Acemoglu, Johnson y Robinson ha prestado atención generalmente a periodos históricos amplios, y ha abierto grandes vías de pensamiento en el desarrollo económico. Otras áreas de pensamiento podrían favorecerse de sus aportaciones, quizá incluso en el análisis de períodos más reducidos. En particular, los análisis comparados de productividad, que tan importantes son para España, continúan sin hacer suficiente referencia a la calidad institucional como causa de las diferencias entre países, lo que, en cambio, resulta evidente a partir del análisis de los autores galardonados con el premio Nobel.

De Acemoglu, Johnson y Robinson hemos aprendido, en definitiva, que no cabe analizar las posibilidades de progreso social y económico de un país sin considerar su calidad institucional. Tampoco es riguroso anticipar los posibles resultados de una determinada política económica al margen de la calidad de sus instituciones políticas, legales y económicas, tanto de carácter formal como informal. Velar por la mayor calidad institucional debe ser tarea permanente de todo gobierno plenamente democrático, porque cualquier deterioro es difícil de revertir, pero requiere un firme convencimiento y la colaboración de muchos actores, cuya confianza todo gobierno debe saber lograr y mantener.