Por Dirk Foremny, Pilar Sorribas-Navarro y Judit Vall
En un estudio muy preliminar cuyos resultados iniciales acabamos de publicar aquí, intentamos responder a la pregunta de si la aparición en España de la COVID-19 y la presión que ha supuesto para el sistema de salud público ha modificado la disposición de los ciudadanos a financiar la sanidad pública. También analizamos los efectos sobre algunas de las dimensiones que determinan la salud mental de la población. Para ello diseñamos un cuestionario en el que las preguntas más relevantes se pudieran comparar con las formuladas en encuestas anteriores, en concreto, la Encuesta Nacional de Salud de 2017 y el Barómetro Sanitario de 2018.
A través de una empresa especializada en la recogida de datos, respondieron la encuesta 1097 personas, distribuidas por comunidades autónomas, sexos y grupos de edad de tal manera que la muestra resulta representativa respecto a esas tres variables. Las respuestas se obtuvieron entre el 2 y 3 de abril, es decir, durante la tercera semana de confinamiento, que fue la primera de confinamiento total.
En el momento de nuestro experimento, en todo el territorio español había más de 100 000 casos confirmados de COVID-19. Además, cada día se diagnosticaban más de 5000 nuevos casos y se registraban más de 800 muertes directamente atribuibles a dicha enfermedad (en este blog ya hemos comentado con anterioridad que las cifras de mortalidad son un poco más complicadas de calcular de lo que pueda parecer: aquí y aquí).
Queremos destacar dos áreas importantes en las que se centra la encuesta: la primera son los efectos sobre la salud mental de la población y la segunda son los efectos de un experimento en el que informábamos sobre elementos reales de la COVID-19 para evaluar cómo afectaba esa información a la disposición a financiar la sanidad pública.
Respecto a los efectos sobre la salud mental, planteamos cuatro preguntas cuyas respuestas se podían comparar con las de preguntas equivalentes de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2017. Las preguntas eran las siguientes: 1) Durante las últimas semanas, ¿sientes que tus preocupaciones te han hecho perder mucho sueño? 2) Durante las últimas 2 semanas, ¿te has notado constantemente agobiado/a y en tensión? 3) Durante las últimas 2 semanas, ¿has tenido la sensación de que no puedes superar tus dificultades? 4) Durante las últimas 2 semanas, ¿te has sentido poco feliz o deprimido/a? Para las cuatro preguntas, las respuestas posibles eran las siguientes: no, en absoluto; no más de lo habitual; algo más de lo habitual; mucho más de lo habitual; no sé; prefiero no contestar.
A modo ilustrativo, en la figura 1 mostramos el resultado de las respuestas a una de esas preguntas. Como se observa, comparado con las respuestas de la ENS de 2017, tanto el porcentaje de personas que se sienten constantemente más agobiadas y en tensión de lo habitual como el de las que se sienten mucho más agobiadas de lo habitual aumentan de manera espectacular en las respuestas del 2 y 3 de abril. A nuestro parecer, es un efecto muy importante en términos de magnitud, ya que las personas que afirman estar algo más agobiadas de lo habitual pasan del 20 % al 40 % y las que se sienten constantemente mucho más agobiadas y en tensión de lo habitual suben del 4 % al 19 %.
Figura 1. Porcentaje de personas que se notan constantemente agobiadas y en tensión en 2017 y en 2020.
Este es un patrón que se repite en las cuatro preguntas que miden los efectos de la aparición de la COVID-19 sobre algunas manifestaciones de la salud mental de la población.
En el estudio también detallamos que tales efectos se distribuyen entre la población por sexo, grupo de edad, renta familiar, ocupación y nivel de formación. En general, la afectación negativa se produce en todos los grupos de población aunque es menor en los individuos que disponen de un ingreso estable, como los funcionarios y los pensionistas.
El segundo aspecto importante de nuestro estudio se refiere a los resultados de la parte experimental. Durante la encuesta, mostramos un video corto a un tercio de los participantes y un segundo video a otro tercio; el tercio restante actúa como grupo de control y no está expuesto a ningún tratamiento. El primero de los vídeos presenta información sobre la tasa de letalidad (“fatality rate”) por grupos de edad, mientras que el segundo video muestra la tasa de incidencia de la enfermedad en las distintas comunidades autónomas. En ambos casos, los datos proporcionados son los oficiales para el 1 de abril en España y se obtuvieron en la página web del Ministerio del Interior.
Nuestro objetivo es valorar si la disposición a pagar para financiar la sanidad pública se ve afectada por cierta información y, sobre todo, si esa influencia es mayor en personas que tienen familiares en el mayor grupo de riesgo (que definimos como mayores de 60 años) o que pertenecen a él en el caso del primer video y, en el del segundo, si el efecto es mayor en personas que viven en regiones con más incidencia de la enfermedad.
Estudiamos el efecto que tiene ver los videos sobre la valoración de la distribución del presupuesto público entre nueve partidas (una de ellas salud); asimismo, analizamos la disposición individual a transferir parte de la renta a pagar un nuevo impuesto destinado a financiar una de tres innovaciones médicas relacionadas con la COVID-19 (asignadas de manera aleatoria a los participantes): investigación para encontrar una vacuna, investigación para descubrir nuevos tratamientos o más camas de UCI en los hospitales.
Si en el Barómetro Sanitario de 2018 el 25 % de los encuestados afirmaba que la salud es el servicio público de mayor importancia, este porcentaje aumenta hasta el 58 % en nuestro estudio (véase la figura 2). Entre los entrevistados que vieron el video que informaba de la tasa de letalidad por grupos de edad, aumentó de manera significativa la proporción de los que estaban dispuestos a pagar para financiar la salud pública; esta respuesta se incrementa en el grupo más expuesto al riesgo (personas de más de 60 años).
Figura 2. Partida presupuestaria más valorada en 2018 y en 2020.
Por último, los resultados que obtuvimos muestran que existe disposición a pagar un nuevo impuesto (el 80 % de los encuestados así lo afirman) para poder financiar innovaciones médicas que permitan que el sistema de salud esté más preparado para afrontar en el futuro una crisis de salud similar a la actual. La disposición a pagar con dinero propio es mucho mayor si lo que se financia es el aumento de la capacidad de camas en las UCI de los hospitales (58 €/mes) comparado con la investigación para encontrar nuevos tratamientos médicos (29 €/mes) o para encontrar una vacuna (35 €/mes), como se muestra en la figura 3.
Figura 3. Disposición a pagar para mejorar la gestión de la crisis sanitaria.
En el caso del segundo tratamiento, las personas que son informadas de la incidencia de la enfermedad en cada una de las comunidades autónomas también muestran mayor disposición a pagar para financiar nuevos tratamientos médicos.
Creemos que estos resultados son importantes y pueden resultar útiles para plantear las posibles políticas públicas que será necesario implementar cuando superemos la situación de emergencia de corto plazo. Pensamos que es crucial empezar a planificar las siguientes fases y, en relación con ello, los resultados de este estudio resaltan la necesidad de pensar en programas que permitan recuperar el estado de salud mental anterior a la aparición de la pandemia, ya que la magnitud de los efectos negativos mostrados sugiere que estos pueden ser persistentes a medio y largo plazo.