Influencia de la COVID-19 en la disposición a financiar la Sanidad Pública

Por Dirk Foremny, Pilar Sorribas-Navarro y Judit Vall

En un estudio muy preliminar cuyos resultados iniciales acabamos de publicar aquí, intentamos responder a la pregunta de si la aparición en España de la COVID-19 y la presión que ha supuesto para el sistema de salud público ha modificado la disposición de los ciudadanos a financiar la sanidad pública. También analizamos los efectos sobre algunas de las dimensiones que determinan la salud mental de la población. Para ello diseñamos un cuestionario en el que las preguntas más relevantes se pudieran comparar con las formuladas en encuestas anteriores, en concreto, la Encuesta Nacional de Salud de 2017 y el Barómetro Sanitario de 2018.

A través de una empresa especializada en la recogida de datos, respondieron la encuesta 1097 personas, distribuidas por comunidades autónomas, sexos y grupos de edad de tal manera que la muestra resulta representativa respecto a esas tres variables. Las respuestas se obtuvieron entre el 2 y 3 de abril, es decir, durante la tercera semana de confinamiento, que fue la primera de confinamiento total.

En el momento de nuestro experimento, en todo el territorio español había más de 100 000 casos confirmados de COVID-19. Además, cada día se diagnosticaban más de 5000 nuevos casos y se registraban más de 800 muertes directamente atribuibles a dicha enfermedad (en este blog ya hemos comentado con anterioridad que las cifras de mortalidad son un poco más complicadas de calcular de lo que pueda parecer: aquí y aquí).

Queremos destacar dos áreas importantes en las que se centra la encuesta: la primera son los efectos sobre la salud mental de la población y la segunda son los efectos de un experimento en el que informábamos sobre elementos reales de la COVID-19 para evaluar cómo afectaba esa información a la disposición a financiar la sanidad pública.

Respecto a los efectos sobre la salud mental, planteamos cuatro preguntas cuyas respuestas se podían comparar con las de preguntas equivalentes de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2017. Las preguntas eran las siguientes: 1) Durante las últimas semanas, ¿sientes que tus preocupaciones te han hecho perder mucho sueño? 2) Durante las últimas 2 semanas, ¿te has notado constantemente agobiado/a y en tensión? 3) Durante las últimas 2 semanas, ¿has tenido la sensación de que no puedes superar tus dificultades? 4) Durante las últimas 2 semanas, ¿te has sentido poco feliz o deprimido/a? Para las cuatro preguntas, las respuestas posibles eran las siguientes: no, en absoluto; no más de lo habitual; algo más de lo habitual; mucho más de lo habitual; no sé; prefiero no contestar.

A modo ilustrativo, en la figura 1 mostramos el resultado de las respuestas a una de esas preguntas. Como se observa, comparado con las respuestas de la ENS de 2017, tanto el porcentaje de personas que se sienten constantemente más agobiadas y en tensión de lo habitual como el de las que se sienten mucho más agobiadas de lo habitual aumentan de manera espectacular en las respuestas del 2 y 3 de abril. A nuestro parecer, es un efecto muy importante en términos de magnitud, ya que las personas que afirman estar algo más agobiadas de lo habitual pasan del 20 % al 40 % y las que se sienten constantemente mucho más agobiadas y en tensión de lo habitual suben del 4 % al 19 %.

Figura 1. Porcentaje de personas que se notan constantemente agobiadas y en tensión en 2017 y en 2020.

Este es un patrón que se repite en las cuatro preguntas que miden los efectos de la aparición de la COVID-19 sobre algunas manifestaciones de la salud mental de la población.

En el estudio también detallamos que tales efectos se distribuyen entre la población por sexo, grupo de edad, renta familiar, ocupación y nivel de formación. En general, la afectación negativa se produce en todos los grupos de población aunque es menor en los individuos que disponen de un ingreso estable, como los funcionarios y los pensionistas.

El segundo aspecto importante de nuestro estudio se refiere a los resultados de la parte experimental. Durante la encuesta, mostramos un video corto a un tercio de los participantes y un segundo video a otro tercio; el tercio restante actúa como grupo de control y no está expuesto a ningún tratamiento. El primero de los vídeos presenta información sobre la tasa de letalidad (“fatality rate”) por grupos de edad, mientras que el segundo video muestra la tasa de incidencia de la enfermedad en las distintas comunidades autónomas. En ambos casos, los datos proporcionados son los oficiales para el 1 de abril en España y se obtuvieron en la página web del Ministerio del Interior.

Nuestro objetivo es valorar si la disposición a pagar para financiar la sanidad pública se ve afectada por cierta información y, sobre todo, si esa influencia es mayor en personas que tienen familiares en el mayor grupo de riesgo (que definimos como mayores de 60 años) o que pertenecen a él en el caso del primer video y, en el del segundo, si el efecto es mayor en personas que viven en regiones con más incidencia de la enfermedad.

Estudiamos el efecto que tiene ver los videos sobre la valoración de la distribución del presupuesto público entre nueve partidas (una de ellas salud); asimismo, analizamos la disposición individual a transferir parte de la renta a pagar un nuevo impuesto destinado a financiar una de tres innovaciones médicas relacionadas con la COVID-19 (asignadas de manera aleatoria a los participantes): investigación para encontrar una vacuna, investigación para descubrir nuevos tratamientos o más camas de UCI en los hospitales.

Si en el Barómetro Sanitario de 2018 el 25 % de los encuestados afirmaba que la salud es el servicio público de mayor importancia, este porcentaje aumenta hasta el 58 % en nuestro estudio (véase la figura 2). Entre los entrevistados que vieron el video que informaba de la tasa de letalidad por grupos de edad, aumentó de manera significativa la proporción de los que estaban dispuestos a pagar para financiar la salud pública; esta respuesta se incrementa en el grupo más expuesto al riesgo (personas de más de 60 años).

Figura 2. Partida presupuestaria más valorada en 2018 y en 2020.

Por último, los resultados que obtuvimos muestran que existe disposición a pagar un nuevo impuesto (el 80 % de los encuestados así lo afirman) para poder financiar innovaciones médicas que permitan que el sistema de salud esté más preparado para afrontar en el futuro una crisis de salud similar a la actual. La disposición a pagar con dinero propio es mucho mayor si lo que se financia es el aumento de la capacidad de camas en las UCI de los hospitales (58 €/mes) comparado con la investigación para encontrar nuevos tratamientos médicos (29 €/mes) o para encontrar una vacuna (35 €/mes), como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Disposición a pagar para mejorar la gestión de la crisis sanitaria.

En el caso del segundo tratamiento, las personas que son informadas de la incidencia de la enfermedad en cada una de las comunidades autónomas también muestran mayor disposición a pagar para financiar nuevos tratamientos médicos.

Creemos que estos resultados son importantes y pueden resultar útiles para plantear las posibles políticas públicas que será necesario implementar cuando superemos la situación de emergencia de corto plazo. Pensamos que es crucial empezar a planificar las siguientes fases y, en relación con ello, los resultados de este estudio resaltan la necesidad de pensar en programas que permitan recuperar el estado de salud mental anterior a la aparición de la pandemia, ya que la magnitud de los efectos negativos mostrados sugiere que estos pueden ser persistentes a medio y largo plazo.

Hay 11 comentarios
  • En una encuesta hecha en Francia durante la invasión nazi, el 80% de los encuestados estuvieron de acuerdo en dedicar más dinero a defensa. Los ingleses que estuvieron en Dunkerque eran, sin embargo, más propensos a gastarlo en barcos de evacuación.

    “existe disposición a pagar un nuevo impuesto (el 80 % de los encuestados así lo afirman) para poder financiar innovaciones médicas”, lo que es asombroso es que todavía existan encuestados que piensan que existen los impuestos finalistas. En un estado que se financia con déficits que más que duplica las contribuciones teóricas de las que habla el artículo ¿como sabemos que lo que estamos dedicando a hospitales no es, precisamente el déficit?. A lo mejor los 58 € esos van al Ministerio de Igualdad ¿o es que vamos a apuntar el número de serie de los billetes con los que liquidemos impuestos?

    Con encuestados así, que se lo creen todo, cualquier cosa.

    • Hola Jose Pablo, está claro que los impuestos no son finalistas y, en verdad, yo creo que esto la población lo entiende. Con este tipo de preguntas lo que nos interesa saber es la importancia relativa que la población asigna a las diferentes actividades financiadas por el gobierno y como esto se ha visto modificado por la aparición del COVID-19.

  • Por cierto, una pregunta muy interesante en la encuesta habría sido si esa dotación adicional a la salud pública (adicional, por cierto, a los 1,600 euros por persona que ya nos gastamos) queremos financiarla con nuevos impuestos o con déficit.

    De hecho, el “framing” adecuado para la pregunta habría sido:

    “Dado que:

    a) el Covid19 es un fenómeno temporal y que

    b) conviene que las familias españolas tengan ahora más renta disponible para facilitar la salida de la crisis

    ¿cree usted que el incremento de gasto debería financiarse con impuestos adicionales o con déficit?”

    [Por supuesto con una pregunta previa que descalifique para la encuesta a quienes conozcan los trabajos de Ricardo … si queda alguno]

    No puedo esperar a conocer los resultados ….

    • Hola Jose Pablo, gracias por tu comentario y la propuesta de pregunta. Cuando diseñamos el cuestionario, intentamos hacerlo de la manera menos sugestiva y más neutra posible, aunque a veces esto no resulta nada fácil.

  • Judit, respecto al segundo punto del análisis. Más allá de las críticas al tipo de experimento usado por ustedes, en tiempos de tragedias no tiene sentido alguno preguntar por las demandas de servicios públicos que facilitarían la prevención o la mitigación de los daños de tragedias futuras, o por el financiamiento de una mayor oferta de esos servicios. La pregunta relevante no es lo que ocurre DURANTE una tragedia; la pregunta es lo que ocurre DESPUES cuando se reconoce que no hubo preparación adecuada y que puede volver a ocurrir aunque su probabilidad sea tan baja como antes de la tragedia en curso.

    En https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674016095
    David Moss intentó un análisis serio de la gestión de riesgos (pero no de la incertidumbre a la Knight) por parte del gobierno federal de EEUU. Si uno observa tragedias recientes en EEUU (posteriores a la publicación del libro) verá que “la preparación” nunca fue adecuada, deficiencia que a mi juicio se debe a la incertidumbre sobre los servicios adicionales requeridos por tragedias futuras. Lo que si queda claro es que en el curso de una tragedia, el gobierno (Administración + Congreso) no ha tenido problema para financiar servicios adicionales o compensar daños.

    No conozco las experiencias de España y otros países europeos pero apuesto a que no difieren mucho de lo ocurrido en EEUU.

    • Hola Enrique, muchas gracias por tu comentario y por la referencia. A nuestro parecer resulta igual de interesante poder estudiar como se modifica la disposición a pagar por los servicios públicos tanto durante como después de la tragedia. Así, nuestra intención es repetir la encuesta una o dos veces más para poder entender si existe un patrón temporal en la disposición a pagar por la sanidad pública.

      • Judit, recién leo

        https://elpais.com/sociedad/2020-04-24/espana-es-el-pais-con-mas-contagios-entre-el-personal-sanitario.html

        Supongo que una vez que pase la tragedia tendremos mucho más claro qué pasó en España y en particular qué pasó con su sistema sanitario. En este momento todo apunta a una gestión horrible de los recursos disponibles y si así fuera preguntar por un mayor financiamiento para el sistema sanitario debería estar condicionado a una reforma fuerte de la gestión.

        Peor, si algo parece cierto sobre lo que ha estado ocurriendo en España y el resto del mundo, es que los mayores de 65 años constituyen una mayoría absoluta de los muertos. Quizás cuando se tengan mejores datos –los datos hoy disponibles son horribles en todos los países, incluyendo España, y es grotesco que se pierda tiempo en análisis estadísticos basados en ellos– ni siquiera eso sea verdad. Pero suponiendo que sí lo sea, cualquier evaluación de la gestión del sistema sanitario debe incluir a la gestión de las residencias de adultos mayores porque no puede ignorarse la probabilidad de un grado alto de complementariedad.

        • Buenos días Enrique, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Ahora todavía no es el momento, pero muchas de las cosas que han pasado se tendrán que evaluar y explicar y mucha de la gestión y organzación en el ámbito sanitario tendrá que ser repensada. El tema de las residencias también (espero) que sea un cuestión de debate intenso porque me consta que desde el sector hace tiempo que se reclama más atención para cambiar y reformular algunos aspectos. Gracias por compartir tus comentarios.

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