“Fugas” empresariales y operetas

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Por Alfonso Novales (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)

El anuncio de Ferrovial de mover su sede a Países Bajos ha suscitado duras críticas del gobierno, a la vez que ha sido utilizado por parte de la oposición para criticar la orientación de la política social y económica de la actual legislatura. En anticipación de un intenso calendario electoral, todo ello no conduce sino a desfigurar lo que debería ser una reflexión colectiva sobre el modelo de país que queremos construir para las próximas décadas. Especialmente, porque el desarrollo de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo propósito es impulsar un proceso de transformación estructural y abordar una modernización de la economía española, “comparable a la que supuso la incorporación a la UE en 1986”, debería estar guiado por ese tipo de reflexión colectiva.

Las cosas se podían haber hecho mejor, en beneficio de todos. No era necesario que la empresa sugiriese en su comunicado posibles deficiencias de nuestro sistema institucional, incluso si tales aspectos son realmente una de las principales motivaciones de su decisión. Tampoco las razones aportadas para explicar el traslado de sede son muy convincentes, salvo quizá el acceso a costes de financiación menos volátiles, que puede traducirse en mejores condiciones en sus emisiones de deuda corporativa. Tratándose de una de las principales empresas españolas, también parecería lógico que la decisión se hubiese explicado, en privado, al presidente del gobierno y a sus responsables económicos, antes de saltar a los medios de comunicación.

Aunque el traslado de Ferrovial se ajuste a la legalidad y las negativas reacciones que está suscitando pudieran no estar justificadas, resulta evidente que hay aspectos de implicación social que, especialmente en una economía como la nuestra, que tiene dificultades en emprender, innovar y crear empleo de calidad, una gran empresa debe tomar en cuenta. Por un lado, el traslado puede facilitar que una buena parte de los servicios de consultoría y asesoramiento de diferente naturaleza también se terminen desplazando, y lo mismo puede suceder con parte de los puestos directivos. Ferrovial afirma en su comunicado que “el empleo, actividad e inversiones se mantendrán intactos en España y sin impacto fiscal relevante”; también que no se espera que “la fusión genere efecto alguno de género en los órganos de administración, ni sobre el empleo, ni sobre la responsabilidad social corporativa”. Contactos con representantes políticos y sociales, declaraciones y actuaciones conducentes a generar confianza en este anuncio habrían sido muy útiles, y es lamentable que no haya sido éste el camino seguido. Tampoco habría sobrado una puesta en valor de la amplia actividad social, cultural y educativa que desarrolla desde hace años la Fundación Del Pino, y que no cabe sino esperar que continúe.

Ahora bien ¿están justificadas las afirmaciones que han hecho distintos ministros y políticos, así como algunos medios de comunicación pidiendo la devolución de las ayudas recibidas del Estado? Ferrovial ha participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes en las últimas décadas, pero difícilmente puede decirse que haya recibido “ayudas públicas”. Cabría utilizar tal denominación para las inyecciones de fondos públicos que se hicieron para salvar cajas de ahorro quebradas antes de que pudieran ser asimiladas fácilmente por otras entidades financieras. Estas fueron ayudas públicas, porque se realizaron sin una contraprestación significativa por parte de las mismas. Sin embargo, cuando una empresa concurre a una licitación de obra pública, consigue el contrato y realiza la obra, habrá que analizar si el resultado final es acorde con el pliego de condiciones, y si la convocatoria se resolvió con total transparencia y garantías para todos los participantes en ella. Pero la empresa no habrá recibido una ayuda pública, sino que habrá establecido una relación contractual con la administración, cuyos compromisos deberá cumplir satisfactoriamente.

Cuestión distinta es el oportuno recordatorio de que “Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España (elDiario.es, 4/3/2023)”. El titular hace referencia a la colusión de grandes constructoras en dichos procesos, una decisión que ya acarreó una sanción, actualmente en suspenso por la Audiencia Nacional. Este litigio, que estos días volvía a la luz pública, no hace sino reflejar las dificultades que tiene mantener la competencia en un país en algunos de cuyos sectores económicos más relevantes un reducido número de grandes empresas capta una elevada cuota de mercado. Lo que debería preocuparnos es analizar si contamos con los elementos institucionales requeridos para defender la competencia en esos sectores, en defensa del consumidor, si tienen la necesaria independencia, y si tales organismos cuentan con suficiente capacidad sancionadora.

También se ha hecho alguna referencia a la reducida tributación del grupo en España. Que el grueso de sus operaciones esté actualmente en otros países seguramente explica este hecho, pero nuevamente deberíamos aplicar la misma lógica del caso anterior. La inspección tributaria ha debido examinar repetidamente el hecho de que Ferrovial no ha pagado Impuesto de Sociedades por no haber obtenido beneficios por su operativa en España, aun habiendo recibido notables contratos con la Administración pública. Si hay algún delito fiscal, persígase e impóngase la correspondiente sanción; discutamos incluso si las sanciones contempladas son suficientemente ejemplares y desincentivadoras, pero no lancemos otro tipo de mensajes.

Si nuestra legislación tributaria permite casos llamativos de elusión fiscal, quizá debamos considerar urgentemente su modificación. Recordemos que el informe de la Comisión de Expertos para la “Reforma del Sistema Tributario Español”, de 2014, no se utilizó, y que la reciente pandemia sirvió de sorprendente justificación para no aplicar las recomendaciones del Libro Blanco sobre la reforma tributaria, entregado en marzo de 2002. Y si creemos que el traslado a Países Bajos responde a una lógica de reducción de tributos, solicitemos e impulsemos una definitiva operación de homogeneización tributaria en la Unión Europea, hasta donde permita su Tratado constitucional, con objeto de eliminar la competencia fiscal entre países miembros. Quizá la decisión de Ferrovial, que se añade a otros casos anteriores, contribuya a realizar progresos en esa dirección. Fiat desplazó su sede a Países Bajos en 2014, y Royal Dutch Shell trasladó el año pasado su sede de La Haya a Londres. Otras dos compañías holandesas, Unilever y RELX (Elsevier), ya han tomado medidas similares.

Lo que no procede que el presidente de gobierno afirme que “Del Pino ha amasado su fortuna en buena medida gracias a los españoles, ya que su empresa ha crecido con contratos públicos pagados con impuestos de todos”. Desde luego que la participación del Sr. Del Pino en la propiedad de Ferrovial, a través de los beneficios obtenidos en los contratos públicos en que la empresa ha participado, explica en parte su fortuna personal. Pero a nadie se oculta que la generación de ésta tiene una larga trayectoria, extendiéndose a más de una generación, y que la actividad del grupo no se ha limitado a la licitación de obra pública en España. De hecho, ha conseguido importantes contratos internacionales en EEUU, Reino Unido o Australia, entre otros países, para realizar infraestructuras que, además de importantes, son tecnológicamente avanzadas.

El presidente del gobierno y alguna ministra han interpretado la decisión de Ferrovial como una ausencia de “compromiso” de su presidente con España. Pudiera ser así, no es fácil precisar en que deba consistir dicho compromiso y quién deba tenerlo, si los presidentes de grandes compañías o todos los españoles. Es bien conocido cómo, a lo largo de los años, artistas y deportistas han trasladado su residencia a Paises Bajos, Mónaco, y otros países europeos con legislación tributaria favorable. Tales decisiones son esporádicamente objeto de crítica, pero ello no impide que dichas personas continúen gozando del favor popular y actúen, para satisfacción de todos, en representación de sus países de origen.

Hay dos consideraciones adicionales, externas al marco jurídico, que tienen asimismo la mayor relevancia en el contencioso suscitado por el traslado de la sede de Ferrovial.

La primera se refiere a la negativa valoración que, de modo totalmente explícito y con escasos matices, ha recibido la actividad empresarial desde al menos una parte del gobierno durante la actual legislatura. La ministra de Derechos Sociales tildaba a Ferrovial de “empresa pirata”, por su decisión, y requería la devolución del dinero recibido de los españoles durante los últimos años ¿se refiere la ministra a la devolución de los importes recibidos bajo contratos de obra pública concedidos legalmente y realizados satisfactoriamente? La referencia a Juan Roig como “capitalista despiadado” está asimismo muy reciente, y las sucesivas entregas de material sanitario y clínico por parte de Amancio Ortega se han encontrado reiteradamente con reacciones exigiendo que pague más impuestos, en vez de realizar tales donaciones ¿acaso no está pagando los impuestos que la legislación tributaria le exige? Aún más llamativamente, el presidente del gobierno afirmaba con motivo de las reacciones de los presidentes de Iberdrola y Banco Santander al anuncio de un tributo extraordinario (prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias) a algunas empresas energéticas y financieras que “si protestan, vamos en la buena dirección”. Es posible que este tipo de declaraciones sean fruto de una desvirtuada lógica electoral, pero ¿es esta la disposición que tenemos a entendernos? ¿así vamos a modernizar nuestra sociedad? ¿qué modelo de país estamos buscando?

En segundo lugar, fríamente, estamos hablando del traslado de una empresa de un país miembro de la UE, a otro país miembro de la misma. En la UE, las empresas tienen derecho a instalarse donde quieran y protege esa decisión el Tratado de la propia Unión Europea y la directiva 2014/24 sobre contratación pública, que establecen la libertad de establecimiento e impiden discriminar a las empresas en el espacio común europeo, por razón de su nacionalidad. Aunque el problema económico no tiene la misma dimensión, la lógica aplicable no es totalmente diferente de la decisión de los sanitarios (médicos, enfermeras) que, finalizados sus estudios en España, deciden desarrollar su carrera profesional en otro país de la UE. La naturaleza de las decisiones es muy distinta, pero en los dos casos ha habido un progreso (empresarial en un caso, educativo en el otro), financiado mediante el presupuesto nacional, que parece que “perdemos” como país. En el caso de nuestros profesionales, de su formación y buen hacer se pueden beneficiar otros países de la UE. En el caso del traslado de sede, puede producirse una incidencia negativa sobre otras empresas españolas cuya actividad haya tenido alguna dependencia de Ferrovial, quizá una pérdida de tributos, quizá una desvinculación de otras actividades, que ahora podrían pasar a beneficiar al país de destino. Son temas delicados vistos desde la óptica nacional, pero desde 1986 somos miembros de la UE, y como tales aceptamos la plena movilidad de personas dentro de su seno. Dicho de otro modo, también profesionales formados en otros países pueden decidir venir a España a desarrollar su actividad, del mismo modo que algunas empresas pueden decidir trasladar sus sedes a nuestro país y, de hecho, así ha sucedido en el pasado en ambos casos. Ahora bien, la necesaria armonización tributaria en una unión monetaria y (pretendidamente) fiscal, debería evitar que algunos de sus miembros ofrezcan incentivos “agresivos”, en palabras recientes de la Comisión Europea, al establecimiento de profesionales y empresas.

Afirmaba nuestro presidente del gobierno tras el anuncio de Ferrovial tener la “visión de que España compita como Finlandia o Dinamarca, con fuertes Estados del bienestar, educación pública de calidad, sanidad pública. Esto significa justicia fiscal. Los que tienen más tienen que pagar más impuestos.” Es muy probable que una mayoría de españoles esté de acuerdo con que estos aspectos son centrales a nuestra pretendida modernización social y económica. Si así lo creemos, establezcamos el marco de relaciones entre gobierno, Parlamento, agentes sociales y sociedad civil que permita acordar objetivos e imponer un sentimiento de proyecto común del que todos formemos parte. La calidad democrática en una sociedad moderna requiere que tales relaciones se establezcan sobre la base de la mayor transparencia, con un sistema eficaz de evaluación de políticas públicas y una rigurosa rendición de cuentas de los gestores públicos a la sociedad. Éste es el camino seguido por esos países que nuestro presidente admiraba en su declaración.

Hay 4 comentarios
  • Excelente análisis. Aún a riesgo de parecer ingenuo, yo añadiría que:

    Si todos y todas gozáramos de umbrales de renta elevados Podemos desaparecería. Para que exista clientelismo político y lucha contra los molinos, debe haber una pobreza bien repartida y cabezas de turco que tiren del carro de la maligna desigualdad.

    España es un circo al que no le sobra nada. Ese socialismo “made in spain” de compromiso social unidireccional, pero que se espanta ante el deber individual de contribuir realmente al bien común, es de una inteligencia asintomática.

    Nuestro liberalismo de amiguetes que se repartieron la “privatización” de sectores estratégicos engordando las carteras de unos pocos en colusivos oligopolios, no invitan a la competencia ni a la productividad, alejándonos de ese ideal de modernidad de la economía española. Y mientras las persianas cierran ahogadas, y el empresario o el emprendedor acaban transformándose en homo opositor, la deuda pública cabalga desbocada y a plena luz del día se comete un crimen intergeneracional contra el sistema público de pensiones.

    Pero afortunadamente, seguimos siendo uno de los mejores países del mundo.

  • Un gran post, equilibrado y muy bien argumentado. Enhorabuena.

    De todas formas, es bueno establecer causa y efecto en la medida de lo posible. La causa inmediata de esta opereta está en la deficiente labor del Dpto. de Comunicación de Ferrovial en el anuncio que, como bien argumentas, fue lamentable. No he leído que haya dimitido nadie. No se juzga el hecho de que una empresa traslade parte de su sede a otro estado miembro de la UE. Sería bueno conocer que dicen las autoridades de otros países cuando sus empresas se trasladan a España. Lo que se juzga es la hipocresía (es la ética estúpido, que diría el asesor de Bill Clinton) de alguien que hace dos meses declaró lo siguiente (rescatado por el periodista Jesús Maraña): "Nuestra ambición como empresa es seguir contribuyendo a la construcción de una España mejor y más próspera, por lo que todos los partidos políticos podrán encontrar siempre en Ferrovial un sólido aliado para seguir avanzando".

  • Curioso artículo solo un matiz ferrovial en sus obras publicas se ha estado beneficiando de los supuestos sobrecostes además de realizar eres a cargo de la seguridad social y manejando ute de subcontratación eludiendo el pago de la seguridad social que le corresponde como trabajadores de la propia empresa bajo su convenio ahora se va para eludir el 1% de un 5% de pago de dividendos...en algo tiene razón no hace falta tanto hablar se verá a ferrovial y sus subsidiarias en cualquier contrato público u se acaba la polémica con una cláusula de cercanía de servicio

  • Creo que no se aborda la cuestión clave de toda esta polémica, la inseguridad jurídica en España indicada en el primer comunicado de Ferrovial. Esto es lo que más molestó al gobierno, y en un comunicado posterior Ferrovial matizó precisamente esta cuestión. El problema es que, en mi opinión, España sí ha incrementado la inseguridad jurídica para los empresarios y directivos con el gobierno actual, creando de repente nuevos impuestos a determinadas empresas de la banca o el sector energético, creando un nuevo impuesto sobre el Patrimonio para atacar a la Comunidad de Madrid, el oscurantismo con el reparto de los fondos europeos, o poniendo en los tribunales de justicia que deben juzgar todos estos atropellos (Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, etc.) a personas totalmente dependientes del Partido Socialista, incluyendo ex ministros. Una cosa es discutir si tiene que haber armonización fiscal en Europa, si por ejemplo el impuesto de sociedades debe ser más o menos alto, y otro es que un país se saque de la manga impuestos especiales sin que el gobierno esté pasando por una situación crítica de caída de la recaudación (antes al contrario, la inflación está aumentando extraordinariamente la recaudación). Esta inseguridad jurídica, que no se aborda en el artículo, es la que puede provocar más salidas de empresas de España.

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