Reproducimos aquí por su interés un artículo publicado por César Molinas el domingo en la Vanguardia.
Puede que la Historia no tenga ciclos; lo que sí parece tener son querencias. Al igual que ocurrió con su padre, el rey Juan Carlos, don Felipe de Borbón accederá al trono en un tiempo en el que España experimenta una situación de fin de régimen. Otra vez. Desorientación, inmovilismo, desafección, hastío, falta de liderazgo, corrupción y unas tensiones territoriales desconocidas en los últimos siglos de la historia de España. La Corona, ahora como antes, es la única institución del Estado que no está politizada y que, por diseño, es capaz de pensar a largo plazo. Lejos de ser un problema, ahora como antes, tiene que ser parte de la solución. Con similitudes y diferencias, la situación actual recuerda a 1974, cuando el régimen franquista agonizaba y nadie tenía una idea cabal de qué iba a ocurrir en el futuro próximo. La principal similitud es la caducidad de las agendas: la del régimen del 78 está hoy tan obsoleta como lo estaba la del 18 de julio en el franquismo tardío. Como entonces, España tiene ahora una necesidad perentoria de renovar la agenda. Hace cuatro décadas lo consiguió, ahora no está claro que sea capaz de hacerlo. Y no lo está porque la principal diferencia es que en 1974 el franquismo era un régimen débil e inestable, mientras que el régimen político actual es todavía muy estable, como ilustra el hecho de que es capaz de tener 6 millones de parados, de no darles ninguna esperanza razonable de empleo, y de permitir algo tan feo como que una parte de las élites se dedique a robar el dinero para formación y reciclaje de los desempleados sin que pase absolutamente nada. Que eso sea posible supone una estabilidad política muy grande.
1. Un régimen político se puede caracterizar por un binomio compuesto por una agenda y por un conjunto de élites de referencia, o grupos de interés, que consideran que la agenda les es favorable. Estas élites tienen, en mayor o menor grado, poder de veto sobre modificaciones de la agenda y eso cimienta la estabilidad política.
2. La decadencia de un régimen político aparece cuando cambian las circunstancias históricas que alumbraron su nacimiento y dieron sentido a sus instituciones, y éstas se muestran incapaces de liderar el cambio de agenda que reclaman los nuevos tiempos. Esta incapacidad surge casi siempre de la maraña de intereses creados por las élites de referencia y de su atrincheramiento en las instituciones desde las que se oponen a cualquier cambio fundamental.
3. La decadencia política lleva tarde o temprano a situaciones de fin de régimen, en las que para cambiar la agenda hay que cambiar parcial o totalmente a las élites de referencia. Una revolución es un cambio de régimen en el que las élites de referencia son desplazadas sin compensación alguna. Una transición es un cambio de régimen en el que las élites desplazadas obtienen compensación.
4. Un régimen político es estable cuando no existe una coalición alternativa de élites que pueda imponer una agenda nueva. Un régimen político es legítimo cuando la población cree que sus instituciones son justas y está dispuesta a cumplir las reglas establecidas.
Lo que resta del artículo se estructura en tres partes. En primer lugar, discutiré la agenda y la formación de las élites de referencia del régimen del 78. En segundo lugar haré lo propio con la agenda y las élites de referencia que debería tener un nuevo régimen político. Por último haré algunas observaciones sobre el papel que debería tener el Rey en las circunstancias actuales. Vaya por delante que este artículo trata cuestiones de fondo -agendas y élites- y no entra en cuestiones de forma –dictadura o democracia- que pueden acabar siendo tanto o más importantes que las de fondo en algunas coyunturas históricas. Afortunadamente, hoy en día no es el caso.
La agenda y las élites de la Transición
En 1974 el régimen del 18 de julio era un anacronismo en el mundo civilizado, un obstáculo para la continuación del desarrollo económico del país y un estorbo para el desarrollo social de las clases medias urbanas que habían ido creciendo en las dos décadas anteriores. Las élites de referencia del régimen comenzaban a tener muchas dudas, acentuadas por el magnicidio de Carrero Blanco, sobre qué ocurriría tras la muerte de Franco. Soplaban aires de fronda por doquier: Juntas, Plataformas y Platajuntas. Las profesiones liberales y la Universidad, no sólo los estudiantes, eran cada vez más desafectas; la iglesia Católica española, dividida desde el Concilio Vaticano II, intentaba esconder el palio con el que se honraba a Franco; el movimiento obrero, liderado por sindicatos clandestinos, cobraba fuerza; y hasta en las Fuerzas Armadas afloraba la disidencia con la creación de la UME. Se vivía una situación de fin de régimen.
La agenda que se necesitaba era obvia: dejar atrás la guerra civil, construir una democracia homologable y entrar en Europa. El problema, como en todo cambio de régimen, era conseguir el apoyo de unas élites lo suficientemente amplias como para hacer posible el cambio de agenda. La nueva literatura de la economía del cambio político -Dani Rodrik, Wayne Leighton, Edward López y otros- enfatiza que para salir de una situación de fin de régimen, mediante una revolución o mediante una transición, hacen falta unos “emprendedores políticos” -Lenin o Adolfo Suárez, por ejemplo- que aprovechen una crisis -la guerra del 14 o la muerte de Franco, por ejemplo- para conseguir que cambien las reglas del juego, es decir, para cambiar el sistema de incentivos a los que responde la acción política. ¿Es imprescindible que haya una crisis para cambiar un régimen político? No necesariamente, si su estabilidad puede erosionarse de manera gradual, como parece creer Alex Salmond en el caso escocés. Pero la mayoría de cambios de régimen ocurren en ocasiones de crisis.
La Transición fue posible porque hubo abundancia de emprendedores políticos que hicieron de catalizadores del cambio. En primer lugar estaba Suárez, pero también Felipe González, que renunció al marxismo, y Santiago Carrillo, que asumió la monarquía y la bandera rojigualda, y Fraga Iribarne, que pasó a llamarse sólo Fraga, y muchos otros más. Todos ellos renunciaron a algo importante para conseguir lo esencial: una transición pacífica hacia un régimen democrático y homologable.
Las élites de referencia del régimen del 78 se formaron, principalmente, por ampliación de las del franquismo. Cierto que a los “azules” más recalcitrantes se les desplazó, pero se fueron con el riñón bien cubierto. La iglesia Católica también perdió influencia, pero fue compensada con un Concordato que garantizaba su financiación y sus privilegios educativos. Las Fuerzas Armadas sí que dejaron de ser élite de referencia, pero obtuvieron un horizonte profesional claramente superior al que les asignaba el franquismo. Las grandes novedades fueron las incorporaciones. Como élites de referencia entraron los sindicatos, que tuvieron desde el principio un fuerte poder de veto sobre todo lo que afectase al ámbito social. Y también, por supuesto, los partidos políticos democráticos, que evolucionaron rápidamente para situarse en lugar prominente del status quo social.
Élites y poder
No quedaba claro, al principio del nuevo régimen, qué iba a ocurrir con una de las élites de referencia relevantes del franquismo: los caciques locales y provinciales. La incertidumbre duró poco. El referéndum andaluz de febrero de 1980 abrió la puerta a la interpretación del Estado de las autonomías consagrado en la Constitución como “café para todos”, dejando vacía de contenido la distinción entre nacionalidades y regiones. Al grito de “¡no vamos a ser menos!” las redes clientelares del caciquismo tradicional y otras redes de nuevo cuño creadas por los nuevos políticos regionales se incrustaron en las nacientes administraciones autonómicas, superando lo conseguido en las administraciones locales bajo el franquismo y regímenes anteriores. Así, el renovado caciquismo español ha conocido en el régimen del 78 un esplendor desconocido desde la Restauración. Irónicamente, la extraordinaria estabilidad del régimen actual tiene sus raíces en la integración y el fortalecimiento del caciquismo como élite de referencia. Cuando irrumpió en el Congreso en 1981 Tejero llevaba ya un año de retraso.
Dado que la oligarquía española ha ido cambiando de personas y de ocupaciones, pero no de familias, es fácil llegar a la conclusión que sigue. En el último siglo España ha cambiado con frecuencia de régimen político: han cambiado las agendas, las élites de referencia y las formas de Estado. Ha habido dos monarquías, dos dictaduras y una república. Pero el poder, en su naturaleza y estructura, no ha cambiado de manera significativa. Oligarcas y caciques siguen perpetuando su simbiosis parasitaria de la estructura del Estado. El estudio de Joaquín Costa de 1905 "Oligarquía y caciquismo" es válido en 2014 haciendo sólo algunos retoques en el texto, como cambiar "gobernadores civiles" por "gobiernos autonómicos" ¡Oh maravilla lampedusiana!
Cómo se llegó al fin de régimen actual
La agenda de la Transición consiguió sus principales objetivos muy deprisa: en 1986 ya se había consolidado el régimen democrático y España se había integrado en Europa. Se abrió entonces una época de gran prosperidad en la que crecieron el empleo, las rentas y la riqueza. Con ayuda de los fondos europeos, se modernizaron las infraestructuras del país. Había un clima social de misión cumplida y de autosatisfacción: era obvio que España había cambiado mucho y para bien.
En este contexto de euforia, las rigideces del nuevo régimen se manifestaron muy temprano. En los años 80 los sindicatos comenzaron a ejercer el veto para impedir la reforma de las pensiones, que ya entonces se sabía necesaria, y para abortar cualquier flexibilización del mercado laboral. Este veto impidió hacer reformas significativas durante dos décadas. El capitalismo castizo, otra élite de referencia, vetaba la introducción de competencia en mercados de factores y productos. El actual desbarajuste del mercado eléctrico es consecuencia, en parte, de ese veto. La corrupción se extendía de abajo a arriba por las administraciones públicas, en las que la licitación y contratación iban cayendo en manos de las redes clientelares. Los tentáculos del caciquismo acabaron controlando muchas Cajas de Ahorro, instituciones clave en la generación de la burbuja inmobiliaria que reventó en 2008.
En 1992 España firmó el tratado de Maastricht que encaminaba Europa hacia el euro. A continuación, como para celebrarlo, devaluó la peseta cuatro veces en tres años y no tomó ninguna de las medidas necesarias para no tener que volver a devaluar. No lo hizo por la resistencia numantina de las élites de referencia. Ahora España está devaluando otra vez, pero lo tiene que hacer por el sector real de la economía, con unos costes pavorosos en términos de paro, caída de rentas y exclusión social. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Somos capaces de hacer las reformas necesarias para no tener que devaluar periódicamente? No parece, la verdad. Se han hecho reformas importantes: la del sistema financiero, incompleta, la del mercado de trabajo, también incompleta, y la de las pensiones públicas. Pero se han hecho por imposición de la Troika, preocupada como estaba por la posibilidad de bancarrota de España, no por iniciativa española. El régimen político actual no es capaz de superar los vetos de sus élites de referencia, no es capaz de elaborar un proyecto de futuro que haga de España un país atractivo para los españoles y no es capaz de afrontar los grandes retos que tiene por delante nuestro país. Acosado por circunstancias que no comprende y carcomido por la corrupción, pierde legitimidad a chorros. Estamos en una situación de fin de régimen.
¿Qué agenda para un nuevo régimen?
La agenda que se necesita ahora en España es, quizá, menos obvia que la que se necesitaba en 1974, pero no por ello menos necesaria. Construyendo sobre lo conseguido desde 1978, la nueva agenda debe situar a España en condiciones de afrontar los retos del siglo XXI, que son los que surgen de la pertenencia al euro y de una economía globalizada en la que la digitalización avanza a un ritmo trepidante. Debe incluir los temas vitales que el régimen del 78 es incapaz de abordar:
1. Mejorar el capital humano, de la educación en todos sus niveles, de la I+D y del emprendimiento. Los españoles tenemos que interiorizar la identidad Últimos en PISA=Primeros en desempleo, cuya comprensión escapa al régimen político actual. Hace falta un Plan Marshall para el capital humano, y este plan debe vertebrar un proyecto nacional de futuro integrador de todos los españoles. Si esto no se consigue, España sólo podrá competir por precio y las devaluaciones internas serán recurrentes.
2. Resolver constructivamente las renacidas tensiones territoriales. Para ello hace falta el proyecto mencionado en el punto anterior y añadir la política a la concepción exclusivamente jurídica que el régimen actual tiene del problema.
3. Emprender reformas vitales que no se han abordado hasta la fecha, especialmente la reforma de la Administración.
4. Regenerar la vida pública para recuperar la legitimidad, empezando por una nueva ley de partidos políticos que permita combatir la corrupción. Hay que despolitizar las instituciones del Estado y devolverles sus funciones originales. Esta regeneración es condición previa para que puedan abordarse los puntos anteriores de la agenda.
¿Qué élites de referencia?
Los cuatro puntos anteriores refieren al interés general, pero todos ellos interfieren con el interés particular de alguna de las actuales élites de referencia, que explícita o implícitamente los vetan. El primer punto incomoda a los sindicatos, a los políticos de determinadas autonomías y, en general, a todos los que creen que la educación debe igualarse por abajo. No parece ser una prioridad para nadie. El segundo incomoda a todos los que creen que la única respuesta que hay que dar al independentismo catalán es aplastarlo. Son muchos, demasiados, los que piensan así. El tercero y el cuarto incomodan a los partidos políticos, al capitalismo castizo y a las redes clientelares. No hay que esperar ninguna iniciativa del régimen político actual para avanzar por el camino de la nueva agenda, con lo que la situación de fin de régimen y el inmovilismo político podrían, en principio, prolongarse indefinidamente.
No es probable que eso ocurra, porque en una situación de fin de régimen cualquier pequeño problema puede convertirse en una gran crisis. De hecho, lo más probable es que haya una crisis tras otra. Ello no es condición suficiente para un cambio de régimen, pero sí es un contexto favorable para que surja el “emprendimiento político” al que me he referido en párrafos anteriores. Estos emprendedores deberían convencer a la mayor parte de las actuales élites de referencia de la necesidad de adoptar una nueva agenda y de incorporar al nuevo régimen a élites territoriales, hoy en día indiferentes o desafectas, que son absolutamente necesarias para asegurar la estabilidad política.
El papel del Rey
En la Transición el rey Juan Carlos tuvo un papel muy activo en el fomento del emprendimiento político. Supo encontrar y alentar a los emprendedores que acabaron siendo los impulsores y catalizadores del cambio. Se consolidó el cambio de régimen, se consolidó la democracia y se consolidó la monarquía. En la situación actual, que también tiene mucho de excepcionalidad, el rey Felipe debería tener una actitud similar. Sin desbordar sus atribuciones constitucionales, tiene un amplio margen para orientar, inspirar y alentar. La Corona, como ocurrió a partir de 1975, debería ser el fulcro sobre el que apalancar los cambios necesarios.
Como he comentado anteriormente, el régimen del 78 es muy estable. No se ha desestabilizado ni con la crisis de empleo que ha sufrido España ni con la corrupción sistémica que ha invadido instituciones y Administraciones. La crisis territorial provocada por el independentismo catalán sí que tiene un gran potencial desestabilizador, porque cualquier solución constructiva pasa necesariamente por un cambio de agenda que incorpore un proyecto de futuro para todos los españoles, es decir, por un cambio de régimen. El mal llamado “problema catalán” es un reflejo del “problema de España”. Al todavía Príncipe de Girona, muy buen conocedor de Catalunya, no le van a faltar ocasiones para moderar y para arbitrar.
Hay 21 comentarios
Excelente análisis cuyo mérito principal -a mi juicio- estriba en describir la situación sin hacer mención en ningún momento a clichés maniqueos. Solo hecho en falta una referencia expresa a quiénes podrían asumir en estos momentos ese papel histórico de "emprendedores políticos" o, al menos -en el caso de que el autor no los tenga identificados-, una descripción del perfil idóneo que deberían acreditar quienes pretendieran asumir ese rol.
Buena parte de los emprendedores políticos tienen que salir del establishment actual. El proceso de renovación en el que está inmerso el PSOE, que no tengo ni idea de cómo acabará, puede ayudar. El PSOE, en el régimen actual, está muerto. Necesita un cambio de régimen y, para conseguirlo, necesita aportar ideas nuevas y elementos de agenda nuevos. Es más difícil confiar en que surjan estos emprendedores políticos del PP. La cerrazón a nuevas ideas parece ser absoluta. Se tendrían que incorporar grupos de interés ajenos al capitalismo castizo y élites intelectuales y políticas territoriales, especialmente de Cataluña y País Vasco. La izquierda de Podemos debería aportar su visión contestataria pero, por vocación, no creo que sea incorporable a ningún régimen político viable. Pero, como digo en el artículo, no está asegurado que esto pueda hacerse y el fin de régimen puede durar mucho tiempo.
De acuerdo con que los emprendedores deben salir del establishment actual. Pero no es fácil que personas con prestigio, ajenas a la política den un paso al frente mientras predomine la mediocridad actual. A diferencia de lo que ocurría durante la Transición anterior, en la que meterse en política estaba idealizado, en la actualidad, entrar o volver a la política, o resulta sospechoso o casposo. Creo sin embargo, que tanto en la órbita del PP como en la del PSOE, si hay nombres (sin ánimo de polemizar sobre estos u otros) que no se han caracterizado por su sectarismo, ni se les identifica con temas de corrupción, de momento: Pimentel, Piqué, Bauzá, Eduardo Serra, Pizarro, Garmendia, Almunia, Angel Gabilondo, Jordi Sevilla, Asunción, Redondo Terreros,..., junto a otros, como Albert Rivera, Sosa Wagner, etc. Personas cuyo sentido del Estado está fuera de toda duda y que si asumieran mayor protagonismo, podrían ser un reclamo para otros muchos tanto de dentro como de fuera de la política. Ese necesario movimiento regeneracionista que hiciera correr el aire dentro del sistema.
Sugestivo artículo cuya línea argumental, leída en detalle y con sosiego no comparto en absoluto.
Recurrir a un binomio compuesto por una “agenda y por un conjunto de élites de referencia o grupos de interés, que consideran que la agenda les es favorable”, sirve más bien para caracterizar una fusión o una adquisición entre empresas, pero no un régimen político que es algo mucho más serio y que afecta a la convivencia en paz y libertad de generaciones de españoles. Me cuesta trabajo aplicar este concepto a la democracia norteamericana, a la monarquía constitucional británica o la república centralista y presidencialista francesa.
Esta, en mi opinión, confusión de base, es la que conduce al autor del artículo a hacer aseveraciones tan impensables en relación con otras democracias consolidadas como que “hay que añadir la política a la concepción exclusivamente jurídica que el régimen actual tiene del problema” (¿Insinúa que hay que buscar atajos al cumplimiento de le Ley?) o que “no hay que esperar ninguna iniciativa del régimen político actual para avanzar por el camino de la nueva agenda” o que la estabilidad de un régimen político depende de que determinadas élites territoriales indiferentes o desafectas (desleales más bien), tengan a bien arrimar el hombro a la consecución del bien común de la Nación. Suena a chantaje. Otra vez.
Le recomiendo que lea, por ejemplo, el artículo de Dani Rodrik http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.1.189 en el Journal of Economic Perspectives. Es un claro exponente de la nueva teoría económica del cambio político y estoy seguro de que le abrirá nuevos horizontes.
Gracias por la cita, que he leído con la máxima atención.
Resumo telegráficamente mis conclusiones en relación con su artículo:
La agenda pertenece al régimen y no es propiedad de las élites sino de la Nación en su conjunto. Esta agenda se llama Constitución.
Más que en un fin de régimen, creo que nos encontremos en una fase de reemplazo de élites. El problema, por tanto, no es del régimen en sí sino, en todo caso, de ajuste de agenda y, desde luego, de sustitución de las elites dirigentes actuales.
El ajuste de la agenda debería afectar a aspectos de mejora de “eficiencia” (institucional, social, judicial, unidad de mercado, etc.), pero no de los que constituyen la esencia y los valores básicos que a lo largo de la Historia han conformado nuestra Nación. En este sentido, entiendo que “resolver constructivamente las renacidas tensiones territoriales” puede caer dentro de los que Rodrik denomina “learning-by-doing” o “policy mutation” pero ambos conceptos pueden ser muy peligrosos y pueden poner en riesgo la supervivencia misma del régimen, de la agenda, de las élites y de la convivencia).
En cuanto a que la estabilidad del régimen dependa de que se integren élites territoriales indiferentes o desafectas, creo que si el régimen cree en sí mismo y en su legitimidad dicha estabilidad no estaría amenazada, sino más bien al contrario: es la supervivencia de esas élites la que puede estar amenazada si, por un error de cálculo, rebasan el máximo de la curva a la que Rodrik denomina political transformation frontier.
Muy interesante el artículo. Comparto algunas ideas importantes, pero no la fundamental. La agenda del 78 no está caduca, al menos en algo fundamental. La Constitución Española de 1978 tiene muchos artículos, pero no todos tienen la misma importancia. El eje vertebrador de esa agenda que nació en 1978 son los artículos 14 a 29, que reconociendo la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales y libertades públicas, establece una guía de la que ningún proyecto sensato del siglo XXI se puede salir. Incluso una reforma de todo el resto del contenido de la Constitución Española se podría considerar una reforma menor frente a una agenda de derechos y libertades como la de 1978. Sobre la base de esos derechos y libertades se podrán hacer todas las reformas oportunas que este país necesite; pero por profundas que lleguen a ser las reformas, si conservan el núcleo de la agenda de 1978, los derechos y libertades, creo que estaremos más ante una reforma que ante a la caída de un régimen.
Estando de acuerdo con parte de la introducción, el artículo me causa la impresión, espero que errónea, de que comienza por el final. Es decir, por su propuesta de Agenda.
Una parte de lo que precede a la Agenda parece construida tras ella como, por ejemplo, ignorar el hecho de que las mayores cotas de sacralización del caciquismo patrio se dan en las provincias catalanas y vascas con una perfecta simbiosis en la cúpula de las estructuras políticas.
Que alguien intente dar una conferencia discrepante o tener en las librerías, visible, algo no aprobado por "la autoridad autóctona".
El problema existe en casi todas las autonomías pero nunca con la intensidad de los lugares citados.
A partir de ahí, buena parte del diagnóstico es parcial porque no aborda la raíz del problema que es el papel del Estado en la protección de derechos y libertades fundamentales y en "lo que no existe": Unidad de Mercado. Otro elemento que brilla por su ausencia y que es crucial para la movilidad, la iniciativa, la confianza recíproca y acceso a economías de escala. Silencio.
La otra gran ausencia también es comprensible: Me refiero a la resignada falta de cuestionamiento del entorno que explica la falta de iniciativa industrial derivada de los tratados firmados en los últimos 30 años.
Este es un problema general de la Europa no teutona y que está llevando a Hollande a su propia "burbuja" inmobiliaria como "salida".
En fin, me parece que hay que ir más a la raíz.
Saludos
4. Regenerar la vida pública para recuperar la legitimidad, empezando por una nueva ley de partidos políticos que permita combatir la corrupción. Hay que despolitizar las instituciones del Estado y devolverles sus funciones originales. Esta regeneración es condición previa para que puedan abordarse los puntos anteriores de la agenda.
Creo que la última frase es clave, la regeneración de la vida pública es previa para que la mejora de la educación, las tensiones territoriales y la reforma de la Administración tenga lugar. Y es tan improbable que de ahí se deriva, al menos, mi enorme pesimismo.
Otro artículo de Molinas que será recordado en años venideros. Gracias.
Me permito añadir que el nuevo régimen deberá reforzar las instituciones de control de los poderes públicos -de las élites, por seguir la dicción del artículo-, que tan clamorosamente han fallado durante la crisis. Señaladamente la administración de justicia, a través de una mejor y mayor dotación de medios y mayor eficacia en la persecución del delito y su autor. A mi juicio, nada provoca mayor desafección hacia las instituciones que la sensación, ya sólidamente asentada, de que el poder y el dinero operan como factor de desigualdad ante la ley.
Me parece un gran artículo en el que no termino de entender la inclusión de las tensiones territoriales que me parece un tanto forzada y fuera de contexto (¿no se trata de hecho precisamente de otra manifestación de un tipo concreto de oligarquía o coalición de élites?). La resolución jurídica (y no política) del tema en concreto, humildemente, no me parece en sí misma uno de los "problemas vitales" a asumir por el hipotético nuevo régimen o, al menos, muy lejano en importancia a los otros tres que se mencionan.
O, permítaseme la maldad jocosa, ¿es que para publicar en el periódico en cuestión hay prerrequisitos?.
Estando totalmente de acuerdo en la totalidad del artículo, echo de menos un análisis del papel del "cuarto poder periodístico", en especial: su falta de independencia, la colusión con la propia política, y el papel de este en el grado de "ideologización ergo idiotización" de la sociedad, con especial referencia a las tertulias, teleopinadores, y demás cantamañanas.
El régimen actual disfruta de una gran estabilidad. No creo que del proceso independentista catalán puedan surgir dinámicas que lo perturben. Las actuales élites nacionales y catalanas harán lo posible para mantener el status quo en sus respectivos territorios. Naturalmente, se generarán perturbaciones pero no excesivas. En todo caso será el mantenimiento, y posible mejora, de la posición de las respectivas élites lo que determine el devenir del proceso separatista y no al revés.
Más capacidad de cambio le veo a la irrupción en el escenario político de fuerzas hasta ahora minoritarias como Podemos. Si los partidos se ven forzados a integrar parte de sus planteamientos, no en sus programas sino en sus procedimientos, quizás haya algún cambio positivo. Sin embargo, no parece probable. Ya se han puesto en marcha actuaciones tendentes a neutralizar ese peligro a través de los medios o, incluso, de la modificación de la ley electoral. En todo caso no soy pesimista. Con un poco de suerte todo cambiará, pero no empeoraremos...al menos no mucho.
Hasta que no interioricemos que el nacionalismo es una enfermedad social, como el racismo o el sexismo, iremos muy pero que muy mal. Y con las enfermedades no hay que “cambiar el régimen”. Eso sólo vale para la obesidad. A las enfermedades hay que, en efecto, aplastarlas, teniendo cuidado de perjudicar al paciente lo mínimo posible. Creo que César Molinas no lo ha entendido todavía, pero tampoco es para reprochárselo mucho, ya que “son muchos, demasiados, los que piensan así”. Pues háganse a la idea: el regionalismo es un problema crónico español: el peor de ellos. ¿Por qué no fue efectivo el control del Banco de España? Los caciques no podrían existir sin los regionalistas.
Emprendedores políticos ya existen y tienen varios escaños en el parlamento español. Pero su avance es lento, básicamente porque todo el sistema está contra ellos.
No veo tan claro que nos dirijamos hacia un “fin de régimen”. Una lenta decadencia, sin crisis mayores que las que ya hemos pasado es perfectamente posible. Y una Corona partícipe de esa decadencia, también.
¿El rey actual eligió a los emprendedores políticos? Bueno... En cualquier caso, era la Transición. Esto es la democracia y a los políticos los elige el pueblo. Y este puede acertar o equivocarse sin que el nuevo rey pueda hacer nada para impedirlo. ¿El papel del Rey? Estorbar, forzar la justicia, encubrir un poquito por allí y un poquito por allá mientras se lee con cierto esfuerzo el discurso de inauguración que toque...
El nacionalismo es una enfermedad social. Vale. El catalán y el vasco, por supuesto. Y el español ¿también? ¿o ese no?
Pero hombre, señor Molinas, que usted es un tipo inteligente. No me venga con lo mismo de siempre. El nacionalismo español es una otra cepa de la misma enfermedad, por supuesto. Pero invocarlo ahora como todos fueran simétricos o igual de virulentos es la típica respuesta-fraude. Los nacionalismos son como las religiones. Hacen daño cuando tienen poder político. El español tenía poder político hasta el 75, e hizo mucho daño. Pero ahora no existe como fuerza política importante. Los que tienen poder son los nacionalismos periféricos, y (por eso) son los que ahora hacen daño. En España no hay una lucha entre nacionalismos opuestos, lo que hay son nacionalistas periféricos muy poco razonables en lucha con un poder central normalito y que ha cedido mucho más de lo razonable en la cuestión territorial. Por favor...
El nacionalismo español es un mal social como cualquier nacionalismo. Afortunadamente, es marginal, no está en los partidos y goza de muy mala prensa, la misma que deberían tener los demás nacionalismos.
No ha habido un gobierno central nacionalista desde hace 40 años. Por eso, las leyes que organizan la convivencia en España buscan el pluralismo y el respeto a las minorías y a los individuos y no la "construcción nacional" mediante la asimilación forzada a una utopía excluyente.
El defecto del poder central no ha sido incurrir en el nacionalismo, sino renunciar a hacer cumplir la ley y permitir los explícitos abusos de poder del nacionalismo militante en perjuicio de las poblaciones locales por una combinación de interés partidario y confusión entre el respeto a las particularidades y el respeto a los que tratan de convertir en norma su particularidad.
Supongo que si, aunque no me gusta en absoluto la identificación de los nacionalismos con enfermedades. Pero siguiendo con el símil propuesto, es posible que la gravedad de la enfermedad, entendiendo por ella, los problemas que puede generar, aumenten con el grado de fragmentación. Las posibilidades de conflicto son menores con un nacionalismo europeo, por ejemplo, que con decenas de nacionalismos regionales. Los nacionalismos espacialmente amplios son en general menos integristas pues tienen que desarrollarse en base a estructuras sociales más heterogéneas.
El nacionalismo español es tan malo como el vasco el catalán por la sencilla razón de que es una invención de éstos últimos para justificar y dar vida al suyo. No veo mi imagen si no me compro un espejo.
Pero me temo que lo que se quiere decir (y no le estoy acusando de nada), es que la conciencia y el sano orgullo se sentirse español, de su historia y de sus símbolos es tan malo como el nacionalismo vasco y catalán. Si es así, opino que la diferencia fundamental entre ese concepto y los nacionalismos vasco y catalán es de naturaleza ética y moral: mientras el primero ha sido construido a lo largo de los siglos por multitud de generaciones de todas las clases sociales y orígenes territoriales y es eminentemente integrador y generoso en la difusión de sus valores, los nacionalismos vasco y catalán son, por el contrario, oportunistas, desleales, excluyentes, egoístas e interesados. Son, en definitiva, un artificio de las élites extractivas territoriales para maximizar su beneficio. En palabras de Dani Rodrik: “rent-seeking groups which get their way at the expense of the general public”.
En España no hay "tensiones territoriales" distintas a las demás tensiones de toda clase que se resuelven por los cauces ordinarios. Lo que hay en algunos territorios es una ideología nacionalista excluyente incompatible con el pluralismo, la libertad y la igualdad (y, por ende, la unidad de mercado, para empezar la laboral), a la que en la democracia española se ha admitido como una más, asimilable a la socialdemocracia o el conservadurismo, cuando no lo es. Tal vez lo fuera en el siglo XIX o en democracias limitadas extraeuropeas, pero no en una democracia occidental moderna basada en el respeto a los derechos individuales.
No hay "problema catalán" o vasco. Hay problema nacionalista, y que ha crecido en estas décadas precisamente porque en los ambientes de democracia limitada excluyente las poblaciones locales desprotegidas por las instancias supralocales tienen que hacerse "afectas" para conservar la vida (ya no), la hacienda y la integración social.
Si encima las opciones de gobierno no nacionalistas se dedican a vituperarse mutuamente y sólo tienen buenas palabras para sus "moderados" socios nacionalistas "con sentido de Estado", apaga y vámonos. Que es en lo que estamos.
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