Estatus jurídico y permisos de trabajo: el consumo de los inmigrantes y la demanda agregada del país de acogida

De Effrosyni Adamopoulou y Ezgi Kaya

Con la pandemia COVID-19 se ha vuelto a plantear la cuestión del papel de los inmigrantes en el tejido social y productivo de los países de acogida. Cada vez más países han considerado la regularización de los inmigrantes indocumentados involucrados en la agricultura o en la asistencia doméstica, que con restricciones a los movimientos transfronterizos destinados a contener la pandemia, no podían circular libremente para satisfacer la demanda de mano de obra de empresas y familias (ver aquí). Por ejemplo, Portugal reaccionó al problema ya en marzo mediante la concesión de permisos de residencia temporal a inmigrantes y solicitantes de asilo, cuyas solicitudes estaban pendientes. En mayo, después de un mes de debate, Italia también planeó legalizar la situación de los inmigrantes indocumentados empleados en el sector agrícola y de la asistencia doméstica y otorgó permisos temporales a los trabajadores empleados anteriormente en estos sectores y con permisos caducados.

Consecuencias de la regularización

La permanencia de estos trabajadores en los países de acogida también es objeto de un animado debate político. Una consecuencia económica de la inmigración a la que se presta poca atención es su contribución a la demanda interna. En un artículo reciente demostramos que garantizar el estatus jurídico a los inmigrantes indocumentados y simplificar los procedimientos burocráticos para los inmigrantes documentados pueden tener un impacto positivo en la demanda agregada del país de acogida. En particular, utilizamos la ampliación de la Unión Europea (UE) en 2007 como un experimento natural y analizamos si la extensión de la ciudadanía europea a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros tuvo un impacto en el consumo por parte de los inmigrantes de Rumanía y Bulgaria y a través de qué canales lo hizo.

La Figura 1 muestra el consumo mensual medio por parte de los inmigrantes de los nuevos Estados miembros y de los países candidatos[1] a unirse a la UE que ya residían en Italia antes de 2007. Es evidente que los ciudadanos rumanos y búlgaros tenían un consumo mensual que era inferior en promedio que el de los inmigrantes de los países candidatos para formar parte de la UE. Como resultado de la adhesión a la UE, el aumento del consumo por parte de los inmigrantes de los nuevos Estados miembros fue más marcado, reduciendo las diferencias con otros grupos de inmigrantes. Esta evidencia descriptiva es confirmada por el análisis econométrico (estimaciones de diferencia en diferencia).

Figura 1: Consumo mensual medio de inmigrantes que viven en Italia, 2004-2012

Fuente: Elaboración de datos ISMU. Nota: La cifra muestra el consumo mensual medio (en euros) por parte de los inmigrantes de los nuevos países miembros de la UE y de los inmigrantes de los países candidatos.

¿Por qué el aumento del consumo?

La información contenida en las encuestas de la Fundación ISMU[2] arroja luz sobre los mecanismos que pueden haber conducido tal crecimiento del consumo por parte de los ciudadanos rumanos y búlgaros desde la ampliación de 2007.

La incertidumbre sobre la situación jurídica puede tener un efecto negativo en la actividad y el gasto de los inmigrantes, lo que los lleva a ahorrar como medida cautelar. Con la ampliación de la UE en 2007, los inmigrantes rumanos y búlgaros obtuvieron inmediatamente la ciudadanía europea y esta incertidumbre fue eliminada automáticamente.

Además, aquellos que eran inmigrantes indocumentados experimentaron un crecimiento de sus ingresos laborales, al pasar del sector informal al formal. Como resultado, aumentaron su gasto en alimentos, ropa y otros artículos de necesidad básica.[3] Los inmigrantes documentados también aumentaron su consumo, principalmente en bienes duraderos, ya que el acceso a la UE eliminó el riesgo de no renovar el permiso de trabajo en los años venideros y aumentó la probabilidad de obtener un contrato indefinido.

Por lo tanto, el acceso a la UE aportó beneficios inmediatos para Italia por la contribución de los nuevos ciudadanos a la demanda agregada. También debe considerarse que Italia fue la única de las grandes economías europeas que no amplió las restricciones al acceso al mercado laboral interno para los ciudadanos rumanos y búlgaros, permitiendo así que el impacto en la demanda nacional se materializara inmediatamente.[4]

En definitiva, aunque las políticas de regularización suelen ser difíciles de aplicar debido al alto coste político que implican, nuestros resultados confirman que la simplificación de los procedimientos burocráticos y la ampliación de la duración de los permisos de trabajo para los inmigrantes documentados también pueden tener efectos beneficiosos en el lado de la demanda agregada, así como asegurar la contribución esencial que la inmigración hace al sistema productivo y a la atención domiciliaria.

Estos resultados tienen implicaciones de política económica importantes, especialmente en un periodo de incertidumbre legal como el actual, marcado por la salida del Reino Unido de la UE y la crisis de la COVID19. Se espera que la carga burocrática que supondrá, aumentará de forma significativa para más de 3,5 millones de inmigrantes que residen en el Reino Unido, los cuáles, a menos que tengan la nacionalidad británica, necesitarán adquirir algún tipo de permiso de trabajo.

Asimismo, el efecto positivo de la ampliación de la UE sobre el consumo de los hogares de inmigrantes debe formar parte del debate reciente sobre el acceso de Albania y Macedonia del Norte a la UE, así como sobre la efectividad de los programas de legalización que han adoptado varios países en el contexto del COVID-19.


Bibliografía

Adamopoulou, E y E Kaya (2020), “Not just a work permit: EU citizenship and the consumption behavior of documented and undocumented immigrants”, Canadian Journal of Economics, de próxima publicación.

Dustmann, C, F Fasani y B Speciale (2017), “Illegal migration and consumption behavior of immigrant households”, Journal of the European Economic Association, 15(3), 654-691.

Mastrobuoni, G y P Pinotti (2015), “Legal status and the criminal activity of immigrants”, American Economic Journal: Applied Economics, 7(2), 175-206.


[1] Albania Bosnia-Herzegovina, Croacia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía.

[2] Iniciativas y Estudios sobre Multiétnica (ISMU), encuestas 2004-2012.

[3] Dustmann et al. (2017) detectan que las regularizaciones aumentan el consumo de inmigrantes. Mastrobuoni y Pinotti (2015) muestran una disminución de la delincuencia de los inmigrantes tras la ampliación de 2007.

[4] Bulgaria y Rumanía se unieron a la UE el 1 Enero de 2007. Sin embargo, los tratados de adhesión permitieron a los Estados miembros imponer restricciones temporales a la entrada por razones de trabajo a los ciudadanos búlgaros y rumanos hasta siete años después de la adhesión. La mayoría de los países europeos, incluída Italia, anunciaron restricciones para evitar flujos migratorios excesivos. En consecuencia los ciudadanos rumanos y búlgaros habrían seguido necesitando de un permiso de trabajo. Sin embargo el 28 de diciembre de 2006, tres días antes de la entrada en UE, Italia levantó estas restricciones.