El Sistema Nacional de Salud necesita más que un rescate

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Por Beatriz G. Lopez-Valcarcel, Ricard Meneu, Salvador Peiró, Vicente Ortún y Rosa Mª Urbanos.

Enseñanzas de la Covid-19

La respuesta generalizada a la pandemia, mediante el confinamiento de la población para evitar el colapso del sistema sanitario, ha supuesto una suspensión de buena parte de la actividad económica hasta niveles inimaginables hace poco más de cien días. El reto ahora es evidente, recuperar la actividad económica evitando rebrotes, y con cambios estructurales que consigan aumentar la productividad total de los factores para poder afrontar el aumento del déficit y deuda pública. Pero deben acometerse cambios también en sanidad dirigidos a mejorar los resultados del sistema (salud), que hagan compatibles la inversión en capital humano y la mejora del bienestar colectivo con la sostenibilidad económica y social. El aumento de la productividad total de los factores depende de inversiones acertadas y de que el sector sanitario, que es una fuente importante de innovación y para la economia en otros países, lo sea también en España.

Además de exponer nuestra falta de preparación, la epidemia nos ha enseñado dolorosamente la necesidad de proteger a los más vulnerables, sobre todo a los ancianos y las personas institucionalizadas: dos tercios de los fallecimientos Covid-19 podrían corresponder a residencias. En positivo, la crisis sanitaria ha revelado la excelente capacitación de los profesionales sanitarios, buen reflejo de un sistema de formación de médicos (MIR) y enfermeras que forma parte del capital del país. También hemos visto la gran capacidad de adaptación de la red sanitaria pública, con liderazgo clínico eficaz, colaboración entre profesiones y entre especialidades, con incorporación express de avances científicos y organizativos en un contexto de gestión “de emergencia” más flexible, y grandes avances en el uso de la telemedicina. El profesionalismo ha protagonizado la necesaria plasticidad de la atención sanitaria, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria, supliendo las carencias de unas estructuras administrativas innecesariamente rígidas, inadecuadas para un sector esencialmente dinámico y claramente obsoletas.

La necesidad de abordar las mejoras más inexcusables no es solo relevante para el sector sanitario, con un gasto total que representa el 9% del PIB. El futuro económico inmediato en su conjunto depende de que la sanidad sea capaz de evitar que los brotes locales de Covid-19 (con el que vamos a convivir una larga temporada) se expandan y, más allá del daño reputacional a sectores relevantes de la economía española (principalmente el turismo, 12,3% del PIB), fuercen a nuevas restricciones de la actividad económica, de altísimo coste fiscal.

Propuestas específicas de futuro para la sanidad

El SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), fundamental para mantener el empleo, los créditos del MEDE y el fondo de garantía europeo del BEI (que suman 540 millardos), junto con las compras masivas de deuda por parte del BCE que permitirán mantener las primas de riesgo, ayudarán a cubrir los gastos extraordinarios originados por la pandemia y a financiar el déficit público durante este año y el próximo. Ahora bien, en sanidad, y más concretamente en la sanidad pública, la inaplazable mejora de la productividad total de los factores, nuestro talón de Aquiles, no pasa por consolidar gasto corriente con ingresos extraordinarios, sino por iniciar los cambios estructurales pendientes desde hace décadas y efectuar las inversiones adecuadas en capital humano, físico y organizativo.

Aquí nos limitaremos a la inversión en RRHH que, con las necesarias reformas en gestión (de las que requieren dos legislaturas de las de cuatro años), han de materializar un mejor Estado que garantice sostenibilidad en un contexto de transición energética y digitalización. Para una visión más global de los cambios que exige el sector sanitario, remitimos al lector a las investigaciones académicas previas de los autores, accesibles la mayoría a través de Google Scholar. Adicionalmente, el conocimiento institucional del sector, reforzado durante la pandemia con nuestro voluntariado como asesores de varios gobiernos, central y autonómicos, nos ha permitido esbozar ya el detalle de algunas propuestas, tanto a corto como a medio y largo plazo, en comparecencias parlamentarias, subsiguientes debates y en diversos artículos de opinión (ver aquí, aquí y aquí).

Competencia por comparación, recursos humanos y la refundación de la atención primaria

Los profesionales sanitarios son el gran activo del Sistema Nacional de Salud (SNS), pese al igualitarismo injusto y a la tolerancia con la erosionante promiscuidad público-privada. Hay que diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de relación profesional en el SNS que capte y retenga talento, que incentive la práctica bien hecha, y que estimule el trabajo mediante fórmulas que permitan flexibilidad, conciliación y adaptación a preferencias. Centros sanitarios con mucha más autonomía han de poder desarrollar políticas de personal –puede existir un mínimo común- en un irrenunciable marco de competencia por comparación en calidad.

Es imprescindible refundar la atención primaria y la medicina de familia, con incentivos monetarios pero también de investigación, docencia y desarrollo profesional, y con la redefinición de modos de trabajo, como se viene señalando desde hace años. El indicador más evidente del éxito de estas políticas será cuántos MIR entre los 3.000 primeros eligen Medicina Familiar y Comunitaria, triste reflejo de la baja consideración de la especialidad angular del SNS. Es imprescindible también prestar mayor atención a nuevas profesiones y al papel de la Enfermería, así como plantear y debatir cambios en la especialización y adaptar las convocatorias MIR de acuerdo con una planificación dinámica de necesidades, acabando con la insensatez que supone un sistema que requiere mantener un 20% de profesionales en paro para cubrir las vacaciones del resto.

 

Gestión

Nadie debería negar la exigencia de una gestión profesionalizada de la red pública, con autonomía y herramientas adecuadas. Y, con ella, de su consecuente evaluación sistemática, con garantía de independencia “a la AIReF” sobre la base de información homogénea, transparente y compartida, que condicione la financiación pública.

En nuestra sanidad coexiste la gestión directa de servicios -con una muy tímida incorporación de nuevas formas de gestión, tales como consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles públicas- con la gestión indirecta mediante, sobre todo, conciertos, muy secundariamente concesiones administrativas y de obra, y casi anecdóticos mecanismos de compra pública innovadora y contratos de riesgo compartido. Tampoco en sanidad se ha abordado la reforma de la administración pública, y el Derecho público sigue siendo inadecuado para la prestación de servicios aun cuando se sabe que una mayor autonomía de gestión favorece la eficiencia. Esta rigidez se adapta mal a la misión y las necesidades de los servicios sanitarios modernos, tanto en la compra de insumos como en la incorporación de profesionales, pues conduce paradójicamente a un alto nivel de empleo inestable, abuso generalizado de contratos temporales y ausencia de la necesaria longitudinalidad, esencial en la atención primaria.

No cabe aquí discutir si conviene más o menos Estado, sino convenir fácilmente que en sanidad nos hace falta un mejor Estado, tanto para la provisión de servicios de salud como para, cuando convenga, la contratación efectiva y no corrupta con organizaciones sanitarias privadas. Puede hacerse, pero no será fácil cambiar a un marco de autonomía responsable, pues para vencer conservadurismos y propiciar una mejor gestión pública se precisa de una mejor política. Si ya sabíamos que la imparcialidad, la calidad regulatoria, la efectividad gubernamental, el control de la corrupción y el respeto a la ley, el buen gobierno en suma, eran la auténtica riqueza de las naciones, ahora, cuando se precisa de mejor Estado, esa mejora de la gestión pública –de la que la regulación y gestión clínica y sanitaria podrían ser paladines- es casi la clave definitoria de nuestro futuro, tanto por el posible liderazgo innovador del sector sanitario en la economía como por su impacto en el bienestar de la población.

Hasta aquí lo nuclear para disponer de una sanidad que responda eficientemente a las necesidades de la sociedad. Tal vez en otra ocasión abordemos cómo el sistema sanitario solo es un elemento en la producción de salud. Porque quizás ahora el paradigma de la “Salud en Todas las Políticas” ha cobrado relevancia a la vista del gran impacto del transporte, el ocio o el turismo en la epidemia, y de la influencia ampliamente demostrada que sobre la salud de las poblaciones ejercen los determinantes sociales y la afectación del medio ambiente.

Hay 4 comentarios
  • Un grupo de profesionales y gestores sanitarios creemos que muchos de los cambios necesarios en nuestro sistema sanitario pasan por centrar el foco en la coordinación territorial y en reformar el sistema de financiación. Nuestra propuesta se centra en realizar una nueva Ley General de Sanidad de orientación federal. Hemos remitido un documento complementario con esta propuesta de reforma a la Comisión del Congreso y puede leerse aquí:

    http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20200622_D12.pdf

  • Mas de 2/3 partes de los sanitarios del país son mujeres... Siguen sin contar con la visión mayoritaria del sistema!
    13 firmantes del documento, solo hombres!

  • Más de dos tercios son mujeres y el problema es que no firman...¿dónde están los hombres faltantas en la sanidad y por qué eso no parece ser un problema mientras que sí parecen serlo las mujeres faltantes entre firmantes?

  • Me ha llamado mucho la atención este párrafo: "la insensatez que supone un sistema que requiere mantener un 20% de profesionales en paro para cubrir las vacaciones del resto."
    ¿El paro entre los licenciados en medicina es del 20%? Y, sin embargo, para entrar en medicina se requiere la nota más alta de todas las carreras de España y hay escasez estructural de profesionales en ciertas especialidades...
    Algo no cuadra, ¿de dónde sale ese dato?

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