El 27 de Noviembre de 2014, El Diario destapaba el plagio de José Antonio Martínez Álvarez, el director del Instituto de Estudios Fiscales, en su libro La Escalera de Jacob.
El plagio no era una frase copiada y pegada aquí o ahí. Eran párrafos y párrafos enteros. Un caso de fraude académico de primera magnitud, inaceptable en un profesor universitario y más en el director del Instituto de Estudios Fiscales.
Este fraude, si España fuera como otros países, hubiera traído dos consecuencias. La primera que José Antonio Martínez Álvarez hubiera dimitido de su cargo y, en caso de negarse, que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo hubiese destituido. La segunda que la UNED, la universidad con la que esta afiliado José Antonio Martínez Álvarez, hubiera comenzado algún tipo de actuación disciplinaria ante un comportamiento impropio de la actividad investigadora.
Desconocemos si ha habido alguna actividad en la UNED. Lo que sí que sabemos es que ni José Antonio Martínez Álvarez ha dimitido ni Cristóbal Montoro le ha destituido.
Y si la actitud de José Antonio Martínez Álvarez nos entristece pero no nos extraña dado su comportamiento de plagio, la de Cristóbal Montoro nos sorprende. Cristóbal Montoro es catedrático de universidad y, por tanto, debía ser particularmente sensible a la gravedad de un plagio de tal magnitud.
Ha pasado ya un año largo y, como demasiadas veces ocurre en España, los comportamientos inaceptables no acarrean consecuencias. ¿Qué piensan los españoles que con sus impuestos pagan el sueldo de José Antonio Martínez Álvarez? ¿Qué prestigio pueden acumular las instituciones académicas españolas cuando el plagio queda impune? ¿Por qué no ha actuado Cristóbal Montoro? No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas, pero si mucho enfado y decepción. España no puede funcionar de esta manera.
Antonio Cabrales, Gerard Llobet, J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Fernández-Villaverde, Juan Rubio-Ramírez, Libertad Gonzalez y Pedro Rey Biel
P.d. Esta entrada iba a ser colgada el 27 de Noviembre de 2015, cuando hacia un año de la noticia en El Diario. Sin embargo, al estar en plena temporada electoral, decidimos retrasarla unas semanas. Los dos meses extras no han corregido la situación.