El mercado no innova solo: lecciones de la política científica estadounidense

Por Andrea Gazzani (Bank of Italy), Joseba Martinez (London Business School y CEPR), Filippo Natoli (Bank of Italy) y Paolo Surico (London Business School y CEPR)

Nota de los autores: Esta columna no refleja necesariamente las opiniones del Banco de Italia ni del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

En el debate público solemos asociar la innovación con las grandes figuras del sector tecnológico: los fundadores de startups, los inversores de capital riesgo o las empresas que marcan el paso del progreso técnico. Y con razón: el talento y la iniciativa privada son ingredientes fundamentales. Pero lo que rara vez se celebra es el papel —más silencioso, pero igual de decisivo— de las instituciones públicas, los funcionarios y la burocracia que sostiene el sistema de innovación. Nuestro estudio muestra que esta infraestructura estatal ha sido una de las principales fuentes del liderazgo tecnológico de Estados Unidos durante las últimas siete décadas.

Figura 1. Efectos macroeconómicos de la innovación

Desde la Segunda Guerra Mundial, el modelo estadounidense de innovación ha seguido una arquitectura bien definida. En 1945, Vannevar Bush —entonces asesor científico del presidente Roosevelt— propuso en su informe Science, the Endless Frontier un sistema basado en tres pilares: (1) financiación pública para la investigación básica, (2) universidades y centros de investigación para ejecutarla, y (3) empresas privadas para comercializar los resultados. Este diseño institucional dio lugar a un flujo constante de innovaciones “público-privadas”: proyectos financiados por agencias como el NIH o la NSF, pero desarrollados y patentados por empresas, universidades o startups. En nuestro trabajo analizamos el impacto de este modelo en el crecimiento y la productividad de la economía estadounidense.

El artículo

Nuestro análisis combina datos de todas las patentes concedidas en Estados Unidos desde 1950 con información macroeconómica sobre la productividad total de los factores (TFP), el PIB, el gasto en I+D y la inversión privada. Clasificamos las patentes en tres grupos: (a) goverment–private: financiadas con fondos públicos y propiedad privada; (b) private–private: financiadas y propiedad del sector privado; y (c) government–government: financiadas y propiedad del Estado. A partir de esta clasificación, estimamos cómo las fluctuaciones en la innovación de cada tipo se relacionan con la evolución de la productividad y del PIB, controlando por los ciclos económicos, la política fiscal y monetaria y otros factores estructurales.

Los resultados son contundentes. Las innovaciones público-privadas tienen efectos macroeconómicos sobre el PIB, la TFP y el gasto privado en I+D que duplican los de las innovaciones puramente privadas (Figura 1). En consecuencia, aunque representan solo alrededor del 2% del total de patentes, explican en torno al 20% de las variaciones a medio plazo en la productividad y el PIB de Estados Unidos (Figura 2). En otras palabras: las patentes financiadas con dinero público, pero desarrolladas y registradas por actores privados, tienen un impacto macroeconómico desproporcionadamente alto.

Figura 2. Contribución de la innovación al PIB y TFP

Las patentes financiadas con fondos públicos tienden a ser más básicas y de uso más amplio que las privadas. La investigación básica expande la frontera del conocimiento, genera externalidades y permite que otras empresas y laboratorios construyan sobre esos avances. Encontramos que estas patentes se sitúan entre las más “fundamentales”, según dos medidas: (1) su importancia, medida por el grado en que influyen en patentes posteriores; y (2) su dependencia de la ciencia, medida por el número de citas a artículos científicos (Figura 3). En ambas dimensiones, las innovaciones financiadas públicamente son relativamente pocas, pero muy fecundas.

Figura 3. Importancia y carácter básico de las patentes financiadas públicamente

Una estimación simple basada en nuestros resultados sugiere que cada dólar invertido en investigación pública genera entre ocho y catorce dólares en PIB acumulado, más del doble del rendimiento medio de la inversión privada en innovación. Este multiplicador es tan elevado porque el gasto público no sustituye al gasto privado, sino que lo complementa y lo estimula. En los periodos en que el gobierno federal aumenta su financiación científica, observamos un incremento paralelo en la inversión empresarial, el gasto en I+D y los salarios reales.

Entre las agencias públicas, destacan el NIH y la NSF como las más productivas en términos de impacto en la productividad y la inversión privada. En cambio, las patentes financiadas por agencias más orientadas a la defensa, como el Department of Defense o la NASA, muestran efectos más modestos sobre el crecimiento agregado.

La actualidad

Este patrón histórico vuelve aún más preocupante la tendencia actual en Estados Unidos. En los últimos años, las agencias que sostienen el sistema científico —el NIH, la NSF, el Department of Energy— han enfrentado recortes significativos en sus presupuestos. El Congreso ha congelado o reducido partidas clave de investigación básica, mientras los debates sobre el déficit y el techo de gasto dominan la política fiscal. Paradójicamente, este giro llega en un momento en que otras economías están haciendo justo lo contrario. China ha multiplicado su inversión pública en tecnologías estratégicas, como la inteligencia artificial y la energía verde, para cerrar la brecha de productividad que la separa de Estados Unidos.

Si algo muestra nuestra evidencia, es que los recortes a la ciencia pública no son neutrales: reducen la productividad futura, debilitan la innovación privada y erosionan la ventaja tecnológica que definió la economía estadounidense durante gran parte del siglo XX.

La comparación con Europa, y en particular con España, es instructiva. Mientras Estados Unidos ha mantenido (hasta la segunda administración de Trump) una política de innovación coherente durante más de siete décadas, Europa presenta una estructura fragmentada y una inversión pública relativamente baja. En España, el papel que desempeñan el CDTI, el CSIC y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades resulta crucial, pero sus recursos y su autonomía son limitados.

Lo que demuestra la experiencia estadounidense es que el vínculo entre la investigación básica financiada por el Estado y la aplicación empresarial es lo que realmente genera crecimiento. Europa no necesita imitar a Silicon Valley; necesita su propia versión de la “mano visible” de la innovación: un Estado que asuma riesgos tempranos, que invierta en ciencia y que permita que el sector privado escale esas ideas.

Conclusiones

De nuestros resultados se desprenden tres lecciones principales: (1) proteger los presupuestos públicos de investigación, (2) fomentar las sinergias público-privadas y (3) invertir en ciencia básica. Para España y Europa, la conclusión es clara: sin una estrategia pública de innovación, se quedarán atrás en las industrias del futuro, tal y como se quedaron atrás en las primeras y segundas generaciones de la industria digital.

La experiencia estadounidense demuestra que la inversión en ciencia no es un lujo, sino una política macroeconómica de primer orden. Actúa como estabilizador a mediano y largo plazo: sostiene la productividad, impulsa la inversión privada y aumenta el crecimiento potencial. En definitiva, el mercado no innova solo. Detrás de cada avance tecnológico hay un largo proceso de investigación pública, de coordinación institucional y de una política bien diseñada.