Por Stefano Falcone
Los desahucios son un fenómeno que afecta a millones de hogares en el mundo. Las cifras son particularmente elevadas en Estados Unidos donde llegan a afectar a más de 3 millones de hogares al año según las estadísticas de las últimas dos décadas. En España también las cifras son muy altas según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
A pesar del relevante número de desahucios, sabemos poco sobre el coste social de este fenómeno. Trabajos recientes en economía y otras ciencias sociales han intentado abordar la cuestión. Es el caso, por ejemplo, de este artículo que, concentrándose en la ciudad de Nueva York y el condado de Cook (donde está Chicago), muestra que los desahucios llevan a consecuencias negativas para los desahuciados, entre las cuales destaca un aumento del “sinhogarismo”.
Pero, en teoría, el coste social del fenómeno de los desahucios podría no restringirse solamente a los daños para las personas desahuciadas sino causar también externalidades negativas, perjudicando a otros individuos. Por ejemplo, los desahucios podrían generar un aumento del crimen al verse los afectados en una situación de exclusión social.
Inspirado por los estudios pioneros de Matthew Desmond, este artículo investiga esta cuestión. Más precisamente, la hipótesis bajo estudio es que los desahucios aumentan una forma particular de criminalidad, los allanamientos y los robos de vehículos, y que este aumento se debe al sinhogarismo, es decir, al hecho de que los desahuciados, no encontrando una nueva vivienda, buscan refugios ilegalmente en estructuras y vehículos.
Estrategia empírica y supuestos
El estudio aborda esta cuestión focalizándose en el caso de las ciudades de Ohio en Estados Unidos desde 2000 hasta 2014. Para evaluar los efectos causales, el estudio utiliza la variación exógena en el incentivo de los propietarios de viviendas de desahuciar a los arrendatarios debido a la adopción escalonada de las nuisance ordinances en las ciudades de Ohio. Estas ordenanzas municipales sancionan a los propietarios por molestias en la propiedad, creando por lo tanto un incentivo a desahuciar a los arrendadores ruidosos.
Formalmente, la ecuación estimada es la usual en los modelos de diferencia-en-diferencias (DID) con tratamiento escalonado:
Donde Yct es el número de desahucios o el número de allanamientos o el número de robos de vehículo (los tres por cada 10,000 habitantes); Treatct es un indicador de si la ciudad c tiene una nuisance ordinance activa en el año t; Xc son los dos controles; γc son los efectos fijos de las ciudades; δt son los efectos fijos de los años. El coeficiente de interés es β, que captura el efecto estimado de los desahucios bajo los dos siguientes supuestos: 1) las ciudades en el grupo de tratamiento hubieran tenido un cambio de criminalidad idéntico al de las ciudades en el grupo de control si no hubiesen sido tratadas (tendencia paralela); 2) el efecto de las nuisance ordinances sobre el crimen se debe exclusivamente a los desahucios.
Resultados Principales
Los resultados basados en la ecuación [1] muestran que la adopción de las nuisance ordinances ha llevado, en media, a un aumento en el número de desahucios del 32 por ciento aproximadamente (Tabla 1), confirmando los resultados de Kroeger y La Mattina (2020).
Al mismo tiempo, la adopción de las nuisance ordinances ha aumentado el número de allanamientos y el número de robos de vehículos del 18 y 28 por ciento, respectivamente (Tabla 2).
Bajo el supuesto de que el efecto sobre los desahucios explica integralmente el cambio sobre estas formas de crimen, los resultados indican unas elasticidades muy elevadas: 0,55 para los allanamientos y 0,85 para los robos de vehículos, las cuales significan que cada aumento del 10 por ciento en el número de desahucios aumenta el número de allanamientos del 5,5 por ciento y el número de robos de vehículos en el 8,5 por ciento.
En la Figura 1, que se basa en la ecuación reportada en la nota a pie de página[1], se muestra que los resultados de las Tablas 1 y 2 son consistentes con el supuesto de tendencia paralela: como visible, alrededor de entre uno y dos años después de la adopción de una nuisance ordinance, las ciudades registraron en media, un aumento significativo en el número de los desahucios y también de los allanamientos y de los robos de vehículos, mientras que antes de la adopción estos números eran estables.
Mecanismos
¿Por qué los desahucios aumentaron el número de allanamientos y robos de vehículos? El estudio encuentra evidencia empírica que esto se debe a un aumento del sinhogarismo. Como el investigador no dispone de datos a nivel municipal sobre el sinhogarismo, la evidencia acumulada es indirecta.
En primer lugar, no se registró un aumento del crimen violento o de otras formas de crimen de propiedad aparte de las ya mencionadas (allanamientos y robos de vehículo). Este resultado va acorde con gran parte de la literatura en criminología que ha indicado que sobre todo los allanamientos y los robos de vehículos son sensibles a la presencia de los sintecho (véase por ejemplo este artículo). En segundo lugar, hay un efecto positivo de las nuisance ordinances sobre los arrestos por embriaguez pública, un crimen cometido desproporcionadamente por los sintecho. En tercero lugar, el efecto existe solo para las ciudades sin refugios para las personas sin hogar. Cuarto, el efecto es más grande en las ciudades con bajo capital social, donde las redes de apoyo para los desahuciados son débiles. Quinto, el efecto es más grande en los meses que van de octubre hasta febrero, cuando las condiciones climáticas fuera de los hogares son particularmente duras en Ohio. Sexto, el efecto de los allanamientos se concentra en edificio comerciales y áreas públicas e incluyen robo de material de escaso valor para los ladrones profesionales, pero esenciales para los sintecho, como por ejemplo ropa. En último lugar, el estudio encuentra un efecto negativo sobre la eficacia de la policía en perseguir estos crímenes, lo cual podría indicar un cambio en su composición en favor de actos cometidos por los sintecho, considerados por la policía menos peligrosos y por tanto menos importantes por perseguir.
Conclusiones
Este estudio ofrece la primera evidencia empírica de un efecto de los desahucios sobre el crimen. Solo los allanamientos y los robos de vehículos se ven afectados por los desahucios. Estos crímenes parecen ser cometidos por los individuos desahuciados que se encuentran en la imposibilidad de encontrar una nueva vivienda y cometen estos delitos para huir de la calle.
La existencia de un efecto de los desahucios sobre el crimen tiene implicaciones importantes para la eficiencia económica. Dada la presencia de esta externalidad negativa, podría ser más eficiente que aumentase el número de propietarios en relación con el número de arrendadores. También, políticas públicas que se dedicaran a ayudar a los sintecho, ofreciéndoles un hogar, sobre todo en los meses de invierno, o la financiación pública de abogados para los arrendadores en los casos legales de desahucio, podría comportar un aumento de la eficiencia. Estas potenciales implicaciones necesitarían más investigación, y precisamente en España, donde los desahucios y los allanamientos son fenómenos generalizados.
Hay 8 comentarios
Excelente entrada.
En ella se obtiene evidencia de causalidad entre determinadas situaciones de pobreza y el aumento de ciertas prácticas delictivas. Lo interesante es que se sienta un precedente a partir del cual, poder ampliar y extrapolar estos resultados a otras externalidades producidas por una determinada política económica.
Mi impresión es que cuando a un agente económico se le quita la posibilidad de satisfacer una necesidad vital, este se encuentra ante la situación, de no poder dejar de satisfacer dicha necesidad (ej. techo), frente a la opción de satisfacerla de forma ilegal. Es importante señalar aquí que la necesidad nunca desaparece, se mantiene latente, es irrenunciable ya que un invierno en Chicago en la calle, es la muerte. Lo que se traduce en una pena de muerte impuesta por parte de una sociedad que ignora e invisibiliza una realidad que es inducida por decisiones racionales emanadas de su representantes políticos.
Estas necesidades no satisfechas, producen dolor, frustración y en última instancia odio y rencor, rabia e irracionalidad contra la sociedad o contra el poder, erosionando las instituciones al quedar deslegitimadas como órganos de gobierno para la defensa de un bien común.
Un cordial saludo.
Muchas gracias JORDI CASADO SOBREPERE por su interés en mi artículo.
Estoy de acuerdo con su afirmación que la imposibilidad de satisfacer una necesidad lleva los agentes "imposibilitados" a procurarse remedios con la fuerza, tal vez ilegalmente y a veces hasta con violencia.
Aquí hay un problema que en economia se ha aclarado desde muchos años. Es decir que los mercados, incluidos los inmobiliares, están caracterizado por fricciones que, a veces, impiden a ciertos tipos de personas de disfrutar de bienes de primera necesidad.
Es dificil pensar que la politica pública pueda intervenir satisfactoriamente para reducir las fricciones, pero sí que la colectivad debería de intervenir para reducir las externalidades negativas que la falta de acceso a bienes básicos desgraciadamente conlleva (crimen, conflicto social, etc.).
Interesante artículo.
Para tener una visión completa del fenómeno sería interesante saber cuales son las posibles consecuencias de la no existencia de las políticas de desahucio (posiblemente caída de la oferta de vivienda en alquiler, peor acceso al crédito, denuncias por ruido, narcopisos…)
Muchas gracias Javier.
No creo que se deba necesariamente actuar para reducir el derecho de los proprietarios de desahuciar a los inquilinos. Eliminar ese derecho tendria consequencias negativas importantes, entre las cuales las que indicas.
Yo sugiero cuatro tipos de intervenciones: 1) incentivar la propriedad de vivienda para los hogares más pobres (habría que estudiar cómo), 2) garantizar que al proceso los desahuciados más pobres tengan derecho a un avogado, 3) aumentar la presencia de estructuras públicas para los sinhogar, 4) aumentar el asociacionismo (capital social) para que los desahuciados tengan amigos que les ayuden en caso de necesidad
Si volviéramos la vista atrás hace 100 años, nos llevaríamos las manos a la cabeza al ver a gente morir por no poder pagar un médico, o al contemplar el analfabetismo de la mayoría de la población.
Ojalá dentro de 100 años se lleven igualmente las manos a la cabeza al pensar cómo echamos a la gente a la calle en nuestros días.
El derecho a la vivienda está recogido en la Constitución, y está moralmente muy por encima del derecho al legítimo beneficio que a veces enmascara a la especulación.
Es un tema delicado. Muchas intervenciones en el mercado inmobiliario, aunque tengan buenas intenciones, se revelan un fracaso, dañando sobre todo a los más pobres.
Quizás una potencial solución a estudiar sería lo de fomentar la propiedad colectiva de la vivienda, una forma de cooperativismo que produce "hogares", sin necesariamente pasar por la construcción de viviendas del Estado, que también podrían ayudar.
Necesitamos más estudios sobre estos temas.
Sin embargo veo una omisión; cuando no hay medidas efectivas contra los okupas la venta de llaves de pisos entra en un mercado negro que es en sí mismo ilegal y puede facilitar la creación de mafias de okupas más o menos organizadas. Y si se echa a grupos de personas de este perfil, que ya delinquian desde el momento de okupar, es razonable que lo hagan después. Habría que separar ese grupo particular del resto de los desahuciados, porque si no, en realidad no se verifica la incidencia de los desahucios en la delictividad: se pasa por alto que los ladrones de coches y demás, mientras son okupas no cometen esos delitos, y los vuelven a cometer al ser desahuciados, en una simple permutación de un delito por otro.
En mi artículo encuentro evidencia indirecta que los desahucios no aumentan las acciones de los okupas. Los desahucios de okupas son una gran minoría de los desahucios que ocurren cada día en Estados Unidos. Mucho mayor es el problema del sinhogarismo y de gente que roba vehículos o hace allanamientos de estructúras publicas (no de viviendas!) cómo gasolineras, tiendas, bancos, sitios en obras etc. para dormir y robar ropa, comida y bebida.
Entonces tu afirmación "Habría que separar ese grupo particular del resto de los desahuciados, porque si no, en realidad no se verifica la incidencia de los desahucios en la delictividad" es muy probablemente falsa en el contexto de mi estudio.
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