Datos.gob.es: Error interno en el servidor (público)

Por Jordi Paniagua

La disponibilidad de microdatos se ha vinculado con mejoras en la investigación y en la elaboración de políticas públicas. Por ejemplo, los microdatos procedentes de encuestas de hogares no solo informan los debates políticos, sino que también se han utilizado ampliamente en investigaciones. Además, cuando se utilizan de manera sistemática, los microdatos administrativos pueden conducir a mejoras sustanciales en la regulación y las inversiones públicas (ver aquí). Por esta razón, los institutos nacionales de estadística y los gobiernos enfrentan una creciente presión para producir microdatos, lo que permite a los investigadores y analistas abordar cuestiones sociales complejas. Aunque existen costes potenciales que deben considerarse (como el acceso y la salvaguardia de datos privados), el acceso de los investigadores a estos microdatos facilita responder a preguntas más complejas, permite estimaciones más precisas y mejora la replicabilidad de los resultados científicos.

Impulsados tanto por las evidencias que sugieren que la disponibilidad de microdatos mejora la calidad y profundidad de la investigación, como por la necesidad de cumplir con la Estrategia Europea para los Datos (Comisión Europea, Feb 2020), desde 2020 en España contamos con un portal del dato, un portal nacional de Datos Abiertos y una dirección general del dato. Sin embargo, más allá de los recurrentes fallos en el servidor datos.gob.es, no soy muy optimista respecto a la iniciativa de datos abiertos en España debido a la configuración inercial de la administración pública en nuestro país.

En el campo que conozco mejor, el comercio internacional, el acceso a datos a nivel de empresa o de aduanas ha generado una auténtica explosión en la investigación y en las políticas comerciales. En algunos países, el acceso a microdatos es relativamente sencillo y se logra mediante la simple cumplimentación de un formulario. Gracias a ello, se ha podido estudiar la dinámica exportadora, la diferenciación de exportaciones o la transmisión de crisis utilizando datos aduaneros de países como Francia, Bélgica, o Colombia, entre otros. Sin embargo, en España, el acceso a este tipo de datos ha sido tradicionalmente muy limitado para los investigadores. Esto se evidencia en los intentos de algunos autores por compilar una base de datos global, quienes solo lograron reunir información de 45 países (ver aquí; Otro enorme esfuerzo aquí) y pudieron conseguir los datos para España de manera indirecta a través de intermediarios.

Para ilustrar mejor mi desazón y comprender alguna de las causas de la tradicional desafección por los datos en España, describiré dos experiencias recientes con dos administraciones públicas que, para cumplir su misión, necesitan trabajar con multitud de datos de comercio internacional. Por una parte, participé en la construcción de una nueva base de datos para la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (USITC), un organismo público e independiente dedicado al análisis de comercio internacional. Los economistas de la mayoría de los organismos públicos en EE. UU. son muy frecuentemente académicos contratados a través del mercado laboral académico (job market). Su día a día dista muy poco del trabajo de los profesores, pero sin dar clase, y es habitual el salto desde y hacia las universidades. Además de preparar informes para el Congreso y la Presidencia de EE. UU., estos economistas investigan, asisten a congresos científicos y tienen incentivos para publicar artículos, para los cuales necesitan datos de calidad. Como no disponían de datos adecuados sobre inversión extranjera, decidieron compilar una nueva base de datos: la MREID (Multinational Revenue, Employment, and Investment Database). La base MREID contiene información detallada sobre ventas, empleo e inversión en 185 países y 25 sectores durante los años 2010-2021, complementando el resto de bases de datos sobre comercio internacional disponibles en el portal Gravity de la USITC.

Por otra parte, participé recientemente en un proyecto para un organismo público equivalente en España, donde desarrollamos una herramienta para el análisis de política comercial. La primera diferencia sustancial es que, mientras en EE. UU. buscaban datos y realizar análisis, en España querían un software que permitiera analizar cambios en la política comercial con un interfaz de usuario. La segunda diferencia radica en la formación e incentivos de los economistas del ministerio, en su mayoría economistas del Estado. Es verdaderamente infrecuente coincidir con un economista del Estado en un congreso, como es infrecuente también encontrar artículos científicos escritos por algunos de ellos. No sugiero que sean malos profesionales; de hecho, se dice que son muy competentes en lo suyo tradicional, y seguramente los más brillantes de sus promociones de según qué sitios, pero lo que creo que es indiscutible es que no cuentan con los mismos incentivos (ni la misma formación) que sus colegas en posiciones equivalentes el resto del mundo. El problema de acceso y selección de los economistas del Estado y de otras élites en la Administración se ha discutido extensamente en este foro (ver aquí). Pero sigue siendo desalentador que las reformas que se proponen tímidamente (por ejemplo, aquí) no aporten cambios significativos, especialmente ante el titánico reto que supone el manejo de grandes bases de datos y la inteligencia artificial.

Resulta abrumador pensar en el coste de oportunidad de ocupar a los mejores expedientes en memorizar temarios anacrónicos y ocuparles luego en tareas sin ningún poso investigador o creatividad. Por ejemplo, es muy común que una gran cantidad de proyectos, tiempo y dinero termine en manos de consultoras (o académicos en el mejor de los casos) debido a la falta de habilidades o interés por el manejo de bases de datos, la programación y el análisis cuantitativo entre los altos funcionarios del Estado, quienes dependen de estos externos para realizar tareas que podrían manejar internamente si contaran con las competencias, los equipos y los incentivos necesarios. Y esto por no hablar de las consecuencias perversas para el sistema democrático de que los sucesivos gobiernos no cuenten con sus propios equipos de análisis económico al más alto nivel e independencia en la propia Administración. Con todo ello, el interés por construir y manejar nuevas bases de datos administrativos decae (con muy honrosas excepciones). Sin un verdadero interés por los construir bases de datos por parte de los economistas en la administración pública, cualquier estrategia pública de datos seguirá el ritmo de la cambiante voluntad política. Mientras tanto, la ciencia avanza (y los datos necesarios para ello) a mayor velocidad en los organismos públicos de los países que seleccionan a empleados con la formación y los incentivos adecuados.