Esta entrada es una versión retocada de la publicada en el blog amigo Piedras de Papel.
«Esos tíos han estado en esta mesa babeando, y son titulares porque Javier Ramos ha permitido que lo sean, y tenían que besarle el culo [...] y son unos mierdas y unos desagradecidos, ¡y Manuel Arrayás es un hijo de la gran puta, hijo de la gran puta, Antonio! Y si pudiera me lo cargaba» «Pasarán cosas, cosas muy desagradables que ni tú ni yo queremos que pasen. Lo que yo quiero es que David pare de una puta vez»
(Fernando Suárez, vicerrector en campaña, 2012)
"El rector solo se debe a su comunidad universitaria"
(Fernando Suárez, rector, 2016)
Las primeras, y otras semejantes, son las palabras con las que, en 2012, Fernando Suárez Bilbao, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, iba despejando el camino de la candidatura del rector González-Tevijano, de la que formaba parte, obviamente, como jefe de la partida de la porra. El invicto candidato a la reelección ocupó el cargo durante 11 años, hasta que fue propuesto para el Tribunal Constitucional, donde hoy podemos encontrarlo. El rectorado vacante le correspondió entonces al personaje del día.
La grabación de esos improperios, tal vez lo recuerden, fue admitida a trámite como prueba en una querella por amenazas, pero la causa terminó sobreseída por no encontrarse en las palabras amenaza suficiente. Parece que los jueces no van al cine. Si alguien de la mafia te dice que pasarán cosas desagradables, te está amenazando; si un vicerrector te dice que pasarán cosas desagradables, te está amenazando. Cada uno, con lo que puede, pero debes temer. Y, de hecho, se les teme.
Las segundas, más escuetas, son palabras que apelan a la autonomía universitaria, palabras con las que el rector se ha negado a dar explicaciones por el hecho ahora publicado en la prensa, y muy en especial en este diario, de haber construido una parte importante de su carrera, aunque sabemos que tenía capacidad para hacerlo de otra forma, cometiendo fraude en sus escritos, en los que, como él dice, también en el apartado de las explicaciones insólitas, “trabajamos con material de aluvión”. La basura se recicla, eso lo sabe todo el mundo.
Aquí hay dos cuestiones que debemos mantener cuidadosamente unidas. Que en España se permite la promoción académica de personas que no merecen su trabajo, que copian, o inventan, o no hacen nada; y que en España la universidad, ejerciendo su autogobierno, permite que prosperen personajes como el que nos ocupa. Y teniendo esto bien cosido, debemos hacernos las preguntas correctas, porque, con bastante seguridad, casos como este son muy extremos, uno entre mil o menos. Lo que debería preocuparnos es la distribución de población que los genera, es decir, cómo son los casos típicos de los que procede el extremo de un rector plagiador y matasiete. La mediocre calidad académica no puede desligarse de la autonomía universitaria ni aun en su funcionamiento normal.
Es cierto que en España hay mucha pillería, pero no creo que el problema de la universidad sea cultural. Es cierto también que la proximidad entre política e intelecto (sobre todo del tipo wannabe), parece favorecer la fermentación rápida del fraude, pero tampoco creo que las conexiones políticas del rector de la Universidad Rey Juan Carlos sean la única clave de su conducta. Aunque esas conexiones nos deben poner sobre aviso ante ciertas soluciones posibles para el problema del gobierno de la Universidad. La lógica dice que un mayor control por parte de los representantes de los ciudadanos debería cambiar los incentivos y mejorar la gestión, pero mirando a la Comunidad de Madrid y a la URJC, la verdad, la lógica enmudece.
La autonomía universitaria, tal y como se entiende y practica en España, plantea un grave problema de rendición de cuentas. El rector no responde ante quienes pagan, con sus impuestos, la mayor parte del presupuesto de la institución que dirige, y solo en parte ante quienes, con sus tasas, pagan el resto (los estudiantes tienen derecho de voto, aunque las tasas no suelen salir de su bolsillo). El rector responde, fundamentalmente, ante el personal de la universidad, con el que suele existir un gran pacto clientelar, razón por la cual las “necesidades de la institución” son muy a menudo las necesidades de política interna, por encima de cualquier otra consideración. En general, al que le toca plaza, le toca, ya puede ser de yeso; y, si no, se echan encima desde los sindicatos a los cargos institucionales, llegando, como sabemos por el valioso archivo sonoro de la URJC, tan alto como haga falta. Y lo mismo para promoción de personal, para ampliación de plantillas, dotación de recursos, apertura o cierre de títulos… La justicia, el buen servicio público y el progreso del saber, que son las motivaciones que sinceramente imperan entre la gran mayoría de quienes trabajan en la universidad, incluyendo a sus cargos electos, deben pelear constantemente con los intereses creados, así como con el propio miedo y natural deseo de tener una buena vida. Ya se imaginan cómo queda la lucha.
El falso aire democrático de la autonomía universitaria es un engaño, y es realmente una lástima que se encuentre protegido por la Constitución. De un lado, los estudiantes. Dado que apenas hay elección de universidad -se va a la más cercana- combinado con que se paga relativamente poco, las exigencias suelen ser modestas, salvo por parte de una minoría (los muy interesados y de menos recursos; una ultraminoría, en realidad). No se puede confiar en la mayoría de los estudiantes como mecanismo de responsabilidad. La otra mitad son los profesores, que tienen todos los incentivos del mundo para mirar por lo suyo y no pedir muchas cuentas. ¿Por qué? Por la bajísima movilidad entre universidades que hay en España, por las grandes diferencias de sueldo y de beneficios entre las categorías a las que todo el mundo aspira, pero prácticamente nula diferencia por méritos individuales, por el racionamiento jerarquizado de las plazas, y por un sistema entre estúpido y perverso de promociones por concurso oposición, que bajo el pretexto fariseo de seleccionar a los mejores, impone la formalidad de una posible pérdida de trabajo en cada promoción, por lo que siempre hay que tenerla “arreglada”.
Estoy convencido de que si los estudiantes de verdad eligieran universidad (como yo querría; o, en el peor de los casos, pagaran por ella, mediante becas) y los profesores pudieran moverse de una a otra según fueran las cosas, y pudieran mejorar su sueldo haciendo las cosas bien, y la dotación de plazas no estuviera controlada por la política interna sino por planes estratégicos consensuados con quien tiene que pagarlos, y la promoción entre categorías la dictaran requisitos previsibles evaluados por comisiones de verdad independientes… la autonomía universitaria sería algo maravilloso. Pero en el mundo en el que vivimos, genera monstruos, y no me refiero necesariamente a Fernando Suárez, aunque les pone cara.
El reto de la Universidad española es conseguir lo que, más bien que mal, consigue la sanidad pública, pero que la educación superior está lejos de cumplir. No es que no haya habido progreso, se ha mejorado mucho, pero seguimos muy alejados de los objetivos que le corresponden al país. Hay que ensayar. En algunas Comunidades, como Cataluña, se han puesto en marcha fórmulas que parecen exitosas, como la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari o el programa ICREA; al igual que el programa Ikerbasque en el Pais Vasco. La comparación con Madrid debería abochornar a algunos. En todo caso, la capacidad de experimentar debería ser una de las ventajas de la descentralización. Si no se comienza a hacer algo terminaremos buscando reformas radicales, con todos los defectos que puedan tener. ¿Cómo no vamos a preferir que el rector sea un gestor contratado por un patronato que represente bien a todos aquellos que tienen interés en que la universidad cumpla con ambición sus objetivos de docencia e investigación? Vuelvan a leer las palabras del rector y piensen si para eso no preferirían a un cabo.