Covid-19 y desigualdades

Por Diego Puga y Beatriz González López-Valcárcel

Los autores de esta entrada forman parte del Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) que asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en materias científicas relacionadas con la Covid-19 y sus consecuencias futuras. Además de su labor de asesoramiento, el GTM viene publicando una serie de informes y recomendaciones sobre diversos temas. El informe más reciente, a punto de ser publicado, trata de desigualdades y Covid-19.

La condición socioeconómica afecta a la probabilidad de exposición al virus y al riesgo de contagio, a la gravedad de la enfermedad en caso de contagio y a los resultados en salud (mortalidad, morbilidad y secuelas a largo plazo). El informe comienza analizando estas desigualdades directas en la salud, para a continuación describir las desigualdades indirectas derivadas de las consecuencias económicas de la pandemia sobre el trabajo, la renta y el bienestar. El informe presta especial atención a las desigualdades de género e intergeneracionales y propone una serie de medidas que podrían ayudar a mitigar las desiguales consecuencias de la Covid-19.

Las personas de condición socioeconómica desfavorecida están sujetas a mayor probabilidad de contagio por su mayor exposición al virus, la cual se debe en parte a su situación laboral: dificultad para teletrabajar, ocupaciones que requieren mayor proximidad física y condiciones laborales precarias que mueven a los trabajadores a evitar bajas, incluso teniendo síntomas, porque una baja podría suponer la pérdida del empleo. También influye el usar habitualmente el transporte público y vivir en barrios con mayor incidencia (por agregación de los mayores riesgos individuales), en viviendas menos espaciosas y con frecuente convivencia intergeneracional.

En caso de contagio, la gravedad de la Covid-19 está asociada a determinadas comorbilidades. Estas enfermedades que influyen en la gravedad de la Covid-19 presentan un gradiente socioeconómico muy significativo en España, por lo que generan desigualdad adicional para los más desfavorecidos. En algunos casos, al gradiente socioeconómico se superpone la desigualdad de género. Además, la pobreza pone en riesgo el estado de salud general de las personas, es decir, sin tener en cuenta morbilidades específicas.

Otras necesidades sanitarias se han desatendido durante la primera oleada de la de la Covid-19 para liberar recursos ante un posible empeoramiento de la incidencia. En la medida en que las personas de condición socioeconómica desfavorecida sufren proporcionalmente más esas enfermedades, se producen desigualdades sociales en salud adicionales. Los mayores en residencias también pueden haber tenido un menor acceso a recursos para pacientes agudos o intensivos. La difusión acelerada de las consultas telemáticas en diversos formatos mejora el acceso al médico, sobre todo en atención primaria, pero puede conllevar nuevas desigualdades asociadas a la brecha digital y a la capacidad para navegar por el sistema sanitario según nivel educativo y socioeconómico.

Para mitigar las desigualdades de salud es necesario emplear políticas no sanitarias (laborales, de vivienda, de medioambiente o de transporte) además de las sanitarias para conseguir salud poblacional de forma eficiente. También es importante incorporar indicadores socioeconómicos básicos en las historias clínicas, y en los cuadros de mando de los hospitales, incluyendo indicadores de acceso y utilización por subgrupos socioeconómicos y subpoblaciones vulnerables, como los inmigrantes. Una recomendación sanitaria más específica del GTM en relación con las desigualdades es implementar medidas para disminuir el riesgo de contagio en el transporte público, en particular mediante mejoras en los sistemas de renovación del aire. Otra recomendación concreta es establecer planes de recuperación de personas mayores que hayan padecido efectos adversos a largo plazo a nivel físico, cognitivo, psicológico y relacional, así como para sus cuidadores.

Más allá de las desigualdades directas de salud, hay otras desigualdades indirectas no menos importantes generadas por la crisis económica ocasionada por la Covid-19. Esta crisis ha sido provocada por la imposibilidad de consumir o producir en las condiciones habituales, por las restricciones de movilidad y de contacto que se implementaron para evitar la expansión de la pandemia y el colapso del sistema sanitario. Por tanto, los primeros sectores afectados son aquéllos cuya actividad depende en mayor medida de la presencialidad, de la movilidad y del contacto interpersonal. Este impacto inicial se transmite al resto de la economía por la caída de demanda y el deterioro de las expectativas.

Dado que los trabajadores de menor nivel socioeconómico se concentran en los sectores más directamente afectados por la pandemia y con menor posibilidad de teletrabajo, la crisis tiende a aumentar las desigualdades que ya existían. Por eso, las desigualdades económicas han aumentado en España como consecuencia de la Covid-19. Basta mirar la evolución del índice de Gini, que subió 0,11 puntos (de 0,45 a 0,56) entre febrero y abril de 2020. Afortunadamente, las transferencias públicas, en particular las pensiones y prestaciones por desempleo, han contribuido significativamente a mitigar este aumento de las desigualdades (Aspachs et al, 2020).

Una herramienta potencialmente muy útil, pero cuya efectividad está siendo mucho menor de lo esperado, es el Ingreso Mínimo Vital. Basar la concesión de las solicitudes actuales en los ingresos de 2019 es una inercia absurda de los tiempos en los que para justificar la condición económica había que presentar a la Administración una fotocopia de la última declaración de la renta. En una Administración progresivamente digitalizada, se sigue sin aprovechar la disponibilidad automática de los datos de ingresos de cuotas de la Seguridad Social y retenciones del IRPF del último mes. El GTM recomienda agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, dotando a la Seguridad Social de los recursos de información, físicos y humanos, para que prepare de oficio un borrador de solicitud del Ingreso Mínimo Vital en base a datos actualizados para aquellas personas y familias que tengan derecho al mismo. En la medida en que sea necesario el intercambio de datos con otras partes de la Administración, como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social podría compartir una lista de identificadores de personas susceptibles de percibir el IMV y solicitar simplemente confirmación de si cumplen o no los requisitos cuyos datos tienen otros organismos de la Administración.

La única manera de recuperar la economía es primero controlar la pandemia. Pero mientras mantenemos las restricciones de movilidad y contacto e implementamos las medidas sanitarias necesarias, es urgente también evitar que una situación temporal tenga efectos permanentes. En particular, es importante evitar que los vínculos entre empresas y trabajadores se rompan. Una herramienta clave para mitigar el aumento de las desigualdades en 2020 en España han sido los ERTE por causa de fuerza mayor. A finales de septiembre, más del 80% de los trabajadores en ERTE en España se había reincorporado a su puesto de trabajo, aunque la evolución posterior ha justificado su prórroga hasta el 31 de mayo de 2021.

Los ERTE, sin embargo, no han servido para proteger a los trabajadores más precarios. En los sectores donde la parada económica ha sido mayor, los trabajadores con contratos indefinidos han pasado en gran medida a estar cubiertos por un ERTE. Muchos trabajadores con contratos temporales, en cambio, han pasado a una situación de desempleo. Así, la dualidad del mercado de trabajo español ha hecho que, una vez más, los trabajadores más jóvenes y desprotegidos hayan sido los más afectados. A la elevada temporalidad y corta duración de los contratos hay que añadir el uso de “falsos autónomos”. La inestabilidad en el empleo es además particularmente acusada en sanidad y educación, dos sectores cuyos trabajadores han debido realizar un particular esfuerzo por la Covid-19. El GTM recomienda reducir la dualidad del mercado laboral, simplificando regulatoriamente las modalidades de contratos laborales y fomentando que el “contrato indefinido universal” sea la opción por defecto en las nuevas contrataciones. Además, la misma modernización en el uso sistemático de datos por parte de la Seguridad Social que se recomienda para agilizar la gestión del IMV serviría para atajar los frecuentes abusos laborales (como contratos sucesivos de corta duración con el mismo empleador para evitar pagar el salario durante el fin de semana o las vacaciones o que el trabajador acumule antigüedad) que a los investigadores que hacemos uso de los datos anonimizados de la Muestra Continua de Vidas Laborales nos saltan en cuanto hacemos un mínimo tratamiento de los datos.

La crisis de la Covid-19 también ha afectado a las desigualdades de género. Durante la pandemia ha aumentado sustancialmente la carga de tareas de cuidado de menores y de trabajo no remunerado en el hogar, sin apenas mejorar su reparto por género (Farreé et al, 2020). Si a esto añadimos la precariedad laboral, las situaciones de estrés y el aumento de la violencia de género que ocasiona el confinamiento, los resultados son devastadores. Como sociedad, no podemos retroceder en el campo de la igualdad de género, ni desaprovechar el talento femenino necesario para salir de la crisis. Es especialmente importante mejorar la estabilidad laboral y perspectivas de futuro en sectores muy feminizados, como sanidad y educación.

En el largo plazo, quizás el mayor impacto de la Covid-19 sobre desigualdades será en términos de desigualdades intergeneracionales. La pandemia tiene un efecto muy desigual por edades, con un mayor impacto en términos de salud sobre los mayores y en términos económicos sobre los más jóvenes. Los trabajadores más jóvenes han sufrido más laboralmente durante la pandemia y tienen también mayor probabilidad de sufrir secuelas permanentes de la recesión. Además, el alto coste de combatir la crisis deberá ser eventualmente costeado con impuestos futuros, que también les tocará pagar a los jóvenes de hoy.

Incluso aquellos niños y jóvenes que aún no han entrado en el mercado de trabajo se verán afectados a largo plazo por el efecto de la pandemia sobre su educación. La educación en línea es un sustituto imperfecto del aprendizaje en persona, especialmente para los alumnos de familias más desfavorecidas. Los efectos entre compañeros también cambian: las escuelas permiten que las niñas y niños de diferentes situaciones socioeconómicas se mezclen y este efecto se pierde cuando se cierran las escuelas. Otro factor es la respuesta de las madres y padres, algunos de los cuales compensan el cambio en el entorno escolar con sus propios esfuerzos de apoyo educativo, mientras que otros no pueden hacerlo (Agostinelli at al, 2020). Por esto el GTM recomienda mantener e incrementar el refuerzo educativo para facilitar la recuperación de los alumnos más afectados.

En síntesis, tanto las desigualdades sociales en salud como las relacionadas con el trabajo, renta y bienestar, a corto y a largo plazo, han aumentado de manera significativa con la pandemia, y es importante implementar medidas para contener y, en lo posible, revertir esta tendencia, con actuaciones concretas. En esta entrada se proponen algunas.