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Condiciones necesarias para una recuperación con éxito

Los autores de esta entrada son Alfonso Novales (RACMYP) y Carlos Sebastián (UCM)

Con independencia de cuál sea la caída que puedan experimentar los indicadores económicos, es evidente que la pandemia del COVID-19 constituye una profunda crisis humana, social y económica. Muchas iniciativas empresariales no van a poder sobrevivir y se van a perder muchos puestos de trabajo, a la vez que el sistema educativo se resiente en todos sus niveles, con el consiguiente perjuicio para quienes se encuentran en proceso formativo. La Unión Europea aprobó diversos programas de ayudas, siendo el más importante el denominado EU Next Generation EU Program. De acuerdo con la dotación máxima aprobada para el mismo y con las sugerencias que se han hecho acerca de su asignación por países, los fondos que podrían llegar a España son cuantiosos; lo cual no hace sino enfatizar la magnitud de los daños que la pandemia está causando en nuestro país, solo algunos de los cuales pueden ser aminorados por las ayudas que podamos recibir.

En sus deliberaciones, la Unión Europea enfatizó la necesidad de que, en estos momentos de crisis, los países apuesten por inversiones apoyadas en una estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo, consistente con la transición energética y la transformación digital de la sociedad. Un planteamiento perfectamente comprensible, pues sería muy ineficiente utilizar los fondos simplemente en un intento de volver a la situación de partida, cubriendo los déficits producidos en determinados sectores o empresas. Por duro que pueda resultar, hay que entender que la situación anterior a la pandemia no es recuperable y, en todo caso, con las estructuras disponibles en ese momento nos enfrentábamos a retos de difícil solución.

En momentos de profundas crisis algunos países han sabido hacer en el pasado grandes transformaciones que les han situado en sendas de progreso más avanzado que el que era previsible antes de la crisis. Ya que estamos sufriendo la desgracia de tan grave pandemia, ojalá sepamos también diseñar la mejor forma de recuperarnos.

La transformación que necesitamos necesita ser sentida como una estrategia colectiva, una iniciativa de todo el país, que pueda hacernos sentir como una comunidad que lucha por alcanzar una senda de progreso sostenible, con igualdad de oportunidades para todos quienes forman parte de ella. Hemos de saber diseñar el país que queremos ser en las próximas décadas, y cuáles son los pasos que hemos de dar para conseguirlo. Sería muy ineficiente asignar fondos a programas sin valorar su relación con dicha estrategia. También lo sería establecer ayudas sectoriales o regionales, muy contrarias a los criterios que acabamos de mencionar. Por tanto, no se trata de recabar propuestas de las diferentes instancias ministeriales, ni de convocar concursos públicos de ideas.

Tal estrategia ha de ser, por naturaleza, transversal al ideario político y debe apoyarse en la materialización de acuerdos entre los partidos políticos, en su papel de representantes de los ciudadanos, con compromiso de cumplimiento al margen de los avatares políticos que puedan ocurrir en el futuro. No puede ser una iniciativa partidista. Dada nuestra historia reciente esta propuesta puede parecer utópica, pero solo requiere la voluntad política de reconocer que deben ser los ciudadanos los protagonistas del devenir del país.

Si queremos lograr la ilusión necesaria para involucrar a todos los ciudadanos en esta aventura, la elaboración de objetivos y el diseño y selección de programas debe ser totalmente transparente. Las gestiones realizadas y los informes solicitados deberían estar en conocimiento de todos. Es muy frustrante que, aunque la UE anima a los países a presentar sus anteproyectos de planes de inversión a partir del 15 de octubre de este año, nada ha trascendido acerca de las deliberaciones que hayan podido tener lugar en España para la preparación de dicho anteproyecto. Y lo que ha trascendido en los últimos días en algunos medios, sin que sea una declaración oficial, es contrario a los criterios que hemos indicado anteriormente.

Un grupo de reconocidos científicos españoles publicaron en agosto en The Lancet un manifiesto solicitando que las administraciones españolas hiciesen un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la pandemia, con objeto de aprender de los posibles errores. No suscitó ninguna reacción, y hubiese podido ser una excelente ayuda para lidiar con la segunda ola de la pandemia que ahora afrontamos. Especialmente en situaciones desconocidas previamente, como la de la actual pandemia, es esencial aprender de la experiencia, de los éxitos, y también de los fracasos, que pueden proporcionar excelentes enseñanzas. Pero parece primar el interés de los políticos por protegerse de las posibles criticas a su labor, todo lo contrario de la exigencia democrática de rendición de cuentas a los ciudadanos a quienes representan. Distintos manifiestos, realizados por profesionales de reconocida solvencia desde distintos ámbitos, abogando por la necesaria reforma de la Administración, han sido asimismo sistemáticamente ignorados. Es doblemente lamentable, porque difícilmente podemos soñar con grandes transformaciones eficaces si no mejoramos los sistemas de administración y gestión públicas. Estos comportamientos reproducen la tradicional incapacidad del sector público para consultar sus proyectos con expertos, investigadores y científicos. Así como para solicitarles que realicen evaluaciones independientes, ex-ante y ex-post, de las políticas que se ponen en práctica.

Los fondos van a ser muy importantes, se van a ejecutar en un período relativamente limitado, y nuestra experiencia de gestión de programas no es precisamente buena. Muchos buenos proyectos se han visto frustrados por una deficiente gestión. Por tanto, tan necesario como elaborar una cuidada estrategia es hacer un buen diseño de la gestión de los fondos y, en ese sentido, es totalmente conveniente que se organice una agencia independiente capaz de atraer profesionales, de dentro y fuera de la administración pública, altamente capacitados en las diversas funciones que habrá de realizar, incluidos el seguimiento y la evaluación de políticas.

Por el contrario, se ha adelantado una posible gestión supervisada desde una comisión ministerial, ya que no se quiere crear “más burocracia”. Pésimo argumento, pues se requiere crear una unidad de gestión profesional del mayor nivel; confundir esto con burocracia es un error, y el argumento es difícilmente justificable. En cambio, reducir la carga burocrática que soportan los ciudadanos innecesariamente en todos los ámbitos de la administración pública, poner a directivos públicos profesionales al frente de las agencias y organismos públicos, independizando su gestión del poder político, y poner definitivamente la administración pública al servicio de los ciudadanos, deberían ser elementos centrales en la estrategia de progreso que pueda establecerse.

El daño causado por la pandemia es enorme. También lo es la responsabilidad de gestionar correctamente las ayudas europeas. Nos jugamos nuestro futuro como sociedad y, en este momento crítico, debería ser evidente que nuestros representantes han de tener como objetivo primordial establecer unas condiciones que permitan avanzar en una senda de progreso social y económico del que puedan participar todos los ciudadanos. Ningún gobierno en ejercicio puede, ni debe, asumir la total responsabilidad de definir las iniciativas para la recuperación social y económica. La sociedad española necesita una estrategia para el diseño y ejecución de políticas de recuperación económica y social, definida con total transparencia, y consensuada por nuestros representantes políticos, con la vista puesta en el modelo de país hacia el que queremos progresar en las próximas décadas. Su éxito requerirá un rigor estricto en la gestión de los programas de actuación, la cual debe llevarse a cabo desde una agencia independiente, que reúna profesionales de la mayor cualificación, de dentro y fuera de la función pública.