Por Patricio Domínguez (@pdomingr)
Desde hace un buen tiempo en la literatura de economía del crimen, Phil Cook advertía de la necesidad de comprender la actividad criminal como una donde interactuaban delincuentes y víctimas. Formalizando algunas nociones de la teoría de la oportunidad criminal (Cloward and Ohlin, 1960) y prevención del crimen situacional (Clarke, 1983), Cook escribió un artículo llamado “La demanda y oferta de oportunidades criminales”. En él señala que “el comportamiento criminal influye en la naturaleza y cantidad de medidas de auto-protección adoptadas por potenciales víctimas y, a su vez, cambios en medidas de auto-protección hacen algunas oportunidades criminal más o menos atractivas” (Cook, 1986, p.1, traducción propia).
Pese a la claridad y plausibilidad de esta mirada teórica, este enfoque parece haber sido obviado durante el enorme desarrollo de aplicaciones empíricas en la literatura del crimen de los últimos 30 años. Resulta curioso constatar que existen muy pocos exámenes realizados a este enfoque. Cook et al. (2013) señalan que la relación entre riesgo de victimización y esfuerzos en materia de prevención ha sido fuertemente omitida en la literatura empírica.
En un reciente trabajo publicado (Domínguez, 2022), analizo este problema usando el caso de los asaltos a choferes de buses, un fenómeno que ocurre en buena parte de los sistemas de transporte público de América Latina y otras regiones del mundo. En parte, el problema se debe a la presencia de dinero efectivo y la recolección de la tarifa en medios de pago no seguros al interior de los buses. En este contexto, los choferes suelen ser objetos de violentos ataques.
En concreto, analizo la evolución de los robos a los choferes de bus en Santiago de Chile durante la implementación de un nuevo sistema de transporte público, Transantiago (2005-2007). Antes de la reforma, el sistema de transporte público se caracterizaba por su nivel de informalidad y fuerte competencia entre operadores altamente atomizados. El pago de la tarifa se realizaba al interior del bus por medio de dinero efectivo y el salario de los choferes estaba determinado por el número de pasajeros que transportaba en cada recorrido. Esta estructura salarial buscaba hacer responsables a los choferes del control de la evasión de la tarifa y, a su vez, de proteger el dinero recolectado.
Para conciliar las labores de conducción del bus y pago de recambio a los pasajeros, los choferes instalaban, a un costado del volante, unas pequeñas cajas acumuladores de dinero. La presencia visible de estas cajas recolectoras de dinero hacía patente la falta de regulación del sistema de transporte y, por otro lado, resultaba una atractiva oportunidad criminal para potenciales delincuentes.
Foto: Chofer de Bus en San José, Costa Rica. Al costado derecho del chofer, se observa una caja de manejo de dinero efectivo. Foto tomada por José Vásquez (LSE) en junio 2017. En Chile, los choferes usaban cajas similares para recolectar el dinero y entregar cambio a los pasajeros. Dada la visibilidad del dinero efectivo esas cajas eran conocidas como peceras.
La reforma
Para analizar las interacciones entre criminales y víctimas examino un conjunto de características del Transantiago que influyeron en los robos a choferes de bus. El Transantiago fue una reforma ambiciosa del transporte público. Buscaba modernizar el sistema completo modificando, entre otras cosas, la lógica de competencia entre compañías de buses e incluso entre buses de una misma compañía hacia un uso más razonable del espacio público, licitando zonas geográficas concesionadas a una única empresa responsable de ofrecer transporte a sus habitantes. De esta manera, se buscaba terminar con uno de los principales problemas del sistema antiguo: la carrera por el boleto.
La evolución del Transantiago fue también particular. El plan original contemplaba un gran día de inauguración donde empezarían a operar nuevos buses, nuevos recorridos y un nuevo sistema de pago. Sin embargo, el gobierno decidió posponer esa gran inauguración y, como una forma de compensar por el retraso, permitió a los nuevos operadores funcionar en el sistema antiguo. Esto produjo una combinación interesante de normas: las nuevas compañías estaban forzadas a pagar un salario fijo a sus choferes y aún no se implementaba el nuevo sistema de pago que seguía siendo por medio de pago de dinero efectivo al interior de los buses. De esta forma, desacopló gran parte de los incentivos que tenían los choferes para la protección del dinero recolectado en cada recorrido. Sólo 15 meses más tarde, con el fin del llamado período de transición del Transantiago, se implementó el uso de una tarjeta de prepago (BIP) como método único de pago --lo que eliminó el uso de dinero efectivo al interior de buses como pago de la tarifa.
Los resultados
Esta combinación de reglas y su evolución en el tiempo es lo que aprovecho para analizar cómo los incentivos a proteger el dinero afectaron no sólo el riesgo de sufrir un asalto sino además el nivel de violencia usado por delincuentes. Luego de recolectar datos de robos al interior de buses, encontré los siguientes resultados:
- Cuando los incentivos para proteger el dinero recolectado fueron eliminados, esto es durante el período de transición del Transantiago, los robos a los choferes de bus aumentaron fuertemente (150% por sobre el nivel observado período previo a la reforma).
- El fuerte aumento del número de delitos coincide con una disminución proporcional de la violencia ejercida por los delincuentes. Durante el período de transición, se reporta también una disminución en la proporción de ataques con arma letal (revólver). Esto sugiere que los delincuentes respondieron al cambio en la propensión de los choferes a resistir no solo aumentando el número de incidentes sino también adaptando el nivel de violencia utilizado.
- Al eliminar las transacciones en efectivo por medio de la implementación de una tarjeta de prepago, se eliminó gran parte de los asaltos reportados en buses.
Nota: El gráfico muestra la variación mensual en robos de buses por período de análisis, en relación con el nivel promedio del período anterior a la reforma. La zona gris representa intervalos de confianza del 95%. Durante el período anterior a la reforma, el efectivo era la única manera de pago y los salarios de los choferes estaban determinados por el número de pasajeros transportados. Durante el período de transición, los nuevos operadores de buses debían pagar salarios fijos a los choferes. Por último, durante el período posterior a la reforma, se observa una fuerte reducción en robos asociada a la implementación de un nuevo mecanismo de pago que eliminó el pago por medio de efectivo en los buses.
Implicancias de política
A partir de estos resultados de este estudio de caso, hay tres grandes implicancias de política a considerar:
- Dinero efectivo y delincuencia: debido a su naturaleza líquida y no rastreable, la presencia de efectivo ofrece una oportunidad delictiva bastante atractiva que habitualmente está asociada con incidentes delictivos muy violentos. La reducción de las transacciones en efectivo poco seguras en la vida cotidiana puede reducir algunos delitos violentos.
- La reducción del número de delitos es importante, pero también lo es la reducción del daño y la violencia: el hecho de que los robos a choferes de bus eran relativamente escasos antes de la reforma sugiere que se debía a que tomaban importantes precauciones para su protección en caso de ataque. A su vez, en caso de asaltos, estos eventos fueron más violentos que cuando esas medidas precautorias desaparecieron. Esto sugiere incorporar al menos dos dimensiones de bienestar a la hora de evaluar el riesgo de victimización: (i) la probabilidad de ser víctima de un delito y (ii) el nivel de violencia al que nos exponemos en caso de ser víctimas. Políticas que descansan en las medidas que adoptan las víctimas para protegerse pueden disminuir (i) aumentando el riesgo expuesto en (ii). Una política íntegra de combate al crimen debe considerar ambas dimensiones de la victimización.
- La falta de regulación en el sistema de transporte público hace poco por incentivar la implementación de medidas sencillas de prevención de la delincuencia: El uso de cajas seguras de recaudación de la tarifa con pago exacto ha sido la norma en Estados Unidos desde el comienzo de los años setenta. Desafortunadamente, el uso de cajas abiertas de recaudación de efectivo sigue siendo habitual en la mayoría de las ciudades en América Latina. Una explicación potencial de la persistente presencia de este tipo de mecanismos inseguros es la falta de regulación del sistema de transporte público, que impide la coordinación entre operadores de buses para implementar alternativas más seguras para controlar la evasión del pago.
La construcción de ciudades más seguras es quizás una de las principales preocupaciones de la población en diferentes lugares del mundo. Comprender mejor cómo interactúan los diferentes agentes en la actividad criminal, el rol del dinero efectivo y las diferentes dimensiones en que nos afecta el delito resulta fundamental.
Más información del artículo la puedes encontrar en: https://www.probablecausation.com/podcasts/episode-29-patricio-dominguez
Hay 2 comentarios
Excelente artículo.
¿Podría recomendar alguna obra genérica sobre la economía del crimen, algún libro de referencia con el que tener una buena visión general de la materia?
Lo cierto es que tengo formación en Derecho y no en Economía, pero cada vez siento más interés por esta ciencia. He encontrado su artículo realmente interesante.
Muchas gracias en cualquier caso.
En 1973, Isaac Ehrlich publicó "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical
Investigation", donde presentó un modelo matemático de los incentivos económicos para cometer delitos contra la propiedad.
Su modelo evalúa parámetros como la potencial rentabilidad de delinquir, la probabilidad de ser capturado, la probabilidad de ser sentenviado culpable, la dureza de pena, y la probabilidad de evadir la pena.
En un estudio uruguayo, se detectó que el factor decisivo en nuestro problema es la bajísima tasa de captura, y por lo tanto la recomendación era invertir en mejorar el funcionamiento de la policía.
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