Apagón estadístico

792px-Rembrandt_-_Der_reiche_Narrde Samuel Bentolila y Marcel Jansen

¿Se acuerdan del “apagón estadístico” de 2002, que afectó a datos sobre fiscalidad, vivienda, comercio exterior y Seguridad Social? ¿Y del apagón de 2004, cuando de repente dejaron de publicarse datos oficiales de precios de la vivienda porque estaban subiendo “demasiado”? Pues parece que volvemos a las andadas: ha empezado otro apagón, esta vez relacionado con el problema más importante de este país, el paro, que si se confirma va a dificultar enormemente la comprensión de la evolución de nuestro mercado de trabajo y, en particular, una evaluación rigurosa de la reforma laboral de 2012. ¿Sorpresa?

La reforma laboral de 2012 introdujo muchos cambios, pero el Gobierno no parece dispuesto a colaborar en que se conozcan bien sus efectos. Por una parte, no se publican datos sobre algunas novedades introducidas por la reforma y, por otra, se ha suprimido o se va a suprimir la oferta de datos imprescindibles para evaluarla.

Un primer caso afecta al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Este contrato, para empresas con menos de 50 empleados, era una medida estrella de la reforma. Creemos que en parte buscaba elevar artificialmente el número de contratos indefinidos --al carecer de coste de despido durante el primer año-- pero, dadas sus generosísimas bonificaciones y desgravaciones, el Gobierno aparentemente esperaba que se transformara en el contrato estándar para pymes. Pues bien, la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social da datos de 12 tipos de contratos pero, curiosamente, no del contrato de emprendedores por separado. Así, estamos a expensas de declaraciones ocasionales de la Ministra, quien el mes pasado dijo que en 2012 hubo 89.300 de estos contratos, es decir, el 1% de los firmados por empresas de hasta 50 trabajadores. La ausencia de otros datos impide cualquier intento de estudiar las características de los usuarios y no usuarios del contrato para intentar entender su absoluto fracaso.

Un caso mucho más grave se refiere a la negociación colectiva, cuyo cambio de regulación representó la parte más importante de la reforma. Desde su entrada en vigor en febrero, y en particular tras la revisión de julio de 2012, se observa una notable caída del número de nuevos convenios. Todo sugiere que los representantes de los empresarios están retrasando la firma de los convenios para aumentar la presión sobre los sindicatos. Ahora el período máximo de ultraactividad (mantenimiento de las condiciones de los convenios expirados) es de un año. En ausencia de acuerdo antes de finalizar ese periodo, el convenio decae y se abren dos posibilidades. Si existe un convenio de ámbito superior, se aplica este. En otro caso, la única referencia legal es el Estatuto de Trabajadores (ET), es decir, el salario mínimo, la jornada máxima, etc.

Como explicaremos en otra entrada mañana, aún hay muchas dudas sobre el escenario que se abre si empiezan a decaer convenios. Por ejemplo, no está claro si las empresas impondrán cambios a los ya empleados o se limitarán a los nuevos contratos. No obstante, como primera aproximación, querríamos saber cuántos convenios podrían decaer durante los próximos meses y cuántos trabajadores podrían quedarse sin convenio. También nos gustaría conocer la distribución sectorial y por tamaños de empresa de esos convenios y si se observan ajustes salariales atípicos en convenios que podrían haber decaído en los próximos meses pero han sido renovados en los últimos.

Pues bien, los datos ofrecidos por el Ministerio ya no sirven para contestar a estas preguntas. Los últimos datos de convenios con algún detalle se refieren a enero (el Ministerio solo los publica hasta diciembre pero el Banco de España los da hasta enero). Y, lo que es más importante, solo figuran los convenios registrados electrónicamente en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). La ley prevé que las Comunidades Autónomas creen sus propios registros y un mecanismo de coordinación (¿funcionará?).

El registro electrónico es obligatorio desde junio de 2010 para que el convenio colectivo sea válido, según el ET (art. 90.2), pero esto no se ha cumplido ( 🙁 ). Si lo entendemos bien, hasta ahora los demás convenios se registraban en papel y el Ministerio completaba la base de datos con la información correspondiente. Pero desde enero ha dejado de hacerlo, aparentemente alegando que no tiene presupuesto para ello, lo que parece una excusa débil.

Para que se entienda de qué estamos hablando: en enero y febrero de 2013 se registraron 184 convenios, frente a 1338 en 2012. (*) La caída de los convenios firmados durante 2012 ya había reducido la representatividad de los datos (en enero y febrero se registraron 2297), pero si no se vuelve a completar la base de datos, la información sobre convenios será totalmente inútil, justo cuando todos miran a España para ver el efecto de las reformas.

Y las malas noticias no se acaban aquí. Según fuentes fiables (pues han fracasado nuestros intentos de obtener confirmación oficial) y la prensa, el Ministerio también prevé suprimir la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL). Entre muchas otras cosas, la ECL ofrece información muy valiosa sobre medidas de flexibilidad interna como los descuelgues (no aplicación temporal de un convenio) y cambios sustanciales de las condiciones de trabajo. Además, con los microdatos se podría cruzar la información sobre flexibilidad interna con la de las indemnizaciones por despido, comparando empresas que han usado la flexibilidad interna con otras que optaron solo por despedir. Esta información es vital para poder determinar el éxito de la reforma laboral en fomentar la flexibilidad interna como alternativa al despido y su no disponibilidad (sin su inclusión en otras fuentes, como la Encuesta Trimestral de Coste Laboral) sería un desastre.

El diseño de buenas instituciones laborales es muy difícil. Ha de empezar con un cuidadoso análisis de los datos, para identificar los fallos del marco en vigor. Luego hay que diseñar medidas, anticipando cómo interaccionarán con el resto de las normas e instituciones, y antes de ponerlas en práctica se debe pedir la opinión de distintos expertos (como ya hemos discutido antes) y, si es factible, realizar experimentos en forma de programas piloto. Por último, una vez aprobada, hay que evaluar rigurosamente los resultados de la reforma. Las conclusiones de las evaluaciones deben ser públicas y, si cabe, su publicación debe seguir un calendario preestablecido. Un ejemplo de buenas prácticas lo constituyen las reformas Hartz I-IV (2003-2005) del mercado de trabajo alemán. Las autoridades están obligadas a encargar evaluaciones de cada medida a varios equipos de investigadores independientes y los resultados de estas evaluaciones son públicos.

Los tres ejemplos anteriores demuestran que los procesos de reformas en nuestro país son manifiestamente mejorables y, en especial, están faltos de transparencia. En repetidas ocasiones representantes del Gobierno han afirmado que la reforma ha salvado muchos puestos de trabajo. Por contra, los críticos afirman que el aumento de los despidos es buena prueba de su fracaso. Por el momento estas afirmaciones son meras especulaciones, pero si en algún momento queremos conocer los verdaderos efectos harán falta datos, evaluaciones rigurosas y transparencia.

Además, como señalamos al principio, este aparente apagón no es algo aislado. El pasado reciente está plagado de acusaciones a los gobiernos de esconder información relevante para evitar críticas a sus políticas. La falta de transparencia y de asunción de responsabilidades (accountability) redunda en una baja calidad de la democracia y fomenta la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y la política.

Y hay otros efectos, de carácter económico. Los salarios son una variable de importancia crucial. Por ejemplo, sin los datos de convenios no habríamos podido conocer el sorprendente aumento salarial pactado del inicio de la crisis. Aparentemente se está incumpliendo la obligatoriedad del registro electrónico de los convenios colectivos. Por si ya fuera poca la inseguridad jurídica derivada del continuo cambio de las normas, su incumplimiento la eleva aún más. La seguridad jurídica es un requisito para el buen desempeño económico. Por concretar: ¿qué pasaría si un juez decidiera invalidar un convenio colectivo por no estar registrado electrónicamente? Temblamos solo de pensarlo.

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(*) P.S., 9/4/2013 - Se acaban de publicar los datos del número de convenios registrados hasta finales de marzo. Hay 300 con efectos económicos en 2013, que afectan a 1.152 mil trabajadores. En 2012 las cifras respectivas eran 2.187 convenios y 5.015 mil trabajadores.

Hay 16 comentarios
  • El n+1 dèjá vu de la desvergüenza... Sé que sin datos no se puede decir nada, y no lo voy a hacer, pero tengo la ligera sospecha de que si hubiera alguna manera no terriblemente mentirosa de sacar unos datos en favor de la bondad de la reforma laboral, los habrían sacado, ergo... A buen, con pocas.

  • Samuel, ¿cómo afectan estos apagones estadísticos a los informes de seguimiento de la Comisión o del FMI o incluso de la OCDE? Imagino que les perjudica igual que a cualquier humilde investigador/analista.
    Anxo, cuando "n" tiende a infinito.....

    • Free@Man, en realidad no estoy seguro. Si los convenios se registran en papel sería en principio posible dar información privadamente a la Troika, pero esto dependerá de las razones que están detrás del apagón (aparte de que sería sangrante que esto se hiciera, sin dar la información públicamente, quiero pensar que no es posible).

  • Alguien ha preguntado al gobierno a que se debe ese apagón? Supongo que la pregunta debe caer en el olvido o el "te contesto luego si eso".

    • Marc, en el caso de la ECL hay esta explicación:

      Fuentes de Empleo explicaron que el motivo de esta eliminación estadística es la “escasez presupuestaria”, ya que esta muestra tendría un coste en 2013 de 360.000 euros.

  • Que el Gobierno pueda decidir un apagón estadístico es una muestra más de la crisis institucional que padecemos y una muy buena explicación es la que sugiere Anxo.

    No comparto la interpretación que haces sobre la obligatoriedad de registro de los convenios y su validez. La obligación de los negociadores de presentar los convenios para su registro no es nueva; sólo ha cambiado el procedimiento. Si los negociadores cumplen el trámite (que lo cumplen) y la autoridad laboral dispone su publicación en el BOE (o en el diario oficial que corresponda) y se publica (se están publicando), el convenio es plenamente válido y vigente, se haya hecho el registro electrónico o no. En Cataluña, por lo que yo sé, el registro funciona (http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20111025/03.htm).

    Veo que ahora (subrayado ahora) todos estamos preocupados por la pérdida de vigencia de los convenios por el fin de la ultraactividad y las consecuencias negativas que puede tener: aumento de la conflictividad; y, inseguridad jurídica, ya que cada jurista (juristas, aficionados o no, tenemos tantos como economistas 😉 ) tiene una opinión diferente sobre lo que pasará. Espero a ver qué decís mañana.

    Un saludo,

    • Juan AV, seguramente tienes razón en que el registro no sea electrónico no invalida el convenio. Pero el apagón en sí sigue siendo un problema. Por otra parte, defender la limitación de la ultraactividad no implica defender el vacío legal que ha abierto la reforma. Pero como esto lo vamos a explicar mañana, dando nuestra propia posición, te voy a pedir que me permitas diferir la discusión un día más.

  • Cómo no va a ser posible. Si hemos conocido un MoU para el rescate (crédito blando en palabras de Rajoy) a la banca que se ha discutido y publicado en el Parlamento Holandés y la prensa, los ciudadanos y hasta los parlamentarios españoles hemos tenido que buscar en esa fuente las condiciones que se contemplaban en ese documento ten relevante para nuestro futuro.
    Si estamos hartos de ver Consejos de Ministros en los que se anuncian modificaciones legislativas ocultando el verdadero alcance de tales medidas y teniendo que enterarnos luego de los cambios reales buceando en el BOE.
    Si se ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Reforma de las Administraciones Locales y la propia Federación de Municipios ha tenido que exigirle al Gobierno que se lo mandara casi una semana después sin que se hubiera publicado dicho texto ni en la web de Moncloa.
    Las estadísticas no son más que otro paso en el mismo sentido. Lo cual es lamentable porque añade más y más desconfianza sobre las medidas que se toman. Y hace pensar a mucha gente que tales medidas no tienen los objetivos que se anuncian sino otros inconfesables. O alternativamente que estamos gobernados por unos irresponsables que prefieren meter sus errores debajo de la alfombra.

  • He sido, soy, y seré como muchos otros muy críticos con las medidas de reforma laboral. La legislación laboral ni traerán solución al paro sino todo lo contrario agravando los problemas en el mercado de trabajo y

    Dicho esto apoyo completamente vuestra denuncia y creo que este apagón una forma no sólo de ocultar información sino de evitar que se evalué en su justa medida, los efectos extremadamente negativos sobre los trabajadores actuales y parados esta reforma y las que la preceden.

    Aunque soy escéptico sobre la posibilidad de hacer cambiar políticas ligadas a prejuicios ideológicos, a intereses de clase y a tradiciones académicas enquistadas, sólo a través de la evidencia teórica o empírica. Creo que una forma de mejorar la vida de los trabajamos y parados, y no cometer estos errores con el mercado laboral que vienen cometiendo desde hace 30 años (desde el reinado de margarita thatcher) es conocer todos los datos posibles del mercado laboral y poder evaluar los cambios legales que se realicen en el mismo.

    Este apagón sólo se puede calificar de juego sucio casi mafioso y de cortas miras, que pagaremos todos en el futuro.... Aunque Thatcher se atrevió a ir más allá y cambio la definición de desempleo, esperemos que estos neoliberales no cojan ese camino....

  • Con la nueva Ley de Trasparencia TODA la información será pública. Bueno, casi toda...(ironia).

    Así que el gobierno ha encontrado la solución a sus posibles quebraderos de cabeza; que no haya información que publicar! Se quitan las encuestas y los estudios y punto.

    Es una solución lista que sólo se le hubiera podido ocurrir al "gobierno de los mejores" de Rajoy.

  • Marcel y Samuel,

    Excelente post. Creo que la actuacion del MESS merece un "escrache" dialectico bien argumentado, como el que habéis hecho. La falta de profesionalidad de sus responsables es patética.

    Solo una breve puntualizacion: Afirmais que ..."en 2012 hubo 89.300 de estos contratos, es decir, el 1% de los firmados por empresas de hasta 50 trabajadores". Si no estoy equivocado, en realidad este porcentaje es sobre el total de los contratos firmados por todas las empresas pero debe ser algo superior en relacion a los firmados por las pymes (no mucho mas, algo asi como el 3%).

    • Juanjo, estos son los cálculos para 2012 (aquí, hoja de cálculo "Contratos acumulados Diciembre 2012", pág. 2.5A):

      Contratos totales: 14.240.991 --> 89.300 suponen un 0.63%
      Contratos de empresas de 1 a 50 empleados: 8.391.844 --> 89.300 suponen un 1.06%

      Es cierto que el total incluye 378.421 sin dato de empleo, pero esto no afecta al segundo número. Por supuesto quizá haya algún error en la elección de la fuente.

      No entiendo que lo llames 'escrache'. Nosotros no hemos ido a acosar a nadie a su domicilio particular ni a su lugar de trabajo, ni física ni figuradamente.

  • Samuel y Marcel, como estadística facultativa de la Junta de Andalucía y analista económico me preocupan (por no decir algo más fuerte) los apagones estadísticos, así como la ausencia de operaciones estadísticas que habrían de cubrir temas destacados o la falta de resultados (o de su difusión) de operaciones previstas en los planes estadísticos, especialmente en los regionales.

    Sin embargo, no siempre hay una "mano negra" detrás de estas situaciones. La Estadística Pública es el patito feo de la Administración: no da ni lustre ni brillo y, además, es costosa tanto en medios materiales como en medios humanos cualificados (muy escasos en los tiempos actuales en las AA.PP, sobre todo, los segundos). De modo que a la hora de recortar, tenemos al candidato ideal.

    La ciudadanía general no va a echar de menos una operación estadística pero sí un colegio, un centro de salud, una residencia de ancianos, una carretera bien asfaltada... Al fin y al cabo, ni los estadísticos ni los analistas (y me incluyo en ambas facetas) hemos sabido transmitir a los ciudadanos la importancia que tiene la Estadística Pública en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas. ¿Cómo podemos esperar que noten que ya no estamos, si ni siquiera sabían que estábamos ahí?

    Saludos

    • Marisa, soy totalmente consciente de que los recursos escasos son susceptibles de usos alternativos (como dijo Lionel Robbins) y de que el coste de oportunidad de una estadística puede ser un salario. Sin embargo, cuando uno tiene una enfermedad muy grave (el paro) y ha tomado una serie de medidas para atacarla (la reforma laboral) necesita poder hacer una serie de pruebas diagnósticas (las estadísticas del mercado de trabajo) para saber si están dando resultado. Podría aceptar que la ECL sea relativamente cara (aunque sin ella será muy difícil conocer variables como la incidencia de los descuelgues y otras vitales), pero los datos del contrato de emprendedores se tienen y se dan de otros 12 contratos, ¿por qué no los de ese contrato?. Además hay una cuestión de grado: el coste de una persona que teclee el salario pactado y el número de trabajadores afectados para unos 150 convenios al mes (230 totales - 80 ya registrados electrónicamente) no puede ser tan alto, ¿no?

  • Samuel,

    En mi opinión los escraches son denuncias perfectamente licitas, excepto en aquellos casos donde hay acoso. Es la unica respuesta posible frente al silencio (verbal o administrativo) de los politicos antes problemas muy graves de la ciudadania. Era una metáfora lingüística pero, si te ofende, lo retiro.

    • Juanjo, hacer manifestaciones es perfectamente lícito y pienso que en estos momentos es absolutamente necesario. Pero ir al domicilio particular de un responsable político a hostigarle excede, a mi juicio, los límites de la licitud. No me ofende, pero no quería validar implícitamente esa práctica con mi silencio a esa calificación de nuestra entrada (lo que se confirma con este intercambio nuestro). Abrazos.

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