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Finanzas y política: La banca española,1997-2007

La historia de la crisis bancaria española es la de una combinación letal entre tres elementos: la captura de una importante fracción de nuestro sistema bancario por parte de la clase política autonómica, una burbuja crediticia global e inmobiliaria española sin precedentes y una mala gestión de la crisis de las cajas por parte de nuestro supervisor, el Banco de España, y de los Gobiernos de ambos signos que han dirigido el país durante esta crisis.

En los últimos seis meses he estado trabajando en el proyecto de una breve historia de la crisis bancaria española. Estoy escribiéndolo en inglés pues creo que la nuestra es una crisis que encierra muchas lecciones que no han de olvidarse, y como una pequeña contribución a la literatura sobre crisis bancarias. Tiene dos partes. La primera, que ya está disponible, se titula “Antes del diluvio: The Spanish banking system in the first decade of the euro” (los interesados podéis pinchar aquí) y cubre el periodo que va aproximadamente desde la creación del euro a los primeros síntomas de la crisis. Se va a publicar en un volumen sobre la crisis financiera global. La segunda trata de la crisis en sí y de la gestión que de ella hicieron el Banco de España y los distintos Gobiernos, hasta el triste fin de esta crisis nuestra que llega con el MOU (de esto hemos hablado ampliamente en NeG, véase, por ejemplo aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí). Esta segunda parte estará disponible al final del verano (demasiados proyectos de investigación me roban el tiempo que este proyecto también merece).

El artículo pone en el centro de la burbuja inmobiliaria y crediticia que caracteriza los antecedentes de la crisis los problemas de gobernanza de las cajas de ahorro españolas, que las hacían susceptibles de ser capturadas por parte de las clases políticas autonómicas, como efectivamente ocurrió. Por resumir y dar unas pinceladas (a los que estéis más interesados os recomiendo la lectura del artículo), las cajas de ahorro, que eran y son entidades privadas, tenían desde la famosa LORCA dos graves defectos.

El primero es que los derechos de propiedad no estaban bien definidos, y esto generaba unos problemas sobre el control de la gestión que se dejaba a unos órganos con amplia representación de los poderes municipales y autonómicos. El segundo de los problemas se derivaba del hecho que, desde las famosas sentencias del Constitucional sobre este tema en el año 1988 (48 y 49/1988), la capacidad de legislación sobre las cajas residía completamente en los poderes locales. Los mismos que tenían por ley la representación en los órganos de control y gestión de las cajas eran los que tenían el poder de modificación del entorno legal en el que éstas operaban. No es sorprendente, por tanto, que las modificaciones legales estuviesen siempre encaminadas al incremento del poder de representación del poder autonómico a expensas de otros agentes, como municipios o impositores, que en cualquier caso eran también sujetos de fácil captura. Además, la falta de definición de los derechos de propiedad y su carácter anómalo, que con tanto acierto denunció Jaime Terceiro como presidente de Caja Madrid (véase su artículo en Mercados Finacieros, ICE, Diciembre de 1995 o su discurso en el Banco de España con motivo de la entrega del Premio de Economía Rey Juan Carlos) , dificultaban la recapitalización de las cajas en caso de insolvencia, algo que iba a ser muy perjudicial una vez que se inicia la crisis. Por último no era posible para los bancos la absorción de cajas pero lo contrario sí lo era, lo que permitía exportar a los bancos las malas practicas de las cajas en caso de absorción, como fue el caso de Banco de Valencia.

En España no es posible hablar de la crisis bancaria sin hablar de política porque en su origen están, como componente imprescindible para entenderla, los problemas de gobernanza de las cajas de ahorro y el control político al que llevaron dichos problemas. Este no era un tema menor porque las cajas llegaron a tener el 50% de los depósitos del sistema bancario español y otro tanto de los préstamos al sector privado. A este control se sumó todo el proceso de recalificación y ordenamiento urbano, proceso dominado por la misma clase política local que controlaba el importante flujo crediticio a través de las cajas, sin el cual es imposible entender la crisis. En el origen de la burbuja está todo esto, y no se puede hablar de ella con despego técnico porque el problema es uno de economía política, de captura y de mala utilización del crédito.

Por ejemplo, en el año 1997, siendo presidente Eduardo Zaplana del Partido Popular, Valencia modificó la ley que hasta entonces regía las cajas de ahorro valencianas, que era la Ley 1/1990 de 22 de febrero. Hasta aquel entonces la Generalitat no tenía representación en los órganos de gobierno de las cajas de esa comunidad autónoma. Esto es el cambio fundamental que trajo la Ley 4/97 de 16 de junio. La Generalitat Valenciana pasó de no estar presente en la Asamblea General a tener un 28% de los miembros de la Asamblea General. Impositores, corporaciones municipales, entidades fundadoras y empleados sufrieron los correspondientes recortes en su representación. El consejero de Economía que impulsó estos cambios fue José Luis Olivas, quien fue nombrado presidente de Bancaja y de Banco de Valencia una vez que dejó el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, al que había accedido después de que Eduardo Zaplana hubiese dimitido para formar parte del Gobierno en Madrid. Acabó, por supuesto, como vicepresidente de Bankia cuando se creó ese conglomerado. José Luis Olivas era abogado de formación y carecía de experiencia significativa en el negocio bancario. Bancaja, como parte de Bankia, tuvo que ser intervenida y recapitalizada con fondos del FROB, y Banco de Valencia es el único banco intervenido, lo que no sorprende porque era la única entidad de crédito importante controlada por las cajas de ahorro y, a través de ellas, por el poder autonómico valenciano.

Otro caso es Caixa Catalunya. Narcís Serra es hombre de brillante historial político como alcalde Barcelona, miembro del primer gabinete del PSOE como ministro de Defensa y, por último, vicepresidente del Gobierno. Fue nombrado sin experiencia bancaria alguna presidente de la entidad catalana en 2005, tarde en el ciclo. Catalunya Caixa acabó también intervenida. Caja Castilla La Mancha, CCM, la primera caja intervenida, fue presidida por Juan Pedro Hernández Moltó desde el año 1999 hasta su intervención por parte del Banco de España en el año 2009. Miembro destacado del Partido Socialista de Castilla La Mancha (PSCM) fue portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y como tal miembro de la comisión de investigación del caso Ibercorp, aquella que con tanta dureza interrogó al antiguo gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

Por último, el triste episodio de Caja Madrid refleja mejor que nada el carácter político del sistema de las cajas de ahorro. El nombramiento de Miguel Blesa a la presidencia del Consejo de Administración de Caja Madrid llega después de un acuerdo entre el Partido Popular y CCOO en el año 1996, cuya lectura recomiendo. El primer artículo de dicho acuerdo se encarga precisamente de garantizar que no hubiese cambio alguno en la naturaleza jurídica de la entidad ni modificación de los derechos de propiedad bajo ningún concepto, incluyendo, increíblemente, la insolvencia, algo que tendría años después gravísimas consecuencias. Por cierto, tal acuerdo jamás se elevó al Consejo de Administración de la entidad madrileña; esto es insólito pero simplemente reflejó del deterioro institucional al que lentamente se estaba sometiendo a las cajas de ahorro.

Una vez que Caja Madrid entra en barrena y hay que sustituir a Miguel Blesa se procedió al insólito espectáculo de la pelea entre el aquel entonces alcalde Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, por el control de la entidad. La presidenta apoyaba la candidatura del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, una persona sin experiencia alguna en el negocio bancario. Por cierto que esta batalla tiene lugar en el año 2009, cuando ya está clara la gravedad de la crisis. Según noticias aparecidas en la prensa, la pelea entre estos dos importantes políticos del Partido Popular se saldo con la intervención del aquel entonces secretario general del PP y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a favor de Rodrigo Rato (aquí la noticia en El País, aquí en ABC, aquí en Expansión). La gestión de la cuarta entidad financiera española era, por tanto, una cuestión política, que se decidió sin referencia alguna a la idoneidad del candidato.

La historia de Bankia fue un sinsentido detrás de otro. Tal era el compromiso de la clase política española con esta entidad que su salida a Bolsa se convirtió en una cuestión de enorme transcendencia. Se comprometió la credibilidad de las instituciones del Estado para salvar una entidad sistémica, creada para evitar el ejercicio honesto de descubrimiento de pérdidas, asunción de responsabilidades y recapitalización que era lo único que podía salvar a nuestro país de la intervención y pérdida de autonomía que, como sostuvimos en este blog desde el principio, era fundamental mantener para nuestros intereses. El control político de las cajas de ahorro estuvo presente hasta el amargo final.

Este triste deambular culmina por supuesto con el Memorándum de Entendimiento (MOU), cuando nuestros socios europeos arrebatan a la clase política española la gestión de la crisis bancaria. Hasta aquel momento no era posible su resolución porque estaba gestionada precisamente por aquellos que la habían creado, y quien tenía la responsabilidad de intervenir no lo hizo. Es importante destacar que había esperanzas de que el nuevo Gobierno que salió de las elecciones de finales de 2011 trajese consigo mayor claridad estratégica en cuanto a la resolución de la crisis bancaria. No fue así; el recrudecimiento de la crisis de Bankia que sigue a los decretos que forzaban a las bancos y a las cajas a dotar nuevas provisiones hizo imposible la supervivencia de esta entidad. Lo sorprendente era la ausencia de cualquier plan; el desorden era absoluto y mostraba nuestra incapacidad para gestionar la crisis bancaria, que se había convertido en un problema sistémico para Europa. No es sorprendente por tanto que el MOU insistiese en la desaparición de las cajas de ahorro, precisamente en un intento de eliminar la influencia política en el mercado crediticio. La desaparición de las cajas es una de las pocas noticias positivas de esta crisis, y no lo hemos hecho nosotros; a ello nos han obligado nuestros socios europeos. Efectivamente, en muchas cosas Europa sigue siendo la solución. De todo esto hemos hablado aquí en este blog, una y otra vez. Siempre hemos caminado entre lo técnico y lo menos técnico pero lo que es cierto es que es inevitable volver a los enormes problemas de economía política que dominan el mercado crediticio español.

No se puede hablar de la crisis bancaria, que es de las cajas, sin hablar de política.