La semana pasada, Enagás anunció el nombramiento de cinco nuevos consejeros independientes (se puede ver aquí). Lo particular de este anuncio es que los cinco nuevos consejeros han sido destacados políticos o han ocupado altos cargos en la administración. Más aún, estos nombramientos se producen en el seno de un consejo de administración en el cual el presidente ejecutivo, el consejero delegado y dos de los restantes cuatro consejeros independientes también han ocupado puestos de responsabilidad en partidos políticos o la administración pública.
No es mi intención valorar la conveniencia del nombramiento de estos consejeros, los cuales tienen carreras profesionales más allá de la política y de cuya valía no dudo. No obstante, el llamativo titular de la noticia de los nombramientos en la prensa me sugirió que podría ser interesante dedicar una entrada más (Juan Santaló ya dedicó una al tema hace año y medio) a las posibles consecuencias de la presencia de políticos y ex-altos cargos de las administraciones en los consejos de administración.
En primer lugar, como ya comentó Juan en su día, la evidencia empírica parece indicar que, en general, las empresas se benefician de la existencia de conexiones políticas o, al menos, de las conexiones políticas correctas. Así, varios artículos han analizado el impacto sobre el precio de las acciones de eventos que afectan al valor de las conexiones políticas de las empresas. Por ejemplo, en el artículo que inauguró esta línea de investigación (véase aquí), Brian Roberts encontró que la muerte imprevista de un influyente senador en Estados Unidos (el cual era el senador de más alto rango de su partido en la muy importante comisión del senado de EE.UU. a cargo de las fuerzas armadas) se reflejó en un descenso en el precio de las acciones de empresas que, por su localización geográfica o sus contribuciones al senador, podrían verse más beneficiadas por la influencia de éste. Asimismo, la muerte del senador conllevó un aumento del precio de las acciones de las empresas que podrían verse beneficiadas por su relación con su previsible sustituto. Estos resultados sugieren que los inversores preveían que los beneficios de las empresas con conexiones con el senador fallecido se verían afectados negativamente por ese fallecimiento mientras que los beneficios de las empresas con conexiones con su sustituto se verían afectados positivamente por el cambio. Otros artículos han encontrado resultados similares en Estados Unidos (véase, por ejemplo, éste—también aquí—de Seema Jayachandran, si bien un reciente artículo no ha encontrado un impacto significativo de las conexiones con Dick Cheney) o en otros países (como éste de Raymond Fisman sobre Indonesia, éste de Mara Faccio sobre una muestra de empresas de 47 países, o el interesante artículo de Thomas Ferguson y Hans-Joachim Voth, que encuentra que los precios de las acciones de empresas alemanas con conexiones con el partido Nacional Socialista subieron sustancialmente tras el ascenso al poder de los Nazis. Aún más estrechamente relacionado con el tema de este post, Eitan Goldman, Jörg Rocholl y Jongil So muestran (en éste artículo, también aquí) que, para las grandes empresas de Estados Unidos, el anuncio del nombramiento de un consejero conectado políticamente es acompañado por un incremento en el precio de las acciones. Más aún, la victoria de George W. Bush en 2000 (victoria que estuvo en duda hasta el último momento) tuvo un impacto positivo sobre el precio de las acciones de las empresas con consejeros conectados con el Partido Republicano y un impacto negativo sobre el precio de las acciones de empresas con consejeros conectados con el Partido Demócrata.
El que las empresas se beneficien de las conexiones políticas sugiere (aunque otras interpretaciones son posibles) que éstas aportan a las empresas o bien información privilegiada o bien influencia sobre las decisiones políticas. En ambos casos, es probable que las conexiones políticas afecten negativamente al proceso regulatorio o a la correcta asignación de contratos públicos, con los consiguientes costes sociales. No obstante, algunos economistas han argumentado que las conexiones políticas podrían tener valor social. Por ejemplo, las conexiones políticas podrían permitir adecuar los productos o procesos de las empresas a las necesidades del Estado (como regulador o cliente) o facilitar información a la administración pública acerca de las capacidades y necesidades de las empresas que permita diseñar una mejor regulación o asignar mejor los contratos públicos. Si bien lo ideal sería que no fueran necesarias las conexiones políticas para que fluyera esa información, si el proceso regulatorio es opaco, tales conexiones podrían tener un efecto positivo. Una versión más extrema de este argumento es que las conexiones pueden permitir “engrasar las ruedas de la actividad económica”: en un contexto en el que la regulación es onerosa para las empresas y no cumple objetivos sociales valiosos, las conexiones políticas podrían permitir a empresas evitar los excesivos costes impuestos por la regulación. Las conexiones políticas podrían favorecer también a las empresas nacionales frente a otras extranjeras en su actividad en otros países.
¿Qué costes (o beneficios) sociales tienen las conexiones políticas de las empresas? Algunos artículos han aportado evidencia empírica diversa que arroja luz sobre a esta pregunta. Asim Ijaz Khwaja y Atif Mian encontraron (en este artículo) que las conexiones políticas en Pakistan se traducían, por un lado, en un mejor acceso al crédito bancario y, por otro lado, en una mayor probabilidad de impago de los créditos, pero sólo para el crédito concedido por bancos públicos, pues los bancos privados no parecían dar trato de favor a las empresas conectadas. Estos resultados sugieren que las conexiones políticas resultaron en una mala asignación del crédito por parte de los bancos públicos. En su artículo, Khwaja y Mian estimaron el coste de este trato de favor entre el 0,3 y el 1,9% del PIB del país. Faccio y coautores (en este artículo) encontraron (para una muestra de empresas de 35 países) que las empresas con conexiones tenían una mayor probabilidad de ser rescatadas por el gobierno y que, entre las empresas rescatadas, aquellas con conexiones tenían una rentabilidad inferior, tanto antes como después del rescate. De nuevo, estos resultados sugieren que las conexiones generan una mala asignación de fondos públicos. Ran Duchin y Denis Sosyura encuentran (aquí) resultados similares durante la reciente crisis financiera en Estados Unidos: las conexiones políticas de los bancos y, en concreto, las conexiones de sus consejeros con el Departamento del Tesoro, el regulador bancario, o el congreso, estuvieron asociadas con una mayor probabilidad de que los bancos recibieran fondos públicos a través del programa TARP de rescate de la banca. Estos tres artículos indican que las conexiones políticas distorsionan la asignación de fondos financieros a las empresas. Eitan Goldman y coautores han mostrado también que las conexiones políticas afectan a la adjudicación de contratos públicos. En este artículo encuentran que tanto el paso en 1994 de una mayoría Demócrata a una Republicana en el congreso de Estados Unidos, como el paso en 2000 de la presidencia de Bill Clinton (Demócrata) a la de George W. Bush (Republicano) conllevaron un incremento en el valor de los contratos públicos adjudicados a empresas conectadas con el Partido Republicano y una reducción del valor de los contratos adjudicados a las empresas conectadas con el Partido Demócrata. Finalmente, en un reciente artículo, Federico Cingano y Paolo Pinotti han analizado, en Italia, los efectos de la presencia de empleados que son, al mismo tiempo, representantes políticos de la coalición en el poder en el gobierno local. Cingano y Paolo Pinotti encuentran que esta presencia está asociada con ingresos y beneficios significativamente superiores, pero no con una mayor productividad, lo cual sugiere que las conexiones políticas no tuvieron el efecto de canalizar fondos o contratos públicos a las empresas más productivas. Más aún, los incrementos de ingresos provenían de ventas nacionales y no de exportaciones, tenían lugar especialmente para empresas proveedoras de las administraciones públicas y en regiones con altos índices de gasto público y corrupción.
Por tanto, la evidencia empírica existente indica que las empresas se benefician de sus conexiones políticas (y, en particular, de las conexiones políticas de sus consejeros) y que estos beneficios no parecen provenir de una mejor asignación del crédito, fondos públicos, o adjudicaciones de contratos.