Este post ha sido escrito por César Molinas
El Pacto de Toledo tiene sus orígenes en el debate cara a cara entre Felipe González y José Mª Aznar previo a las elecciones de 1993. Cuando ya se terminaba el tiempo acordado, González insinuó que, de llegar al poder, el PP no pagaría las pensiones. A Aznar se le mudó la faz pero, agotado su turno, no pudo replicar. Las elecciones las ganó el PSOE por los pelos y muchos analistas resaltaron entonces el papel que en esa victoria había tenido el voto del miedo, movilizado por el tema de las pensiones. Con estos antecedentes nació en Pacto de Toledo en 1995, con el objetivo explícito de debatir periódicamente sobre la situación del sistema de pensiones públicas y acordar las reformas necesarias para asegurar su buen funcionamiento. El objetivo implícito, sin el cual no hubiese sido posible el pacto, fue evitar que en el futuro volvieran a utilizarse las pensiones como arma electoral.
En el primer objetivo el Pacto de Toledo ha pecado, en mi opinión, por defecto y en el segundo lo ha hecho por exceso. Me explico. La Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados trabaja por consenso. Eso es una tarea difícil porque entre los partidos políticos que la forman no existe un diagnóstico compartido sobre la problemática de las pensiones. Los partidos de izquierda han sostenido -y siguen sosteniendo- que no existe un problema demográfico que amenace la viabilidad de las pensiones públicas (versión fuerte) o que no existe un problema demográfico que no pueda resolverse aumentando los ingresos de la Seguridad Social (versión light). Los partidos de derechas, incluyendo a los nacionalistas, no parecen tan seguros de que no exista tal problema, pero se han guardado mucho de decir que sí existe, básicamente por razones de oportunismo táctico. Dada esta situación, resulta sorprendente que el Pacto haya sido capaz de llegar a algunos –pocos- acuerdos que, además, suponen pasos en la buena dirección, como la extensión a quince años del período de cómputo de la base reguladora de las pensiones. Pero estos pasos se han dado sin explicitar una estrategia a largo plazo y sin explicar a la ciudadanía por qué son necesarios. Esto nos lleva al pecado por exceso. El Pacto de Toledo ha tenido un éxito rotundo en sacar a las pensiones del debate electoral navajero, y eso es algo muy positivo, pero lo ha hecho a costa de sacarlas del debate político, lo cual es particularmente negativo. Para no crear “alarma social” se ha insistido en que el futuro de las pensiones “está garantizado”, obviando que esta “garantía” depende de que se apliquen desde ya mismo reformas de mucho calado para que el sistema sea financieramente sostenible. Ello ha resultado en una ciudadanía perpleja – que, aunque barrunta que hay problemas con las pensiones, no entiende cuáles son porque le dicen que no los hay- y en una clase política dimitida de sus responsabilidades de liderazgo y educación de la población.
Así las cosas, acuciado por los problemas de control del déficit y acosado por los mercados financieros, el Gobierno remitió el pasado mes de enero al Congreso de los Diputados un escrito titulado “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo”. El título refleja bien el carácter del escrito. No es un proyecto de reforma de las pensiones. No es, tampoco, una propuesta al respecto. Puestos a no ser, no es ni tan siquiera un diagnóstico elaborado de la sostenibilidad del sistema. Es eso: un documento. La mayor parte de sus 46 páginas están dedicadas a un catálogo de posibles reformas del sistema de Seguridad Social que, si bien convenientes, poco o nada tienen que ver con el problema de la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. El análisis de las consecuencias de la evolución demográfica es muy rudimentario –no se menciona, por ejemplo, la evolución previsible de la tasa de dependencia- y sólo al final se enuncian, como de pasada, las reformas que garantizarían la sostenibilidad del sistema: la extensión de la edad de jubilación y los “cambios” en el cómputo de la base reguladora de la pensión.
No consta que, en los nueve meses transcurridos desde entonces, la Comisión para el Pacto de Toledo se haya reunido para debatir el documento del Gobierno que, a pesar de sus limitaciones, es lo único que tiene sobre la mesa para debatir una reforma de las pensiones. Sí se ha reunido para escuchar, como ya hizo en 2009, a un gran número de analistas y expertos, cuya impresión mayoritaria, tras sus comparecencias, fue que la Comisión no sentía ninguna urgencia para llegar a acuerdos que posibilitasen las reformas. Sin embargo, algo parece haber cambiado en las últimas semanas, puesto que han sido convocadas dos sesiones a principios de octubre para debatir el documento gubernamental, lo que abre la posibilidad de que el Pacto de Toledo acelere sus trabajos y de que haya una propuesta de reforma consensuada antes de fin de año.
¿Cuán probable es esa posibilidad? No es fácil hacer un pronóstico porque, en el Pacto de Toledo, las reformas de las pensiones necesarias para conseguir la sostenibilidad financiera del sistema apenas tienen partidarios convencidos. Por lo que respecta al PSOE, hay que suponer que será sensible a las presiones del Gobierno, pero también hay que tener en cuenta que, para muchos de sus diputados, apoyar el aumento de la edad de jubilación y la extensión del período de cómputo de cálculo de la base reguladora de la pensión –en román paladino: hacer menos generosas las pensiones futuras- supone un acto de apostasía muy grande. No puede decirse que el PSOE sea amigo de las reformas pero, debido a la influencia del Gobierno, tampoco que sea enemigo. Dejémoslo en involuntario compañero de viaje. El PP debería ser el mayor amigo de las reformas, porque hay mucha gente en sus filas que entiende el problema y porque también tiene algunas mentes lúcidas que saben que la reforma de las pensiones la tiene que hacer el PSOE desde el Gobierno. Un gobierno del PP, aunque tuviera mayoría absoluta, no tiene ninguna posibilidad de reformarlas contra el fragor del PSOE, IU y los sindicatos unidos y en la calle. Pero la tentación tacticista de apuntillar al PSOE con este tema puede acabar siendo demasiado grande y una nueva “pinza” PP-IU-sindicatos que haga fracasar el consenso sobre la reforma no es, en absoluto, descartable. Los nacionalistas catalanes de CIU son, quizá, los que mejor entienden la problemática de las pensiones y los más dispuestos a consensuar soluciones. Pero su calendario electoral –las elecciones catalanas son el 28 de noviembre- anula el papel de catalizador del consenso que podrían tener en el debate. IU está, por supuesto, en contra de cualquier reforma y los demás grupos, mal que les pese, tienen poca relevancia en esta discusión.
Como el reinado de Witiza, oscuro e incierto se presenta el debate del Pacto de Toledo. Y eso que es de vital importancia para el país que de él surja un consenso favorable a una reforma creíble, suficiente, transparente y gradual que estabilice a largo plazo las finanzas de la Seguridad Social. Los que, durante años, hemos insistido en la necesidad de esta reforma, deberíamos seguir haciendo oír nuestra voz.
César Molinas