Déficit 2018: nada nuevo bajo el Sol

 de J. Ignacio Conde-Ruiz, Manu García y Juan Rubio-Ramírez

Como ya es habitual en este blog (por ejemplo aquí, aquí, aquí, aquí o aquí), vamos a analizar las cifras de déficit por administraciones públicas.

¿Cumpliremos el objetivo de déficit?

España debe de cerrar el año 2018 con un déficit no superior al 2,7% PIB (sin contar con las ayudas al sector financiero). Es importante señalar que, aunque el objetivo de Estabilidad estaba fijado inicialmente en el 2,2% del PIB con un reparto entre administraciones tal como aparece en la siguiente tabla, el nuevo Gobierno lo ha revisado, llevándolo al 2,7% del PIB.

Como indicamos en el Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA recientemente publicado, un déficit del 2.7 supone una reducción de 0,4 puntos porcentuales del PIB desde el 3,1% del PIB (sin ayuda financiera) de cierre de 2017. Este ajuste, en teoría, no debería suponer ningún esfuerzo puesto que, el saldo cíclico mejora un 1,2% del PIB respecto a 2017, y, por tanto, cumplir el nuevo objetivo de déficit revisado (2,7% del PIB) no parece una tarea complicada.

Recientemente se han publicado los datos de déficit de todas las Administraciones Públicas (AAPP) hasta septiembre, todas excepto los de las Corporaciones Locales (CCLL) que se publicarán al final de este mes. Es decir, tenemos datos para los tres primeros trimestres del 2018 para la Administración Central, la Seguridad Social y las CCAA. Con esos datos podemos construir nuestro déficit sintético. El déficit sintético mezcla los datos disponibles para el 2018 con datos del 2017 para aquellos meses en los que no hay datos. Pero, para afinar el calculo, a los déficits del pasado los depuraremos de gastos o ingresos extraordinarios. Tal y como pusimos de relieve en el ya citado observatorio, estos gastos o ingresos “one-off” (o extraordinarios) más relevantes se produjeron en las Comunidades Forales y la AC como consecuencia de las regularizaciones de ejercicios anteriores del Convenio (Navarra) y del Cupo (País Vasco). En concreto, esto supuso para la Administración Central un 0.1 punto de PIB mas de déficit en el año 2017 que no se producirá este año. Y un menor déficit por el mismo importe para dichas CCAA. Esto lo tendremos en cuenta a la hora de calcular nuestro déficit sintético.

A continuación, vamos a ver como hemos construido nuestro déficit sintético para el año 2018.

Comunidades Autónomas (CCAA). Utilizaremos los resultados obtenidos observatorio publicado recientemente. Nuestra proyección sitúa el saldo de cierre de las CC.AA con un déficit del 0,4% del PIB, cumpliendo el objetivo de estabilidad del 0,4% del PIB inicial. No obstante, como pusimos de relieve, es importante señalar tres consideraciones. La primera, es que 9 de las 17 CC.AA, no van a cumplir el objetivo (ver siguiente figura). La segunda, que este cumplimiento se debe a una mejora de 7.500 millones en los recursos. Y la tercera, que el gasto en términos homogéneos está creciendo por encima de lo permitido en la regla de gasto, lo que puede poner en riesgo la consolidación fiscal en ejercicios futuros. En concreto el gasto esta creciendo al 3,7% cuando la regla del gasto es del 2,4%.

Fuente: MHGP (2018b, c y d), IGAE (2018ª) y elaboración propia.

Administración Central (AC) y Seguridad Social. Para estas AAPP utilizaremos los datos publicados hasta el tercer trimestre de 2018 y para el completar el año usaremos los datos del cuarto trimestre del año pasado. Pero, a los datos del cuarto trimestre, tendremos en cuenta la medida “one-off” citada anteriormente. Así, la AC tendrá 0.1 puntos de PIB menos de déficit este año respecto a 2017. Esto nos lleva a un déficit del 1,5% para la Administración Central y del 1.4% para la Seguridad Social. Muy por encima de los objetivos iniciales que eran del 0.7% y el 1.1% respectivamente.

Corporaciones Locales (CCLL). Para el caso de las CCLL solo disponemos datos de los dos primeros trimestres y por lo tanto para construir nuestro índice usaremos los dos últimos trimestres del año pasado. Esto implica que las CCAA terminarán con un superávit del 0.5%.

Los resultados los podemos ver en el siguiente gráfico. Es decir, si todas las administraciones se comportan en lo que queda del año como el año anterior, descontando los gastos o ingresos extraordinarios del años pasado,  el déficit sería del 2,8% del PIB.

En definitiva, salvo que las administraciones hagan un esfuerzo en consolidación fiscal superior al del año pasado, nuestra proyección indica que se puede producir un desvío de una décima en el déficit de 2018, con respecto al objetivo de déficit mas laxo obtenido recientemente.

A pesar de que el desvío es muy pequeño y podría corregirse en lo que queda de año, nuevamente el déficit de 2018 muestra señales preocupantes. En primer lugar, solo las CCAA y las CCLL parecen tener el déficit bajo control. En el caso de las CCAA cumplirán con su objetivo de déficit durante tres ejercicios consecutivos, aunque como hemos dicho desviándose de la regla de gasto. En segundo lugar, la Administración Central y, sobre todo, la Seguridad Social siguen teniendo el déficit fuera de control e incumplen sistemáticamente sus objetivos. Y, en tercer lugar, España volverá a cumplir su objetivo de déficit gracias a que este objetivo se relajó recientemente por el propio gobierno (pasándolo del 2.2% al 2.7%) y sobre todo por las Corporaciones Locales, que por ahora son las únicas administraciones que tienen superávits en sus cuentas púbicas. De no ser por el superávit de las CCLL el déficit público se iría al 3,3%, colocando a España nuevamente dentro del procedimiento de déficit excesivo. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Hoy nos hemos centrado en el déficit de 2018, pero en breve escribiremos sobre el proceso de consolidación fiscal que estamos llevando a cabo desde el año 2008.

Hay 2 comentarios
  • Cómo financiar el déficit fiscal en el corto plazo es un problema importante, pero no es el problema más importante y urgente en países en que sus gobiernos claramente han estado malgastando ingresos generados por sistemas tributarios horribles, asumiendo obligaciones de todo tipo e imponiendo regulaciones grotescas, todo con la excusa de un mundo mejor pero facilitando la corrupción.

    España es un buen ejemplo de esa situación. Aprovechando la celebración de 40 años de la Constitución vigente, algunos todavía dirán que bien valió la pena haber malgastado fondos, asumido obligaciones y forzado regulaciones porque el país ha mejorado mucho respecto a 1978 y que cualquier urgencia solo requiere más de lo mismo. Sí, mejoró mucho pero a un costo que ya hace años se ha vuelto pesado y seguirá aumentando, y peor acelerándose si se insiste en recurrir a más de lo mismo para enfrentar urgencias. Pero poco se debate sobre cómo mejorar la gestión de los órganos estatales y mucho sobre cómo repartir el poder estatal —tanto entre territorios como entre facciones— dejando una vez más en evidencia que la motivación única de los políticos es acceder y gozar ese poder y que la gestión es solo un costo de ese premio. El desafío para los ingenieros sociales españoles es cómo centrar el debate en la gestión.

  • Hoy Jesús Fernández Villaverde publica esta columna

    https://www.elmundo.es/opinion/2018/12/13/5c11450221efa0f94c8b46ab.html

    cuya lectura recomiendo. Más allá del punto específico que JFV hace, la existencia de cajas de ahorro y otros intermediarios financieros controlados por algún gobierno impone una probabilidad de pérdidas que jamás puede ignorarse. Por supuesto, ningún gobierno hace provisiones por pérdidas probables y cuando las pérdidas ocurren y los gobiernos deben asumirlas lo común es buscar una forma en que el gasto no aparezca contabilizado. Peor, esa no es la única actividad asumida por algún gobierno que genera una probabilidad de pérdida. Lo importante es que ningún análisis basado en los datos oficiales de las cuentas fiscales muestra provisiones y pérdidas efectivas de ese tipo de proyectos y políticas. En los tiempos de la crisis de la deuda en AL se inventó el término cuasi-fiscal para referirse a esas pérdidas efectivas porque se suponía que eran flujos ocasionales, causados por shocks que probablemente no se repetirían, pero los gobiernos eran muy renuentes a incluirlas en informes oficiales.

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